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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05075-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05075-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Montoya Echeverry, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05075-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05075-00
Demandante: Álvaro Montoya Echeverry

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05075-00
Demandante: ÁLVARO MONTOYA ECHEVERRY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la
solicitud de amparo pretende provocar un pronunciamiento sobre un asunto que ya fue
resuelto razonablemente por el juez natural.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Montoya Echeverry
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 15 de agosto de 20251, el señor Álvaro Montoya Echeverry, a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Juzgado Doce Administrativo de Cali, por considerar vulnerado
su derecho fundamental al debido proceso, con motivo de la sentencia de 31 de
marzo de 2025, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-33-33-012-2017-00317-00/01, por medio de la cual se confirmó
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores incluidos):

8.1. TUTELAR el derecho fundamental al Debido Proceso en favor del
accionante Álvaro Montoya Echeverry.

8.2. DEJAR SIN EFECTOS las providencias emitidas por el Juzgado Doce (12)
Administrativo de Cali de fecha 28 de junio de 2022 y Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca de fecha 31 de marzo de 2025, dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 760013333012 2017 00317 00.

1
Se advierte que el 3 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05075-00
Demandante: Álvaro Montoya Echeverry

8.3. Se declare administrativamente responsable a la NACIÓN- DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), representada
legalmente por el Dr. Luis Eduardo Linás Chica de los perjuicios materiales y
morales causados al señor ALVARO MONTOYA ECHEVERRY, por falla o falta
del servicio de la administración de la entidad citada, error en el servicio
perpetrado al momento que el sistema de liquidaciones de la DIAN falló y emitió
una liquidación y recibo de pago que indujo en error al accionante, la cual fue
entregada al señor ALVARO MONTOYA ECHEVERRY en las instalaciones de
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA,
oficina de gestión de recaudo y cobranzas, donde un funcionario de esta área
le hizo entrega de la respectiva liquidación con su formulario de pago de la
obligación, afirmando a viva voz que este era el valor a pagar.

8.4. Condenar, en consecuencia, a la Nación colombiana DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, representada legalmente
por el Dr. Luis Eduardo Linás Chica o por quien lo reemplace o haga sus veces,
como reparación del daño ocasionado, a pagar al actor, o a quien represente
legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y
objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma
de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($540’275.190), suma a la que se contrae la
totalidad de las pretensiones incoadas, es decir 379.54 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el año 2025.

8.5. Condenar, en consecuencia, a la Nación colombiana DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, representada legalmente por
el Dr. Luis Eduardo Linás Chica o por quien lo reemplace o haga sus veces,
como reparación del daño ocasionado, a pagar al accionante, o a quien
represente legalmente la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES
DIECINUEVE MIL PESOS ($42.019.000) por concepto del dinero pagado con
ocasión del proceso coactivo de la DIAN contra Álvaro Montoya Echeverry, No.
2015 – 02247, suma de dinero que canceló el contribuyente producto de la vía
de hecho promovida por la DIAN, suma de dinero que será actualizada
indexadamente a la fecha en que quede en firme la decisión de la presente
acción de tutela.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo, presentó los siguientes
supuestos fácticos y jurídicos relevantes:

3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lo invitó a realizar el
pago del impuesto de renta del año gravable 20122 y, así, acogerse a lo dispuesto
en el artículo 57 de la Ley 1739 de 2019. Para ello, la Dirección Seccional de Palmira
le entregó el formulario de pago n.º 4907240041101 de 22 de octubre de 2015 con
los siguientes valores: $12.280.000, por sanción; $28.250.000, por intereses de
mora, y $116.120.000, por concepto de impuesto, para un total de $156.650.000.

4. El mismo 22 de octubre de 2015 efectuó el pago en la suma de $156.650.000,
en el Banco BBVA, con lo cual esperaba obtener el beneficio de reducción de
intereses de mora que contemplaba la mencionada Ley 1739.

2
Previamente, el contribuyente presentó sin pago la declaración de renta por el año gravable 2012,
a través del formulario 1103605984796 de 26 de agosto de 2015, con impuesto a cargo en la suma
de $116.120.000, lo cual originó la imposición de una sanción por valor de $30.693.000.

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5. El 16 de marzo de 2016, elevó una petición ante la DIAN con el fin de que
certificara que el recibo oficial de pago n.º 4907240041101 había sido generado y
expedido «desde un computador ubicado en la DIAN-Palmira». El 7 de abril de 2016
recibió respuesta, en la que se relacionó un registro de consulta de obligación del 21
de octubre de 2010, «ide_lugar: 105107 Impuestos y Aduanas de Palmira».

6. El 1º de abril de 2016 fue notificado de un mandamiento de pago emitido por
la DIAN, por medio del cual lo conminó a pagar una sanción de $8.784.000 e
impuesto por $33.235.000, por concepto de declaración de renta del año 2012, más
los intereses que se causaran hasta el pago.

7. Por lo anterior, presentó excepción de «pago efectivo total de la obligación al
mandamiento de pago», el 22 de abril de 2016, la cual fue negada mediante
Resolución n.º 20160312000001 de 20 de mayo de 2016. Contra esa decisión
interpuso recurso de reposición.

8. En Resolución 20160311000001 de 19 de julio de 2016, notificado el 12 de
agosto del mismo año, la DIAN resolvió no reponer el acto recurrido y lo confirmó en
su integridad.

9. El 9 de diciembre de 2016, radicó solicitud de conciliación prejudicial; sin
embargo, la Procuraduría 165 Judicial II para la Conciliación Administrativa, en
comunicación de 18 de enero de 2017, señaló que el asunto no era conciliable.

10. El 20 de enero de 2017 interpuso medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad
de las Resoluciones n.º 20160312000001 de 20 de mayo de 2016 y
20160311000001 de 19 de julio de 2016. Al proceso le correspondió el radicado
76003-33-33-012-2017-00317-00.

11. En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo de Cali, por medio de
sentencia de 28 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

12. Esa decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 31 de marzo de 2025.

13. En la demanda de tutela, el accionante afirmó que los fallos de primera y
segunda instancia proferidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
incurrieron en: «i) Defecto sustantivo por inadecuada aplicación de la normatividad
al caso concreto; ii) Defecto fáctico por violación al principio de buena fe y legítima
confianza y iii) Defecto fáctico por violación al debido proceso en la modalidad de
indebida y errónea valoración probatoria».

14. Explicó que el problema jurídico en el proceso ordinario versaba sobre el
impuesto de renta del año gravable 2012 que la DIAN liquidó erradamente, con un
menor valor del que correspondía; no obstante, los juzgadores sustentaron sus
decisiones en el artículo 634 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 3º de
la Ley 788 de 2022, que contempla el deber de liquidar y pagar intereses de mora en
los impuestos cancelados de forma extemporánea.

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15. Sostuvo que los operadores judiciales argumentaron, equivocadamente, que
de acuerdo con el artículo 634 del Estatuto Tributario, el accionante estaba en la
obligación de autoliquidar sus compromisos fiscales, cuando esa norma se
circunscribe únicamente a liquidar y pagar los intereses de mora generados por cada
día calendario de retardo. Para reforzar su tesis, adujo que el mandamiento de pago
que emitió la DIAN se limitó al pago del impuesto de renta adeudado y la sanción,
pero no estipuló la generación de intereses de mora.

16. Agregó que no se tuvo en cuenta que fue inducido en error, por el formulario de
pago que le entregó la DIAN, lo que acredita que falló el sistema de liquidación de
esa entidad.

17. Afirmó que en uso del principio de buena fe y confianza legítima acudió a la
DIAN para que le fuera informado el valor que adeudaba. La entidad implicada, a su
vez, conforme al principio de lealtad procesal, reconoció que expidió el formulario de
pago que sirvió de base al pago.

18. En su criterio, fue arbitrario que la DIAN le trasladara las consecuencias
negativas de su error y «no se ajusta a derecho» la sanción que recibió y el proceso
coactivo que se adelantó en su contra, en el que se decretaron embargos «de
manera excesiva». Añadió que, por regla general, en el derecho sancionatorio
colombiano solo se puede sancionar a quien ha actuado con dolo.

19. Por último, precisó que se incurrió en defecto fáctico porque las sentencias
cuestionadas se sustentaron en «valoraciones probatorias descontextualizadas,
omitiendo los efectos que generó la emisión y entrega al contribuyente por parte de
la DIAN del documento de pago del impuesto». Al respecto, expuso lo siguiente:

El fallo de primera y segunda instancia centraron su decisión en el análisis y
valoración probatoria del recibo 4907240041101 emitido por la DIAN de fecha
22 de octubre de 2015, pasando por alto que la DIAN no encontró valores
adeudados por intereses moratorios, lo que se refleja en el mandamiento de
pago 20160302000086 de fecha 18 de marzo de 2016, el cual no fue analizado
en debida forma generando la vía de hecho de una indebida valoración
probatoria pues el sustento argumentativo al negar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentaron única y
exclusivamente en la obligación del contribuyente de liquidar los intereses
moratorios, conforme a lo señalado en el artículo 634 del Estatuto Tributario.

20. Consideró, así, que el análisis probatorio es equivocado, pues la
inconformidad de la DIAN se limitaba al valor del impuesto, no a supuestos intereses
de mora no liquidados.

B. Trámite impartido e intervenciones

21. Mediante auto de 21 de agosto de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con interés, a la
DIAN. Adicionalmente, se decretaron las pruebas allegadas con la demanda.

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22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que el fallo de segunda
instancia proferido en el proceso ordinario no vulneró el derecho al debido proceso,
por cuanto se fundó en las pruebas válidamente allegadas al proceso, en los
lineamientos jurisprudenciales vigentes, en la normatividad aplicable al caso y
respetó las garantías fundamentales de las partes. Puso de presente que se está
haciendo uso de la acción constitucional, únicamente, por la discrepancia del
accionante con la decisión adoptada.

23. La DIAN solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional, toda vez que carece de la carga argumentativa necesaria
para demostrar que la decisión generó una restricción desproporcionada de
derechos fundamentales. La finalidad del accionante es discutir asuntos meramente
legales y económicos. Además, tampoco se cumplen los requisitos específicos para
la procedibilidad de la acción, en tanto las sentencias cuestionadas se encuentran
debidamente motivadas, ajustadas a derecho y no son arbitrarias. Explicó que el
demandante pagó el impuesto de renta del año 2012 pero no incluyó los intereses
de mora causados, por lo que perdió el beneficio que contemplaba el numeral 2º del
artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 relacionado con una reducción del 60% de los
intereses y la sanción.

24. El 27 de agosto de 2025, el Juzgado Doce Administrativo de Cali remitió el
enlace para acceder al expediente digitalizado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Legitimación en la causa

20. El señor Álvaro Montoya Echeverry se encuentra legitimado para interponer
la acción de tutela, toda vez que es el titular del derecho fundamental que considera
vulnerado, en su condición de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-012-2017-00317-00/01, en
el que se adoptó la decisión cuestionada.

21. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3 fue la autoridad judicial que profirió

3
La acción de tutela cuestionó las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El estudio, sin embargo, se restringirá al fallo de

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la sentencia de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental del accionante.

D. Problema jurídico

26. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará
si se presentó la vulneración del derecho fundamental cuya protección se reclama.

E. Análisis de la Sala

27. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

28. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

29. Al revisar la controversia, esta Sala estima que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, por cuanto pretende convertirse en una instancia
adicional del proceso ordinario, con la intención de que se realice nuevamente el
análisis probatorio y jurídico del asunto, a manera de una tercera instancia, como se
me verá más adelante.

30. A partir de las razones de la demanda se puede extraer que la inconformidad
del accionante reside en la inobservancia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca frente a dos aspectos centrales: (i) el error que cometió la DIAN al entregarle
un formulario de pago con una suma que no era la definitiva, porque no incluía los
intereses de mora, y (ii) el contenido del mandamiento de pago en el que no se
persiguió el pago de intereses de mora, sino de una proporción del impuesto de renta
del año 2012 con la respectiva sanción. En criterio del accionante, las falencias en el
estudio del caso llevaron a que la decisión esté incursa en los defectos sustantivo y
fáctico.

segunda instancia, toda vez que adoptó la decisión que puso fin a la controversia en ese litigio;
además, los yerros que se le atribuyen a la providencia de primera instancia pudieron ser discutidos
a través del recurso de apelación, como en efecto ocurrió.
4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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31. Para resolver la controversia, resulta necesario constatar en qué consistió la
discusión del proceso ordinario.

32. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el
accionante pretendió que se declarara la nulidad de las Resoluciones n.º
201603020000865 de 18 de marzo de 2016, 201603120000016 de 20 de mayo de
2016, 2016031100001 7 de 19 de julio de 2016 y de los actos que ordenaron el
embargo de bienes de su propiedad, expedidos por la DIAN en el caso 2015-02547.
Como medida de restablecimiento se pidió declarar a paz y salvo al demandante por
las obligaciones tributarias contenidas en el mandamiento de pago de 18 de marzo
de 2016 y condenar a la DIAN a pagarle $280.000.000, por el lucro cesante que
sufrió debido a la calificación negativa que se registró en las centrales de riesgo.

33. En esa ocasión, el actor puso de presente que pagó el impuesto de renta del
año 2012 en el valor que le indicó la DIAN en el formulario n.º 4907240041101, pero
con posterioridad se le cobraron intereses diarios por un monto que no había sido
calculado, derivado del faltante, a su vez, de los intereses de mora que se liquidaron
de manera equivocada. Hizo alusión al principio de buena fe y confianza legítima y
afirmó que no se le pueden trasladar los errores del sistema de liquidaciones de la
DIAN, lo que a su vez revela una situación de notoria gravedad, en tanto pone en
duda la precisión de los mecanismos empleados por la entidad recaudadora. Señaló,
además, que actuó con ausencia absoluta de culpa y la equivocación de la DIAN fue
inesperada e imprevisible.

34. El Juzgado Doce Administrativo de Cali, en la sentencia de primera instancia
proferida el 28 de junio de 2022, abordó los siguientes tópicos: «(i) principio de
confianza legítima y buena fe en las actuaciones administrativas; (ii) intervención en
la jurisdicción contenciosa en los procesos de cobro coactivo, (iii) excepciones contra
el mandamiento de pago y iv) caso concreto».

35. Luego de analizar las pruebas obrantes en el proceso, estableció que las
pretensiones no estaban llamadas a prosperar porque, según lo dispuesto en el
artículo 634 del Estatuto Tributario, son los agentes retenedores y contribuyentes
quienes deben liquidar y pagar los intereses moratorios por el retardo en el pago de
impuestos, conforme explicó la Corte Constitucional en sentencia C-506 de 2002.
Además, en el formulario n.º 4907240041101 que la DIAN le entregó al accionante
se consignó expresamente que se trataba de una liquidación sugerida sujeta a
revisión por parte del contribuyente. Para reforzar la postura adoptada hizo alusión
al Concepto 32288 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que precisó
que al contribuyente le corresponde liquidar sus impuestos y detectar cualquier

5
A través de la cual se libró orden de pago en contra del accionante por cuantía de 42.019.000, por
los conceptos de impuesto de renta del año 2012 y sanción.
6
Mediante la cual se resolvió, de forma adversa, la excepción de pago propuesta por el contribuyente
frente al mandamiento de pago, se dispuso seguir adelante con la ejecución, practicar la liquidación
del crédito, condenar en costas al ejecutado y ordenar el remate de los bienes embargados y
secuestrados, entre otras determinaciones.
7
Por la cual se resolvió el recurso de reposición instaurado contra la Resolución n.º 20160312000001
de 20 de mayo de 2016 y la confirmó en todas sus partes.

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inconsistencia en las preliquidaciones que expide la DIAN, por lo que no puede
predicarse la existencia de errores inducidos.

36. En el recurso de apelación que interpuso el demandante contra esa decisión,
insistió en los argumentos de la demanda y señaló que el a-quo no valoró
correctamente las pruebas, toda vez que no reparó en el recibo de pago que emitió
la DIAN, el cual no corresponde a un borrador sino a una liquidación oficial, y la falta
de correspondencia entre sus valores y las liquidaciones que se hicieron en el
proceso de cobro coactivo, proferidas con posterioridad al pago del impuesto. Adujo
que la administración de justicia no podía respaldar las omisiones o errores de la
DIAN, con las cuales lo indujo a error y vulneró el principio de confianza legítima.
Refirió que tampoco se tuvo en cuenta el abuso del derecho por parte de la entidad
demandada y adujo que «en ningún lado se señala que el recibo entregado debe ser
verificado o cotejados los valores inmersos por el contribuyente».

37. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de 31 de marzo
de 2005, confirmó la decisión recurrida. Hizo un recuento jurisprudencial acerca de
la confianza legítima y la buena fe en materia tributaria y, con base en ello, sostuvo
que el señor Álvaro Montoya Echeverry era beneficiario del descuento del 60% de la
reducción en el pago de la sanción y de los intereses moratorios correspondientes al
impuesto de renta del año gravable 2012, de que trataba el artículo 57 de la Ley 1739
de 2017; sin embargo, para acceder a esa prerrogativa debía liquidar y pagar la
totalidad de la obligación, lo que no hizo. En la providencia explicó:

Debe considerarse que el demandante, al haber presentado su declaración
privada del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2012, el 29 de
agosto de 2013, lo hizo de forma extemporánea, por lo que generó intereses
moratorios a partir del 30 de agosto del mismo año hasta el 22 de octubre de
2015, fecha en la que realizó el pago. En el borrador del «Recibo Oficial de
Pago Impuestos Nacionales 4907240041101», expedido por la DIAN el 22 de
octubre de 2015, dichos intereses fueron liquidados por valor de $28.250.000.

No obstante, al verificar el cálculo, la Sala identificó que el valor real de los
intereses moratorios ascendía a $72.792.9247, que al aplicarle la reducción del
60% establecida por el beneficio tributario del artículo 57 de la Ley 1739 de
2014, arroja la suma final que el contribuyente debía pagar por este concepto
la cual era de $29.117.169. Por tanto, existió una diferencia entre el valor
efectivamente liquidado por la DIAN en su borrador y el que correspondía
según la norma.

En este sentido, y a pesar de ser el demandante beneficiario de la reducción
del 60%, lo cierto es que los intereses moratorios arrojaron un valor adicional
que continúo debiendo el actor, razón por la cual no podía asumir que había
saldado la totalidad de la deuda con los valores que le había liquidado la
entidad.

Adicional a lo anterior el valor del impuesto a cargo no se había saldado en su
totalidad pues adeudaba por dicho concepto la suma de $33.235.000 lo que
originaría el cobro de sanción y de intereses moratorios sobre este nuevo valor,
razón suficiente por la cual la DIAN inició el proceso de cobro coactivo contra
el demandante y libró el mandamiento de pago 20160302000086 del 18 de
marzo de 2016 por la suma de $42.019.000 que corresponde a los conceptos
de impuesto de renta del año gravable 2012 ($33.235.000) y sanción

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Demandante: Álvaro Montoya Echeverry

($8.784.000) más los intereses moratorios que se causen hasta que se proceda
al pago total de la obligación.

Igualmente, la Sala advierte que el señor Álvaro Montoya Echeverry no podía
albergar una expectativa legítima de haber cumplido con el pago total del
impuesto de renta del año gravable 2012 con fundamento en el borrador del
recibo expedido por la DIAN, ya que dicho documento carecía de efectos
vinculantes y su contenido debía ser verificado por el propio contribuyente.

No obra en el expediente prueba alguna que demuestre que la administración
hubiera inducido una convicción razonable de que el valor allí consignado
correspondía al cumplimiento integral de su obligación fiscal. Así mismo, el
hecho de que el recibo haya sido generado por un funcionario no implica que
se trasladara a la DIAN la responsabilidad de la correcta autoliquidación del
tributo, en tanto que la normativa tributaria vigente exige expresamente que los
contribuyentes liquiden y paguen el impuesto, las sanciones e intereses
conforme a los artículos 634 y 804 del Estatuto Tributario Nacional. En
consecuencia, no se configura la vulneración del principio de confianza
legítima.

De suerte que en el presente asunto la entidad demandada no vulneró la
confianza legítima del demandante, pues este debía corroborar que la
liquidación efectuada por la entidad correspondiera a la realidad y no pretender
que una liquidación efectuada por la administración a través de un borrador del
Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales 4907240041101 de 22 de octubre
de 2015, lo exonerara del total del pago del impuesto.

Debe recordarse que el sistema impositivo colombiano se estructura en la
solidaridad de los contribuyentes, donde estos tienen el deber de contribuir con
las cargas fiscales, de autoliquidar sus obligaciones fiscales y presentar las
respectivas declaraciones en los tiempos establecidos en la Ley, que para el
presente caso corresponde al impuesto de renta.
(…)

Con fundamento en lo anterior se concluye que al demandante no le asiste
razón cuando expone que la DIAN le liquidó de forma incorrecta su obligación
por impuesto de renta , y que ello lo indujo al convencimiento de que estaba
saldando la totalidad de su impuesto a cargo por el año gravable 2012, máxime
que lo hacía con fundamento en un beneficio fiscal establecido en el artículo 57
de la Ley 1739 de 2014, al que se acogió en razón de su incumplimiento del
deber de liquidar y pagar renta del año gravable 2012.

38. El recuento que se ha hecho permite a la Sala advertir que la discusión que
plantea el demandante en esta acción constitucional es la misma que propuso en el
proceso de nulidad y restablecimiento, en el que insistentemente recalcó que la
DIAN le entregó un formulario de pago para el impuesto de renta del año 2012, lo
que, en su criterio, le generó una confianza legítima de no adeudar mayores valores.

39. Si bien en la demanda el accionante, de manera hábil, circunscribió su
inconformidad con las resultas del proceso en la existencia de un supuesto defecto
sustantivo y otro fáctico, la revisión de las pruebas que obran en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y el razonamiento del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca permiten a la Sala conocer los hechos que dieron lugar al cobro
de unos valores por parte de la DIAN mediante el procedimiento de cobro coactivo.

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40. Se tiene, así, que el demandante presentó declaración de renta del año
gravable 2012, el 26 de agosto de 2015, esto es, de forma extemporánea, lo que
conllevó a que se generaran intereses moratorios y una sanción. El contribuyente
tuvo que corregir la declaración y, finalmente, el 22 de octubre de 2015 realizó un
pago por la suma de $156.650.000, toda vez que ese fue el valor que se indicó en
el «Recibo oficial de pago de impuesto nacional 490», con número de formulario
4907240041101 expedido por la DIAN. Con el pago, el demandante buscó hacerse
beneficiario del descuento de intereses que establecía el numeral 2º8 de la Ley 1739
de 2014, al cual se podía acceder solo hasta el 23 de octubre de 2015. Con
posterioridad, la DIAN se percató del pago incompleto del impuesto de renta y de
los intereses de mora generados y, como consecuencia, inició el respectivo proceso
de cobro coactivo contra el contribuyente.

41. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al igual que en esta
acción constitucional, el accionante adujo que la DIAN cometió un error que lo indujo
en error, de modo que no debe soportar las consecuencias que de allí se derivaron,
las que se concretan en el pago de valores adicionales y el decreto de medidas
cautelares para lograr su recaudo.

42. Pese a las claras explicaciones entregadas por los operadores judiciales que
resolvieron la contienda, en especial, las que consignó el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el demandante persevera en su propósito de dejar sin efecto los
actos emanados de la DIAN, con los cuales buscó cobrar los saldos insolutos, sin
una razón adicional a su simple desacuerdo con el resultado del proceso.

43. Los argumentos a los que aludió en la acción de tutela tergiversan la verdad
de lo que aconteció en el proceso ordinario, pues aluden a una supuesta confusión
en los valores que se persiguieron coactivamente lo que llevó a la aplicación
equivocada del artículo 634 del Estatuto Tributario, además de una indebida
valoración del recibo de pago 4907240041101 y del mandamiento de pago.

44. En realidad, como se pudo comprobar, el origen de los cobros adicionales
que se efectuaron al demandante fue el pago incompleto, tanto del impuesto de
renta como de los intereses de mora que se causaron por su pago tardío —lo cual
fue advertido por el Tribunal—, y la razón principal para negar las pretensiones de
la demanda fue la falta de efectos vinculantes del borrador de pago expedido por la
DIAN, aunado al deber de los contribuyentes de liquidar y pagar sus impuestos de
manera oportuna.

45. En esa medida, el reparo central del tutelante no es precisamente que se
hubiera encauzado el litigio de nulidad por una senda distinta a la que delimitaba el
problema jurídico en ese asunto ni que se hubieran dejado de valorar o se hubiera
otorgado un valor probatorio inexacto al formulario de pago n.º 4907240041101 y al
mandamiento de pago. En realidad, lo que busca es que se estudie, una vez más,

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«2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia
de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un
sesenta por ciento (60%)».

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el contenido del citado formulario de pago n.º 4907240041101 de 22 de octubre de
2015 que expidió la DIAN y se adopte una postura sobre su carácter obligatorio, lo
que a todas luces resulta improcedente en esta acción.

46. La Sala destaca que, en el proceso ordinario, se valoraron integralmente las
pruebas obrantes en el expediente, entre ellas el formulario de pago n.º
4907240041101 de 22 de octubre de 2015 y el acto mediante el cual se libró la
orden de pago contra el demandante. Asimismo, la decisión adoptada se encuentra
debidamente razonada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 de la
Ley 1739 de 2017, 634 y 804 del Estatuto Tributario e, incluso, con apoyo en
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Con ello, se desvirtúa la afirmación del
tutelante, según la cual la controversia se resolvió únicamente a partir del artículo
634 del Estatuto Tributario o con prescindencia de determinadas pruebas.

47. Determinada la situación fáctica de lo que aconteció y se decidió en el
proceso primigenio, la Sala considera que no se reúne el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que el objetivo de la acción de tutela es provocar un nuevo
pronunciamiento en un asunto que fue resuelto por el juez competente.

48. Adicionalmente, se observa que la discusión tiene un tinte netamente
económico, pues lo que en últimas pretende el demandante es eximirse de pagar
unos valores derivados del pago incompleto y extemporáneo del impuesto de renta
por el año gravable 2012, con la consecuente sanción e intereses de mora, sin
siquiera acreditar que no se causaron esos valores, especialmente, en lo que
respecta al saldo insoluto de dicha obligación tributaria. Aún más, pretende que el
juez constitucional expida órdenes de carácter económico a su favor, a manera de
reparación por los perjuicios que dijo haber sufrido.

49. No se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual entran en tensión
reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada, congruencia,
respeto e independencia por la autonomía judicial, el juez de tutela no puede
sustituir la labor del juez natural para decidir sobre temas deferidos a las diferentes
jurisdicciones. El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad
más para que otra autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una
aprobación a la postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario,
este tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y de un
estudio preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en una perspectiva
eminentemente constitucional.

50. La tutela solo se justifica, entonces, en aquellos eventos en los que exista
una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se
satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías
iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de
que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

51. Como en el presente asunto no se satisfacen los presupuestos para estimar
relevante, desde el punto de vista constitucional, la discusion planteada, resulta

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forzoso declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro
Montoya Echeverry.

52. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Álvaro Montoya Echeverry, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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