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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05093-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05093-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Analfi Ávila Agámez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05093-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

25 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05093-00
Demandante: Analfi Ávila Agámez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 25 de septiembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05093-00
Demandante: ANALFI ÁVILA AGÁMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tema: Contra providencia que decidió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho relacionada con una supuesta renuncia forzada.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Analfi Ávila Agámez contra el Tribunal
Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 15 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la dignidad humana y a la
reparación integral.

A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 30 de marzo de 2017, con la que el Tribunal Administrativo de Sucre decidió
en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-
31-073-2009-00157-00/01.

2. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social, a la dignidad humana y a la reparación integral de la señora ANALFI ÁVILA
AGÁMEZ.

2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 30 de marzo de
2017 por la Sala Escritural del Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso radicado bajo
el número 70001333107320090015701.

3. Como medida de restablecimiento integral, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, en
un término perentorio y breve, profiera una sentencia de reemplazo en la que, observando el
precedente de los casos análogos y valorando la condición de sujeto de especialísima protección
constitucional de la accionante, acceda a las pretensiones de la demanda inicial, disponiendo:

a. El reintegro jurídico de la señora ANALFI ÁVILA AGÁMEZ al cargo que desempeñaba o a uno
de igual o superior categoría, sin solución de continuidad.

b. A título de restablecimiento del derecho, el pago de todos los salarios, primas, cesantías y demás
emolumentos y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación
forzada (31 de diciembre de 2003) hasta que se haga efectivo el reconocimiento pensional.

1 Índice 1 de Samai.

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Demandante: Analfi Ávila Agámez

c. Declarar que, para todos los efectos legales, y en especial para el reconocimiento y liquidación
de la pensión de vejez o de invalidez a que tenga derecho, no ha existido solución de continuidad
en la prestación del servicio, ordenando al Municipio de San Onofre realizar los aportes
pensionales correspondientes a todo el periodo.

d. Que las sumas adeudadas sean debidamente indexadas y se reconozcan los intereses a que
haya lugar, conforme a la ley.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Actuación administrativa

El 1º de enero de 1998 la demandante fue nombrada en propiedad como técnica de
desarrollo comunitario y social de la alcaldía de San Onofre y el 31 de diciembre de 2003
presentó su renuncia, en razón a que el jefe de recursos humanos del ente territorial les
comunicó a los servidores que el comandante de las autodefensas alias Cadena había
dado la orden de retirarlos2. No obstante, no se emitió un acto administrativo relacionado
con dicha renuncia.

El 24 de mayo de 2005 la actora le pidió al entonces alcalde de San Onofre su reintegro
al cargo que ocupaba y el pago de los emolumentos que dejó de recibir, solicitud que no
fue respondida.

Por el mencionado suceso acaecido en San Onofre, el 17 de diciembre de 2013 la
demandante fue incluida en el Registro Único de Víctimas « por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado».

Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 6 de octubre de 2009 la tutelante promovió acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de San Onofre (identificada con número de radicación 70001-
33-31-073-2009-00157-00/01), con el propósito de obtener (i) la anulación del acto
administrativo ficto derivado de la omisión de pronunciarse sobre la renuncia que
presentó el 31 de diciembre de 2003 y (ii) las órdenes de reintegro sin solución de
continuidad y de pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir.

En la demanda se indicó que la renuncia que presentó Analfi Ávila Agámez no fue libre y
espontánea, sino que obedeció a las amenazas de los paramilitares que operaban en
San Onofre, quienes ya habían perpetrado varios hechos delictivos en el municipio.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión
de Sincelejo, que el 29 de agosto de 2014 declaró probadas las excepciones de falta de
agotamiento de la vía gubernativa y caducidad, en consecuencia, denegó las súplicas de
la demanda.

Estimó que con la solicitud del 24 de mayo de 2025 la demandante pretendió revivir el
término con el que contaba para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en
aras de obtener su reintegro, y no acreditó alguna situación que le impidiera presentar
oportunamente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, señaló
que no existió un acto administrativo pasible de enjuiciamiento, porque no se le aceptó la
renuncia.

Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de apelación, con los
argumentos de que agotó la vía gubernativa con la petición del 24 de mayo de 2005, en
la que solicitó su reintegro y el pago de los emolumentos dejados de recibir, y aconteció

2 Hechos que fueron denunciados el 22 de marzo de 2012 ante la Fiscalía General de la Nación.

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Demandante: Analfi Ávila Agámez

un acto administrativo ficto susceptible de enjuiciamiento por la omisión del municipio de
San Onofre de aceptar la renuncia que presentó el 31 de diciembre de 2003.

Con sentencia del 30 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre desató el
precitado recurso de apelación en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, al
considerar que, si bien el 24 de mayo de 2005 la actora pidió su reintegro y el pago de
los emolumentos correspondientes, no demandó el acto administrativo ficto derivado de
esa petición, pues enjuició el relacionado con la renuncia presentada el 31 de diciembre
de 20033.

Que, «amen de lo anterior», el artículo 27 del Decreto 2400 de 1968 preveía que una vez
presentada la renuncia, el nominador debía pronunciarse sobre ella dentro de los 30 días
siguientes, lapso que no trascurrió en relación con la demandante, pues renunció el 31
de diciembre de 2003 y laboró hasta ese mismo día sin explicar los motivos de ello, por
ende, no aconteció el acto administrativo ficto porque no trascurrió el lapso con el que
contaba la alcaldía de San Onofre para pronunciarse sobre el particular.

4. Fundamentos de la tutela

La tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela cumplía los requisitos
generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En lo relacionado con el presupuesto de inmediatez afirmó que si bien la sentencia
cuestionada fue emitida el 30 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
el tiempo trascurrido hasta la presentación de la acción de tutela se debió a que el
apoderado que la representaba en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
70001-33-31-073-2009-00157-00/01 «abandonó por completo [su] gestión», por lo que
presentó queja disciplinaria en su contra ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Sucre.

Que, luego de «arduas gestiones», pudo constatar que en los procesos promovidos por
algunos de los exservidores del municipio de San Onofre que renunciaron a sus cargos
el 31 de diciembre de 20034, se ordenó su reintegro y el pago de los emolumentos
dejados de recibir, de ahí que se coligiera que la sentencia cuestionada incurría en
desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución Política y
defecto fáctico.

5. Trámite procesal

Por auto del 25 de mayo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de amparo
y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como tercero
con interés al alcalde de San Onofre, por fungir como demandado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-31-073-2009-00157-00/01.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1º de
septiembre de 2025.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Sucre y el municipio de San Onofre guardaron silencio,
a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

3 No se analizó la excepción de caducidad, porque sobre el particular no se formuló inconformidad alguna en la alzada.
4 Sentencias (i) del 25 de febrero de 2013, expediente 70001-33-31-008-2008-00076-00, y (ii) del 26 de julio de 2013,

expediente 70001-33-31-008-2009-00165-00.
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Demandante: Analfi Ávila Agámez

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 30 de marzo de 2017, con la
que el Tribunal Administrativo de Sucre decidió en segunda instancia la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-31-073-2009-00157-00/01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no se cumple el
requisito general de inmediatez, pues fue presentada 8 años, 3 meses y 10 días después
de notificarse el fallo cuestionado.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable y prudencial y sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda7,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»8.

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 Sentencia T- 123 de 2007.
8 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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4. Análisis del caso concreto

Para la Sala, la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-31-073-
2009-00157-00/01, se advierte que la sentencia cuestionada se comunicó mediante
edicto fijado el 5 de mayo de 2017.

Por su parte, la tutela fue presentada el 15 de agosto de 20259, esto es, 8 años, 3 meses
y 10 días después de notificarse el fallo cuestionado, término que supera ampliamente el
plazo límite previsto por la Sala Plena de esta Corporación para formular el amparo
constitucional contra providencias judiciales.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En ese orden de ideas, si bien la jurisprudencia constitucional ha señalado que el plazo
para promover la acción de tutela no comporta un término de caducidad, ya que debe
analizarse en atención a las circunstancias de cada caso concreto, en el sub lite no se
evidencia una situación que justifique la tardanza en promover la solicitud de amparo de
la referencia, pues aunque la actora dijo que ello obedeció a que no volvió a tener noticias
del abogado que actuó como su apoderado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 70001-33-31-073-2009-00157-00/01, esa circunstancia no hace inoperante
el requisito de inmediatez, pues en esos casos la jurisprudencia constitucional ha dicho
que podía adoptarse medidas para garantizar la vigilancia de los procesos, como sustituir
el respectivo poder. Así lo dijo la Corte Constitucional10:

[…] un mínimo de prudencia le aconsejaba adoptar las medidas que el asunto ameritaba, como, por
ejemplo, sustituir el poder conferido a otro profesional del derecho para que estuviera pendiente de tal
resultado. Pero como no lo hizo, no puede suplirse esa omisión o falta de cuidado y diligencia a través
de la acción de tutela.

Por lo tanto, considera la Sala que lo que en realidad se presentó fue una falta de previsión por parte
del abogado de la peticionaria, quien, consecuente con la ética y diligencia profesional que debía
observar, debió estar atento a todas las etapas procesales. Como lo establece un principio común en el
campo del derecho, nadie puede sacar provecho de su propia culpa. Por ello, ha dicho la Corte, la
negligencia personal jamás puede ser título jurídico para invocar un derecho, y al contrario, genera
responsabilidades para quien incurre en ella.

Ahora bien, es de anotar que la Sala no evidencia que la situación de desplazamiento de
la demandante de San Onofre le haya impedido ejercer oportunamente la acción de tutela
de la referencia, comoquiera que, por estar dirigida contra el Tribunal Administrativo de
Sucre, debía promoverla ante el Consejo de Estado, por ende, no tenía incidencia que
no residiera en dicho municipio.

Así las cosas, no se constata una situación que haga necesario flexibilizar los 6 meses
que ha fijado la jurisprudencia de esta Corporación como el interregno razonable para
promover la acción de amparo contra providencias judiciales, máxime cuando la Corte
Constitucional ha señalado que en esos casos la inmediatez debe analizarse de manera
más estricta en aras de preservar las garantías superiores a la seguridad jurídica y a la
cosa juzgada. Así lo dijo el alto tribunal11:

[…] la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se

9 Índice 1 de Samai.
10 Sentencia T-742 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
11 Sentencia SU-184 de 2019, M. P. Alberto Rojas Ríos.

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consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la
legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia.

[…] la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido, en tratándose de acción de tutela
contra providencia judicial, que la revisión del requisito de inmediatez debe ser más estricto […].

En ese orden de ideas, como la actora no acreditó alguna situación válida que ameritara
la flexibilización del criterio de inmediatez para presentar la acción de tutela de la
referencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Analfi Ávila Agámez,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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