Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05089-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05089-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05089-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05089-01
Demandante: Miguel Ariza Montero
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | improcedencia - confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, relacionadas con el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
4 de septiembre de 2025, por medio de la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta
de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 15 de agosto de 2025, Miguel Ariza Montero, a través de apoderado
judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Córdoba, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, y al principio de
favorabilidad en materia laboral, con ocasión de la Sentencia de 30 de
enero de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 23001-33-33-002-2018-00436-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“Primera. Se solicita la protección de los derechos fundamentales antes
mencionados y de cualquier otro del mismo rango constitucional y legal que se
determine como quebrantado.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Miguel Ariza Montero”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05089-01
Demandante: Miguel Ariza Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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Segunda. Que se deje sin efecto o se revoque la decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba de fecha 30 de enero de 2025 la cual confirmo la
decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo de Montería de
fecha 21 de septiembre de 2023.
Tercera. Se ordene al Tribunal Administrativo Córdoba profiera en el término de
cuarenta y ocho (48) horas a partir de la providencia que así resuelva, nueva
decisión que revoque la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Montería, por cuanto no sólo se desconocieron la Constitución Política, la Ley y
las Sentencias de tutela de la Corte Constitucional que son Precedentes
Jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para las autoridades
administrativas y operadores judiciales.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 13 de diciembre de 1990, Miguel Ariza Montero ingresó, en buen
estado, a prestar el servicio militar como soldado regular en el Batallón de
Infantería No. 33 Junín en la ciudad de Montería.
5. 2) El 31 de mayo de 1991, mientras ejercía sus funciones, fue herido
accidentalmente por otro soldado, del cual recibió impacto de bala de fusil
en la pierna y mano derecha. El Departamento de Sanidad del Ejército
Nacional de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante Acta de Junta
Médico Laboral No. 916, determinó una pérdida de capacidad laboral de
65.04%, por lo cual fue dado de baja por incapacidad relativa permanente
por lesión ocurrida en servicio por causa y razón del mismo.
6. 3) El 28 de mayo de 2023, le fue reconocida una indemnización por
valor $2.617.755.
7. 4) El 11 de septiembre de 2014, le solicitó a la Coordinación del
Departamento de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional
la pensión de invalidez con fundamento en la pérdida de capacidad
laboral del 65,04 %. Sin embargo, mediante la Resolución No. 425 de 27 de
octubre de 2014, dicha dependencia negó el reconocimiento y pago de la
prestación.
8. 5) Por lo anterior, la parte actora promovió demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual
solicitó la nulidad de la Resolución No. 425 de 27 de octubre de 2014 y el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
9. 6) El Juzgado 2 Administrativo de Montería, en Sentencia de 21 de
septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras declarar
probadas las excepciones de “legalidad del acto administrativo
demandado e inexistencia del derecho a pensión de invalidez solicitado”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05089-01
Demandante: Miguel Ariza Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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Determinó que el accionante no cumplió con el requisito establecido en el
Decreto 904 de 1989, puesto que el porcentaje de la pérdida de la
capacidad psicofísica fue inferior al 75% exigido.
10. 7) La parte actora apeló la anterior decisión. En el escrito, alegó que,
con fundamento en el principio de favorabilidad, debía inaplicarse el
régimen especial de las Fuerzas Militares y aplicarse el artículo 38 y 39 del
Régimen General de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100 de 1993,
por ser más beneficioso para el demandante al exigir una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50% para reconocer la pensión de
invalidez. Asimismo, invocó el artículo 45 de la Ley 1861 de 2017 que ordena
computar el tiempo de servicio militar para efectos pensionales y sostuvo
que su omisión por el juez de primera instancia configuró la vulneración
invocada (se trascribe):
“(…) El Juzgado incurre en una violación directa de la norma sustancial, por no
dar alcance Ley 100 y aplicación Ley 1861 articulo 45, esta última le es favorable
a mi reasentado y el Juez de Primera Instancia no la aplica en beneficio del
actor, lo que se constituye la violación que se comenta.
(…)
El Juzgado incurre en una violación directa de la norma sustancial, por no dar
alcance Ley 100 y aplicación Ley 1861 articulo 45, esta última le es favorable a
mi reasentado y el Juez de Primera Instancia no la aplica en beneficio del actor,
lo que se constituye la violación que se comenta.
(…)”.
11. 8) En sentencia de 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Córdoba confirmó la decisión apelada. Consideró que, dado que el hecho
ocurrió el 31 de mayo de 1991, en principio, era aplicable el Decreto 94 de
1989, cuyo artículo 90 exigía un 75% de pérdida de capacidad psicofísica,
en tal sentido, como el porcentaje otorgado al demandante en este caso
resultó ser del 65,04%, bajo dicho régimen especial no tenía derecho al
reconocimiento de esta prestación.
12. Sin embargo, indicó que, según lo dispuesto en el artículo 288 de la
Ley 100 de 1993 y lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado,
según la cual era posible inaplicar el régimen especial de las Fuerzas Militares
en materia pensional para dar paso a las disposiciones del Régimen General
de Seguridad Social en pensiones. En esa medida, al acudir al principio de
favorabilidad para aplicar la Ley 100 de 1993 en sus artículos 38 y 39, el
demandante tampoco satisfizo el requisito de 50 semanas cotizadas en los
3 años previos a la estructuración de la invalidez, ni existía prueba de
aportes; y, si se tomaba la fecha del accidente, solo se acreditaron 24,2
semanas. Indicó que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
ese requisito era ineludible, por lo que no había lugar a imponer al Ejército
Nacional el reconocimiento de la pensión de invalidez.
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Demandante: Miguel Ariza Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
sentencia enjuiciada incurrió en desconocimiento del precedente, al omitir
la línea jurisprudencial consolidada de la Corte Constitucional3 y del Consejo
de Estado4 que, con apoyo en los artículos 3 y 7 de la Ley 923 de 2004,
permitían reconocer la pensión de invalidez a miembros de la Fuerza Pública
con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, sin imponer
exigencias adicionales del régimen general.
14. Alegó, además, un defecto sustantivo, por haberse decidido el caso
con las exigencias del Decreto 94 de 1989 y los requisitos del artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, y haberse desplazado el régimen especial más favorable.
Indicó que hoy la interpretación dominante aplicaba directamente la Ley
923 de 2004, de modo que no había necesidad de acudir al Decreto 94 ni a
la Ley 100 cuando el régimen especial brindaba mejores garantías. Estas
omisiones vulneraron el debido proceso y configuraron los defectos
alegados.
1.2. Sentencia de primera instancia5 e impugnación
15. Mediante Sentencia de 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional. Para ello, señaló que el
escrito carecía de carga argumentativa frente a los derechos
fundamentales y el cargo de desconocimiento del precedente, habida
cuenta de que la parte actora se limitó a citar providencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, sin identificar la regla o subregla
aplicable, la analogía fáctica con el caso ni la incidencia de ese
precedente en la decisión cuestionada, por lo que la tutela se pretendió
usar como tercera instancia para reabrir un debate ya resuelto por el juez
natural.
16. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación en la que sostuvo que si cumplió la carga argumentativa
exigida y que el caso comprometía los derechos a la seguridad social, a
obtener una pensión de invalidez y la aplicación del principio de
favorabilidad, por lo que resultaba evidente que el caso sí revestía de
relevancia constitucional y que no se trataba de un asunto meramente legal
o económico. Señaló que no sólo involucraba el examen de si la sentencia
adoptada desconoció los anteriores derechos fundamentales, sino que
3 Sentencias T-829 de 2005, T-841 de 2006, T 595 de 2007, T-229 y T 431 de 2009 T-38 y T 969 de 2011, T-35 de 2012.
4 No indicó ninguna providencia.
5 Mediante Auto de 19 de agosto de 2025, el despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado
dispuso: (1) admitir la acción de tutela; (2) tener como accionado al Tribunal Administrativo de Córdoba y (3)
vincular al trámite al Juzgado 2 Administrativo de Montería, a la Nación − Ministerio de Defensa − Ejército Nacional
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso, como terceros con interés en las resultas del proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05089-01
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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también implicaba abordar un debate constitucional sobre principio de
favorabilidad e interpretación del régimen pensional de invalidez con la
aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004 a hechos ocurridos con
anterioridad al 7 de agosto de 2002.
17. Reiteró que se incurrió en desconocimiento del precedente y defecto
sustantivo, al decidir con el Decreto 94 de 1989 y el artículo 39 de la Ley 100
de 1993, pese a la línea de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
que, con apoyo en la Ley 923 de 2004, permitía reconocer la pensión a
miembros de la Fuerza Pública con un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral mínima del 50% y su aplicación retroactiva. Añadió que el examen
estricto de procedencia solo era exigible cuando la tutela se dirigía contra
decisiones de las Altas Cortes, escenario que no correspondía al caso
concreto, frente al cual debía observarse el estándar ordinario, propio de
tutelas contra jueces de instancia, sin exigir la demostración de una violación
“grave” o “manifiesta” ni formalismos, conforme con el principio de
informalidad y a la proscripción del exceso ritual manifiesto. Solicitó, en
consecuencia, revocar la improcedencia y conceder el amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1 Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
18. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo,
deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Córdoba, como juez de segunda instancia en el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001-33-
33-002-2018-00436-01, incurrió en un defecto sustantivo, al no valorar la
aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004 y/o en desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primera instancia.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero no por relevancia
constitucional, sino por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad6.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
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20. Resulta preciso recordar que el artículo 67 del Decreto 2591 de 1991,
que desarrolló el artículo 868 de la Constitución Política, señaló que la tutela
resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
21. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-16 de 20199, señaló que
la acción de tutela contra providencias judiciales se tornaba improcedente
en 3 escenarios: (1) cuando el asunto se encontrara en trámite, (2) cuando
no se hubieran agotado los medios de defensa y (3) cuando se empleara el
mecanismo para revivir etapas procesales previstas en el ordenamiento
jurídico, que se dejaron de emplear.
22. En este caso, no se configura el requisito de subsidiariedad, pues 1)
aunque el accionante interpuso el recurso de apelación, no presentó en
aquel los reparos que en esta acción presentó en contra de la decisión de
primera instancia, y, por ello, no fueron analizados en segunda instancia, y
2) no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
23. La Sala observa que la acción de tutela fue presentada en contra de
la Sentencia de 30 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación que
presentó la parte actora, confirmó la Sentencia proferida el 21 de
septiembre de 2023 por el Juzgado 2 Administrativo de Montería, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
24. Sin embargo, en el aludido recurso interpuesto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho10, la parte actora no reprochó lo que
ahora puso de presente por medio de la acción de tutela, como tampoco
acreditó un perjuicio irremediable, sólo se limitó a indicar que el juzgado
incurrió en una violación directa de la norma sustancial, por no dar alcance
a la ley 100 y aplicación de la ley 1861 articulo 45, que le era favorable, pero
nunca mencionó la Ley 923 de 2004 ni la jurisprudencia que, en su parecer,
debía observarse.
7 ARTICULO 6. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)
8 ARTICULO 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
9 Posición que se reiteró de otras Sentencias de la Corte Constitucional como la T-103 y T-396 de 2014.
10 Ver párrafo 10 del presente fallo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05089-01
Demandante: Miguel Ariza Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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25. Al respecto, la Sala considera que, si a juicio de la parte actora, no se
aplicó en debida forma la línea jurisprudencial que consideró permitía el
reconocimiento de la pensión con fundamento en lo establecido en la Ley
923 de 2024, así como el precedente jurisprudencial citado en la demanda
de la acción de tutela, como las Sentencias T-829 de 2005 , T-841 de 2006 ,
T-595 de 2007 , T-229 y T-431 de 2009, T-38 y T-969 de 2011, y T-35 de 2012, así
como la Sentencia del Consejo de Estado con Radicado No. 76001-23-33-
000-2013-00572-01(2029-19), respecto de las cuales indicó que el principio de
favorabilidad autorizaba a extender la aplicación de la mencionada ley,
debió ponerse de presente ante las autoridades judiciales que conocieron
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través
del recurso de apelación, ya que el juez de dicho asunto era la autoridad
competente para estudiar dicho reparo, y no el juez constitucional a través
de un mecanismo excepcional como lo es la acción de tutela, el cual no
puede instrumentalizarse como si se tratara de un recurso ordinario
adicional.
26. En consecuencia, era necesario que la parte actora pusiera de
presente ese aspecto ante la autoridad contra la que se presentó la acción
de tutela, con el fin de que se pronunciara sobre el mismo; sin embargo, el
accionante omitió hacerlo. En esa medida, no es posible tener por agotado
el mecanismo principal con el que contaba la parte demandante para
obtener la protección de sus derechos y la prestación solicitada.
27. Además, el accionante no demostró, ni siquiera de manera precaria,
que la decisión cuestionada le hubiera causado un perjuicio irremediable
que justificara la intervención del juez constitucional.
2.3. Conclusión
28. Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la decisión de
declarar la improcedencia de la acción de tutela, pero, por no superar el
requisito de subsidiaridad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05089-01
Demandante: Miguel Ariza Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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improcedente la tutela presentada por la parte actora, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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