Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05083-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05083-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05083-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
Accionantes: Blanca Lyda Martínez Ospina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.
Temas: Derechos debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y reparación. Caducidad del medio de control de
reparación directa por delitos de lesa humanidad. NIEGA
AMPARO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Blanca Lyda Martínez
Ospina, Dayana Alejandra Cañizares Paternina, Diana Patricia Paternina Martínez,
Jackeline Paternina Amador, Jessica Jardany Tovaria Paternina, Sugey Paternina
Martínez y Yolimar Ardila García, mediante apoderado, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
ANTECEDENTES
Los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
integral, los cuales estima vulnerados con la sentencia del 22 de enero de 2025,
proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-
36-036-2017-00167-00 [02].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que a los accionante les informaron que su familiar el señor Nilton Eduardo
Paternina Martínez (q.e.p.d.) fue «dado de baja … en un presunto enfrentamiento
armado, presentado en el Campo 6 corregimiento El Centro zona rural del municipio
de Barrancabermeja - Santander, escenario de las operaciones ofensivas
desarrolladas por tropas del Ejército Nacional adscritos al Batallón 45 "Héroes de
Majagual", contra supuestos guerrilleros de las FARC».
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Que se abstuvieron de presentar denuncia debido a «amenazas recibidas por los
familiares de las (sic) otras víctimas, lo que generó temor y obstruyó el acceso
oportuno a la justicia».
Que los familiares del señor Paternina tuvieron conocimiento de la investigación
Penal que estaba adelantando la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado
núm. 291.687 hasta el 04 de septiembre de 2015 «lo que permitió a Blanca Lyda
Martínez Ospina constituirse como parte civil».
Que el 21 de noviembre de 2016 agotaron el requisito de conciliación extrajudicial,
el 5 de enero de 2017 se llevó a cabo audiencia ante la Procuraduría 7ª Judicial II
para Asuntos Administrativos de Bogotá y el 20 de junio de ese año interpusieron
demanda de reparación directa en contra de la Nación- Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional para que se declarara su responsabilidad patrimonial, por los
hechos que ocurrieron el 24 de febrero de 2000 por la «retención ilegal, tortura,
tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial al señor Nilton
Eduardo Paternina Martínez (q.e.p.d.)».
Que el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera mediante providencia
del 29 de septiembre de 2021 declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control y negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en segunda instancia confirmó la
decisión del a quo.
Considera que el Tribunal incurrió en los defectos: desconocimiento del precedente
ya que confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 20201, pero no tuvo en cuenta las 23 decisiones
verticales y horizontales2 «que a 16 de Septiembre (sic) de 2021 en forma previa
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación de enero 29 de 2020, C.P.: Marta Nubia
Velásquez Rico, radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01
2 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
ejecutoriada de Tutela del veinte (20) de junio de dos mil once (2011). C.P.: Alfonso Vargas Pinzón. Radicación
No. 11001-03-15-000-2011-00655-00(AC).
2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de agosto 11 de 2011, radicado
85001233100020100017701, Actor: Olga Falla Londoño y otros, C.P.: Gladys Agudelo Ordóñez.
3. Consejo de Estado. Sección Tercera - Subsección B. Sentencia del 5 de abril de 2013. C.P.: Stella Conto
Díaz Del Castillo. Radicación: 19001-23-31-000-1999-00217-01(24984).
4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del
diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013). C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación No.
25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092)
5. Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de tutela segunda
instancia del 12 de febrero de 2015. C.P.: Alberto Yepes Barreiro. Rad.: 1001031500020140074701.
6. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Fallo de tutela de segunda
instancia de 12 de marzo de 2015. C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2014-
01352-01.
7. Consejo de Estado, Sentencia de tutela en segunda instancia del (7) de septiembre de 2015. Sección Quinta.
C.P.: Alberto Yepes Barreiro (E) Radicación: 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC)
8. Consejo de Estado. Sentencia del 7 de septiembre de 2015. Sección Tercera – Subsección C. C.P.: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388).
9. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 7 de septiembre de 2015. C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. No. Radicación: 85001-23-31-000-2010-00178-01(47671).
10. Consejo de Estado. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Bogotá, D. C., Auto de dos (02) de mayo
de dos mil dieciséis (2016). Radicación Número: 18001-23-33-000-2014-00069-01 (53518).
11. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-352/16 de seis (6) de julio de dos mil dieciséis
(2016). Referencia: Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690.
12. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de (5) de septiembre de (2016). C.P.: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 05001233300020160058701 (57265).
13. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de (24) de octubre de (2016). C.P.: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 05001233300020160172201 (58051).
14. Consejo de Estado, Sentencia diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), radicado: 19001-23 31-
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habían decidido casos semejantes y que habilitaron a los actores su derecho de
acceso a la Administración de Justicia a pesar de haberse demandado después de
dos años de conocidos los hechos y la participación del Estado en ellos —cuando
se admite la demanda de constitución como parte civil dentro del proceso
penal».
Que si bien para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia ya
estaba vigente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, lo cierto es que
no puede perderse de vista que para el momento en que se presentó la demanda,
el criterio que predominaba en la Sección Tercera del Consejo de Estado indicaba
que no podía aplicarse el fenómeno de la caducidad a las acciones de reparación
directa que buscaran indemnizaciones producto de graves violaciones de los
derechos humanos por delitos de lesa humanidad producidas por agentes del
Estado.
En el procedimental absoluto y fáctico: por no valorar de manera íntegra y razonable
las pruebas, en especial las que «demostraban barreras fácticas al conocimiento
efectivo de la responsabilidad estatal —como amenazas a los familiares,
obstrucciones en la investigación penal No. 291.687 y el acceso tardío a información
en 2015 sobre la calificación como delito de lesa humanidad y la constitución como
parte civil».
En el material o sustantivo, por realizar una interpretación restrictiva del artículo 164
del CPACA, lo cual vulnera directamente los artículos 12, 13, 29, 90, 228 y 229 de
la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad integrando «tratados como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Ley 74 de 1968,
y el Estatuto de Roma, Ley 742 de 2002) y el principio de convencionalidad (Corte
IDH, Caso Almonacid Arellano vs. Chile, 2006; Caso Barrios Altos vs. Perú, 2001)».
En el error inducido por seguir
«(…) erradamente las orientaciones de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 … que impone caducidad a
las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad … cuando la
000-2010-00115-01 (56282), C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
15. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Auto de (30) de marzo de (2017). C.P.: Ramiro Pazos
Guerrero. Radicación: 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG).
16. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia de doce (12) de octubre de dos mil
diecisiete (2017). Ponente: Danilo Rojas Betancourth Radicación: 05001-23-31-000-2010-01922-01(49416).
17. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017), Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas, Radicación: 05001-23-33-000-2017-01395-01(59601).
18. Corte Constitucional. Sentencia T-296 de veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018). Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado. Expediente T-6.630.845. Acción de tutela presentada por Jhonatan Andrés Riátiga
Rueda y otros contra el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá.
19. Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Auto de 30 de agosto de 2018, Ponente: Dra. Stella
Conto Díaz del Castillo. Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01976-01(61798).
20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Auto del Doce
(12) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019). C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Radicación No. 44001-23-31-
000-2010-00238-01 (53833).
21. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de
tutela de segunda instancia de 30 de julio de 2020. M.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández, radicado 11001-03-
15-000-2019-04842-01.
22. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de
tutela de segunda instancia de 20 de agosto de 2020. M.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández, radicado 11001-
03-15-000-2019-01816-01.
23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia
del Magistrado RAMIRO PAZOS GUERRERO, en decisión de segunda instancia del 30 de abril de 2021 dentro
de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2020-04068-01
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voluntad expresa del legislador —manifestada en los antecedentes
legislativos del artículo 164 del CPACA … particularmente en la Gaceta
del Congreso No. 951 de 23 de noviembre de 2010, … es excluir tales
límites temporales en consonancia con instrumentos internacionales que
proscriben la prescripción para acciones administrativas».
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos la sentencia
del 22 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa
con radicado 11001-33-36-036-2017-00167-00 [02] y, en su lugar, ordenar al
Tribunal que, dentro de 10 días hábiles, profiera una nueva decisión, donde tenga
por probado que «la demanda fue interpuesta en oportunidad, por cuanto le es
aplicable el numeral 2°, literal i, inciso segundo del artículo 164 del CPACA, esto es
a partir de la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal», lo cual no
ha ocurrido.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 20 de agosto de 2025 se dispuso su admisión, se vinculó a la Nación-
Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, se ordenó la notificación a la autoridad
judicial accionada y se negó la medida provisional pedida por los accionantes.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
manifestó que conforme a las pruebas aportadas en el proceso ordinario determinó
que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de agentes del
Estado en el hecho dañoso desde el 24 de febrero de 2000, por lo que, estaba
caducado el medio de control, de igual forma, precisó que para la fecha en que se
presentó la denuncia año 2009 (cuando cesaron las amenazas), también había
operado este fenómeno.
Alegó que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de la relevancia
constitucional, dado que los accionantes pretenden reabrir un debate legal que ya
concluyó, por lo que solicitó que se declare improcedente o se niegue la misma, ya
que la sentencia de segunda instancia se profirió en debida forma atendiendo el
precedente aplicable a la materia, las pruebas se revisaron bajo las reglas de la
experiencia y la sana crítica, de manera integral y uniforme.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional fue debidamente notificada
de la acción de tutela; sin embargo, decidió guardar silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/054.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»5
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada6.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
que amerite la intervención urgente del juez de tutela8.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, alegan los accionantes que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C le transgreden los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral, con ocasión de la sentencia del 22 de enero de
2025.
A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente y error inducido, por aplicar en el caso
concreto la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera del 29
de enero de 2020, sin tener en cuenta que, para la fecha de presentación de la
demanda estaba vigente la tesis según la cual no operaba la caducidad cuando se
pretendía la indemnización por un delito de lesa humanidad a causa de agentes del
Estado y, por no valorar el material probatorio que demostraba por qué no pudieron
acudir a la justicia antes.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 22 de enero de
2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional
en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y error inducido, los demandantes argumentaron
suficientemente la solicitud; b) los accionantes no cuentan con otro medio de
defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez,
pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de
la sentencia, fue notificada el 17 de febrero del año en curso y el 24 del mismo mes
y anualidad cobró ejecutoria y la tutela se interpuso el 15 de agosto de 2025 y d) la
tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal estableció que el problema jurídico a resolver era determinar si se debía
aplicar la regla de caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo
en cuenta que se discute la responsabilidad del Estado por la presunta ejecución
extrajudicial del señor Nilton Eduardo Paternina. «De ser así, deberá definirse si
operó dicho fenómeno jurídico, considerando que el hecho dañoso ocurrió el 24 de
febrero de 2000 y si resulta procedente aplicar la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020».
El Tribunal adujo que es aplicable la regla de la caducidad del medio de control
donde se demanda la presunta responsabilidad del Estado por la comisión de delitos
de lesa humanidad, ya que: 1) permite alcanzar una convivencia pacífica, porque
los conflictos sociales no pueden ser indefinidos en el tiempo; 2) resulta acorde con
8 Sentencia SU-072 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
las garantías judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos (en
adelante CADH).
Indicó que el literal i del numeral 2º del artículo 164 del CPACA dispone que el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos años,
contados, desde el día siguiente del acaecimiento de la acción, hecho, omisión u
operación administrativa causante del daño o cuando la demandante tuvo o debió
tener conocimiento del asunto, en caso de ser en fecha posterior, debe probar la
imposibilidad de haberlo conocido al momento de su ocurrencia.
Seguido a lo anterior, el Tribunal señaló que conforme al artículo 7 del Estatuto de
Roma y la jurisprudencia del Consejo de Estado se está ante un delito de lesa
humanidad, cuando: 1) se dirige en contra de la población civil y 2) que se trate de
un ataque generalizado o sistemático.
De igual forma, la autoridad judicial accionada refirió que la imprescriptibilidad de la
acción penal en la investigación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra9
es una regla de ius congens, por lo que su cumplimiento es imperativo aun cuando
los Estados no han suscrito la convención. Los Estados adherentes al Pacto de San
José tienen la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico a efectos de impedir
que la acción penal prescriba en la investigación de los referidos crímenes, así como
evitar que existan otros eximentes de responsabilidad que imposibiliten la
materialización del acceso a la justicia.
El Tribunal expuso que anteriormente coexistían dos tesis, razón por la cual el juez
ordinario en ejercicio de su autonomía podía acoger la postura que más se ajuste a
derecho:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C Subsección A
No opera el término de caducidad cuando se Los efectos jurídicos de la imprescriptibilidad de
está frente a la comisión de un delito de lesa la acción penal no son extensivos al fenómeno
humanidad. de la caducidad de los medios de control
El Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante sentencia del 29 de enero de
2020 unificó la jurisprudencia bajo el entendido que
«(…) en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes
de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley».
9 Trajo a colación casos de la CADH, como: «Barrios Altos v. Perú, Almonacid Arellano y otros v. Chile, Ibsen
Cárdenas e Ibsen Peña v. Bolivia y Órdenes Guerra y otros v. Chile»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
Frente a los efectos en el tiempo de la sentencia citada indicó que al haber existido
distintas posturas anteriores a la unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, no existía un criterio vinculante claro por aplicar. De ahí que, al haberse
proferido la subregla el 29 de enero de 2020, los jueces de lo contencioso
administrativo quedaron atados a decidir en el mismo sentido en las demandas que
se instauraran con posterioridad e incluso en procesos que estuviesen en curso10.
Descendiendo al caso concreto el Tribunal dijo que se encuentra probado que:
• La muerte del señor Nilton Eduardo Paternina junto a los señores Juan Carlos
Ardila García y Davinson Alberto Arango Camacho ocurrió el 24 de febrero de 2000,
de forma violenta por parte de las tropas del batallón 45 Héroes de Majagual,
comandadas por el capitán Carlos Zambrano Galeno, reportando los militares que
las muertes fueron en combate.
• El Oficio núm. 083 de 27 de agosto de 2010 expedido por el procurador 362 Judicial
II Penal de Bucaramanga quien afirmó que conforme a las pruebas allegadas a la
investigación se puede estar frente a un delito de homicidio agravado conocido
como «falso positivo».
• La Resolución núm. 1603 del 29 de julio de 2015 proferida por el fiscal General de
la Nación, donde manifestó que la investigación debía ser asumida por los fiscales
especializados adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo que da cuenta que se
está ante una posible violación grave de los derechos humanos.
Conforme a lo expuesto, concluyó que la presunta ejecución extrajudicial del señor
Paternina reúne las características para ser considerado un delito de lesa
humanidad, por lo que la subregla de la sentencia del 29 de enero de 2020 debe
ser aplicada a la presente controversia.
Frente a la pretensión de los demandantes de aplicar la doctrina convencional de la
imprescriptibilidad de las acciones de reparación directa, señaló que no es
procedente, pues determinar un plazo para ejercer el derecho de acción no
contraviene las disposiciones convencionales, por el contrario, garantiza el derecho
al acceso a la administración de justicia, «pues sólo así se permite que el Estado
cuente con posibilidades reales de dar solución a los conflictos suscitados entre los
asociados».
Aclarado lo anterior, el Tribunal manifestó que encontró probado que la señora
10 Ver, entre otros: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo: Sección Primera: Fallo
del 30 de septiembre de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación No. 11001-03-15-000-
2021-03582-01(AC), Fallo del 4 de marzo de 2022. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación
No. 11001-03-15-000-2021-11153-00; Sección Segunda: Subsección B. Fallo del 20 de septiembre
de 2021. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación No. 11001-03-15-000-2021-00117-01(AC),
Subsección B. Fallo del 7 de marzo de 2023. C.P. (E) César Palomino Cortés. Radicación No. 11001-
03-15-000-2022-01965-02; Sección Tercera: Subsección B. Fallo del 27 de septiembre de 2021. C.P.
Martín Bermúdez Muñoz. Radicación No. 11001-03-15-000-2021-02741-01(AC), Subsección B.
Fallo del 1º de junio de 2022. C.P. Fredy Ibarra Martínez. Radicación No. 11001-03-15-000-2022-
02527-00; Sección Cuarta: Fallo del 29 de julio de 2021. C.P. Milton Chaves García. Radicación No.
11001-03-15-000-2021-01786-01(AC), Fallo del 30 de marzo de 2023. C.P. Wilson Ramos Girón.
Radicación No. 11001-03-15-000-2022-05123-01; Sección Quinta: Fallo del 5 de agosto de 2021.
C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación No. 11001-03-15-000-2021-03582-00(AC), Fallo del
30 de marzo de 2023. C.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación No. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
Jackeline Paternina Amador conoció lo ocurrido el 24 de febrero de 2000 cuando le
entregaron el cadáver de su hermano, situación que describe en la entrevista
realizada ante la Fiscalía el 26 de octubre de 2010. Dicha autoridad estimó que,
para esas fechas la accionante no solo se tenía conocimiento de la muerte sino que
aquella había sido presentada como una baja en combate por parte del Ejército
Nacional y que estaba siendo investigada como un falso positivo.
La Sala tuvo por probado que los demás demandantes también estaban en la
capacidad de atribuir responsabilidad al Estado en la misma fecha, dados los lazos
fraternales que se predican del grupo familiar y que en los hechos de la demanda
se sostuvo que «(…) no volvimos a tener noticia de él, solamente hasta el 24 de
febrero de 2000 en horas de la mañana, cuando la señora Blanca Lyda Martínez
Ospina recibe una llamada de Jackeline Paternina Amador quien le informa que al
parecer su hijo había sido asesinado» y «le fue comunicado a los familiares de Nilton
Eduardo Paternina que el joven había sido dado de baja junto a sus dos amigos (…)
en un presunto enfrentamiento armado, presentado en el campo 6 corregimiento el
centro zona rural del municipio de Barrancabermeja».
El Tribunal indicó que los demandantes alegaron que se abstuvieron de acudir a la
justicia, porque fueron amenazados; sin embargo, no demostraron lo afirmado. Que
si en gracia de discusión se tuvieran por cierto dichos hechos, debía tenerse en
cuenta que según el recurso de apelación las amenazas cesaron en el año 2009,
cuando los demandantes pudieron interponer denuncia formal y en relación con esa
fecha de igual manera habría operado la caducidad del medio de control, pues la
demanda fue radicada en el año 2017.
Por otro lado, el Tribunal adujo que no es de recibo el argumento del apelante en el
sentido que la caducidad debe contabilizarse desde finales del año 2015, cuando
contaron con asistencia jurídica, dado que este aspecto no impide que opere dicho
fenómeno «ya que el no tener abogado no impedía que las partes tuvieran
conocimiento de los hechos que hoy se alegan en esta demanda y en consecuencia
pudieran acudir a demandar por reparación directa».
De esta manera, el Tribunal concluyó que el término de 2 años empezó a correr el
25 de febrero de 2000 y se prolongó hasta el 25 de febrero de 2002, sin que se haya
demostrado que en dicho periodo los demandantes hubiesen estado materialmente
imposibilitados para ejercer su derecho de acción. De ahí que, la demanda
presentada el 20 de junio de 2017 se encuentra extemporánea.
En caso de tener que los demandantes tuvieron la posibilidad de advertir la
responsabilidad del Estado, cuando se enteraron del proceso penal que se
adelantaba por la muerte de su familiar el señor Paternina, es decir, el 26 de octubre
de 2010, lo cierto es que la demanda tampoco se habría interpuesto en tiempo.
En consecuencia, el Tribunal decidió confirmar la providencia del 29 de septiembre
de 2021 proferida por el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá que declaró probada
la excepción de caducidad.
Al respecto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C aplicó la posición jurisprudencial actual, esto es, la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
del Consejo de Estado, que prevé que en aquellos casos en los que se persigue el
resarcimiento económico por los daños causados con ocasión de la comisión de
crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad (excepto el de desaparición
forzada), sí es exigible el presupuesto procesal de la caducidad previsto en el literal
i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA. La Corte Constitucional, a través de
la sentencia SU-312 de 2020, respaldó la posición de la Sala Plena de la Sección
Tercera de esta corporación.
No le asiste razón a los accionantes cuando aducen que el Tribunal inadvirtió las 23
providencias que citó, pues dichas decisiones son fallos de tutela que no constituyen
precedentes vinculantes para la autoridad judicial accionada, en los términos del
artículo 270 del CPACA, como si lo es la sentencia que aplicó el Tribunal; razón por
la cual no se configuró dicho error.
Tampoco se materializaron los defectos, fáctico y procedimental absoluto, pues el
Tribunal valoró de manera íntegra y conforme a las reglas de la experiencia y la
sana crítica las pruebas, en especial, la denuncia que presentaron los demandantes
en el 2009, las supuestas obstrucciones en la investigación penal y la fecha para la
cual se constituyeron como parte civil, lo que le permitió concluir al Tribunal que:
• Los demandantes tuvieron conocimiento de que se trataba de una ejecución
extrajudicial desde el 24 de febrero de 2000;
• Aun contando la caducidad desde el año 2009 la demanda se presentó de forma
extemporánea;
• Las supuestas irregularidades y obstrucciones a la administración de justicia, como
no existir investigación por parte de la justicia penal militar por los hechos acaecidos
el 24 de febrero de 2000, la contestación de forma negativa de las dependencias al
no encontrar archivos relacionados con los hechos y la no declaración de los
implicados, no son situaciones que impidieran materialmente el ejercicio oportuno
del derecho de acción de los demandantes, puesto que aquellos ya tenían
conocimiento de que se trataba de una ejecución extrajudicial.
• No hay lugar a contabilizar la caducidad desde el año 2015, fecha para la cual los
actores contaron con asistencia jurídica y se constituyeron como parte civil, ya que
el no tener abogado no impedía que las partes tuvieran conocimiento de los hechos
que hoy se alegan en esta demanda y en consecuencia pudieran acudir a demandar
por reparación directa.
Lo anterior por cuanto ellos tampoco alegaron que solo a partir de ese año, pudieran
tener la inferencia fundada para atribuir la responsabilidad a los agentes del
Estrado11; de manera que se pudiera contabilizar la caducidad desde allí.
De igual forma, no se configuran los defectos material o sustantivo y error inducido,
pues conforme a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en materia de
reparación directa por la comisión de delitos de lesa humanidad es aplicable la figura
de la caducidad y ello no es contradictorio con la Convención Americana de
Derechos Humanos.
11 Ver Sentencia T-202de 2025 Corte Constitucional, MP. Juan Carlos Cortés González
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05083-00
En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos
alegados ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por los señores Blanca Lyda
Martínez Ospina, Dayana Alejandra Cañizares Paternina, Diana Patricia Paternina
Martínez, Jackeline Paternina Amador, Jessica Jardany Tovaria Paternina, Sugey
Paternina Martínez y Yolimar Ardila García, mediante apoderado, en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
12
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