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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05095-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05095-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 26 de septiembre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó el amparo solicitado. En su lugar, declárase la improcedencia de la acción de tutela. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05095-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

11 de diciembre de 2025

Demandante: Mercedes Torres de Mogollón
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05095-01
Demandante: MERCEDES TORRES DE MOGOLLÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia que niega
amparo para declarar la improcedencia de la acción por no
cumplir con el requisito de falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del
26 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2025, la señora Mercedes Torres de
Mogollón, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A con el fin de que se garanticen
los principios de justicia material, inescindibilidad y iura novit curia, y amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
5 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
A que revocó el fallo del 18 de diciembre de 2024, mediante el cual el Juzgado Once
del Circuito Judicial de Barranquilla negó las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con radicado
08001-33-33-011-2024-00101-00//01, promovido por la Administradora Colombiana
de Pensiones (en adelante Colpensiones) en su contra.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:

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Demandante: Mercedes Torres de Mogollón
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

1. AMPARAR a la accionante sus derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL,
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, JUSTICIA MATERIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PRINCIPIO DE “IURA
NOVIT CURIA”, previstos en los artículos 29, 48 y 228 de la Constitución Política de
Colombia respectivamente y los que se lleguen a considerar, con base en los
fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios planteados en el presente escrito de
tutela.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda instancia proferida el 5 de junio de
2025, notificada el 10 de julio de 2025, por parte de la Sala de Decisión Oral “A” del
Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se revocó el fallo de primera
instancia emitido el 18 de diciembre de 2024, por parte del Juez Once (11)
Administrativa del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso promovido contra mi
poderdante bajo Radicado N.° 08001-33-33-011-2024 00101-00(01), por la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SALA DE DECISIÓN ORAL “A”
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO que profiera nueva decisión
dentro del proceso promovido bajo Radicado N.° 08001-33-33-011 2024-00101-01, en
la que se confirme íntegramente la sentencia de primera instancia, a través de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda promovida por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones o en su defecto, si se mantiene la nulidad
del acto administrativo demandado, se abstenga de ordenar la reliquidación pensional
de mi poderdante al permanecer incólume el acto administrativo en virtud del cual hoy
se encuentra reconocida la pensión de vejez de mi poderdante, esto es la Resolución
N.° SUB81841 de 3 de abril de 2019, el cual no fue objeto de control judicial.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por la tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:

Afirmó que nació el 20 de junio de 1954; laboró, entre otras entidades, en la Rama
Judicial por más de 20 años; y registró un traslado de la Administradora de Fondos
Pensionales Horizonte a Colpensiones, el 3 de diciembre de 2003.

Señaló que el Instituto de Seguros Sociales, por Resoluciones 254, 13568 y 22211
de 2011, le reconoció una pensión de jubilación conforme a las previsiones de la
Ley 100 de 1993, la cual quedó supeditada al retiro del servicio.

Relató que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal,
mediante sentencia de tutela del 26 de julio de 2012, amparó sus derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital y ordenó al jefe del departamento
de atención al pensionado del Instituto de Seguros Sociales que, en un término
perentorio, reliquide su pensión atendiendo las previsiones de los artículos 36 de la
Ley 100 de 1993 y 6º del Decreto 546 de 1971.

Indicó que Colpensiones, mediante Resolución SUB 273082 del 18 de octubre de
2018, dio cumplimiento a la anterior decisión y, en consecuencia, ordenó la
reliquidación de su prestación con la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio, tal como lo prevé el Decreto 546 de 1971.

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Destacó que Colpensiones, mediante Resolución SUB 81841 del 3 de abril de 2019,
actualizó la pensión reconocida a la fecha de retiro efectivo del servicio y ordenó su
inclusión en nómina de pensionados.

Puntualizó que Colpensiones acudió a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de lesividad, para pedir que se declare la nulidad de la
Resolución SUB 273082 de 2018 y se efectué el estudio de su prestación conforme
a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Enfatizó que el Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla, por medio del
fallo del 18 de diciembre de 2024, declaró no probada la excepción de cosa juzgada
que propuso y negó las pretensiones de la demanda porque consideró que era
beneficiaria de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por
consiguiente, del régimen de la Rama Judicial. Decisión que fue apelada por
Colpensiones.

Puso de relieve que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
A, mediante sentencia del 5 de junio de 2025 revocó lo decidido por el a quo para,
en su lugar, declarar la nulidad de la Resolución SUB 273082 de 2018 y ordenar la
reliquidación de su pensión de acuerdo con lo establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, porque para que el traslado del régimen de ahorro individual con
solidaridad (en adelante RAIS) al de prima media con prestación definida (en
adelante RPMPD) sea viable, sin pérdida del beneficio de la transición, se requiere
acreditar como requisito sine qua non 15 años de servicio a la fecha de entrada en
vigor del Sistema General de Pensiones.

1.4. Sustento de la vulneración

La actora aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Adujo que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en la
decisión del 5 de junio de 2025, incurrió en defectos sustantivo y fáctico, y en
violación directa de la constitución.

Explicó que dicha autoridad no aplicó de manera completa las disposiciones
normativas y jurisprudenciales rectoras, pues si bien es cierto que fundó su
argumentación en las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo
es que soslayó los lineamientos que rigen el derecho a la libertad de elección de
régimen pensional, el deber de información, la asesoría y el buen consejo,
contenidos en el literal b del artículo 13, artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993;
inciso 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y artículo 10 del Decreto 720 de
1994.

Iteró que el tribunal accionado estudió únicamente la aplicación del régimen de
transición por tiempo de servicio de cara al cambio de régimen pensional, sin valorar
si el traslado de régimen fue o no eficaz según las reglas de la debida información
y el derecho a la libertad de elección.

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Insistió en que desconoció la sentencia SL2929-2022 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que precisó que, en el evento en que una
persona que sea beneficiaria del régimen de transición por edad y se haya cambiado
al RAIS sin la debida asesoría no debe verse afectada por ese traslado, en la medida
en que es ineficaz.

Destacó que como la Resolución SUB 81841 de 2019, que actualizó su pensión al
retiro efectivo del servicio no fue enjuiciada por Colpensiones, mantiene sus efectos
y gobierna su situación pensional. De ahí que el fallo cuestionado, por restringir su
análisis y decisión a la Resolución SUB 273082 de 2018, carece de alcance.

Aseguró que la providencia cuestionada también carece de respaldo probatorio que
justifique la eficacia del traslado de régimen.

1.5. Trámite de la primera instancia

Por auto del 20 de agosto de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia
admitió la demanda de tutela, denegó la medida cautelar solicitada por la señora
Mercedes Torres de Mogollón y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A y
como terceros con interés, al juez Once del Circuito Judicial de Barranquilla y a
Colpensiones.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Colpensiones señaló que la acción de tutela de la referencia no cumple con
los requisitos de procedibilidad y, en ese orden, es improcedente. Afirmó que decidir
de fondo este mecanismo invadiría la órbita del juez ordinario y su autodominio.

1.6.2 El Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla evidenció que, en
este caso, se cuestiona una providencia que fue emitida por otra autoridad, la cual
explicó con suficiencia las razones por las cuales se debía anular la Resolución SUB
273082 de 2018 y ajustar la pensión de la ahora accionante.

Mostró que la tutelante no argumentó dentro del proceso ordinario los
planteamientos que presenta en este mecanismo, ya que en la contestación de la
demanda no alegó lo relativo a la ineficacia del traslado de régimen pensional por
falta de asesoría y/o información.

1.6.3 El Tribunal Administrativo del Atlántico puso de presente que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2 hace exigible el
requisito temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores que al margen de que
se hubieran hecho beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 ejusdem,
optaron voluntariamente por el RAIS para realizar los aportes obligatorios con
destino a pensión.

1 Sentencia SU-130 de 2013.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de noviembre de 2019.

Rad. 25000-23-42-000-2012-02008-01 (1379-2014). M.P. William Hernández Gómez.

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Precisó que la postura jurídica descrita en un inicio no fue pacífica, en la medida en
que existían providencias que señalaban que bastaba ya sea la edad o el tiempo de
servicio para conservar el régimen de transición, en los eventos de traslado de
régimen pensional.

En todo caso, destacó que este mecanismo no es procedente porque no se acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 26 de
septiembre de 2015, denegó el amparo impetrado.

Consideró que en el asunto sub examine se configuran los requisitos generales de
procedibilidad, por cuanto:

[…] (i) la accionante identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la
demanda, así como los derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la
accionante utilizó los mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia
cuestionada no procede ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro
de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada ; (iv) el
asunto es relevante constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos
fundamentales por presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no
pudieron ser propuestos en el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia
cuestionada revocó el fallo apelado para, en su lugar, acceder a las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho; y (v) no se trata de una decisión proferida en
sede de tutela.

Estimó que no están configurados «los defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución» invocados, puesto que Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, valoró íntegramente las pruebas y aplicó las
normas y jurisprudencia rectoras al caso concreto.

Insistió en que la autoridad accionada sí efectuó un análisis probatorio, normativo y
jurisprudencial, ejercicio que le permitió concluir «que el traslado de régimen
pensional de la actora implicó la renuncia al beneficio de transición».

Aclaró que si bien es cierto que el tribunal accionado «determinó que el traslado de
régimen pensional de la actora implicó su renuncia al beneficio de transición, de
acuerdo con lo dispuesto en los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
y no se pronunció sobre la legalidad o la eficacia del traslado, [también lo es que]
ello se debió a que este punto no hizo parte de la litis del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues, en él, la actora no presentó el reproche que
ahora alega».

Especificó que no se configura el defecto sustantivo porque el aludido tribunal
efectuó un análisis razonable de las normas aplicables al debate del proceso
ordinario y «aunque no se refirió expresamente a algunas de las normas cuyo
desconocimiento alega la actora en sede de tutela, ello [igualmente] se debió a que
ese punto no fue objeto de debate en el proceso ordinario».

Determinó que no se estructura una violación directa de la Constitución Política
porque la providencia cuestionada se fundó en la jurisprudencia de la Corte

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Constitucional y del Consejo de Estado y no en la de la Corte Suprema de Justicia
porque esta última no resulta aplicable a una servidora de la Rama Judicial.

Limitó que, lo que atañe con la omisión de Colpensiones de demandar la Resolución
SUB 81841 de 2019, es importante considerar que ese tema no fue objeto de debate
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad
de lesividad. De ahí que de esa circunstancia no se puede predicar una vulneración
de derechos fundamentales, máxime cuando el tribunal «se limitó a pronunciarse
sobre los planteamientos de las partes en el proceso ordinario».

Recalcó que la autoridad accionada «sí hizo un estudio razonable de las pruebas
disponibles en el proceso ordinario y, sumado a ello, la accionante no especificó las
razones por las que considera que se configuró este defecto».

1.8. Impugnación

Con escrito recibido el 20 de octubre de 2025, la señora Mercedes Torres de
Mogollón impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto el tribunal no analizó
normas que debía aplicar, como las relativas al «deber de información sobre el cual
se estructura la libertad de elección de régimen pensional, cuyo desconocimiento
vulnera directamente el derecho fundamental a la seguridad social».

Reiteró que la controversia del proceso ordinario debió fundarse en un análisis
íntegro de la jurisprudencia y las disposiciones rectoras en virtud del principio de
inescindibilidad. Iteró que el tribunal no consideró la jurisprudencia aplicable ni «lo
establecido en el literal “b” del artículo 13, artículo 271 y artículo 272 de la Ley 100
de 1993; así como en el inciso 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, y artículos
10 y 12 del Decreto 720 de 1994, puntos de derecho de obligatorio abordaje por la
Sala de Decisión accionada, los cuales erigen el deber de información de los
operadores de seguridad social en pensiones y la garantía de libertad de elección
de los afiliados».

Enfatizó que la autoridad accionada debió ser más cuidadosa en su estudió jurídico,
por cuanto ella no tuvo la oportunidad de pronunciarse en sede del recurso de
apelación por estar conforme con lo decidido por el Juzgado Once del Circuito
Judicial de Barranquilla.

Subrayó que estudió del tribunal se enfocó en el régimen de transición por tiempo
de servicio de cara al cambio de régimen pensional, sin valorar si ese traslado fue
o no eficaz según las reglas de la debida información y derecho a la libertad de
elección.

Insistió en que se desconoció la sentencia SL2929-2022, la cual abordó un caso de
contornos similares al suyo y, por contera, hizo un análisis de la no pérdida del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por el traslado de una afiliada del RAIS
al RPMPD.

Reafirmó que como la Resolución SUB 81841 de 2019, que actualizó su pensión al
retiro efectivo del servicio no fue enjuiciada por Colpensiones, mantiene sus efectos
y gobierna su situación pensional. De ahí que el fallo cuestionado, por restringir su
análisis y decisión a la Resolución SUB 273082 de 2018, carece de alcance.

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Señaló que, en todo caso, no se puede soslayar que la Resolución SUB 273082 de
2018 es un acto de ejecución en la medida en que no excedió lo ordenado en la
sentencia de tutela y, por lo mismo, no era pasible de control judicial. Añadió que,
además, se encuentra configurada la excepción de cosa juzgada, por lo que la
decisión cuestionada en este mecanismo debió sustraerse de estudiar la legalidad
de la aludida resolución e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

En este punto, resulta importante evidenciar que los argumentos de la impugnación
consistentes en que la Resolución SUB 273082 de 2018 es un acto de ejecución y
en el proceso ordinario operó la cosa juzgada no fueron expuestos en el escrito
inicial de la tutela; motivo por el cual, la Sala se abstendrá de referirse a esos
asuntos, pues de hacerlo, desconocería los derechos fundamentales de defensa y
debido proceso de la contraparte, quien no tuvo la oportunidad de oponerse a los
mismos, así como la doble instancia al no existir pronunciamiento previo sobre el
particular.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre
los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados
se abordará; y (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),

3 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de

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amparo constitucional contra una decisión judicial «[...] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto sub examine la señora Mercedes Torres de Mogollón cuestiona la
sentencia del 5 de junio de 2025, que revocó la decisión de primera instancia que
denegó las pretensiones de Colpensiones en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-011-2024-00101-00//01,
por incurrir en defectos sustantivo y fáctico, y en violación directa de la constitución,
pues (i) no analizó los lineamientos normativos que erigen el derecho a la libertad
de elección de régimen pensional, el deber de información, la asesoría y el buen
consejo, contenidos en el literal b del artículo 13, artículos 271 y 272 de la Ley 100
de 1993; inciso 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y artículo 10 del Decreto
720 de 1994; (ii) no valoró, en definitiva, si el traslado del RAIS al RPMPD fue o no
eficaz; (iii) no atendió la sentencia SL2929-2022 de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia; y (iv) no se percató que la Resolución SUB 81841 de
2019 aún mantiene sus efectos y gobierna su situación prestacional.

Para descender al caso concreto, resulta pertinente hacer un recuento de las
actuaciones relevantes del proceso ordinario, así:

• Colpensiones demandó la Resolución SUB 273082 de 2018, porque
consideraba que ese acto soslayó que la señora Mercedes Torres de Mogollón no
mantuvo el régimen de transición, pues no tenía 15 años de servicio a la entrada en
vigor del Sistema General de Pensiones. De ahí que la pensión de jubilación
reconocida en los términos del Decreto 546 de 1971 no se ajustaba a derecho.

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Demandante: Mercedes Torres de Mogollón
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

• La demandada (ahora accionante), en la contestación de la demanda, afirmó
que sí es beneficiaria del régimen de transición del inciso 2 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, así como del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 por haber sido
empleada de la Rama Judicial, desde el 20 de enero de 1987 hasta el 31 de marzo
de 2019. Aclaró que basta con que se cumpla la edad o el tiempo de servicio
previstos en el aludido artículo 36, para que se apliquen las reglas del anterior
régimen pensional.

Aseveró que la resolución enjuiciada es un acto de ejecución, en la medida en que
dio cumplimiento a lo ordenado por un juez constitucional. Añadió que también
existe cosa juzgada, porque el fallo de tutela del 26 de julio de 2012 del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, definió su situación
pensional.

Evidenció que la sentencia SU 130 de 2013, que indica que el traslado del RAIS al
RPMPD es viable, sin pérdida del beneficio de la transición, si se acreditan 15 años
de servicio a la fecha de entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, es
posterior al acto de reconocimiento de su pensión de jubilación que fue expedido en
el 2011.

Mostró que, antes de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, existían
decisiones de esa Corporación que posibilitaban de forma amplia recuperar el
régimen de transición.

Finalmente, enfatizó que realizó el traslado del RAIS al RPMPD dentro del periodo
de gracia que otorgó la Ley 797 de 2003 y propuso las excepciones de ineptitud
sustantiva de la demanda porque el acto atacado no es susceptible de control
judicial, cosa juzgada y legalidad del acto demandado.

• El Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del
18 de diciembre de 2024, declaró no probada la excepción de cosa juzgada y negó
las pretensiones de la demanda. Lo anterior, porque (i) no hay cosa juzgada, si se
atiende que el fallo de tutela del 26 de julio de 2012, que dio lugar a la Resolución
SUB 273082 del 18 de octubre de 2018, estaba encaminado a la protección de
derechos fundamentales, mientras que el medio de control, objeto de conocimiento,
propende por determinar la nulidad de ese acto administrativo; (ii) la resolución
enjuiciada es pasible de control judicial y (iii) la señora Mercedes Torres de Mogollón
es beneficiaria de la transición de la Ley 100 de 1993 y del régimen de pensiones
establecido en el Decreto 546 de 1971, sin que el traslado del RAIS al RPMPD
pueda afectar sus derechos adquiridos.

• Colpensiones impugnó lo decidido, en atención a que la entrada en vigor del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial fue el 30 de junio de 1995; para
esa data, la demandada (hoy tutelante) no acreditaba 15 años de servicio, requisito
sine qua non para mantener el régimen de transición, en los eventos de traslado del
RAIS al RPMPD.

• El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante
sentencia del 5 de junio de 2025, revocó lo decidido por el a quo para, en su lugar,
declarar la nulidad de la Resolución SUB 273082 de 2018 y ordenar a Colpensiones

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Demandante: Mercedes Torres de Mogollón
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

reliquidar la pensión de la señora Torres Mogollón de acuerdo con lo establecido en
la Ley 100 de 1993, «al no ser beneficiaria del régimen de transición.»

Fundó su decisión en que la antes nombrada (i) para el 30 de junio de 1995, contaba
con 41 años de edad y 8 años y 5 meses de servicio, por lo que, en principio era
beneficiaria del régimen de transición; (ii) presentó un traslado del RAIS al RPMPD
el 3 de diciembre de 2003, que hace que no se puedan aplicar las previsiones de
los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6º del Decreto 456 de 1971; y (iii) renunció
voluntariamente a las referenciadas prerrogativas, conforme a la jurisprudencia
rectora, así:

56. Con el fin de dar solución a este cargo, la Sala recuerda que, los incisos 4° y 5° de
la Ley 100 de 1993 consagra la inaplicabilidad del régimen de transición para aquellas
personas que al momento de entrar en vigencia la norma tengan 35 o más años de
edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, cuando voluntariamente
se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), o hayan escogido
este régimen y después decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Situación de la que se excluye únicamente a los que acrediten haber cumplido con 15
o más años de servicio para el momento en que entró en vigor la Ley 100 de 1993.

57. Lo anterior, a pesar de que ha sido objeto de varios pronunciamientos, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, lo cierto es que la postura más
reciente ha sido la trazada por la Sentencia de Constitucionalidad de la Corte
Constitucional del año 2002 referente a los incisos mencionados, misma que sirvió
posteriormente como fundamento para que la Corte unificara la postura, estableciendo
que, no es posible aplicar el beneficio de transición para aquellas personas que
voluntariamente se acojan al RAIS, o hayan escogido este régimen y después decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida; mismos argumentos que han sido
aplicados por el Consejo de Estado de manera reiterada.

58. Así las cosas, la señora Mercedes Torres de Mogollón cumplió con el requisito de
la edad para acceder al beneficio de la transición, mas no con el tiempo de servicio,
pues para el 30 de junio de 1995 contaba con 8 años y 6 meses de servicio, siendo
requeridos un total de 15 años o más. En este sentido, le es aplicable la condición
establecida en los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, si
quería permanecer como beneficiaria de la transición, no debía trasladarse al régimen
de ahorro individual con solidaridad (RAIS), ni haber escogido este régimen y
posteriormente decidir cambiarse al de prima media con prestación definida; situación
que sí realizó, y en consecuencia renunció voluntariamente al beneficio de transición.

Concluyó que a Colpensiones le asiste razón al solicitar la nulidad de la Resolución
SUB 273082 de 2018, en la medida en que la demandada «no es beneficiaria del
régimen de transición, al haber escogido el régimen de ahorro individual con
solidaridad, para posteriormente […] cambiarse al de prima media con prestación
definida, sin que hubiese cumplido con 15 años de servicios con anterioridad al 30
de junio de 1995, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993.»

De la revisión de las anteriores actuaciones, los cargos planteados por la tutelante,
el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, la Sala estima
que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.

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Demandante: Mercedes Torres de Mogollón
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Como se vio, la controversia del proceso ordinario giró en torno a establecer si la
señora Mercedes Torres de Mogollón mantuvo o no los beneficios del régimen de
transición para, luego, definir la norma que gobierna su situación pensional. El
tribunal accionado concluyó que la tutelante, con el traslado del RAIS al RPMPD,
renunció voluntariamente a las prerrogativas de los artículos 36 de la Ley 100 de
1993 y 6º del Decreto 456 de 1971 y, por ende, le son aplicables las previsiones de
la Ley 100 de 1993.

Acorde con lo analizado, se hace evidente que la tutelante con los defectos
alegados busca imponer su posición de que mantuvo el régimen de transición, la
cual estima más acertada y favorable a sus intereses, que la que se plasmó en la
sentencia cuestionada. Ejercicio que no tiene un contenido iusfundamental, sino
meramente legal.

Respecto de lo expuesto, se advierte que la administración de justicia garantiza que
los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
determinaciones vía acción de tutela.

Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.

En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por la actora no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
un aspecto legal que ya fue abordado y zanjado por el juez natural.

En consecuencia, se considera que, si bien la accionante intenta exponer las
razones por las cuales considera que la Corporación accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una
simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, lo cual, per se,
no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.

En tal medida, esta Sala de decisión revocará lo decidido por el a quo para, en su
lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 26 de septiembre de 2025, mediante la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó el amparo solicitado.
En su lugar, declárase la improcedencia de la acción de tutela.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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