Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05070-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: MAURICIO GONZÁLEZ LUENGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / confirma fallo que declaró
improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud
de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 15 de agosto de 2025, el señor Mauricio González Luengas, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por las sentencias del 6 de
diciembre de 2022 y del 14 de febrero de 2025. Dichas providencias fueron
proferidas, en su orden, por el Juzgado 12 Administrativo de Cali y la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en virtud de ellas se
negaron las pretensiones de una demanda de reparación directa que el actor y su
núcleo familiar promovieron contra la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General
de la Nación y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional. La demanda se tramitó
bajo el radicado 76001-33-33-012-2019-00287-00/01.
Hechos relevantes
2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Mauricio
González Luengas, David Santiago Luengas, Aristarco Luengas, Leonardo Fabio
Luengas Puerta, Dana Valentina Luengas Puerta, Efraín Alberto Luengas Puerta,
Fabian Hernán Luengas Puerta, Fabio Enrique Quimbaya, Fernando Montoya
Torres, Amparo Puerta, Mónica Galindez, Carol Lizeth Ruiz Galindez, Viviana
Andrea Rojas Reina y Esteban Heyder Luengas Rojas demandaron a la Nación –
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, a fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
1 Que ingresó al despacho para fallo el 9 de febrero de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
responsables por los daños y perjuicios derivados de la privación injusta de la
libertad del primero de los demandantes.
3. Según los demandantes, el señor Mauricio González Luengas fue acusado y
capturado por la presunta comisión o participación en el delito de hurto calificado y
agravado, el 24 de noviembre de 2012; producto de dicha sindicación, fue detenido
y se le impuso una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva
en establecimiento carcelario. No obstante, el 11 de octubre de 2013, fue dejado en
libertad por «vencimiento de términos», pues habían transcurrido más de 200 días
sin que se diera inicio al juicio oral.
4. Posteriormente, mediante sentencia 193 del 26 de octubre de 2017, el Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Cali, absolvió al señor Mauricio González Luengas,
dado que el ente investigador no logró demostrar la responsabilidad del procesado
y las pruebas allegadas fueron deficientes para corroborar su teoría del caso.
5. En la demanda de reparación directa se alegó que el señor González Luengas
permaneció injustamente privado de la libertad entre el 24 de noviembre de 2012 y
el 11 de octubre de 2013, con lo que se le causaron perjuicios morales y materiales,
estos últimos derivados de los gastos de defensa en los que incurrió durante el
trámite del proceso penal.
6. Al proceso se le asignó el radicado 76001-33-33-012-2019-00287-00 y
correspondió, por reparto, al Juzgado 12 Administrativo de Cali, que, mediante
sentencia del 6 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. En su
criterio, la parte demandante no acreditó la antijuridicidad del daño que alegó, pues
la detención del señor González Luengas se fundamentó en los elementos
materiales probatorios aportados por la Fiscalía, los cuales permitieron inferir
razonablemente que el imputado podía haber sido coautor o partícipe del delito por
el que fue investigado. En tal sentido, el a quo consideró que la medida de
aseguramiento se ajustó a los requisitos legales establecidos en el Código de
Procedimiento Penal; no obstante, a la postre, las pruebas recaudadas no fueron
suficientes para dictar una sentencia condenatoria en su contra.
7. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló. En esa oportunidad,
alegó que el informe de captura en flagrancia fue desvirtuado en la sentencia
absolutoria, lo que conducía a corroborar que la medida de aseguramiento fue
arbitraria, desmedida y obedeció exclusivamente a informes falsos elaborados por
unos agentes de policía, cuyas declaraciones también fueron desestimadas durante
el juicio oral por las inconsistencias que presentaban. De manera que, en su
concepto, el juez de primera instancia no valoró adecuadamente las circunstancias
fácticas que dieron origen a la reclamación de reparación.
8. Mediante sentencia del 14 de febrero de 2025, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo de primera instancia.
Para sustentar su decisión, sostuvo que, cuando la Fiscalía General de la Nación
inició la investigación contaba con suficientes elementos materiales probatorios y
evidencia física legalmente recaudada para considerar que el señor González
Luengas podía haber participado en el hecho delictivo. Además, refirió que en ese
momento procesal también se contaba con la denuncia de la víctima, quien
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
manifestó «la forma en que habían sido tratados y sometidos por el hoy
demandante». De otro lado, expuso que el levantamiento de la medida restrictiva
de la libertad ya sea en virtud de una sentencia condenatoria o por la preclusión de
la investigación, no puede interpretarse automáticamente a favor del acusado como
una privación injusta de la libertad, sino que se requiere un mayor esfuerzo
probatorio para acreditar con certeza la configuración de un daño antijurídico.
9. Por consiguiente, en criterio de la sala de conocimiento, el hecho de que el
proceso penal que se adelantaba contra el demandante hubiera terminado con una
sentencia absolutoria de ninguna manera genera como consecuencia que la
detención preventiva de la libertad no estuviera acorde con el ordenamiento jurídico
ni que, por ese hecho, la misma adquiriera automáticamente el carácter de injusta
para declarar patrimonialmente responsable al Estado.
10. Por último, el ad quem precisó que la medida de aseguramiento impuesta al
señor González Luengas se profirió con observancia de los criterios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad, por lo que era forzoso concluir que el daño
alegado en la demanda no fue antijurídico.
Pretensiones
11. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
1. Amparar los derechos fundamentales de mi mandante consagrados en el
artículo 13 de la C.N , derecho a la igualdad ( seguridad jurídica); art. 29 debido
proceso ( confianza legitima) vulnerados con las decisiones judiciales del
Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al negar las pretensiones de la demanda interpuesta por mi
mandante dentro del medio de control de reparación directa y cuyos radicados
corresponden al 76001-33-33-012-2019-00287-00 y 01
2. Dejar sin efectos las sentencias por las cuales se negó la reparación por el
daño antijuridico causado a mi mandante y sus consanguíneos o se anulen las
providencias proferidos por ellos en las fechas de 6 de diciembre de 2022 y 14
de febrero de 2025, ordenando a quien corresponda ( Tribunal administrativo
del valle del Cauca ) emitir un nuevo fallo ( revocar el de primera instancia)
aplicando de forma correcta la jurisprudencia constitucional de unificación
vigente para la época de presentación del medio de control que en el presente
caso fue el 25/10/19 y entonces ordene a las demandadas reparar
patrimonialmente a las víctimas por el daño antijuridico causado por la privación
injusta de la libertad de mi representado sus consanguíneos y afines porque mi
representado fue absuelto por duda razonable.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. Según la parte actora, las sentencias cuestionadas adolecen de defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto.
13. Para explicar lo anterior, expuso que las consideraciones de las autoridades
judiciales accionadas para adoptar las decisiones que se cuestionan se acompasan
con la sentencia de unificación SU-072 de 2018, cuya aplicación a su caso concreto
resulta inconstitucional «desfavorable y arbitraria», pues la demanda de reparación
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
directa fue presentada el 25 de octubre de 2019, es decir, la jurisprudencia se aplicó
«retroactivamente».
14. Así las cosas, la aplicación de una providencia que aún no existía al momento
de radicación de la demanda, constituye una violación a su derecho al debido
proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, pues el «análisis debió efectuarse
conforme con la directriz jurisprudencial vigente en ese entonces».
15. En ese sentido, indicó que el criterio jurisprudencial vigente para el momento de
interposición de la demanda sostenía que, en los casos de privación injusta de la
libertad, el régimen de atribución de responsabilidad era el objetivo, por «daño
especial».
16. Sobre la aplicación temporal de los distintos criterios jurisprudenciales, trajo a
colación la sentencia del 4 de septiembre de 2017, dictada por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se dispuso que «[e]s deber del
Juez y la Administración, al momento de identificar y construir la norma de conducta
y de juicio, aplicar los criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha de los hechos
que fundan la controversia, pues éstos hacen parte del marco de legalidad histórica
a ser observado».
17. En ese orden de ideas, reiteró que es claro que, al producirse un cambio de tesis
jurisprudencial, de normativa o, en general, ante la mutación de cualquier fuente de
derecho, los efectos de los nuevos criterios deben aplicarse a los «procesos que
hayan sido encaminados a partir del momento en que se haya emitido la providencia
con la nueva postura», pues su aplicación retroactiva vulnera derechos
fundamentales, lo que, además, pone en duda el adecuado y coherente manejo de
la función de administrar justicia.
18. Adicionalmente, citó la sentencia del 5 de abril de 2018, dictada por la Sección
Tercera de esta Corporación, que, al respecto, razonó: «[a]unque la variación de
jurisprudencia por regla general tiene efectos sobre todos los casos a los que se
aplica, no se puede desconocer que un nuevo criterio, aplicado a las demandas
interpuestas con anterioridad, puede -como sucede en este caso- entrañar una
afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga
desproporcionada al demandante».
19. También relacionó las sentencias SU-382 de 2024, T-044 de 2022 y T-210 de
2022 y adujo que, si bien en los últimos pronunciamientos la Corte ha mencionado
que el precedente aplica «a partir de su expedición, incluso en los casos iniciados
con anterioridad», lo cierto era que para acciones radicadas antes de la sentencia
que se invoca como precedente, los jueces particulares deben valorar las
circunstancias particulares de cada caso para observar si aplicar las reglas de
decisión del precedente puede constituir una transgresión a los derechos
fundamentales de las partes, caso en el cual el juez puede matizar la regla o incluso
inaplicarla, según sea necesario.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Trámite en primera instancia
20. Mediante auto del 20 de agosto de 20252, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado 12 Administrativo de Cali y vinculó, en calidad de terceros con interés, a
David Santiago Luengas; Aristarco Luengas; Leonardo Fabio Luengas Puerta, Dana
Valentina Luengas Puerta; Efraín Alberto Luengas Puerta; Fabián Hernán Luengas
Puerta; Fabio Enrique Quimbaya y Fernando Montoya Torres; así como a las
señoras Amparo Puerta, Mónica Galindez, Carol Lizeth Ruiz Galindez y Viviana
Andrea Rojas Reina, esta última en representación del menor Esteban Heyder
Luengas Rojas, quienes actuaron como demandantes en el proceso de reparación
directa; y a la Fiscalía General de la Nación, la Nación – Rama Judicial y la Nación
– Ministerio de Defensa, Policía Nacional, que integraron el extremo pasivo en dicho
trámite.
21. De igual forma, ordenó al Juzgado 12 Administrativo de Cali, a fin de que
remitiera copia digitalizada del expediente del proceso de reparación directa con
radicado 76001-33-33-012-2019-00287-00/01.
Intervenciones
22. La Policía Nacional3 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
por considerar que este es un mecanismo de protección de derechos cuya
naturaleza es subsidiaria y residual, es decir, solo procede en los eventos en los
que se demuestre el riesgo inminente de configuración de un perjuicio irremediable,
lo que en el caso analizado no se alegó ni se acreditó. Asimismo, resaltó que la
decisión el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que el daño
padecido por el accionante no tenía el carácter de antijurídico, pues en el proceso
se demostró que, al momento de imponer la medida preventiva y restrictiva de la
libertad las entidades demandadas contaban con suficientes elementos materiales
probatorios para respaldar dicha decisión.
23. La Fiscalía General de la Nación4 adujo que carece de legitimación en la causa
por pasiva, pues los hechos a los que el demandante atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales no están relacionados con sus acciones u omisiones.
Además, agregó que la parte actora no identificó los defectos de los que considera
que adolece la providencia cuestionada y, al contrario, luego de la revisión de sus
argumentos se evidencia que está utilizando la acción de tutela como mecanismo
para reabrir el debate ya surtido en el trámite contencioso de reparación directa.
24. Mediante memoriales presentados el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2025,
los señores arriba identificados, vinculados en calidad de terceros con interés por
haber integrado la parte activa en el proceso de reparación directa, presentaron
2 SAMAI, índice 4, documento electrónico con certificado 0145E959AA2914F4 BB084FDE764686AA
EBC52E9EEB397EBC EF6AFAC29F2C73D1.
3 SAMAI, índice 16, documento electrónico con certificado 98D74A84AD3C3031
F6DE6169D1A8705D 3C4497E66ED1AFB5 44BB70F460DF0EE1.
4 SAMAI, índice 19, documento electrónico con certificado FC7099D795ADF656
D13A61D676E407F2 048AFC9E4822C1AB 7F35AD2FFB1E74E7.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
solicitud de coadyuvancia de las pretensiones del señor Mauricio González
Luengas5.
25. El Juzgado 12 Administrativo de Cali6 informó sobre las actuaciones que se
surtieron en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-012-2019-
00287-00 y allegó copia digitalizada del expediente.
26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Ministerio de Defensa y la
Rama Judicial no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificadas del auto
admisorio de la demanda7.
Sentencia de primera instancia
27. Mediante sentencia del 26 de septiembre de 20258, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de
amparo, pues, en su criterio, la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional del proceso de reparación directa.
28. Para sustentar su decisión, precisó que las cuestiones atinentes a la legalidad
de la medida de aseguramiento y a la responsabilidad estatal por la privación de la
libertad del señor González Luengas fueron analizados por el juez natural de la
causa, por lo que resultaba evidente que las quejas contenidas en el escrito de
amparo buscan simplemente reabrir el debate ya concluido.
29. En consonancia con lo anterior, precisó que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional y de carácter residual, lo que implica
que no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Esto, en razón a que es concebida
como un juicio de validez y no como uno de corrección.
Impugnación
30. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó9. Alegó que la sentencia
del 14 de febrero de 2025 vulneró su derecho fundamental al debido proceso y,
contrario a conjurar el perjuicio que se le causó, el juez de tutela de primera instancia
consideró que dicha irregularidad era irrelevante.
31. Sostuvo que la relevancia constitucional de un asunto no podía definirse
únicamente con fundamento en el apartado de la solicitud de amparo destinado a
justificarla, sino que debía realizarse un análisis integral de los argumentos allí
expuestos. En tal sentido, señaló que, a lo largo de la solicitud de amparo, se
presentaron una serie de motivos de los que se derivan graves afectaciones a sus
5 SAMAI, índices 17 y 20, documentos electrónicos con certificados F891645E15839A37
59B57B41D29E085F 5421FB43A67A1554 4F34680D97F7F1FC y 2A046CB159FE875B
1F2E210936DD64E4 12C2232D65FA2D61 FD10E63AAB944FAA.
6 SAMAI, índice 13.
7 Fueron notificadas a las siguientes direcciones electrónicas: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co,
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co,
el 26 de agosto de 2025, tal como se puede observar en el índice 7 SAMAI.
8 SAMAI, índice 26.
9 SAMAI, índice 33, documento electrónico con certificado ADBDEBE08BFFE908
DB00BDA5966EE145 C928726FF8B9937A 33CB12DDC2DA7CAE.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
derechos fundamentales. En particular, destacó la omisión de las autoridades
judiciales demandadas de inaplicar las reglas jurisprudenciales vigentes en este
momento y el supuesto «desconocimiento del precedente jurisprudencial
obligatorio».
32. Respecto del desconocimiento del precedente, cuestionó que la autoridad
judicial accionada hubiera superado el análisis del daño y lo hubiera tenido como
«debidamente acreditado» para, posteriormente, ya en el estudio de la imputación,
«privilegiar la falla en el servicio» y afirmar que el daño no podía considerarse
antijurídico. De ese modo, «[e]n vez de efectuar un auténtico juicio de imputación
decidió retrotraer su argumentación a la verificación de la antijuricidad del daño para
llevar al fracaso las pretensiones indemnizatorias».
33. Además, destacó que, al margen de dicha contradicción «que mínimamente
debería ser objeto de pronunciamiento por el juez de tutela», lo cierto era que la
sentencia cuestionada no contenía una motivación sobre las razones por las que no
se aplicó residualmente el título de imputación de daño especial. Sobre ello, trajo a
colación la sentencia SU-072 de 2018 y afirmó que en esa providencia la Corte
Constitucional expresó que «en estos supuestos, la víctima no debe soportar la
carga de probar un error judicial o la conducta culposa del funcionario, pues la
privación de la libertad resulta antijurídica por su propia naturaleza».
34. Argumentó que, en la aludida sentencia de unificación, la Corte Constitucional
refirió que el título de imputación preferente es la falla en el servicio; no obstante, el
riesgo excepcional y el daño especial son residuales en los eventos en los que el
régimen subjetivo no es suficiente para resolver determinada situación.
35. Agregó que, en el caso concreto, su absolución no provino de la aplicación
expresa del principio de in dubio pro reo y, en consecuencia, a los jueces de la
reparación no solo les correspondía verificar la medida de aseguramiento, sino
también las razones «dadas por el juez de conocimiento penal para estructurar su
regla de decisión absolutoria».
36. En conclusión, precisó que el derecho al debido proceso incluye también la
confianza legítima, transgredida en este caso porque no se dio estricto cumplimiento
a lo razonado por la Corte Constitucional, en relación con los títulos residuales de
atribución de responsabilidad.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
37. Previo a resolver la impugnación presentada por el accionante, la Sala estima
necesario pronunciarse sobre a la solicitud de coadyuvancia presentada, durante el
trámite de primera instancia, por los señores David Santiago Luengas; Aristarco
Luengas; Leonardo Fabio Luengas Puerta; Efraín Alberto Luengas Puerta; Fabián
Hernán Luengas Puerta; Fabio Enrique Quimbaya; Esteban Heyder Luengas Rojas
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
y Fernando Montoya Torres; así como a las señoras Amparo Puerta 10, Mónica
Galindez, Carol Lizeth Ruiz Galindez y Dana Valentina Luengas Puerta.
38. En efecto, mediante memoriales allegados el 27 de agosto y el 2 de septiembre
de 2025, los señores arriba mencionados manifestaron su intención de coadyuvar
las pretensiones del accionante. No obstante, dado que dicha solicitud no fue
resuelta por el juez de primera instancia, esta Sala se ocupará de pronunciarse al
respecto.
39. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está prevista en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que las personas que tengan
interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir para
coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.
40. Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite
de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del decreto 306 de 1992, prevé que
las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso
pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de
segunda instancia.
41. Se debe tener en cuenta que el hecho de ser coadyuvante de la parte de
accionante, no lo habilita para plantear o formular nuevas pretensiones, dado que
sólo pueden apoyar las solicitudes que se han planteado en el escrito de tutela.
Sobre el particular, en la sentencia SU-067de 2022, la Corte Constitucional sostuvo:
Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela,
que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido
que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar
la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa
empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no
puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces,
ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso,
no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la
intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar
ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias» [énfasis fuera de texto].
De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se
entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que
«impliquen disposición del derecho en litigio». De lo anterior resulta que las
facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de
la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la
causa judicial.
Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
10 La señora Mónica Galindez firmó en representación de su suegra, la señora Amparo Puerta, quien,
según se informó en la solicitud está en imposibilidad de firmar, porque sufrió un accidente
cardiovascular.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05070-01
Accionante: Mauricio González Luengas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia. [Énfasis fuera de texto].
42. En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que los señores arriba mencionados
integraron, junto al señor Mauricio González Luengas, el extremo activo del proceso
de reparación directa, para la Sala aquellos tienen interés legítimo para coadyuvar
las pretensiones de la presente acción de amparo, dado que estas están
encaminadas a cuestionar la decisión que puso fin a la controversia y negó
definitivamente las súplicas de la demanda de reparación.
43. Por consiguiente, se aceptará la solicitud de coadyuvancia, limitada a las
pretensiones y argumentos planteados por el señor González Luengas, lo cual
implica no abordar reclamaciones distintas a las formuladas en la demanda, siempre
y cuando, desde luego, se reúnan los presupuestos procesales y se cumplan los
requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Competencia
44. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20198.
Problema jurídico y metodología de la decisión
45. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia del 26 de septiembre de 2025, por medio de la cual
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la solicitud de amparo.
46. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
47. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
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importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
48. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 14 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
49. Legitimación en la causa. El señor Mauricio González Luengas se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos fundamentales cuya protección reclama, dada su condición demandante
en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-012-2019-00287-00,
en el que se adoptó la decisión cuestionada.
50. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado 12 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
fueron las autoridades judiciales que profirieron las sentencias a las que se les
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
51. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de segunda
instancia, que aquí se cuestiona, fue proferida el 14 de febrero de 2025, mientras
que la solicitud de amparo se presentó el 15 de agosto del mismo año. Este término
resulta razonable.
52. La providencia censurada no fue proferida en otro proceso de tutela.
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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53. Subsidiariedad15. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
54. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
55. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se
agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
para proponer la controversia que aquí se planteó.
56. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
57. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente16 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
58. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
59. En el caso concreto, el señor Mauricio González Luengas presentó acción de
tutela, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad, vulnerados, en su criterio, por las sentencias del 6 de diciembre de 2022
y del 14 de febrero de 2025. Por medio de dichas providencias el Juzgado 12
Administrativo de Cali y la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del
15 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
16 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Valle del Cauca negaron las pretensiones de la demanda, tras concluir que el daño
padecido por el accionante no fue antijurídico, dado que la medida de
aseguramiento impuesta en su contra se fundamentó en elementos de convicción
que permitían inferir razonablemente su participación en el punible investigado; otra
cosa es que dichos medios de prueba no hubieran resultado suficientes para
acreditar su responsabilidad penal y, en razón a ello, se hubiera impuesto su
absolución.
60. En el escrito de amparo, el accionante reprochó que las autoridades judiciales
accionadas hubieran aplicado «retroactivamente» las consideraciones de la
sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, pese a que la demanda de
reparación directa fue interpuesta 25 de octubre de 2019. Bajo esa lógica, el criterio
jurisprudencial al que debió acudirse para resolver su asunto era el imperante en el
momento de radicación de la demanda, es decir, aquel según el cual en los casos
en los que se pretendía la indemnización por privación injusta de la libertad procedía
la atribución de automática de responsabilidad del Estado, a título de daño especial.
61. En primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación declaró improcedente la acción de tutela. A su juicio, los reproches
expuestos en la acción de amparo no tienen relevancia constitucional, pues,
además de carecer de motivación, se encaminan exclusivamente a reabrir un
debate ya resuelto por el juez natural, tratando de convertir este mecanismo
constitucional en una instancia adicional del proceso contencioso. En su análisis, el
a quo verificó que en la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada
resolvió el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la
sentencia del 6 de diciembre de 2022 y concluyó que allí se determinó
razonablemente que la medida de aseguramiento impuesta al señor Mauricio
González Luengas atendió a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad
y razonabilidad.
62. No obstante, para el accionante el análisis efectuado por el juez de tutela de
primer grado fue restrictivo y desconoció que de una interpretación integral de la
solicitud de amparo era posible extraer la trascendencia constitucional del asunto.
Por tal motivo, solicitó que se revoque la sentencia del 26 de septiembre de 2025 y,
en su lugar, se acceda al amparo pretendido. Valga destacar que los reproches de
la impugnación no se centraron únicamente a cuestionar el fallo de primera
instancia, sino que allí también se propusieron nuevos cargos que no fueron
inicialmente formulados en la demanda, relacionados con el supuesto
desconocimiento de las reglas de unificación contenidas en la sentencia SU-072 de
2018.
63. En razón a lo anterior y para efectos metodológicos, la Sala analizará la
relevancia constitucional del asunto respecto de cada uno de los cargos formulados
tanto en la demanda como en la impugnación. Así, en primer lugar, se verificará la
trascendencia constitucional del supuesto yerro por aplicación «retroactiva» de las
consideraciones de la sentencia SU-072 de 2018 y, posteriormente, se estudiará el
reproche por desconocimiento del precedente jurisprudencial, materializado en la
presunta omisión de las autoridades judiciales de aplicar residualmente un régimen
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de responsabilidad objetivo, según lo ordenado por la Corte en la referida
providencia de unificación.
64. En tal sentido, la Sala empieza por aclarar que la Corte Constitucional17 ha
admitido que la jurisprudencia de las altas cortes, como fuente formal del derecho,
tiene carácter vinculante. Esta postura, que parte de la consideración de que las
normas carecen de un único sentido absoluto, obvio o evidente, sostiene que la
interpretación jurisprudencial previa del precepto conlleva a la fijación de reglas
uniformes para la solución de casos sometidos a la jurisdicción. De ese modo, las
autoridades judiciales investidas de «facultades constitucionales de unificación de
jurisprudencia», de algún modo, dotan de sentido y dan alcance a una norma,
mediante la interpretación jurisprudencial, de ahí el carácter vinculante de dichas
decisiones, cuya finalidad no es otra que preservar la seguridad, la igualdad jurídica
y la confianza legítima.
65. Ahora bien, sobre la aplicación en el tiempo de las normas, el alto tribunal
constitucional18 ha sostenido que:
(i) por regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia
el futuro, pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley
implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular
situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores;
(iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de
afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a
su vigencia, pero que aún no han finalizado al momento de entrar a regir la
nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica y; (iv)
tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento jurídico con el objeto
de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), el
juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación en el
tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en
curso, en cuanto el propósito de estas disposiciones es brindar una pronta y
cumplida protección a grupos sociales marginados.
66. Así las cosas, al constituir una fuente formal de derecho, a la jurisprudencia de
unificación le aplican las reglas generales de aplicación en el tiempo y, en concreto,
la de retrospectividad, fenómeno según el cual las normas se aplican a partir del
momento de su vigencia a «situaciones jurídicas y de hecho que han estado
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición»19.
67. En tal sentido y dado que la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de
2018 no se pronunció explícitamente sobre la aplicación temporal de las reglas allí
fijadas, se entiende que adopta la regla general de retrospectividad y, en razón a
ello, las autoridades judiciales estaban obligadas a observar y acatar las
consideraciones allí efectuadas a fin de resolver todas las situaciones jurídicas que
aún no habían sido definidas por encontrarse el proceso en curso, como es el caso
del proceso de reparación directa promovido por el hoy accionante.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-110 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Ibidem.
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68. De modo que el alegato del señor González Luengas en esta instancia judicial
carece de cualquier asidero jurídico, pues la autoridad judicial accionada mencionó
que el criterio jurisprudencial vigente y aplicable en ese momento para resolver ese
tipo de controversias era el fijado por la Corte Constitucional en la ya ampliamente
citada sentencia de unificación. Sin embargo, para la Sala, salta a la vista una
incongruencia que no puede pasarse por alto, consistente en que, al margen de la
mención sobre la evolución de las diferentes posturas en relación con el régimen de
responsabilidad del Estado en eventos de privación injusta de la libertad, la razón
de la decisión que aquí se cuestiona fue la antijuridicidad probada del daño padecido
por el señor Mauricio González Luengas.
69. En efecto, en la sentencia del 14 de febrero de 2025, la Sala Quinta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó, sin lugar a interpretaciones
distintas, que el daño alegado en la demanda no ostentaba el carácter de
antijurídico, en la medida en que la privación de la libertad del señor González
Luengas no podía considerarse injusta. Para sustentar su decisión, el ad quem
realizó un análisis de las pruebas que fundamentaron la captura, sindicación y
detención preventiva del accionante, en los siguientes términos:
Tenemos que el 24 de noviembre de 2012, agentes de la Policía Nacional
recibieron un llamado por la central de radio 123, donde se indicaba de un
posible hurto en la finca llamada la Oyola vereda los limones (bajo aguacatal en
la zona rural de Cali). Es así que a las 18:40 horas de la tarde, los patrulleros
Norberto Salazar y Juan Guillermo Sarmiento se trasladaron a la finca, pidiendo
ayuda de otra patrulla debido a que el sitio era zona rural y no había iluminación
ni comunicación.
Al llegar a la finca se encontraron que iba saliendo una camioneta roja de placa
LEI-145 y una motocicleta negra con roja de placa PMY-05C, el conductor de
la motocicleta era el señor Mauricio González Luengas, quien al percatarse de
la presencia de los patrulleros se lanza de la moto hacia un lado de la carretera,
siendo detenido por una patrulla del sector de Montebello, al igual que al
conductor de la camioneta.
Después de la captura, los policiales ingresaron a la finca donde encuentran a
tres personas amarradas en la cocina, al preguntarles sobre lo ocurrido,
expresaron que los señores que cuidaban la finca los habían amarrado, hurtado
y golpeado; entre las víctimas se encontraba el señor Parménides Muñoz
López, quien indicó que los atacantes habían utilizado un arma de fuego para
amedrentarlos, para posteriormente huir con lo hurtado en una camioneta y una
motocicleta.
Partiendo de lo anterior, además de las capturas realizadas, los policiales
procedieron leerles los derechos del capturado y fueron trasladados a la
estación de terrón colorado, llevando también a los testigos que fueron las
víctimas de los hechos22. En las diligencias, los uniformados informaron que
habían encontrado: - - Una camioneta roja conducida por Jefferson Ocampo en
la cual se encontraron los elementos hurtados (31 bultos de concentrado, un
televisor, un equipo de sonido, un DVD y un celular). Una motocicleta de color
negra con rojo conducida por Mauricio González Luengas Puerta, que minutos
antes había sido abandonada.
70. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal accionado argumentó que el
levantamiento de la medida restrictiva de la libertad, por cualquier causa, no daba
lugar a que la privación se interpretara automáticamente como injusta, sino que
requería que se comprobara «sin lugar a equívocos la configuración de un daño
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antijurídico cuyos efectos negativos el ciudadano no estaba obligado a soportar».
Empero, en su criterio, en el caso del demandante, la medida de aseguramiento se
ajustó a los lineamientos del ordenamiento jurídico y a los criterios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad y, por lo tanto, el daño no podía catalogarse como
antijurídico, pues no se impuso al ciudadano una carga que no estaba en la
obligación de soportar.
71. Lo anterior, permitiría, de entrada, desvirtuar también el argumento expuesto en
la impugnación, pues dado que la decisión de negar las pretensiones de la demanda
se fundó en que el daño padecido por el señor Mauricio González Luengas no
ostenta el carácter de antijurídico, el debate sobre la aplicación de uno u otro
régimen de responsabilidad carece de cualquier relevancia. No obstante, a fin de
dar respuesta íntegra a los cargos y argumentos presentados por el accionante, la
Sala se pronunciará en los términos que se exponen a continuación.
72. Sobre el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de privación injusta
de la libertad, luego de la sentencia de unificación SU-072 de 2018, esta
Corporación ha expuesto lo siguiente:
La Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072/1820, sobre el régimen de
responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta
de la libertad y señaló que ni en el artículo 90 de la Constitución Política, ni en
el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que prevé la privación injusta de la libertad
como un evento resarcible, ni en la sentencia C-037 de 1996, que declaró la
exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico
de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la
libertad21, pero consideró que, independientemente del título de imputación que
se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario
judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad”2223. Por último, agrega la sentencia citada, en todos los casos debe
considerarse la culpa exclusiva de la víctima24.
73. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos
de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado resultaba factible
aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los
cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o
20 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes
Cuartas.
21 Ibidem. Acápites 117 y 118.
22 Más adelante señala: «112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de
responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición
de una medida de aseguramiento…».
23 Ibidem. Acápite 104. «Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio,
daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de
la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio
apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de
interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de
la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar
que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares».
24 Ibidem. Acápite 124.
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la conducta era objetivamente atípica, porque, a su juicio, en ambas situaciones la
privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño
antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos” 25.
74. Conforme quedó expuesto, la elección del título de imputación depende de las
particularidades de cada caso y, en lo tocante a la atipicidad objetiva o a los eventos
en los que el hecho no existió, es factible ―no obligatorio―aplicar el régimen de
responsabilidad objetivo.
75. No obstante, de la simple revisión de los argumentos expuestos por el Tribunal
accionado, la Sala extrae que la absolución del señor González Luengas devino del
hecho de que al momento de dictar sentencia, el juez penal no obtuvo el grado de
convicción necesario para demostrar la participación del procesado en el punible;
es decir, el supuesto de hecho bajo el cual fue absuelto no se enmarca en ninguno
de los dos eventos en los que la Corte previó la factibilidad de aplicación de un
régimen objetivo de responsabilidad, lo que deja sin fundamento el reproche
formulado por el accionante en la impugnación sobre la supuesta omisión de
aplicación de dicho régimen en el caso concreto.
76. En este punto, llama la atención de la Sala que en el escrito de amparo el
accionante hubiera apelado por una especie de inaplicación de las consideraciones
de la sentencia SU-072 de 2018, pero, ante la declaratoria de improcedencia de
primera instancia, en la impugnación acudió a reprochar la supuesta inobservancia
de dicha decisión, todo ello en aras de que se aplique un régimen objetivo de
responsabilidad para obtener a toda costa una decisión favorable a sus intereses.
Esta aparente contradicción en realidad da cuenta del desesperado intento de la
parte demandante de que el juez constitucional efectúe un nuevo análisis del fondo
de la controversia en el que, se insiste, se acceda a las pretensiones de la demanda
reparación directa, sin que se evidencie ni un solo argumento tendiente a desvirtuar
la validez constitucional de la sentencia cuestionada.
77. Así las cosas, la Sala confirmará el fallo del 26 de septiembre de 2026, por
considerar que el análisis sobre la falta de relevancia constitucional del asunto
efectuado por el juez de primera instancia fue acertado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvantes de la parte actora a los señores David
Santiago Luengas; Aristarco Luengas; Leonardo Fabio Luengas Puerta; Efraín
Alberto Luengas Puerta; Fabián Hernán Luengas Puerta; Fabio Enrique Quimbaya;
Esteban Heyder Luengas Rojas y Fernando Montoya Torres; así como a las señoras
Amparo Puerta, Mónica Galindez, Carol Lizeth Ruiz Galindez y Dana Valentina
Luengas Puerta.
25 Ibidem. Acápite 105.
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la solicitud de amparo.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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