RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05082-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05082-00

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05082-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la entidad actora. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05082-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

31 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
Tema:
Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, contra la providencia proferida el 29 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes:

Pretensiones

«(…)

• Se deje sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo (sic) de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, MP. Noemí Carreño Corpus, quien profirió sentencia de
segunda instancia del veintinueve (29) de julio de dos mil veinticinco (2025), dentro medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 88-001-33-33-001-2018-00134-
02, en el que actuó como demandante el señor José John Ruiz Rodríguez y demandada
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

• Se ordene al Tribunal Administrativo (sic) de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
MP. Noemí Carreño Corpus, proferir nueva sentencia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 88-001-33-33-001-2018-00134-02, (…).»

Antecedentes

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor José Jhon Ruíz Rodríguez promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional. En dicha demanda, solicitó la nulidad de la Resolución num. 1687
del 15 de marzo de 2018, por medio de la cual fue retirado del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios, ostentando el grado de teniente coronel. Como
consecuencia, solicitó su reintegro sin solución de continuidad y el pago de todos los
emolumentos dejados de percibir.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

Como sustento de la demanda, el señor Ruíz Rodríguez expuso los siguientes
argumentos:

(i) Afirmó haber tenido una carrera de 24 años, 3 meses y 22 días en la
institución y que se destacó como un Oficial afrodescendiente con múltiples
distinciones y felicitaciones.
(ii) Sostuvo que el 22 de mayo de 2017 fue trasladado al Departamento de San
Andrés, Providencias y Santa Catalina como Subcomandante (J2). Alegó
que, desde su llegada, su superior inmediato, el Coronel Jorge Enrique
Mendoza Lizcano (J1), asumió una actitud apática, aislándolo y
marginándolo de las órdenes del servicio.
(iii) Dijo que fue objeto de acoso laboral y discriminatorio por parte del Coronel
Mendoza Lizcano, lo que motivó la radicación de quejas ante la Dirección
General de la Policía, la Procuraduría General de la Nación y otras
entidades.
(iv) Detalló siete eventos constitutivos del presunto acoso, incluyendo
desautorizaciones, trato desobligante, exclusión de directrices,
desconocimiento de la autoridad y la omisión deliberada de registrar 46
felicitaciones en su hoja de vida, las cuales sí fueron incluidas para otros
uniformados.
(v) Manifestó que el Coronel Mendoza Lizcano emitió el informe No. 52018-
002942 del 20 de febrero de 2018, previo al retiro, dirigido a los altos
mandos de la Policía Nacional, el cual calificó de tendencioso y realizado
con el fin de enlodar la imagen del demandante.

Argumentó que su retiro, dispuesto en la Resolución 1687 del 15 de marzo de 2018
(un mes después del informe) y basado en el Acta No. 002 de la Junta Asesora del 2
de marzo de 2018, fue una retaliación y la consecuencia de la campaña de
desprestigio, acoso y discriminación iniciada por su superior.

En ese contexto, consideró que el acto administrativo demandado se encontraba
viciado de:

(i) Falsa motivación e indebida aplicación de la facultad discrecional, al
considerar que el retiro no obedeció a razones del servicio, sino que se
utilizó como una especie de sanción por las quejas de acoso.

(ii) Desviación de poder, porque los motivos reales del acto fueron las «rencillas
personales y apatía» del Coronel Mendoza Lizcano.

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, se opuso a las pretensiones y
fundamentó su defensa en que:

(i) La Resolución num. 1687 de 2018 se expidió en estricto cumplimiento de la
Ley 857 de 2003 y la jurisprudencia aplicable referente al retiro por
llamamiento a calificar servicios, por lo que gozaba de presunción de
legalidad.

(ii) Anotó que el retiro por llamamiento a calificar servicios es una facultad
discrecional que no requiere motivación adicional a la verificación de los
requisitos legales, estos son el tiempo mínimo de servicio y la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

recomendación de la Junta Asesora (que en este caso ocurrió mediante
Acta No. 002 de 2018).

(iii) Una hoja de vida destacada o la idoneidad en el cargo no otorgan
prerrogativas de permanencia ni un fuero de estabilidad que limite la
facultad discrecional de relevo de la cúpula.

(iv) Los alegatos de acoso laboral no tenían sustento probatorio y que, en
cualquier caso, la jurisdicción contenciosa no es la competente para
declarar dicha conducta, sino las autoridades disciplinarias.

El 21 de marzo de 2024, el Juzgado Único Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió sentencia mediante la cual declaró la
nulidad de la Resolución N° 1687 del 15 de marzo de 2018. A título de restablecimiento
del derecho, le ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
reintegrar al señor José Jhon Ruíz Rodríguez al cargo de teniente coronel y el
consecuente pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha
de retiro hasta el efectivo reintegro. Además, exhortó al Gobierno Nacional para que
cree mecanismos para la eliminación de situaciones que encubren actos de
discriminación.

Para empezar, el juzgado precisó la naturaleza jurídica del retiro por llamamiento a
calificar servicios. Señaló que, si bien la jurisprudencia ha reiterado que se trata de
una facultad discrecional cuyo acto no requiere una motivación expresa (al presumirse
fundado en el mejoramiento del servicio y sujetarse a requisitos objetivos como el
tiempo de servicio, ser acreedor de la asignación de retiro y el concepto previo de la
Junta Asesora), dicha potestad no es absoluta.

Advirtió que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (sentencia SU-091 de
2016), no es aceptable que esta figura sea usada como « herramienta de persecución
por razones de discriminación o abuso del poder». Además, indicó que, en esos casos,
cuando existe un uso fraudulento de la figura, recae sobre el demandante la carga
probatoria de demostrar fehacientemente dicha desviación.

En cuanto al caso concreto, indicó que, desde una perspectiva formal, el acto acusado
(Resolución 1687 de 2018) cumplía con los requisitos legales, porque el teniente
coronel contaba con más de 24 años de servicio y existía el Acta No. 002-APROP-
GRURE-3-22 del 2 de marzo de 2018, emitida por la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional, que recomendó su retiro.

Sin embargo, resaltó que, del análisis en conjunto de todas las pruebas estaba
demostrada la desviación de poder, por las siguientes razones:

(i) La decorosa trayectoria del demandante, evidenciada en múltiples
felicitaciones, condecoraciones, menciones honoríficas y evaluaciones con
resultados «S» (sobresalientes) y «E» (calidad exigida), sin que se
observara amonestación alguna o anotaciones negativas de consideración.

(ii) El 20 de marzo de 2018, el demandante presentó una queja (Oficio No.
/COMAN-SUBCO-29.25) donde denunciaba «tratos segregacionistas y de
acoso laboral» que aseguró recibir de parte de su superior, el Comandante
del Departamento, Coronel Mendoza Lizcano.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

Además, el juzgado reprochó la conducta procesal de la entidad
demandada, la cual, pese a ser requerida en dos ocasiones (autos de 11 de
julio y 11 de septiembre de 2023) para que informara sobre el trámite dado
a dicha queja, se mostró «evasiva y renuente», circunstancia que fue
tomada como un indicio en su contra.

(iii) Los testimonios trasladados de la investigación disciplinaria No. 2018-161
daban cuenta de los actos de acoso y segregación.

En particular, resaltó la declaración de la capitán Lina Paola Martínez
Bastos, quien describió un ambiente de «indiferencia» y «exclusión» hacia
el teniente coronel Ruíz e incluso el uso de lenguaje despectivo por parte
de otro oficial y la pasividad del Coronel Mendoza Lizcano ante estos
hechos, pues «lo sabía como Comandante y no hada (sic) nada».

Del mismo modo, valoró el testimonio del intendente jefe Karol Antonio
Marrugo Santana, quien corroboró la «seria indiferencia» de Mendoza (J1)
y sus preferencias por otro oficial (J3) en detrimento del actor (J2).

(iv) Se identificó que la investigación disciplinaria contra el actor se originó por
el informe S-2018-002942 del 20 de febrero de 2018, mediante el cual el
Coronel Mendoza Lizcano lo acusó de «incumplimiento órdenes» y de
demostrar «desinterés por el cargo». Dicha investigación fue archivada el 7
de diciembre de 2020, al concluirse que no había motivos para investigar al
actor.

En ese contexto, el juzgado consideró que la cronología de los hechos resultaba
extraña, porque, el 20 de febrero de 2018 se emitió el informe que empezó la
investigación disciplinaria; el 2 de marzo de 2018 (diez días después) se reunió la
Junta Asesora; y, el 15 de marzo de 2018 se expidió la resolución de retiro.

Esta inmediatez temporal llevó al juzgado a concluir que dicho informe fue el insumo
necesario y la «causa eficiente» para la recomendación de retiro.

Aunado a lo anterior, el juzgado resaltó un vicio que afectó la imparcialidad de la
decisión, porque el brigadier general Eliecer Camacho Jiménez, quien fue el receptor
del informe negativo del 20 de febrero de 2018, participó como secretario en la Junta
Asesora del 2 de marzo. En criterio del juez, esto afectó la imparcialidad de los demás
miembros y permitió que se estuvieran «trasladándose a otro escenario los actos de
discriminación».

Por ello, afirmó que el acto demandado fue «producto de la discriminación en contra del
demandante por motivos de raza», lo que derivó en el llamamiento a calificar servicios y
no la conveniencia institucional.

Finalmente, el juez fundamentó su deber de aplicar este enfoque en el artículo 13
constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentencia T-010 de 2015.
Recordó el contexto histórico de discriminación social en Colombia y la obligación del
operador judicial de no reforzar estereotipos con « procedimientos inflexibles», sino de
analizar las situaciones «con apariencia de normalidad» para encontrar los indicios que
revelan la vulneración de derechos de grupos de especial protección constitucional,
como la población afrodescendiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

En consecuencia, para el juez de primera instancia, la sumatoria de una hoja de vida
intachable, una queja por acoso racial ignorada por la entidad, testimonios directos de
exclusión y un informe negativo de un superior que resultó infundado (al ser archivada
la investigación disciplinaria), fueron pruebas suficientes para demostrar que el acto
de retiro no obedeció a razones del servicio, sino a un abuso de poder y una
persecución «por motivos ajenos al servicio».

El Ministerio de Defensa, Policía Nacional apeló esa decisión con fundamento en que
el acto administrativo de retiro cumplió con los dos requisitos exigidos por la ley
(concepto previo de la Junta Asesora y tiempo mínimo de servicio) y que la causal de
llamamiento a calificar servicios es una facultad discrecional que no requiere
motivación adicional (sentencias SU-091 y SU-217 de 2016).

El 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina confirmó la decisión de primera instancia.

Previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, advirtió que en la apelación «no se
formuló ni un argumento de oposición al razonamiento y las consideraciones que el A quo
tuvo en cuenta para arribar a la conclusión de que el acto demandado incurrió en desviación
de poder (…)».

Advirtió que, en lugar de confrontar los argumentos centrales del fallo (como la
valoración de las pruebas, las conclusiones sobre discriminación o la aplicación del
enfoque diferencial), se limitó a «incluir abundantes citas jurisprudenciales» y «presentar
in extenso los mismos argumentos expuestos al contestar la demanda».

Advirtió que, «si bien (…) no comparte las conclusiones del A quo» y como la entidad no
formuló reparo alguno sobre el vicio de desviación de poder por discriminación, estaba
impedido para pronunciarse respecto de la decisión inicial.

2. Argumentos de la acción de tutela

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional alegó que el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió en «defecto
fáctico» porque se contradijo en sus propias actuaciones.

Al respecto, explicó que mediante Auto N° 095 del 30 de mayo de 2024, admitió el
recurso de apelación, tras constatar que se encontraban cumplidos los previstos en la
norma. Sin embargo, en la sentencia de segunda instancia, usó como argumento para
no estudiar el fondo del asunto un supuesto incumplimiento de los requisitos de
sustentación.

Aunado a lo anterior, resaltó que la contestación de la demanda y la apelación se
enfocaron en insistir en que se aplicó la norma y la jurisprudencia sobre el llamamiento
a calificar servicios, por lo que la autoridad judicial debió realizar un pronunciamiento
de fondo.

Por otro lado, alegó que la decisión de segunda instancia proferida por el tribunal
accionado incurrió en defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta que el demandante
no cumplió con la carga probatoria que le correspondía para demostrar la desviación
de poder o la falsa motivación. Al respecto, expuso los siguientes argumentos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

• El juez de primera instancia erró al valorar el alcance de la hoja de vida del
señor José John Ruíz Rodríguez, pues el buen desempeño no da vocación de
permanencia.

• Los testimonios citados por el juez de primera instancia no demostraban que
hubiesen existido actos de racismo, pues los declarantes se limitaron a señalar
que exigieron situaciones de indiferencia y exclusión contra el Ruíz Rodríguez.
Por ello, consideró que fueron valorados de manera subjetiva e infundada,
pues, a su juicio, eran «inconducentes e irrelevantes» y no constituían prueba de
«actos de racismo».

Además, cuestionó que esos testimonios, que fueron recibidos en procesos
disciplinarios, no fueron debidamente incorporados al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

• Estaba demostrado que en la investigación disciplinaria adelantada contra el
señor Ruíz Rodríguez se garantizaron los derechos fundamentales del
investigado y que «la institución actuó de manera adecuada, libre e imparcial al
determinar la no existencia de motivos para imputar conducta alguna (…)». De ahí
que no pueda afirmarse la existencia de supuestos actos de acoso o
discriminación.

• La investigación disciplinaria no sirvió como fundamento para el retiro por
llamamiento a calificar servicios.

• No existió la presunta «contaminación» de la Junta Asesora la cual, según el
juez, se derivó de la participación del Brigadier General Eliecer Camacho
Jiménez.

Sobre este punto, aclaró que la participación del mencionado «en ningún
momento constituyó algún defecto sustancial» en la recomendación de retiro.
Adicionalmente, debía tenerse en cuenta que « en ningún momento se requirió al
oficial general bajo la figura del impedimento o la recusación para que se apartara de
la decisión». Finalmente, advirtió que el juez «acusó infundadamente a este hecho
como actos de discriminación y racismo por parte del referido oficial», sin que
existiera una prueba para realizar esa afirmación.

• El propio tribunal accionado, manifestó que no compartía las conclusiones del
juez de primera instancia, lo que demostraba que debió «argumentar y tomar las
decisiones que en su apreciación no comparte y emitir un fallo que en derecho
corresponda», en lugar de confirmar una decisión que consideraba equivocada.

Con base en lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia y,
en su lugar, ordenar al Tribunal Administrativo de San Andrés que profiriera una nueva
sentencia en la que realizara una «valoración integral, razonada, lógica, debida y ajustada
a la sana crítica» del precedente jurisprudencial y de las pruebas del proceso.

3. Trámite previo de la acción de tutela

Mediante auto de 25 de agosto de 2025, el despacho admitió la acción de tutela. En
consecuencia, ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

Asimismo, vinculó al Juzgado Único Administrativo del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a José John Ruiz Rodríguez, como
terceros con interés.

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Caldas guardó silencio.

5.2. Terceros con interés

El Juez Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina señaló
que la sentencia de primera instancia se fundamentó en las normas, la aplicación de
un enfoque diferencial y en las pruebas aportadas al proceso. Además, adjuntó enlace
para consulta del expediente.

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina solicitó que se declare improcedente la presente solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional o, subsidiariamente, negar
las pretensiones de la acción de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal sostuvo que su decisión se basó en un
examen minucioso del recurso de apelación, el cual carecía de una verdadera
sustentación. Al respecto, mediante un cuadro comparativo, sostuvo que la apelación
fue una «reiteración casi textual» de los argumentos ya expuestos en la contestación
de la demanda.

Por lo anterior, concluyó que la entidad accionante omitió controvertir la conclusión
central del a quo por la cual declaró la nulidad del acto administrativo demandado,
esto es, la desviación de poder. De hecho, el Tribunal dijo que los argumentos
presentados en el presente trámite para descalificar los testimonios y negar la
desviación de poder son precisamente los que «extrañó (…) al presentar la apelación».

El 4 de septiembre de 2025, el señor John Ruíz Rodríguez radicó oficio mediante la
ventanilla virtual en el cual solicitó le fuera permitido el acceso al expediente o se le
remitiera copia de la acción de tutela presentada por la Policía Nacional.

En esa misma fecha, la Secretaría General de esta Corporación le respondió que, si
hacía parte de la presente acción de tutela tenía acceso al expediente mediante la
ventanilla de atención virtual. Además, le explicó los pasos para realizar dicha
consulta.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de tutela, corresponde determinar si el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de la entidad accionante, al confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en: (i)
«defecto fáctico», por incurrir en una contradicción al admitir el recurso de apelación
por cumplir los requisitos legales, pero luego desestimar su estudio de fondo en la
sentencia por una supuesta falta de sustentación; y (ii) defecto fáctico al omitir el
análisis de las pruebas que habrían demostrado que el demandante en el proceso de
nulidad no probó la desviación de poder.

Anticipa la Sala que declarará improcedente la presente solicitud de amparo
constitucional, porque no se cumple con los requisitos generales de relevancia
constitucional, toda vez que la entidad accionante pretende incluir argumentos que
omitió plantear en el recurso de apelación del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de ser así, si se configura alguno de los defectos específicos alegados
por las accionantes.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6. Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con
la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida
como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados
y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones
de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso
no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

De los requisitos de relevancia constitucional en el caso concreto

En síntesis, la entidad tutelante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto fáctico porque el Tribunal accionado se contradijo en sus propios actos,
pues, por un lado, mediante auto del 30 de mayo de 2024, admitió el recurso de
apelación al constatar que se encontraban cumplidos los requisitos legales. No
obstante, en la sentencia de segunda instancia, utilizó como argumento central para
no estudiar el fondo del asunto el incumplimiento de los requisitos de sustentación.

Para empezar, se encuentra que, del análisis de la sentencia de 21 de marzo de 2024,
proferida por el Juez Único Administrativo del Archipiélago de San Andrés, el a quo
fue explícito en señalar que el objeto de discusión no se centraba en el cumplimiento
de los requisitos formales del retiro por llamamiento a calificar servicios. Por el
contrario, dio por sentado que dichos presupuestos (tiempo de servicio y acta de la
junta asesora que recomendó el retiro) se encontraban formalmente acreditados.

Sin embargo, fundamentó la nulidad del acto en la desviación de poder, porque
encontró probado que la decisión de retirar al demandante se produjo por motivos
ajenos al mejoramiento del servicio y fue, en realidad, el producto de la discriminación
en contra del demandante por motivos de raza. Dicha conclusión se fundamentó en la
valoración de indicios, testimonios, la conducta procesal renuente de la entidad y el
informe negativo que dio inicio al proceso disciplinario, previo a que se profiriera la
recomendación de retiro, que vició la participación de un superior en la Junta Asesora.

Además, se advierte que la entidad tutelante centró el recurso de apelación
exclusivamente en defender la legalidad formal del acto administrativo, esto es, que
el llamamiento a prestar servicios cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y
el acta de recomendación de la Junta Asesora, aspectos que el juez de primera
instancia no desconoció, sino que, por el contrario, dio por sentados.

En ese contexto, la carga procesal de la Policía Nacional, como apelante, consistía en
controvertir esa conclusión sobre la desviación de poder por discriminación. A pesar
de lo anterior, el escrito de apelación omitió por completo formular un argumento de
oposición al razonamiento y las consideraciones que el a quo tuvo en cuenta para
acceder a las pretensiones de la demanda.

Así, la Sala advierte que la presente acción de tutela incumple el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional, porque, en sede de tutela, la entidad
accionante está proponiendo argumentos nuevos, los cuales no fueron expuestos en
el proceso ordinario. En concreto, la entidad accionante fundamenta la solicitud de
amparo constitucional en cuestionar la valoración de las pruebas por las cuales el
juzgado declaró demostrada la desviación de poder.

No obstante, la acción de tutela no está concebida como un mecanismo para
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el
juez natural. Por lo tanto, al pretender la Policía Nacional subsanar en esta sede las
deficiencias de su propio recurso de apelación, utiliza la tutela como una instancia
adicional, lo que le resta relevancia constitucional al debate propuesto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05082-00
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional

En suma, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional. Luego, se declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por la entidad accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la entidad actora.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.