Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05065-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05065-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05065-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionado: LEÓN ALCIDES CASTRILLÓN TAVERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la
administración de justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO / Reconocimiento de pensión de sobrevivientes / REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se discute un aspecto eminentemente legal y se
acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso
ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 18 de septiembre de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 14 de agosto de 20252, el señor León Alcides Castrillón Tavera, mediante
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad
“formal y material”3, al debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la
administración de justicia, así como de los principios constitucionales de
prevalencia de la ley sustancial, de la seguridad social en pensiones, de
favorabilidad y de condición más beneficiosa o “realidad – realidad”4.
Hechos relevantes
2. Por medio del Decreto núm. 0255 del 27 de febrero de 1976, el Departamento
de Antioquia nombró a la señora María Guillermina Suescún Monsalve como
1 Que ingresó para fallo el 16 de octubre de 2025.
2 Índice 2 de Samai.
3 Folio 2 del escrito de tutela.
4 Ibid.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
docente nacionalizada. La causante prestó sus servicios desde el 6 de marzo de
1976 hasta el 28 de mayo de 1982.
3. El 29 de abril de 1978, la funcionaria contrajo matrimonio con el señor León
Alcides Castrillón Tavera, unión que se extendió hasta el 29 de mayo de 1982,
fecha en que falleció la cónyuge.
4. Con ocasión de los hechos descritos, el 25 de junio de 2014, el señor León
Alcides Castrillón Tavera solicitó ante el Departamento de Antioquia el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes. La entidad, por medio de
la Resolución núm. 116526 del 11 de julio de 2014, negó lo pretendido.
5. Contra dicha decisión la parte accionante presentó recursos de reposición en
subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable a través
de las Resoluciones núms. S-126560 del 30 de septiembre de 2014 y S-131705 del
11 de noviembre de 2014.
6. Posteriormente, el 20 de marzo de 2015, el actor presentó una petición ante la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, consistente también en el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes. No obstante, mediante Oficio núm. 1396 del 8 de abril
de 2015, se le informó que la señora María Guillermina Suescún Monsalve no se
encontraba afiliada al FOMAG.
7. Como consecuencia de lo anterior, el señor León Alcides Castrillón Tavera
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos precitados,
así como el reconocimiento y pago de su pensión de sobrevivientes en los términos
del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
8. El proceso correspondió al Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín que, por medio de sentencia del 28 de mayo de 2020, negó las
pretensiones de la demanda.
9. A juicio del a quo, la señora María Guillermina Suescún Monsalve estaba
cobijada bajo el régimen establecido en el Decreto 224 de 1972, por lo que no era
posible aplicar los postulados del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en la medida
en que falleció cuando aún no encontraba vigente el Sistema de Seguridad Social
Integral y tampoco se acreditó que hubiere laborado por más de 18 años en el
servicio docente.
10. La parte vencida presentó recurso de apelación contra la decisión precitada, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia que, por medio de
sentencia del 28 de febrero de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.
11. El ad quem precisó que, además de la imposibilidad de aplicar de forma
retrospectiva el régimen fijado en la Ley 100 de 1993, dado que la muerte de la
causante ocurrió de forma previa a su entrada en vigencia, la señora María
Guillermina Suescún Monsalve tampoco cumplió con el tiempo de servicios de 18
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
años continuos o discontinuos como docente oficial que establece el artículo 7.° del
Decreto 224 de 1972.
12. De este modo, el Tribunal consideró que, al no cumplir con los supuestos fijados
en las leyes que regulan la materia, no era viable otorgar la pensión de
sobrevivientes en favor del señor León Alcides Castrillón Tavera.
Pretensiones
13. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERA: ADMITIR la presente ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE
TUTELA POR VÍA DE HECHO.
SEGUNDA: DECLARAR que la conducta del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA SEXTA DE DECISIÓN ORAL,
cuyo ponente fue el Magistrado RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO, y
del JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, cuya titular es la Juez
MARÍA ALEJANDRA PÉREZ GAONA, al proferir la sentencia No. 036 de
28 de febrero del año de 2025 y el fallo No. 28 de 28 de mayo del año
2020, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho - laboral, con radicado único nacional No. 05-
001-33-33-703-2015-00049-00, de conformidad con las disposiciones
legales y conforme a la jurisprudencia trazada por la Honorable Corte
Constitucional y por el Honorable Consejo de Estado, en la materia,
incurren en VÍAS DE HECHO POR DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO,
UNA DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN Y POR EL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE LEGAL Y CONSTITUCIONAL y por estas razones, se le
vulneran, los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD
FORMAL Y MATERIAL, DIGNIDAD HUMANA, en conexidad con los
DERECHOS DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA
PREVALENCIA DE LA LEY SUSTANCIAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN PENSIONES, AL DEBIDO PROCESO Y A LOS PRINCIPIOS DE:
FAVORABILIDAD, LA CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA Y DE
REALIDAD – REALIDAD, y cualquier otro del mismo rango que se
determine como violado al accionante.
TERCERA: Como consecuencia de la anterior declaración, INAPLICAR la
sentencia No. 036 de 28 de febrero de 2025, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA SEXTA DE DECISIÓN ORAL
y el fallo No. 28 de 28 de mayo del año 2020, emitido por el JUZGADO
TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN – ANTIOQUIA, respecto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho - laboral que cursó en los mencionados
Despachos judiciales, con radicado único nacional No. 05-001-33-33-703-
2015-00049-00.
CUARTA: Dar aplicación al ordenamiento jurídico y ORDENAR a la
Judicatura accionada, que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de acción constitucional de tutela, se proceda al estudio
preciso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho –
laboral, con radicado único nacional No. 05-001-33-33-703-2015-00049-
00, con el fin de pronunciar un fallo en derecho y acorde con todos y cada
uno de los principios constitucionales y laborales, y dando aplicación al
precedente legal y Constitucional, para que así se dé prevalencia a los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Colombia de 1991, desarrollados por la Honorable Corte Constitucional y
conforme a lo previsto en la Ley 270 del año 1996.
QUINTA: ORDENAR a los Despachos judiciales accionados que, una vez
dictada la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita a su Honorable
Despacho, copia del fallo judicial con las formalidades de Ley, so pena de
las sanciones de Ley por desacato a lo ordenado en sentencia de acción
constitucional de tutela.
SEXTA: Que esta petición procede, de acuerdo con el restablecimiento del
derecho de que trata el artículo 18 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991,
sin tener que esperar a que se cumple el término de 10 días para proferir la
sentencia que desate las pretensiones de esta ACCIÓN
CONSTITUCIONAL DE TUTELA POR VÍA DE HECHO.
SÉPTIMA: Autorizar y ordenar el envío por medios electrónicos, del fallo de
esta acción constitucional de tutela y de la contestación que produzcan los
accionados; en razón, a lo señalado en la Ley 2213 de 2022”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. La parte demandante sostiene que la providencia enjuiciada incurrió en las
causales específicas de procedibilidad de defecto sustantivo, defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente, debido a la negativa a ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor del señor León
Alcides Castrillón Tavera como cónyuge supérstite de la señora María Guillermina
Suescún Monsalve.
15. Afirma que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la decisión del 28
de febrero de 2025, no atendió la inminente vulneración de los derechos del actor,
así como la aplicación de los principios constitucionales de favorabilidad y de
condición más beneficiosa, en lo que atañe al reconocimiento de la pensión post
mortem de los docentes que fallecen antes de cumplir el tiempo de servicio.
16. Manifiesta que hubo una indebida aplicación del artículo 7.° del Decreto 224 de
1972, el cual se interpretó de manera “literal y árida”6, sin tener en cuenta los
principios de equidad, de igualdad y de justicia, así como el carácter irrenunciable
del derecho fundamental a la seguridad social. Finalmente, indica que, si bien la
muerte de la causante se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, “la familia, que es el sentido último de la seguridad social desde la figura de
la pensión de sobrevivientes, continúa existiendo”7.
Trámite procesal
17. Por medio de auto del 20 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado
Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y al Tribunal Administrativo
de Antioquia como accionados, y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
5 Folios 3 a 5 del escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai.
6 Folio 7 ibid.
7 Folio 8 ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento de
Antioquia como terceros con interés en las resultas del proceso.
Intervenciones
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, en razón a que la sentencia enjuiciada se fundamentó en un
análisis legal, probatorio y jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que lo
pretendido por el actor es convertir este mecanismo en una instancia adicional al
proceso ordinario.
19. Precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter
excepcional, restringido y extraordinario, por lo que sólo procede cuando se está
frente al ejercicio arbitrario, voluntarista y caprichoso del poder judicial.
20. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de
Medellín manifestó que la providencia enjuiciada fue proferida por el anterior titular
del despacho judicial, por lo que se atiene a lo que se decida en esta acción de
tutela.
21. Asimismo, aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 05001-33-33-703-
2015-00049-00.
22. El Departamento de Antioquia expuso que la jurisprudencia del Consejo de
Estado es pacífica al señalar que no procede la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 1993 cuando el derecho pensional se consolidó bajo un régimen normativo
anterior. Por ello, dado que la señora María Guillermina Suescún Monsalve falleció
en 1982 y no cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 224 de 1972,
no le asistía derecho al reconocimiento pensional. En ese sentido, solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción por no configurarse ninguna de las causales
específicas de procedibilidad.
23. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la acción, por no advertirse vulneración alguna de derechos
fundamentales. Señaló que en el caso bajo estudio se presenta como debate
procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica y un litigio que
involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez
constitucional.
24. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La sentencia de primera instancia
25. Por medio de sentencia del 18 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
26. Señaló que, en la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso
ordinario, se estableció el régimen pensional aplicable en atención al fallecimiento
de la causante, lo cual ocurrió antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
por lo que, el juez de la causa analizó el asunto con el Decreto 224 de 1972. Sin
embargo, en la decisión enjuiciada se consideró que la docente no cumplió con el
tiempo de servicios requerido en la norma; por lo que, se concluyó que debía
negarse el derecho prestacional reclamado.
27. De ese modo, advirtió que un desacuerdo en relación con las conclusiones
respecto del fallo acusado no podía ser razón para que el juez constitucional
interviniera en la protección de los derechos fundamentales, puesto que aceptar lo
contrario, sería invadir la órbita del competente natural. En ese orden de ideas, para
el caso concreto, indicó que no era evidente una tensión entre dichas garantías en
contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada que ameritara la
intervención en sede de tutela.
La impugnación
28. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado,
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
30. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de relevancia
constitucional, al plantear una discusión relacionada con el reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes y la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
1993?
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
31. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia8, con la expedición de la sentencia del 28 de febrero de
2025, incurrió en un defecto sustantivo, un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, una decisión sin motivación y un desconocimiento del precedente y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia de
la parte accionante?
32. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
33. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20059,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
34. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
8 Si bien la demanda de tutela también se dirige contra la sentencia del 28 de mayo de 2020,
proferida por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el estudio
se centrará en la providencia del 28 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por ser esta la que puso fin al proceso.
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
35. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
36. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de
los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
37. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción
de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate17: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
38. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.
Caso concreto
39. En el caso bajo estudio, el señor León Alcides Castrillón Tavera presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad “formal y material”19, al debido
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
19 Folio 2 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
proceso, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia, así como
de los principios constitucionales de prevalencia de la ley sustancial, de seguridad
social en pensiones, de favorabilidad y de condición más beneficiosa o “realidad –
realidad”20, ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia del 28 de febrero
de 2025. Sin embargo, la Subsección considera que no hay lugar a estudiar de
fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
40. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en las causales específicas de procedibilidad de defecto sustantivo, defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente, al no aplicar de forma retrospectiva el régimen
previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes que solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Departamento de Antioquia.
41. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):
“[…] es improcedente dar aplicación a las disposiciones de la Ley 100 de 1993,
en específico del artículo 46 en los términos que se encontraba regulado antes
de la modificación surtida por la Ley 797 de 2003, a situaciones que se
consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa norma, pues para dar paso
al principio de favorabilidad debe tenerse en cuenta la disposición normativa
vigente al momento que ocurran los hechos que dieron origen a la
consolidación del derecho pensional. […]
Con base en la recopilación que antecede encuentra esta Sala de Decisión
como acreditado que, la señora María Guillermina Suescún Monsalve, estuvo
vinculada en calidad de docente nacionalizada al servicio del Departamento de
Antioquia entre el 27 de febrero de 1976 y el 28 de mayo de 1982, es decir, por
lapso de seis (6) años, tres (3) meses y un (1) día.
Asimismo, que el fallecimiento de la señora Suescún Monsalve, se produjo el
29 de mayo de 1982, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, significando con ello que, el régimen pensional que le es
aplicable a la docente es el contemplado en el Decreto 224 de 1972, sin
perjuicio del principio de favorabilidad que consagra el artículo 288 de la Ley
100 de 1993, y de cara a la jurisprudencia que se sostiene desde el año 2013
y a la fecha en el H. Consejo de Estado14 frente a la improcedencia de la
retrospectividad del Régimen General de Pensiones.
En orden a lo anterior, encuentra la Sala que, tal y como fue interpretado por el
Juez de primer grado, en el presente asunto, previo a evaluar el derecho que
le asiste al demandante de obtener la pensión de sobreviviente en calidad de
cónyuge de la señora María Guillermina Suescún Monsalve, es indispensable
determinar la acusación del derecho de cara al contenido del artículo 7 del
Decreto 224 de 1972, situación que no se encuentra acreditada en el proceso,
pues, como se mencionó en líneas anteriores, la docente no cumplió con un
tiempo de servicio de 18 años continuos o discontinuos como docente oficial.”21.
20 Ibid.
21 Folios 14 y 15 de la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
42. De conformidad con lo citado, se tiene que el Tribunal Administrativo de
Antioquia consideró que, dado que el fallecimiento de la señora María Guillermina
Suescún Monsalve sucedió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
el régimen pensional aplicable a su caso era el contemplado en el Decreto 224 de
1972, que en su artículo 7.° requería que la docente hubiese trabajado en planteles
oficiales por lo menos 18 años continuos o discontinuos. Supuesto que no cumplía
la causante, en razón a que trabajó para el Departamento de Antioquia entre el 27
de febrero de 1976 y el 28 de mayo de 1982. Al respecto, señala la norma en
mención:
“ARTÍCULO 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya
cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero
que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos
diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos
menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se
pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para
el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel
no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y
por un tiempo máximo de cinco (5) años”.
43. De igual modo, en cuanto al principio de favorabilidad, el Tribunal Administrativo
de Antioquia sostuvo que, si bien el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 establece
que todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y
servidor público tiene derecho a que le sea aplicable cualquier disposición
contenida en dicha norma, la jurisprudencia del Consejo de Estado 22 establece la
improcedencia de la retrospectividad del Régimen General de Pensiones cuando el
derecho pensional se consolidó bajo un régimen normativo anterior.
44. Al respecto, adujo el Tribunal accionado que esta Corporación señaló que la
posibilidad de exigir la aplicación de la Ley 100 de 1993 en los términos que señaló
el artículo 288 ibid, en contraposición con lo dispuesto en normas anteriores a su
vigencia, requiere que el derecho reclamado con base en la disposición anterior se
hubiere consolidado en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, en vigencia del
Régimen General de Pensión23.
45. Sobre este punto, se indicó en la decisión acusada que:
“Sin embargo, a través de la sentencia del 25 de abril de 20138, se rectificó
dicha posición y se consideró por el máximo órgano de la jurisdicción
contenciosa administrativa que la aplicabilidad del Régimen General de
Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, únicamente es aplicable al
momento en que se estructure el derecho, y en este caso, en tratándose de
la pensión de sobreviviente, de la fecha en que se produjo la muerte del
cotizante. Al respecto, señaló:
22 Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A. Consejero Ponente: Gabriel Valbuena
Hernández, rad. 63001-23-33-000-2015-00262-01 (1036-2017) objeto de pronunciamiento en sede
de tutela bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-02562-00- Sala de lo Contencioso Administrativo-
Sección Quinta- Sentencia del 09 de junio de 2022; y la sentencia del 24 de mayo de 2024- Sección
Segunda – Subsección B. Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, rad. 760001-23-33-
2017-00148-01 (5265-2022)
23 Folios 12 y 13 de la sentencia del 18 de febrero de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
“(…) Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la
aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es
benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos
prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la
luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a
afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez
que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado
de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las
situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se
encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva;
sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo
pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor
de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de
1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a
acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados
con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la
normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años
de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la
posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de
2012, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley
nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar
a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el
reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al
momento del fallecimiento del causante y no una posterior (…)24”
Resaltos de la Sala
46. Así las cosas, esta Sala encuentra que la controversia versa sobre un asunto
meramente legal. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden
legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto que “le está prohibido al
juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde
definir a otras jurisdicciones”25.
47. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha establecido que un asunto
carece de relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”26.
24 Folio 13 ibid.
25 Sentencia SU-173 de 2019.
26 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
48. Por lo anterior, se advierte que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, toda vez que el debate planteado se limita a una controversia de
índole puramente legal, discusión que no compromete un derecho fundamental en
su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la administración
de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se advierte afectación alguna al
mínimo vital del actor, lo que excluye la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite el uso excepcional del amparo constitucional.
49. Conjuntamente, lo que se busca con la tutela ejercida por la parte accionante
es prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso
ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya
que no hay ningún argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto
de genuina relevancia constitucional.
50. Asimismo, se advierte que los argumentos planteados en la demanda de tutela,
coinciden con los expuestos por el demandante en el recurso de apelación del
proceso ordinario, a saber:
“Por ello, contrario a lo considerado por el A Quo, se debe dar aplicación a
la jurisprudencia de las Altas Cortes que han permitido la aplicación
retrospectiva de la ley 100 del año 1993, en casos similares al que nos
ocupa, aplicando así los PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD y la
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA.
De otro lado, al revisar la sentencia T-415 de 2017, no se establece como
requisito para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes haber
laborado un mínimo de 15 años para poder aplicar retrospectivamente la ley
100, tal como lo advirtió el fallador de primera instancia.
La educadora fallecida, cotizó más de 312 semanas hasta el momento de
su muerte, pues prestó sus servicios al Departamento de Antioquia de forma
ininterrumpida desde el 27 de febrero del año 1976 al 28 de mayo del año
1982, y por tanto cumple uno de los requisitos establecidos en la Ley 100
del año 1993, esto es, que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y
hubiere abonado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte, para
que el cónyuge sobreviviente del afiliado que fallezca tenga derecho a que
le sea reconocida una pensión de sobrevivientes de manera vitalicia.
Conforme a los hechos probados, solicitó se de aplicación al artículo 53 de
la Constitución Política y al artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y en virtud a
ello, reconocer la prestación solicitada en la demanda inicial”27.
51. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte
demandante es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera
válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado
anteriormente. Por lo anterior, se confirmará la sentencia del 18 de septiembre de
2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos
previamente expuestos.
27 Folio 8 del escrito de apelación.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05065-01
Accionante: León Alcides Castrillón Tavera
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
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