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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05094-01

Fecha
19 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05094-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre del 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 9 Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-05094-01 Demandante: Hollmann Herman Espitia Sanabria Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05094-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-05094-011
Demandantes : Hollmann Herman Espitia Sanabria
Demandado : Consejo de Estado - Sección Quinta
Vinculados : Juan Pablo Osorio Gallo, Concejo Municipal de Manizales y
Tribunal Administrativo de Caldas
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y mérito
Tema : Tutela contra providencia, elección de personero municipal
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro de la acción de
tutela incoada por Hollmann Herman Espitia Sanabria contra el Consejo de Estado
• Sección Quinta, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y mérito.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El señor Hollmann Herman Espitia Sanabria, quien actúa a través de apoderado
judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y mérito, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado -
Sección Quinta.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-05094-01
Demandante: Hollmann Herman Espitia Sanabria
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta

Por consiguiente, solicitó:

2. Como consecuencia del amparo, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado el 20 de marzo de 2025, dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicado 17001-23-33-000- 2024-00076-01.
3. En su lugar, se ORDENE al Honorable Consejo de Estado, Sección Quinta, proferir
una nueva sentencia que se ajuste a los principios y precedentes constitucionales y
legales.

1.3 Hechos2.

Manifestó el accionante que, el proceso de elección del Personero Municipal de
Manizales para el período 2024-2028 se inició con la expedición de la Resolución
No. 67 de 2023 por parte del Concejo Municipal, norma que reguló todas las etapas
del concurso público de méritos y estableció, entre otras reglas, que el aspirante
que no se presentara a la hora indicada para la entrevista obtendría una calificación
equivalente al cero por ciento en dicha prueba. Posteriormente, mediante
Resolución No. 012 de 2024, se modificó el cronograma del concurso, fijando la
realización de la entrevista para el 19 de febrero de ese año a las 7:30 a. m. en el
recinto del Concejo.

Refirió que, el día señalado para la entrevista, el señor Hollmann Herman Espitia
Sanabria, quien ocupaba el primer lugar en el orden de mérito con un puntaje
ponderado del 80.56 %, participó en la prueba junto con otros aspirantes. Según lo
expuesto, el señor Juan Pablo Osorio Gallo, quien finalmente fue elegido
personero, no se presentó a la hora indicada en la citación, circunstancia que, a su
juicio, debía implicar la aplicación de la regla del cero por ciento prevista en la
convocatoria. No obstante, a aquel se le permitió participar y se le asignó una
calificación de 9.94 %, mientras que a él se le otorgó un puntaje de 2.21 %, esta
diferencia drástica, equivalente a 7.73 % en una escala de 10 %, alteró el resultado
final del concurso, desplazándolo del primer lugar y otorgando la ventaja definitiva
al señor Osorio Gallo.

El Concejo Municipal de Manizales eligió al señor Osorio Gallo como Personero
mediante el Acta No. 047 de 2024, y este tomó posesión del cargo el 27 de febrero
del mismo año. Inconforme con lo ocurrido, el actor promovió demanda de nulidad
electoral3, alegando la infracción de la regla del cero por ciento, la falta de
motivación en la calificación de la entrevista, el desconocimiento del precedente

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
3
De radicado 17001-23-33-000-2024-00076-00/01
2

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Demandante: Hollmann Herman Espitia Sanabria
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judicial y la existencia de reuniones previas entre el elegido y algunos concejales
que luego le otorgaron puntajes perfectos.

Una vez analizados los cargos, el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
sentencia del 27 de septiembre de 2024, negó las pretensiones, considerando que
el candidato estuvo presente al inicio de la entrevista y que la ausencia de
motivación escrita no constituía irregularidad per se. Esta decisión fue confirmada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 20 de marzo
de 2025.

1.4 Argumentos de la tutela

El accionante interpuso acción de tutela contra la providencia de segunda instancia,
aduciendo la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y al acceso a la función pública
en condiciones de mérito y transparencia. Sostuvo que la sentencia cuestionada
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, así como en
desconocimiento del precedente judicial, al validar una calificación sin motivación
suficiente y permitir que una etapa subjetiva del concurso alterara el orden de mérito
sin justificación razonable. Argumentó que la falta de motivación impidió verificar la
objetividad y transparencia de la entrevista, máxime, cuando se evidenciaron
puntajes desproporcionados entre aspirantes que dieron respuestas
sustancialmente similares, e incluso, cuando el elegido empleó expresiones
discriminatorias y datos falsos durante la prueba.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, la Sección Primera del Consejo de Estado, a
través de auto del 25 de agosto de 2025, admitió la presente acción de tutela. En
dicha decisión, se (i) ordenó notificar al Consejo de Estado - Sección Quinta; y (ii)
dispuso vincular al señor Juan Pablo Osorio Gallo, al Concejo Municipal de
Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

3

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2.1.1 El Consejo de Estado - Sección Quinta4 manifestó que la sentencia
proferida en el proceso de nulidad electoral se ajustó a las atribuciones normativas
y se dictó en el marco de un procedimiento con plena observancia de las garantías
procesales. Señaló que la acción de tutela era improcedente, pues, pretendía
reabrir un debate que ya había sido resuelto en las instancias ordinarias, y que las
irregularidades alegadas debieron discutirse en el curso del proceso electoral, no
mediante un mecanismo excepcional como la tutela.

2.1.2 El Tribunal Administrativo de Caldas5 indicó que la acción carecía de
relevancia constitucional, toda vez que lo planteado por el actor correspondía a una
discrepancia con la interpretación legal y la valoración probatoria realizada en la
sentencia de segunda instancia. Afirmó que las irregularidades denunciadas en la
prueba de entrevista no se configuraron y que la providencia cuestionada se
fundamentó en la jurisprudencia vigente, por lo que no se advertía arbitrariedad
judicial.

2.1.3 El Concejo Municipal de Manizales6 sostuvo que la pretensión del
accionante buscaba convertir la tutela en una tercera instancia para controvertir lo
decidido en el proceso de nulidad electoral. Argumentó que la entrevista se realizó
conforme a la convocatoria y que la calificación se otorgó bajo criterios de sana
crítica, sin que existiera obligación de motivar por escrito cada puntaje individual.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción por falta de relevancia
constitucional.

2.1.4 El señor Juan Pablo Osorio Gallo7 manifestó que la acción de tutela carecía
de fundamento, pues, no se configuraban los defectos alegados por el actor. Señaló
que la controversia se reducía a una inconformidad con la interpretación de las
normas y la valoración de las pruebas, aspectos que no habilitan la procedencia del
amparo constitucional. Además, advirtió que el accionante contaba con otros
mecanismos judiciales, como el recurso extraordinario de revisión, lo que implicaba
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

2.2 Sentencia de primera instancia8

4
Índice 11 de Samai.
5
Expediente judicial en SAMAI, índice 12.
6
Expediente judicial en SAMAI, índice 13.
7
Expediente judicial en SAMAI, índice 15.
8
Expediente judicial en SAMAI, índice 17.
4

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Demandante: Hollmann Herman Espitia Sanabria
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de
septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que
el caso carecía de relevancia constitucional, al estimar que la discusión se limitaba
a aspectos de legalidad y pretendía reabrir el debate ya resuelto por el órgano de
cierre de la jurisdicción contenciosa.

2.3 Impugnación9

Contra esta decisión, el accionante interpuso recurso de impugnación, insistiendo
en que la controversia sí trasciende el ámbito legal y plantea una cuestión
constitucional relacionada con la primacía del mérito en el acceso a la función
pública, el respeto al precedente judicial y la garantía del debido proceso. Señaló
que la providencia atacada convalidó una actuación arbitraria que vulneró derechos
fundamentales, configurando defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente, lo que justifica la intervención del juez constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80
de 12 de marzo del 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de

9
Expediente judicial en SAMAI, índice 21.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
5

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Demandante: Hollmann Herman Espitia Sanabria
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otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la acción de cumple los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela, en concreto, el de argumentación mínima suficiente, y, en caso
afirmativo, estudiar si los defectos propuestos por el actor se configuran en esta
oportunidad.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela contra providencia judicial es una medida excepcional de control
judicial frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, que posee
una serie de requisitos de procedibilidad estrictos, los cuales, deben satisfacerse
plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al
examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la
actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la
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cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y
(viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas
que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer
que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha

14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7

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aplicado en los términos antes expuestos16.

3.4.1. Análisis específico de procedencia.

En el asunto sub examine, la Sala observa que, la inconformidad del actor recae en
la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación, para lo cual alega que se incurrió en defectos específicos (sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución); sin
embargo, un análisis detallado de sus argumentos revela que estos no satisfacen
la carga argumentativa mínima y cualificada exigida para controvertir decisiones de
Altas Cortes.

Al respecto, cabe advertir que, como se indicó en párrafos precedentes, la Corte
Constitucional17 ha definido que las acciones de tutela dirigidas a cuestionar
providencias judiciales deben cumplir una serie de requisitos de procedibilidad
generales y otros especiales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de su aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo
una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si se afectan o no derechos fundamentales.

Asimismo, en reciente sentencia de unificación SU-304 de 202418 sostuvo que, en
tratándose de tutelas contra fallos proferidos por una alta corte, como en este caso,
el examen debe realizarse con mayor rigurosidad para poder constatar «[…] una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria », lo

que implica que no se permita su uso con el propósito de reabrir debates concluidos
en el proceso ordinario.

De acuerdo con lo anterior, se debe entender que la acción de tutela contra
providencia judicial, más aún cuando aquella es emitida por una alta corte, exige al
accionante una especial carga argumentativa, que no se satisface con la mera
discrepancia genérica frente a la interpretación judicial, sino con la identificación

16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
17
Sentencia SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
18
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
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precisa de los defectos en que incurrió y la explicación de cómo estos resultan
determinantes para cambiar su sentido, carga que omitió cumplir el tutelante en su
escrito introductorio.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la demanda de tutela adolece de una
falta de carga argumentativa suficiente para acreditar la configuración de los
defectos alegados, en vista que el accionante insiste en que la sentencia atacada
incurrió en defecto sustantivo y fáctico al no aplicar la regla de la «calificación de 0%»
por la supuesta llegada tarde del elegido y por validar la falta de motivación escrita
en la entrevista, pero omitió por completo identificar cómo dicha circunstancia se
enmarca en los defectos alegados, labor que no es subsanable por cuenta del juez
constitucional toda vez que ello sería un juicio de corrección, o una intromisión
indebida en la independencia de los jueces de instancia.

El escrito de tutela es, en esencia, una repetición de los alegatos presentados en
el recurso de apelación dentro del proceso de nulidad electoral. Al no aportar
nuevos elementos que demuestren una actuación contra legem o una vía de hecho,
sino simplemente insistir en que su interpretación de las reglas del concurso es
mejor que la del Consejo de Estado, el accionante incumple el deber de demostrar
por qué la interpretación del juez natural es constitucionalmente inadmisible.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo deprecado, pero, por no satisfacer el requisito de
carga argumentativa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre del 2025, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, pero, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

9

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-05094-01
Demandante: Hollmann Herman Espitia Sanabria
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10

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