Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05056-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 23 de octubre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: RUBIELA MARÍN URIBE Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de reparación
directa. Defecto fáctico y aplicación indebida del precedente.
Improcedencia de la acción de tutela. Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Rubiela Marín Uribe y Mauricio Edwar
Posso Marín contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Buga.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de agosto de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Rubiela Marín Uribe y Mauricio Edwar Posso Marín pidieron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la honra, al buen nombre, a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia. Así como la aplicación del principio jura novit cuia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a las sentencias del 26
de abril de 2021 y del 21 de enero de 2022, dictadas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente,
que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado
76111-33-33-003-2017-00145-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que, una vez, concedida, la protección del derecho fundamental al Debido Proceso, y
demás derechos fundamentales y humanos conexos a los privados injustamente de libertad como lo
fueron los hermanos POSSO MARIN y en conexidad con su familia, hoy a qui encabeza de su
progenitora señora LUZ RUBIELA MARÍN URIBE, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No.
xxxxxxx de Argelia – Valle, quien en su documento de identidad manifiesta NO saber firmar, analfabeta,
se implora que se NULITE, la Sentencia Judicial de Primera Instancia No. 031 del 26 de abril de 2021,
proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA
– _VALLE DEL CAUCA, dentro del Radicado No. 761113333003-2017-00145-00, y Sentencia Judicial
de Segunda Instancia No. 05 del 21 de enero de 2022, bajo el Radicado No. 761113333003-2017-
00145-01, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en la
cual CONFIRMO la multicitada Sentencia de Primera Instancia No. 031 del 26 de abril de 2021, con la
que muy respetuosamente, se le vulneró el Debido Proceso, e incurriendo en otros derechos
fundamentales y humanos conexos y devenidos del derecho fundamental al derecho a la libertad del
cual, fue privado su hijo MIGUEL ANGEL POSSO MARIN, durante el tiempo de la Privación Injusta de
la Libertad.
SEGUNDO: Qué, una vez revocadas las multicitadas sentencias judiciales, el señor Juez Constitucional,
profiera Fallo Constitucional que ordene el pago y reconocimiento de las indemnizaciones perseguidas
en la Demanda de Reparación Directa, como consecuencia de la vulneración a los Derechos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
Fundamentales y Humanos conexos, causados a los hermanos POSSO MARÍN y a su grupo familiar
más cercano como lo relacionaba la demanda o en su defecto le ordene al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, proferir nuevo fallo que supla las pretensiones de la demanda de Reparación Directa,
como consecuencia de la falla en el servicio que conllevo a la vulneración de ese derecho fundamental
tan importante en la persona como el derecho a la libertad, a la honra, al buen nombre, al libre desarrollo
de la personalidad, donde también se vio afectado el derecho al Mínimo Vital, entre otros.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 13 de mayo de 2012, un habitante del corregimiento el Naranjal (Valle del Cauca), fue
víctima de un atentado con arma de fuego.
Por eso hechos, el 24 de octubre de 2012, el señor Miguel Ángel Posso Marín fue privado
de la libertad cuando se presentó voluntariamente en la estación de policía del
mencionado corregimiento. Ese mismo día fue capturado el señor Mauricio Edwar Posso
Marín.
El 25 de octubre de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Roldanillo llevó a cabo audiencia preliminar de legalización de captura,
formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en la que, entre otras,
se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario contra Miguel Ángel y Mauricio Edwar Posso Marín, por presuntamente haber
incurrido en los delitos de concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio
agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego.
El 12 de mayo de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga
emitió sentido del fallo absolutorio en favor de los señores Miguel Ángel y Mauricio Edwar
Posso Marín. Además, ordenó su libertad inmediata.
Por lo anterior, Miguel Ángel Posso Marín, Rubiela Marín Uribe, Miguel Ángel Posso
Márquez, Esperanza Jaramillo Marín, Blanca Edilia Jaramillo Marín, Adriana María López
Arévalo, quien actuó en nombre propio y en representación de sus menores hijas VLA y
VLA promovieron demanda de reparación directa contra la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, por los perjuicios causados por la presunta privación injusta de la
libertad que padeció el señor Miguel Ángel Posso Marín, entre el 24 de octubre de 2012
y el 12 de mayo de 2016, cuando fue procesado por los delitos de concierto para delinquir
agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma
de fuego.
El 30 de septiembre de 2018, el señor Miguel Ángel Posso Marín falleció.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76111-33-33-003-2017-00145-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Buga que, por sentencia del 26 de
abril de 2021, denegó las pretensiones, al estimar que, la medida de aseguramiento
impuesta a la víctima directa no había sido ilegal o arbitraria, debido a que se había
fundamentado en la propia declaración de la víctima del proceso penal.
Que, si bien la víctima del proceso penal se había retractado de sus declaraciones, lo
cierto era que la SIJIN había corroborado que el procesado tenía vínculos con el grupo
delincuencial Los Rastrojos.
Inconforme, la parte demandante apeló y manifestó que la víctima del proceso penal
nunca interpuso denuncia en contra del señor Miguel Ángel Posso Marín, que la Fiscalía
General de la Nación solo contaba con una entrevista que le habían practicado en el
hospital mientras era atendido, que esa entrevista generó que se iniciara una
investigación de oficio, pero que nunca medio una denuncia formal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
Que había quedado demostrado que no se contaban con pruebas fehacientes,
contundentes y completas para dictar la medida de aseguramiento.
Por sentencia del 21 de enero de 20221, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la decisión apelada, al considerar que la medida privativa de la libertad cumplió
con el lleno de los requisitos establecido por la legislación vigente a la época de los
hechos y porque la preclusión de la investigación no obedeció a la atipicidad objetiva de
la conducta o a que el hecho no existió.
El señor Miguel Ángel Posso Márquez falleció el 22 de octubre de 2024.
El 24 de febrero de 2022, la parte demandante presentó recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Sin embargo, el 13 de febrero de 2025, la Sala plena de la
Sección Tercera del Consejo, en el expediente con radicado 11001-03-26-000-2022-
00192-00, lo declaró infundado y condenó en costas a la parte recurrente.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, si bien no identificó los defectos que alegaría, la Sala los resumirá en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del proceso penal adelantado contra
Miguel Ángel Posso Marín y Mauricio Edwar Posso Marín, que daba cuenta que la
Fiscalía General de la Nación no contaba con elementos materiales probatorios para
solicitar la medida de aseguramiento que les fue impuesta y que, a su vez, la Rama
Judicial los privó de su libertad sin medios de convicción que sustentaran la detención.
Que en el proceso penal no se probó la culpabilidad de los señores Miguel Ángel Posso
Marín y Mauricio Edwar Posso Marín en los hechos ocurridos el 13 de mayo de 2012, ni
que estos pertenecían al grupo delincuencial Los Rastrojo.
Que los hermanos Posso Marín no dieron lugar a que se dictara una medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario en su contra.
Aplicación indebida del precedente fijado en la sentencia del 5 de febrero de 2021
dictada por el Consejo de Estado, en el expediente 47001-23-33- 000-2013-00269-
01(56906).
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda de
tutela, para que el apoderado de los demandantes: i) acreditara y fundamentara las
circunstancias por las cuales estaría habilitado para presentar la acción de tutela de la
referencia en calidad de agente oficioso de la señora Mariela Marín Uribe, ii) identificara
las personas que integraban la parte actora y, iii) aportara los poderes especiales
conferidos en su favor para formular la presente acción de tutela en nombre y
representación de los demandantes.
El 3 de septiembre de 2025, el apoderado de la parte actora allegó memorial de
subsanación. Luego, el 11 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la
demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al juez tercero
administrativo de Buga, y en calidad de terceros con interés, al fiscal general de la Nación,
al director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a Esperanza Jaramillo
Marín, Blanca Edilia Jaramillo Marín, Adriana María López Arévalo y las menores VLA y
VLA.
1 Notificada por correo electrónico del 8 de febrero de 2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 15 y 26 de
septiembre de 2025.
6. Intervenciones
La secretaria del Juzgado Tercero Administrativo de Buga hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa con radicado 76111-33-33-003-
2017-00145-00/01, para afirmar que no hubo vulneración de los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora y que la acción de tutela era improcedente porque se
utiliza como una instancia adicional del proceso ordinario.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, se
ordenara su desvinculación y que se denegara el amparo invocado.
Dijo que no era la llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los tutelantes. Que los argumentos de los accionantes no tenían
vocación de prosperidad, debido a que no existía claridad en los defectos alegados y no
se aportaron pruebas que soportaran las afirmaciones del escrito de tutela.
Que la solicitud de amparo intentaba reabrir un debate ya zanjado por las autoridades
judiciales demandadas.
La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la solicitud de amparo no
cumplía el requisito de inmediatez y que no era la llamada a materializar lo pretendido
por la parte actora.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Esperanza
Jaramillo Marín, Blanca Edilia Jaramillo Marín, Adriana María López Arévalo y las
menores VLA y VLA no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones previas.
1.1. Legitimación en la causa por activa.
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-
511 de 2017 y T-005 de 20222, la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la
causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente,
de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo
solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
2 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»3.
En ese orden, la Sala advierte que el señor Mauricio Edwar Posso Marín no está
legitimado en la causa por activa, por cuanto no es el titular de los derechos discutidos,
puesto que no integró la parte demandante del proceso de reparación directa con
radicado 76111-33-33-003-2017-00145-00/01 objeto de tutela. Por lo anterior, se
declarará improcedente la solicitud de amparo en lo que el respecta.
1.2. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona las sentencias del 26 de abril de 2021 y
del 21 de enero de 2022, dictadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y la Fiscalía General de la Nación solicitaron su desvinculación, al estimar que
no tenía legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en
calidad de tercero con interés, porque integraron la parte pasiva del proceso de
reparación directa con radicado 76111-33-33-003-2017-00145-00/01. En consecuencia,
no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona las sentencias
del 26 de abril de 2021 y del 21 de enero de 2022, dictadas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente,
el análisis de los cargos propuestos se centrará en la última providencia por ser la que
decidió de manera definitiva sobre el asunto.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por Rubiela Marín Uribe para dejar sin efectos la sentencia del 21 de enero de 2022,
dictada el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó la decisión de primera
instancia de denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado
76111-33-33-003-2017-00145-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de inmediatez, por cuanto fue presentada después de tres años, seis meses y tres días
de haberse notificado la providencia objeto de tutela.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.
3 Sentencia T-292 de 2021.
4 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda7,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»8.
5. Análisis del caso concreto
En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 21 de enero de 2022, dictada el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda
de reparación directa que promovió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial.
Ahora bien, consultado el expediente con radicado 76111-33-33-003-2017-00145-00/01
en el aplicativo Sistema Para la Gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia
del 21 de enero de 2022 fue comunicada a las partes por correo electrónico del 8 de
febrero de 2022, de modo que fue efectivamente notificada el 10 de febrero de 2022, en
atención al numeral segundo del artículo 2059 del CPACA.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 Sentencia T- 123 de 2007.
8 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 13 de agosto de 2025, esto es luego
de tres años, seis meses y tres días de haberse notificado la providencia objeto de tutela,
término que supera el plazo razonable previsto para la Sala Plena de esta Corporación.
En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y los demandantes tampoco la
expone.
Si la parte demandante estimaba que la sentencia del 21 de enero de 2022 vulneró sus
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fuera notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.
La Sala no desconoce que los demandantes del proceso ordinario presentaron un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, sin embargo, ese recurso no constituye
una unidad procesal con el proceso de reparación directa objeto de la presente acción de
tutela, al respecto la Corte constitucional ha señalado10:
El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no conforma una unidad con el proceso judicial
de origen. En consecuencia, su trámite se debe entender como una nueva actuación y ha de estar
reglada por la ley vigente al tiempo de su interposición (…)
En suma, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es una herramienta que refleja la
importancia y el carácter vinculante del precedente judicial vertical. Este recurso extraordinario no
conforma una unidad procesal con el proceso primigenio (…).
En consecuencia, el trámite impartido al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia promovido por los demandantes del proceso ordinario no tiene la
virtualidad de modificar el conteo del plazo razonable previsto para interponer acciones
de tutela contra providencias judiciales. Además, las pretensiones de la acción de tutela
no están dirigidas a cuestionar lo resuelto en ese recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
Siendo así, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, porque no supera el
requisito general de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Mauricio Edwar Posso
Marín.
2. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación.
3. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
10 Sentencia T-308 del 11 de agosto de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05056-00
Demandante: Rubiela Marín Uribe y otro
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.