Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05080-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05080-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05080-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: WILSON FERNANDO ARIAS CUEVAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Pamplona y el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Wilson Fernando Arias Cuevas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con los principios de “[…] COSA JUZGADA, BUENA FE,
SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA Y DE RACIONADALIDAD (sic)
[…]”, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 25 de noviembre de 2021 y
20 de febrero de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pamplona y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respectivamente,
dentro del medio de reparación directa con número de radicación 54518-33-33-001-
2016-00350-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que mientras prestó el servicio militar padeció intensos dolores en distintas
partes del cuerpo que fueron aumentando paulatinamente y que el 9 de junio de 2016,
producto de la junta médica laboral núm. 86620, se determinó que tenía una
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
disminución de la capacidad laboral de un veintitrés por ciento (23%) por el concepto
de artritis reumatoide no especificada y lupus eritematoso sistémico.
2.2. Manifestó que promovió demanda de reparación directa núm. 54518-33-33-001-
2016-00350-00/02 para que se declarara responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios derivados de las enfermedades
adquiridas cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio.
2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pamplona, autoridad judicial que, mediante sentencia de
25 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Señaló que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través sentencia de 20 de febrero de
2025, confirmó la decisión de primera instancia.
2.5. Consideróque las providencias mencionadas vulneraron sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en desconocimiento del
precedente judicial.
2.6. Al respecto, señaló que se desconocieron los precedentes “[…] emitidos por la
Sala Octava de Revisión de la H. Corte Constitucional en fallo de Tutela
011/2017, Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos, Accionante: Mariela Sánchez
González y la Sección Tercera, Subsección B del H. Consejo de Estado en
Sentencia de fecha dos (2) de agosto de 2024, Magistrado ponente: doctor Martin
Bermúdez Muñoz, Medio de Control: Reparación Directa, radicado número: 41001-
2331000-2010-00722-01,donde la ratio disidente es similar a mi patología adquirida
durante la prestación del servicio militar en mi condición de soldado conscripto […]”.
[Negrilla original del texto].
2.7. Precisóque “[…] En dichos precedentes se reconoció que la continuidad
temporal entre el inicio del servicio y la aparición o agravamiento de la patología,
así como la evidencia médica contenida en los dictámenes de pérdida de capacidad
laboral, constituyen prueba suficiente del nexo causal entre la actividad militar y la
afectación en la salud del conscripto […]”.
2.8. Sostuvo que “[…] la providencia judicial vulnera el precedente horizontal, al
apartarse de decisiones previas adoptadas por el mismo Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que profirió la sentencia cuestionada, en las cuales, frente a
supuestos fácticos análogos, se accedió a las pretensiones de la demanda al
concluir que, tratándose de una enfermedad común, esta se desarrolló, sobrevino u
ocurrió durante la prestación del servicio militar o en el periodo de conscripción,
reconociendo así el nexo causal entre la actividad militar y la afectación en la
salud del conscripto […]”. [Negrilla original del texto].
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Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales al
DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA,
BUENA FE, SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA Y DE
RACIONADALIDAD (sic) consagrados en los artículos 13, 29, 228, 229 y 230,
vulnerados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE PAMPLONA en Sentencia de Primera Instancia de fecha
veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) y el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER en Sentencia de Segunda
Instancia de fecha 20 de febrero de 2025, por incurrir en un defecto sustantivo
por desconocer precedente judicial vertical emitidos por la Sala Octava de
Revisión de la H. Corte Constitucional en fallo de Tutela 011/2017,
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos, Accionante: Mariela Sánchez
González y la Sección Tercera, Subsección B del H. Consejo de Estado en
Sentencia de fecha dos (2) de agosto de 2024, Magistrado ponente: doctor
Martin Bermúdez Muñoz, Medio de Control: Reparación Directa, radicado
número: 41001-2331000-2010-00722-01, para la resolución de casos con
supuestos de hecho similares.
2) Como consecuencia de la anterior decisión, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de fecha 20 de febrero de 2025 proferida el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER que confirmó la Sentencia de
Primera Instancia de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021) emitida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE PAMPLONA en dentro del Medio de Control de Reparación
Directa iniciado por el suscrito y mi familia contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE
DEFENSA, EJERCITO NACIONAL, radicado bajo el número 54518-3333001-
2016-00350-00.
3) ORDENAR al accionado H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER, para que en el término de treinta (30) días siguientes a la
notificación del respectivo fallo de tutela, EMITA DECISIÓN DE REEMPLAZO
con base en lo ordenado por el Juez Constitucional […]”. [Mayúsculas y negrilla
original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 25 de agosto de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y a los señores Hernando Arias, Margarita
Cuevas Álvarez, Kelly Johanna Arias Cuevas, John Freddy Arias Cuevas, Xiomara
Andrea Arias Cuevas, Yerardin Arias Cuevas, Brenda Yoreydy Gómez Arias, Litzy
Yisneidy Arias Álvarez, María Lucía Álvarez Vargas y Yolanda Arias.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
5.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional indicó que lo
resuelto en el proceso de reparación directa tuvo como fundamentó un análisis
probatorio idóneo y el accionante no logra demostrar la afectación de sus derechos
fundamentales y el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
5.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través del magistrado
ponente de la decisión controvertida, manifestó que lo pretendido en este caso es
convertir la acción constitucional en una tercera instancia, además, que el
precedente citado por el accionante no guarda relación fáctica ni jurídica con el
presente caso debido a que allá se trata de soldados que sufrieron enfermedades
mentales y aquí se trata de enfermedades autoinmunes. Agregó que si bien el daño
del accionante se exteriorizó mientras prestaba servicio militar, el recaudo
probatorio permitió concluir que las lesiones no fueron por causa y razón del
servicio, la enfermedad tiene origen común.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Problemas jurídicos
7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 25 de noviembre de 2021 y 20 de febrero de 2025 proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo
analizará si la providencia de 20 de febrero de 2025, proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis
e hizo tránsito a cosa juzgada.
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
desconocimiento del precedente judicial.
9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. El señor Wilson Fernando Arias Cuevas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con los principios de “[…] COSA JUZGADA, BUENA FE,
SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA Y DE RACIONADALIDAD (sic)
[…]”, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 25 de noviembre de 2021 y
20 de febrero de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pamplona y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respectivamente,
dentro del medio de reparación directa con número de radicación 54518-33-33-001-
2016-00350-00/02.
18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
19. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.
24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante consideró que la providencia mencionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido en desconocimiento
del precedente judicial.
26. Al respecto, señaló que se desconocieron los precedentes “[…] emitidos por la
Sala Octava de Revisión de la H. Corte Constitucional en fallo de Tutela
011/2017, Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos, Accionante: Mariela Sánchez
González y la Sección Tercera, Subsección B del H. Consejo de Estado en
Sentencia de fecha dos (2) de agosto de 2024, Magistrado ponente: doctor Martin
Bermúdez Muñoz, Medio de Control: Reparación Directa, radicado número: 41001-
2331000-2010-00722-01,donde la ratio disidente es similar a mi patología adquirida
durante la prestación del servicio militar en mi condición de soldado conscripto […]”.
[Negrilla original del texto].
27. Precisó que “[…] En dichos precedentes se reconoció que la continuidad temporal
entre el inicio del servicio y la aparición o agravamiento de la patología, así como la
evidencia médica contenida en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral,
constituyen prueba suficiente del nexo causal entre la actividad militar y la afectación
en la salud del conscripto […]”.
28. Sostuvo que “[…] la providencia judicial vulnera el precedente horizontal, al
apartarse de decisiones previas adoptadas por el mismo Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que profirió la sentencia cuestionada, en las cuales, frente a
supuestos fácticos análogos, se accedió a las pretensiones de la demanda al
concluir que, tratándose de una enfermedad común, esta se desarrolló, sobrevino u
ocurrió durante la prestación del servicio militar o en el periodo de conscripción,
reconociendo así el nexo causal entre la actividad militar y la afectación en la
salud del conscripto […]”. [Negrilla original del texto].
29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05080-00
Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el accionante
no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad es
que negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.
32. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada en la sentencia de 20 de febrero de 2025, en la cual se
señaló:
“[…] Daño
Como se desprende de lo anterior, Wilson Fernando Arias Cuevas, fue
diagnosticado con artritis reumatoide, no especificada y lupus eritematoso
sistémico sin otra especificación, generándole así una PCL del 23.01%.
Dichas patologías, según las pruebas que reposan en el expediente, son
enfermedades de origen común, autoinmunes que atacan principalmente las
articulaciones y la piel y que no se pueden relacionar como originadas por la
prestación del servicio militar, su origen es común, desarrolladas en el servicio,
pero no por causa y razón del mismo, con lo cual el daño se encuentra
suficientemente acreditado.
Imputabilidad del daño
En relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a
soldados que prestan el servicio militar obligatorio, el H. Consejo de Estado en
sentencia de fecha 28 de septiembre del año 2017, señaló18:
[…]
Con fundamento en lo anterior se considera que, si bien el daño se exteriorizó
durante el período en que Wilson Fernando Arias Cuevas prestó servicio militar
obligatorio, el recaudo probatorio permite concluir que las lesiones fueron
determinadas en el servicio, pero no por causa y razón del mismo, por lo que
correspondía a la parte demandante demostrar lo contrario, acreditando la
relación fáctica entre el daño y el servicio militar obligatorio, criterio que es
indispensable demostrar en los casos de imputación objetiva, conforme lo ha
señalado el Consejo de Estado […]”.
[…]
18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera
Ponente: Marta Nubia Velásquez rico (E), veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). También
se pueden consultar las sentencias del 20 de abril de 2020, expediente 41001-23-31-000-2000-00169-
01(48341) y del 9 de abril de 2021, expediente 41001-23-31-000-1997-09602-01(52307).
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Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
“[…] Lo anterior, con fundamento en que no existen los elementos de juicio
suficientes que permitan a esta Corporación reconocer que el demandante fue
sometido a un riesgo superior al que es inherente a las actividades que
comprende el servicio militar obligatorio.
Así mismo, se echa de menos el deber probatorio de la parte demandante en
acreditar la causalidad entre la enfermedad padecida y la prestación del servicio
militar, cuyo deber también es predicable cuando se trata del análisis bajo el
régimen objetivo de responsabilidad del Estado […]”. [Negrilla fuera del texto
original].
33. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que el debate planteado en
esta sede constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o
que se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante
en el trámite del proceso judicial.
34. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo, al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió confirmar lo
resuelto en primera instancia, a saber, negar las pretensiones de la demanda, por
considerar que no se demostró la relación de causalidad entre la enfermedad
padecida por el accionante y la prestación del servicio militar obligatorio.
35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19.
36. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.
37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibid.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Wilson Fernando Arias Cuevas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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