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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05053-00

Fecha
14 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05053-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Martina González Cantillo, por las razones señaladas. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito de Santa Marta, de conformidad con los motivos expuestos. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 18. 17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 18 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00 Demandante: Martina González Cantillo Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría General REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05053-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 14 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició los autos de primera y segunda instancia,
mediante los cuales se decretó la nulidad del proceso ejecutivo, en atención a que en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se agotó el grado
jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia condenatoria de primera instancia.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Martina González
Cantillo contra el Juzgado 2 Administrativo de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo de Magdalena.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 14 de agosto de 2025, Martina González Cantillo, por conducto de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra del Juzgado 2
Administrativo de Santa Marta y del Tribunal Administrativo de Magdalena,
por la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, salud y el principio de
favorabilidad, con ocasión de los Autos de 21 de noviembre de 20242 y 25
de junio de 20253 que, respectivamente, declararon la nulidad de todo lo
actuado en el proceso ejecutivo No. 47001-33-33-002-2019-00068-00/02.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales violados por las entidades
accionadas.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificado por estado fijado el 22 de noviembre de 2024.

3 Se notificó a través de estado fijado el 28 de julio de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA: Revocar la providencia del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Santa Marta que decretó la nulidad de todo lo actuado dentro del
proceso ejecutivo.

TERCERA: Revocar la providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena
que confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Santa Marta.

CUARTA: Como consecuencia de todo lo anterior, se ordene al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta a continuar con el proceso
ejecutivo.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) Mediante Sentencia de 27 de febrero de 20154, el Juzgado 2
Administrativo de Descongestión de Santa Marta declaró la nulidad de la
Resolución No. 1502 de 1 de julio de 2011, que había declarado insubsistente
el nombramiento provisional de Martina González Cantillo como docente
en la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte en Santa Marta, y ordenó
su reintegro al mismo cargo o uno de igual o superior categoría, así como el
pago de salarios y emolumentos dejados de percibir desde la
desvinculación hasta el reintegro efectivo. Contra esa decisión no se
presentó recurso de apelación.

5. 2) El Distrito de Santa Marta expidió, en cumplimiento de la
providencia judicial proferida por el Juzgado 2 Administrativo de
Descongestión de Santa Marta, la Resolución No. 833 de 20 de noviembre
de 2015, a través de la cual ordenó el reintegro de Martina González Cantillo
a un cargo igual o similar al que desempeñaba antes de su retiro.

6. 3) El 1 de marzo de 2019, Martina González Cantillo instauró demanda
ejecutiva contra el Distrito de Santa Marta para obtener el cumplimiento del
pago ordenado en la sentencia de 2015. El proceso fue conocido por el
Juzgado 2 Administrativo de Santa Marta.

7. 4) El 10 de octubre de 2019, el Juzgado 2 Administrativo de Santa
Marta libró mandamiento de pago en contra del Distrito de Santa Marta por
un valor de $328.269.782,96, y, además, ordenó el embargo y la retención
de bienes de la demandada como medidas cautelares.

8. 5) El 25 de abril de 2023, la Secretaría de Educación de Santa Marta
emitió la Resolución No. 996, con la cual retiró del servicio a Martina
González Cantillo por retiro forzoso al cumplir 70 años de edad, conforme
con el Decreto 2277 de 1979.

4 Proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 47001-33-31-752-2013-00393-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

9. 6) A través de Auto de 21 de noviembre de 2024, el Juzgado 2
Administrativo de Santa Marta decretó la nulidad de todo lo actuado en el
proceso ejecutivo debido a que en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho no se agotó el grado jurisdiccional de consulta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso
Administrativo - CCA (Decreto 01 de 1984), y remitió el proceso al Tribunal
Administrativo de Magdalena para que se surtiera el trámite que había sido
omitido.

10. Precisó que el artículo 184 del CCA, en su inciso 3 dispuso que en los
asuntos contenciosos de carácter laboral se debían consultar las sentencias
proferidas en primera instancia que impusieran una condena a cargo de
una entidad pública, cuando de la actuación se dedujera que la
demandada no ejerció ninguna defensa de sus intereses. En ese orden,
encontró que la autoridad administrativa demandada no ejerció ninguna
defensa, motivo por el que existía una nulidad que no podía sanearse, al
omitirse una instancia del proceso y , en consecuencia, se debía devolver el
expediente, para que se adelantara el grado de consulta.

11. 7) Contra esa decisión la señora González Cantillo presentó recurso de
apelación con fundamento en que la nulidad decretada no se encontraba
en ninguna de las causales establecidas en los artículos 152 y 153 del Código
de Procedimiento Civil. Adicional a ello, indicó que no hubo una vulneración
del derecho de defensa de la parte demandada, toda vez que se le
otorgaron las oportunidades procesales para controvertir lo alegado por la
parte actora, sin embargo, esta decidió no hacer uso de esas
oportunidades.

12. También cuestionó que, en virtud del artículo 184 del CCA, se
estableciera que surtir el grado jurisdiccional de consulta constituía una
obligación para la autoridad judicial que profirió la decisión condenatoria,
pues a su juicio, ello no era así.

13. 8) Mediante Auto de 25 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Magdalena confirmó el Auto de 21 de noviembre de 2024, que decretó la
nulidad del proceso ejecutivo y ordenó continuar la sustanciación del
proceso en primera instancia para cumplir con el requisito del grado
jurisdiccional de consulta.

14. Indicó que se evidenció que, pese a haberse notificado, en debida
forma, el auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho al Distrito de Santa Marta, este no realizó ninguna actuación, pues
no otorgó poder a un abogado para que ejerciera su defensa, contestara
la demanda, propusiera excepciones, presentara alegatos de conclusión o

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

recurriera la sentencia de primera instancia, motivo por el que al omitirse el
grado jurisdiccional de consulta que debía surtirse, la sentencia de primera
instancia no se encontraba ejecutoriada y, en consecuencia, debía
confirmarse la decisión de declarar la nulidad de lo actuado en el proceso
ejecutivo.

15. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte
demandante, en que las autoridades judiciales demandadas, con las
providencias enjuiciadas, incurrieron en un defecto procedimental, ya que
actuaron al margen de lo establecido en el artículo 184 del CCA, pues el
asunto no debía remitirse para que se surtiera el grado jurisdiccional de
consulta, toda vez que la condena de primera instancia no excedía los 300
salarios mínimos, en los términos del inciso 1 del referido artículo.

16. Adicional a ello, señaló que se configuró un defecto fáctico, pues las
autoridades judiciales accionadas no valoraron la constancia de ejecutoria
que obraba en el proceso ejecutivo, la cual demostraba que la sentencia
de primera instancia se encontraba en firme.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

17. El Tribunal Administrativo de Magdalena6 solicitó que se negara la
acción de tutela en atención a que no había adelantado ninguna
actuación que pudiera ser objeto de censura, o que hubiera actuado sin
observancia de las normas procedimentales aplicables al asunto, en
detrimento de los derechos fundamentales de la parte demandante.

18. El Juzgado 2 Administrativo de Santa Marta7 remitió el expediente del
proceso ejecutivo solicitado, pero no emitió ningún pronunciamiento sobre
los fundamentos de la acción de tutela.

19. El Distrito de Santa Marta8 solicitó que se declarara su falta de
legitimación pasiva en la causa, dado que los hechos materia de la acción
de tutela no estaban relacionados con alguna vulneración de derechos
fundamentales por parte de ese distrito.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

5 Mediante Auto de 21 de agosto de 2025, el despacho ponente (1) admitió la demanda de la referencia, (2) tuvo

como demandados al Juzgado 2 Administrativo de Santa Marta y al Tribunal Administrativo de Magdalena, y (3)
vinculó en calidad de terceros con interés al Distrito de Santa Marta.
6 Índice 9 de Samai.

7 Índice 13 de Samai.

8 Índice 10 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

2.1. Solicitud de desvinculación

20. El Distrito de Santa Marta solicitó su desvinculación de la presente
acción de tutela, en la medida en que consideró que carecía de
legitimación pasiva en la causa por no tratarse de la autoridad que debía
responder por los fundamentos de la acción de tutela. La Sala no accederá
a dicha solicitud, comoquiera que el distrito compareció a la acción de
tutela como tercero con interés, en atención a que fue demandado en el
proceso ejecutivo, razón por la cual le podría asistir interés en lo que aquí se
decida.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

22. Para la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra su
razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las
competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios,
así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una
instancia adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden,
como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las
de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde
se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en
una instancia adicional9.

23. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental10.

24. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto11; (2) que la solicitud de amparo

9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Idem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario12 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.

25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202314,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

26. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la accionante
(1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una
instancia adicional15.

27. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:

28. La señora González Cantillo no señaló las razones por las que
consideraba que era necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a
la decisión adoptada por el juez del proceso ejecutivo, pues se limitó a
presentar los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como meras
diferencias o discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez
natural de la causa.

29. Así se evidenció que, si bien la demandante alegó la aparente
configuración de los defectos procedimental y fáctico, lo cierto es que con
sus reparos se limitó a insistir en su inconformidad respecto de que se hubiera
declarado la nulidad en el proceso ejecutivo, a su juicio, con una indebida
interpretación del artículo 184 del CCA y sin tener en cuenta que existía una
constancia de ejecutoria de la sentencia condenatoria de primera instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Idem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
15 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
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Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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30. Esos reparos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo
de Magdalena a través del Auto de 25 de junio de 2025, en el cual la referida
autoridad judicial estudió el artículo 184 del CCA y lo relacionado con la
ejecutoria de la sentencia proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

31. La autoridad judicial accionada, al realizar el estudio del artículo 184
del CCA16, referente al grado de consulta, consideró que no era aplicable
el inciso 1 de dicho artículo, relativo a que debían consultarse las sentencias
proferidas en primera instancia con condena superior a los 300 SMLMV, sino
que debía acudirse al inciso 3, porque el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 47001-33-31-752-2013-00393-00 era de
carácter laboral y en aquel la autoridad demandada (Distrito de Santa
Marta) no ejerció ninguna defensa de sus intereses.

32. En atención a lo anterior concluyó que en el asunto se debió agotar
el grado jurisdiccional de consulta, pero no se hizo, motivo por el que era
necesario que se diera trámite a dicho aspecto, conforme con lo
establecido por la Ley.

33. Lo anterior, además, enmarca una controversia de carácter legal, en
la medida en que lo pretendido por la parte actora era que juez de tutela
interviniera en el asunto con el fin de que se acogiera la interpretación del
artículo 184 del CCA que consideró era la adecuada. Adicionalmente,
indicó que el hecho de que no se agotara el grado jurisdiccional de consulta
implicaba que la sentencia proferida en primera instancia no cobrara
ejecutoria, pese a la expedición de la constancia.

34. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que, de conformidad con el artículo 184 del CCA y las pruebas
obrantes en el expediente, había lugar a declarar la nulidad del proceso

16 ARTICULO 184. CONSULTA. <Subrogado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>
Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad
pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra
de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no
fueren apeladas.
Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en
los eventos del inciso anterior.
En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera
instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca
que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.
La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus
alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado
por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá
solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco
(5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común.
La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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ejecutivo. En ese orden, los argumentos propuestos por la parte
demandante, más allá de invocar ciertos defectos, se presentaron como
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial
demandada.

35. Así las cosas, se aclara que las diferencias interpretativas que existieran
entre la parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por
sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional17.

2.3. Conclusión

36. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Martina González Cantillo, por las razones señaladas.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito
de Santa Marta, de conformidad con los motivos expuestos.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 18.

17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05053-00
Demandante: Martina González Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría General
REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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