Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05052-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05052-01
Demandante: HIRMINA DEL CARMEN SANJUAN ATENCIO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
PERMISO SINDICAL, AUTORIZACIÓN PREVIA DEL
PRESIDENTE DEL RESPECTIVO SINDICATO PARA
EXPEDICIÓN DEL CDP.
Síntesis del caso: la demandante indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales, por
cuanto no se dio trámite a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que
necesita para el nombramiento de la persona que cubrirá la vacante temporal que dejará mientras
hace uso de un permiso concedido para actuar en actividades relacionadas con el sindicato al
que pertenece. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo invocado,
porque no se acreditó la vulneración de los derechos invocados.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Hirmina del Carmen Sanjuan
Atencio en contra de la sentencia de 16 de octubre de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso:
“[S]EGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados
por la actora.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 49, primera instancia, mayúsculas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 8 de agosto de 20251, la señora Hirmina del Carmen Sanjuan Atencio promovió
proceso de acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
1Índice 1, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05052-01
Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio
Acción de tutela – Impugnación fallo
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se protegieran sus derechos
constitucionales fundamentales a la libertad y asociación sindical y, por tanto, se
accediera a las siguientes súplicas:
“1. Se declare que el Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva De Administración Judicial, han vulnerado mi derecho fundamental de
libertad y asociación sindical.
2. Se tutele mi derecho fundamental de libertad y asociación sindical.
3. Como consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se ordene a quien corresponda se
expida el Certificado de Disponibilidad para que se nombre el reemplazo en mi
cargo de Oficial Mayor del Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de
Barranquilla durante el periodo del permiso sindical solicitado.
4. Que se tenga en cuenta la fecha de expedición de la certificación del Archivo
Sindical para garantizar el trámite de la solicitud del permiso sindical que debió
surtirse de manera oportuna y eficaz por parte del empleador.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, 2, primera
instancia).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) La demandante ostenta el cargo de oficial mayor en el Juzgado Noveno Civil Municipal
de Barranquilla.
2) Solicitó permiso sindical para asistir a unas actividades de Asonal Judicial, entre el 11
de agosto y el 6 de octubre del año en curso, en su condición de presidente de la
Subdirectiva Atlántico de Asonal.
3) Por medio de la Resolución no. 015 de 31 de julio de 2025, el titular del juzgado
accedió a lo pedido y, en consecuencia, requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Atlántico (DESAJ Atlántico) para que expidiera el certificado
de disponibilidad presupuestal (CDP) para cubrir la vacante temporal.
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Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) El 5 de agosto de 2025, la DESAJ Atlántico remitió un correo electrónico masivo2 en
el cual puso de presente al titular del mencionado despacho y a Asonal Judicial
Subdirectiva Atlántico, entre otros, que en la Circular DEAJC25-8 de 5 de febrero de 2025,
el Consejo Superior de la Judicatura estipuló que para el reemplazo por permiso sindical
se debía contar con la autorización previa del presidente del respectivo sindicato, la cual
debía tramitarse ante Asonal Judicial Nacional para poder continuar con el procedimiento
solicitado.
5) Por lo anterior, la demandante envió un comunicado al Consejo Superior de la
Judicatura para informarle sobre la negativa del CDP y el presunto conflicto al interior de
Asonal Judicial, autoridad que trasladó el escrito a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), y esta, a su vez, lo remitió a la DESAJ Atlántico, por ser
la encargada del manejo de los recursos de la Rama Judicial en esa seccional.
3. El fundamento de la vulneración
La demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales, por cuanto se ha condicionado la expedición del CDP,
el cual requiere para acceder al permiso sindical, a la existencia de una autorización
previa del presidente de Asonal Judicial, pese a que existe un conflicto interno entre la
Subdirectiva Atlántico y la Junta Directiva Nacional, lo cual hace imposible aportar ese
requisito.
4. Actuación de primer grado
La acción de tutela fue inicialmente presentada ante la Corte Suprema de Justicia quien,
mediante auto del 13 de agosto de 2025, la remitió por competencia a esta Corporación,
por cuanto la demandante se desempeña como oficial mayor del Juzgado Noveno Civil
Municipal de Oralidad de Barranquilla3.
2 Se remitió a los correos asonaljudicial.atlantico1976@gmail.com,
mrobledoh@cendoj.ramajudicial.gov.co, rhumba@cendoj.ramajudicial.gov.co,
lacostav@cendoj.ramajudicial.gov.co, oruedago@cendoj.ramajudicial.gov.co,
nroblesc@cendoj.ramajudicial.gov.co y jsantisv@cendoj.ramajudicial.gov.co (Ve
3 Índice 2, Samai, primera instancia.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
Mediante providencia de 21 de agosto de 20254, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Atlántico y al titular del Juzgado Noveno Civil Municipal de
Oralidad de Barranquilla con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
Por auto del 4 de septiembre del año en curso 5 se vinculó a la Asociación Nacional de
Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 16 de octubre de 20256, negó
el amparo invocado, en atención a que ordenar a la DESAJ Atlántico que expida el CDP
sin la anuencia del presidente del sindicato sentaría un antecedente que redundaría en
contra de los derechos de los trabajadores sindicalizados, por cuanto implicaría permitir
que los empleadores dispongan del presupuesto de la organización sin anuencia de
aquella.
No se allegó prueba alguna de que la señora Sanjuan Atencio hubiese solicitado
previamente ante Asonal Judicial la certificación que se requiere para materializar el
permiso, lo cual impide endilgar alguna acción u omisión a las demandadas.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia, pero
no esbozó ningún argumento para sustentarla, y se le concedió por auto de 31 de octubre
de 20257.
4 Índice 10, Samai, primera instancia.
5 Índice 21, Samai, primera instancia.
6 Índice 49, Samai, primera instancia.
7 Índice 58, Samai, primera instancia.
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Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio
Acción de tutela – Impugnación fallo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Consejo Superior
de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales, por cuanto se ha
condicionado la expedición del CDP que requiere para acceder al permiso sindical, a la
existencia de una autorización previa del presidente de Asonal Judicial, pese a que existe
un conflicto interno entre la Subdirectiva Atlántico y la Junta Directiva Nacional, lo cual
hace imposible aportar ese requisito.
En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el
amparo invocado.
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Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio
Acción de tutela – Impugnación fallo
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que negó el amparo invocado, por las razones que aquí se
expondrán.
2. 1 Análisis de los requisitos de procedibilidad
1) En este caso, la Sala precisa que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto se invocó la afectación de un derecho
constitucional como la libertad y asociación sindical.
2) Asimismo, la señora Sanjuan Atencio está legitimada por activa en la causa en su
condición de servidora judicial para reclamar por esta vía la afrenta a sus derechos por
la negativa o condicionamiento para otorgarle un permiso sindical; asimismo, las
autoridades demandadas están legitimadas por pasiva, por cuanto son las encargadas
de llevar a cabo los procedimientos necesarios para la expedición del CDP que se exige
para nombrarle un reemplazo temporal.
3) Igualmente, el presupuesto de la inmediatez se encuentra superado, pues, la
demandante tuvo conocimiento de la situación que se invocó como generadora de la
afectación de los derechos fundamentales constitucionales el 5 de agosto de 2025, fecha
en la que se le informó al titular del juzgado, en el cual labora, que era necesario contar
con la autorización previa del presidente del respectivo sindicato para seguir con el
procedimiento solicitado.
4) En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala observa que, aunque la DESAJ remitió
al titular del juzgado la Circular DEAJC25-8 de 5 de febrero de 2025, en la que se estipuló
que para el reemplazo por permiso sindical era necesaria la autorización previa del
presidente del sindicato, lo cierto es que, en este caso, no existe un acto administrativo
que haya negado o condicionado dicho trámite, porque en realidad la respuesta lo que
hizo fue informar de forma masiva cuáles eran los requisitos que se debían cumplir para
acceder al permiso sindical. En ese sentido, no existe ningún otro mecanismo judicial
para procurar lo que por esta vía se pretende.
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Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio
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5) En consecuencia, la acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de
procedibilidad, por lo que esta Corporación procederá a determinar si debe o no
ampararse el derecho fundamental invocado.
2.2 Análisis del caso concreto
1) La demandante, servidora pública de la Rama Judicial y presidenta de la
Subdirectiva Atlántico de Asonal Judicial, solicitó permiso sindical para el ejercicio de las
funciones propias de su cargo en la organización; sin embargo, la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Atlántico (DESAJ Atlántico) indicó al titular del juzgado que,
para materializar dicha prerrogativa y expedir el CDP debía allegarse la certificación del
presidente del sindicato, requisito que la accionante considera imposible de cumplir
debido a un supuesto conflicto interno entre la Subdirectiva del departamento y la Junta
Directiva Nacional.
2) Para resolver la controversia, conviene recordar que la Corte Constitucional ha
reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de
derechos sindicales cuando se alega que la administración ha obstaculizado el ejercicio
de actividades propias de la organización.
3) En las sentencias T-432 de 2019 y T-619 de 2016, la Corte Constitucional indicó que
la acción de tutela es procedente cuando el empleador desconoce el derecho a constituir
sindicatos, afiliarse a ellos o desarrollar sus actividades; además, cuando impide el
ejercicio de la negociación colectiva y cuando actuaciones u omisiones de las autoridades
laborales afectan el funcionamiento de los tribunales de arbitramento; asimismo, el Alto
Tribunal también ha hecho énfasis en que, ante actos que perturben funciones propias
del sindicato, la acción de tutela se erige como mecanismo eficaz para la protección del
derecho de asociación.
4) Ahora bien, tratándose específicamente de permisos sindicales, en la sentencia T-
063 de 2014, la Corte señaló que estos constituyen uno de los medios a través de los
cuales se garantiza la efectividad del derecho de asociación, pues buscan facilitar que
los servidores que desempeñan la representación sindical cumplan sus funciones;
asimismo, ordenó reglamentar los reemplazos para garantizar la continuidad del servicio
durante los permisos sindicales.
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5) Así pues, en cumplimiento de dicha orden, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo PSAA14-10153 de 2014, posteriormente complementado por el
Acuerdo PCSJA22-11958 de 2022, y más recientemente por la Circular DEAJC25-8 del
5 de febrero de 20258, en la cual se estableció que todo permiso sindical debía estar
autorizado por el presidente del respectivo sindicato, dado que la Rama Judicial asigna
un rubro presupuestal específico para cubrir los reemplazos de los afiliados que hacen
uso de permisos y es la organización sindical la responsable de la ejecución racional de
dichos recursos.
6) Esa exigencia surgió de una solicitud formal elevada por la Junta Nacional de Asonal
Judicial, quien pidió que la administración únicamente comprometiera esos recursos con
la certificación del presidente del sindicato, como mecanismo de control y garantía de
destinación adecuada del presupuesto asignado.
7) En esa medida, a partir de este marco normativo y jurisprudencial, la Sala observa
que a la demandante no se le negó el permiso sindical; por el contrario, su nominador se
lo autorizó y realizó los trámites correspondientes para que se expidiera el respectivo
CDP en orden a que se nombrara a una persona que la reemplazara mientras durara el
permiso sindical; sin embargo, de conformidad con los acuerdos y la circular referida, se
le solicitó que acreditara el cumplimiento de un requisito previamente definido por la
propia organización sindical, orientado al aseguramiento del manejo transparente de los
recursos destinados a los reemplazos.
8 “1. Todo permiso sindical debe estar previamente autorizado por el presidente del respectivo sindicato.
2. La ejecución del presupuesto para el reemplazo por permiso sindical se realizará a través de los rubros
que hacen parte de la Subcuenta 01-02 Personal Supernumerario y Planta Temporal.
3. Las direcciones seccionales de administración judicial realizarán la proyección del costo del reemplazo
sindical y solicitarán a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la asignación del presupuesto por
cada rubro presupuestal.
4. Las solicitudes de asignación presupuestal deben indicar el nombre del servidor judicial que hará uso
del permiso sindical, la organización sindical a la cual pertenece y las fechas de inicio y finalización del
permiso.
5. Las solicitudes presupuestales que involucren afiliados de diferentes organizaciones sindicales deben
detallar la información de recursos por cada servidor judicial.
6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizará la asignación presupuestal mediante acto
administrativo. (…).”
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8) En este caso, la Sala no advierte que tal exigencia sea arbitraria, desproporcionada
o carente de fundamento, pues guarda coherencia con la estructura presupuestal prevista
para garantizar la continuidad del servicio durante los permisos sindicales, debido a que
los recursos asignados son de destinación específica y están destinados a la actividad
sindical; por ello, la necesidad de la autorización del presidente nacional resulta
razonable, habida cuenta de que la organización ejecuta esos fondos, tal como lo dispone
la Circular DEAJC25-8.
9) Adicionalmente, la Sala observa que la presunta imposibilidad de obtener la
certificación del presidente nacional de Asonal no fue acreditada, pues, la parte actora
afirmó que, debido a un supuesto conflicto interno, la Junta Nacional negaría su solicitud;
no obstante, no aportó constancia alguna de haber gestionado la certificación ante la
autoridad sindical competente ni se acreditó que la organización hubiera incurrido en una
omisión violatoria de sus derechos ni mucho menos la existencia de las supuestas
disputas internas.
10) Tampoco se configuró actuación vulneradora por parte del Consejo Superior de la
Judicatura o de la Dirección Ejecutiva a nivel central, pues la solicitud que presentó la
demandante fue remitida correctamente a la DESAJ Atlántico, autoridad competente para
el manejo de los recursos y para la tramitación del permiso, por lo cual su traslado al nivel
seccional se ajustó al esquema de competencias previsto para la administración del
presupuesto asignado a los reemplazos sindicales.
11) En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó una vulneración al derecho
fundamental de asociación sindical de la actora, en la medida que la exigencia
cuestionada es legítima y razonable dentro de la estructura presupuestal prevista para
los permisos sindicales, y no se probó la negativa arbitraria de la organización sindical a
expedir la certificación requerida ni se demostró una conducta atribuible a las accionadas
que afectara el ejercicio del derecho, pues por tratarse de una organización sindical si la
actora actúa en representación de dicha organización, como lo asegura en su escrito, lo
mínimo es que acredite que lo hace con la anuencia y autorización de las directivas del
sindicato, sin que así lo haya hecho.
12) En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó
el amparo invocado, por las razones hasta aquí expuestas.
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Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio
Acción de tutela – Impugnación fallo
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Confírmase la decisión de primera instancia que negó el amparo invocado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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