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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05094-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05094-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05094-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05094-00
Accionante: HOLLMANN HERMAN ESPITIA SANABRIA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Hollmann Herman Espitia Sanabria solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y “[…] Merito (sic) y Transparencia en el acceso a la Función pública […]”,
cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 20 de marzo de 2025 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de nulidad electoral con
número de radicación 17001-23-33-000-2024-00076-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que promovió la demanda de nulidad electoral núm. 17001-23-33-000-
2024-00076-00/01, para que se declarara la nulidad del acta núm. 047 de 2024 y el
cese inmediato del ejercicio del cargo del señor Juan Pablo Osorio Gallo como
personero del municipio de Manizales por considerar que hubo una calificación
incorrecta en la entrevista citada ante el Concejo Municipal con sustento en que se
desconoció la regla de asignación de 0% por llegar tarde a la entrevista, hubo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

desconocimiento del precedente, expedición irregular, desviación de poder y
arbitrariedad o falta de razonabilidad en la entrevista.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Caldas, autoridad judicial que, mediante sentencia de 27 de
septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Refirió que se interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, a través sentencia de 20 de marzo de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos procedimental absoluto, fáctico,
sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

2.5. Como fundamento de los defectos procedimental absoluto y fáctico señaló que
“[…] La Resolución No. 67 de 2023, en su artículo 47, estableció claramente que
‘Aspirante que no se presente en la hora indicada obtendrá una calificación
equivalente al 0% de esta prueba’. El hecho de que se haya calificado con un puntaje
distinto de 0% a un aspirante que, según certificación, no se presentó a la hora
indicada, constituye una infracción directa de las normas de la convocatoria. Esta
irregularidad fue de tal entidad que, de haberse aplicado la regla como debió ser, el
resultado final del concurso habría cambiado. Además, la alegación de que un
aspirante se reunió con concejales antes de la entrevista y que estos le otorgaron la
máxima puntuación, aunque fue descartada como ‘especulación’ por el Tribunal, sí
apunta a una posible desviación de poder y una vulneración a los principios de
objetividad e imparcialidad que rigen los concursos de méritos […]”. [Subrayado
original del texto].

2.6. Sobre el defecto sustantivo indicó que “[…] La omisión de motivar los puntajes
individuales asignados en la fase de entrevista, a pesar de que la propia convocatoria
establecía criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, impide
determinar qué criterios se utilizaron y si las calificaciones se ajustan a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. El Concejo de Manizales manifestó que la
calificación se hizo desde la ‘sana crítica’, pero esta discrecionalidad no puede devenir
en arbitrariedad o discriminación que altere deliberadamente el orden de la lista de
elegibles. La Sala no puede limitarse a la justificación de que la entrevista permite
evaluar ‘características personales’, pues ello no exime de la necesidad de justificar
la puntuación asignada para garantizar la razonabilidad del proceso […]”.

2.7. Finalmente expuso que “[…] La sentencia desconoció directamente el precedente
de la misma Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual ya había establecido que
‘la falta de motivación de los resultados asignados en la fase de entrevista, constituye
irregularidad en el acto de elección de los personeros municipales y/o distritales’. Al

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apartarse sin una justificación suficiente de una regla de derecho establecida en
decisiones judiciales previas, la decisión violó el principio de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, pues casos idénticos o sustancialmente similares deben ser
resueltos de la misma manera […]”. [Subrayado original del texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mérito y a la
transparencia en el acceso a la función pública.

2. Como consecuencia del amparo, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 20 de marzo de 2025,
dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado 17001-23-33-000-
2024-00076-01.

3. En su lugar, se ORDENE al Honorable Consejo de Estado, Sección Quinta,
proferir una nueva sentencia que se ajuste a los principios y precedentes
constitucionales y legales […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 25 de agosto de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso al señor Juan Pablo
Osorio Gallo, al Concejo Municipal de Manizales y al Tribunal Administrativo de
Caldas.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través del magistrado ponente de
la decisión controvertida, indicó que lo resuelto se fundamentó en las atribuciones
normativas correspondientes, con la competencia de ley y en el marco de un
proceso con plena observancia de los derechos y garantías para una decisión
imparcial y debidamente motivada. Agregó que esta acción de tutela es
improcedente por cuanto tiene como propósito debatir aspectos que debieron
presentarse y discutirse ante los despachos judiciales que conocieron en primera y
segunda instancia el proceso de nulidad electoral.

5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente
de la decisión controvertida, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por

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carecer de relevancia constitucional e indicó que las irregularidades alegadas en la
prueba de la entrevista no tuvieron ocurrencia.

5.3. El
Concejo Municipal de Manizales manifestó que lo pretendido por el
accionante es reabrir el debate probatorio como si se tratara de una tercera
instancia para controvertir lo decidido y, por esa razón, la acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional.

5.4. El señor Juan Pablo Osorio Gallo manifestó que la presente acción de tutela
carece de relevancia constitucional por cuanto se trata de una discrepancia con la
interpretación legal y valoración probatoria realizadas por las autoridades judiciales.
Además, adujo que no se configuran los defectos específicos que se señalan y
advirtió que el accionante pudo haber interpuesto recurso extraordinario de
revisión, razón por la que se incumple el requisito de subsidiariedad.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental absoluto, en un defecto fáctico, en desconocimiento del
precedente judicial y en un defecto sustantivo.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

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Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El señor Hollmann Herman Espitia Sanabria solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y “[…] Merito (sic) y Transparencia en el acceso a la Función
pública […]”, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 20 de marzo de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de nulidad
electoral con número de radicación 17001-23-33-000-2024-00076-01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. El requisito
de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

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Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige

11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido,
presuntamente, en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y en
desconocimiento del precedente judicial.

25. Como fundamento de los defectos procedimental absoluto y fáctico señaló que
“[…] La Resolución No. 67 de 2023, en su artículo 47, estableció claramente que
‘Aspirante que no se presente en la hora indicada obtendrá una calificación
equivalente al 0% de esta prueba’. El hecho de que se haya calificado con un puntaje
distinto de 0% a un aspirante que, según certificación, no se presentó a la hora
indicada, constituye una infracción directa de las normas de la convocatoria. Esta
irregularidad fue de tal entidad que, de haberse aplicado la regla como debió ser, el
resultado final del concurso habría cambiado. Además, la alegación de que un
aspirante se reunió con concejales antes de la entrevista y que estos le otorgaron la
máxima puntuación, aunque fue descartada como ‘especulación’ por el Tribunal, sí
apunta a una posible desviación de poder y una vulneración a los principios de
objetividad e imparcialidad que rigen los concursos de méritos […]”. [Subrayas
originales del texto].

26. Sobre el defecto sustantivo indicó que “[…] La omisión de motivar los puntajes
individuales asignados en la fase de entrevista, a pesar de que la propia convocatoria
establecía criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, impide
determinar qué criterios se utilizaron y si las calificaciones se ajustan a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. El Concejo de Manizales manifestó que la
calificación se hizo desde la ‘sana crítica’, pero esta discrecionalidad no puede devenir
en arbitrariedad o discriminación que altere deliberadamente el orden de la lista de
elegibles. La Sala no puede limitarse a la justificación de que la entrevista permite
evaluar ‘características personales’, pues ello no exime de la necesidad de justificar
la puntuación asignada para garantizar la razonabilidad del proceso […]”.

27. Finalmente expuso que “[…] La sentencia desconoció directamente el precedente
de la misma Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual ya había establecido que

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05094-00
Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

‘la falta de motivación de los resultados asignados en la fase de entrevista, constituye
irregularidad en el acto de elección de los personeros municipales y/o distritales’. Al
apartarse sin una justificación suficiente de una regla de derecho establecida en
decisiones judiciales previas, la decisión violó el principio de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, pues casos idénticos o sustancialmente similares deben ser
resueltos de la misma manera […]”. [Subrayas originales del texto].

28. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

29. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

30. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el
accionante no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya
incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad es que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.

31. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la autoridad accionada en la providencia
cuestionada:

“[…] 2.6.1. No presentación del demandado a la hora indicada para la
entrevista

[…]

106. Ahora bien, de la lectura del artículo 47 de la Resolución 67 de 2023, se
desprende que lo que pretendía el Concejo de Manizales era que los
candidatos estuvieran presentes cuando se iniciaran las entrevistas y restringir
la posibilidad de que alguno de ellos solicitara que su prueba se realizara en
lugares y horas distintas a las estipuladas en la citación.

[…]

111. Así, la Sala concluye que el accionado Juan Pablo Osorio Gallo estaba
presente en el recinto del Concejo de Manizales antes de que iniciara la prueba
de la entrevista del concurso de méritos y podía ser calificado con un valor
distinto de cero. Por consiguiente, no se advierte el desconocimiento del
artículo 47 de la Resolución 67 de 2023.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05094-00
Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

[…]

2.6.2. Falta de motivación de la calificación de la entrevista y
desconocimiento de los principios de racionalidad, razonabilidad y
proporcionalidad en la prueba de la entrevista

[…]

122. En ese orden de ideas, para la Sala si bien la decisión citada por el
apelante Espitia Sanabria consideró que la falta de motivación respecto de la
calificación que se otorga en la entrevista implica una irregularidad, lo cierto es
que, en esa misma decisión se precisó que «[…] la sola falta de
manifestación expresa de los motivos que conllevan a la asignación de
un puntaje en la entrevista, no implican, per se, la existencia de una
irregularidad respecto del acto electoral»18. [Énfasis propio].

[…]

127. Con lo expuesto anteriormente pretende la Sala dejar claro al accionante
que la regla jurisprudencial vigente en la materia apunta a que exista un registro
o trazabilidad de la entrevista, pues así es posible garantizar el control de dicha
forma de evaluación. De ahí que, en términos de la falta de motivación, lo que
corresponde acreditar es la «[…] desatención de dichos parámetros de orden
constitucional, legal y reglamentario, para encontrar acreditada la falta de
motivación»19 y no la justificación de las calificaciones individuales, como lo
pretende el accionante.

128. En otros términos, lo que se debe confrontar es el efectivo cumplimiento
de las finalidades de la entrevista, esto es, que el órgano electoral haya
apreciado la capacidad, idoneidad y adecuación de cada uno de los aspirantes
al cargo de personero de Manizales, así como los paramentos que estableció
el concejo municipal en la convocatoria, aspectos para los cuales debe existir
el registro o la trazabilidad de la entrevista.

[…]

141. Por consiguiente, se concluye que este cargo no prospera, al advertirse
que la falta de indicación de las razones para la asignación de cada uno de los
puntajes no constituye irregularidad y, además, no se demostró que la
calificación de la entrevista fuera arbitraria, irracional o desproporcional, pues,
atendió a la establecido en la convocatoria y en el Decreto 1083 de 2015.

[…]

2.6.3. Expedición irregular y desviación de poder por reunión previa a la
entrevista

[…]

145. En ese orden de ideas, se tiene que, en efecto, el 19 de febrero de 2024,
entre las 6:55 a. m. y las 6:59 a. m., el señor Juan Pablo Osorio Gallo se

18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
19
Ibidem.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05094-00
Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

encontraba en las instalaciones del Concejo de Manizales y tuvo contacto con
cuatro concejales.

146. No obstante, de dicha situación no se puede colegir si existió un «amaño»
para que esos cabildantes calificaran de manera favorable al demandado,
pues, lo cierto es que no existen pruebas que permitan determinar cuál fue el
objeto de esas reuniones, qué se discutió y si, en realidad, se concertó de
manera clandestina alguna decisión que incidiera en la elección.

147. En gracia de discusión, se advierte que no solo esos cuatro concejales le
asignaron un puntaje de 10 a Juan Pablo Osorio Gallo, sino que de los 18 que
asistieron a la entrevista, 13 le dieron tal calificación. […]

148. En conclusión, no se tiene por acreditado que los encuentros que sostuvo
el accionado antes de la prueba de entrevista hayan tenido como propósito su
favorecimiento al momento de ser calificado. Por tanto, no se configura el cargo
propuesto […]”. [Negrilla original del texto].

32. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso judicial.

33. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió confirmar lo
resuelto en primera instancia, a saber, negar las pretensiones de la demanda, por
considerar que no se demostraron las irregularidades alegadas en la prueba de la
entrevista para la elección del personero municipal de Manizales.

34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.

35. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05094-00
Accionante: Hollmann Herman Espitia Sanabria

36. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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