RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05097-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05097-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05097-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la acción y, en su lugar, negar el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05097-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05097-01
Accionante: UNIÓN TEMPORAL CONSTRUIMOS ABH
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Auto que se abstuvo de librar
mandamiento de pago. REVOCA-NIEGA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUIMOS ABH pretende que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, así como el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal, los
cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Primero Administrativo de San Gil con los autos del 27 de junio de 2025 y
3 de marzo de 2025 proferidos, respectivamente, en el proceso ejecutivo, al que se
le asignó el radicado 68679-33-33-001-2022-00280-00.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La accionante narra que el 5 de agosto de 2019 suscribió el Contrato de Obra
Pública 081-2019 con el alcalde del municipio de Jesús María (Santander), cuyo
objeto fue la remodelación de las áreas odontológicas – área administrativa del
centro de salud del Sagrado Corazón de Jesús de ese ente territorial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

Que el 9 de octubre de 2019, se suscribió el Acta de Recibo Final del Contrato; el
17 de diciembre de 2019, presentó la Factura 0001 ante el municipio por valor de $
144.424.028,50; y el 26 de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de Liquidación
del Contrato, en la que se ordenó el pago de dicha suma.

Que no se efectuó el pago de la totalidad adeudada, por lo cual el 19 de diciembre
de 2022, instauró demanda ejecutiva contractual, con fundamento en el título
ejecutivo complejo compuesto por el Acta de Recibo Final, el Acta de Liquidación y
la Factura de Venta 0001 de 2019 derivados del Contrato de Obra Pública 081-
2019.

Que el 3 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San
Gil negó el mandamiento ejecutivo porque estimó que el objeto consignado en el
acta de liquidación difería del señalado en los otros documentos allegados y que la
ejecutante afirmó que el municipio realizó un pago por valor de $ 31.142.866,50,
pero no existía prueba que soportara esa afirmación.

Que interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y el 27 de junio de
2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el auto recurrido porque
determinó que los documentos que conformaban el título ejecutivo no eran claros y
precisos respecto a la identificación de la obligación allí contenida.

Considera que las autoridades judiciales incurrieron en violación directa de la
Constitución porque desconocieron los artículos 29, 83, 228 y 229 superiores, al
únicamente tener en cuenta el Acta de Liquidación para sostener que el título
ejecutivo no era claro, por un error de digitación o transcripción que difiere del objeto
contractual establecido en el encabezado de dicha Acta, así como en el Acta de
Recibo Final, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en el Registro
Presupuestal y en el propio Contrato.

Que pasaron por alto que dichos documentos fueron los mismos que aportó el
municipio de Jesús María, en respuesta a la solicitud de copias auténticas, por lo
cual se presumían auténticos en los términos de los artículos 25 del Decreto 19 de
2012 y 244 (incisos 2 y 4) del Código General del Proceso.

Que el Juzgado y el Tribunal también incurrieron en defecto fáctico y procedimental
por exceso ritual manifiesto, ya que no efectuaron un estudio entre las pretensiones,
las cuales estaban dirigidas a que se librara mandamiento de pago a su favor por la
suma de $ 113.81.162 por lo adeudado en atención a la Factura 001 del 17 de
diciembre de 2019 recibida por el municipio de Jesús María dentro del Contrato de
Obra Pública 081-2019, y las pruebas documentales aportadas que en su totalidad
hacían referencia al objeto contractual de remodelación de las áreas de odontología-
área administrativa del centro de salud del Sagrado Corazón de Jesús de ese ente
territorial.

Que lo anterior permitía inferir razonablemente que en el artículo 1 del Acta de
Liquidación hubo un error de digitación y/o transcripción, pues es totalmente claro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

que ese era el objeto, y además de la lectura del Acta se evidenciaba que la
obligación era clara, pues el valor está discriminado y soportado en el balance
financiero obrante en el mismo documento; expresa, al contener un saldo a su favor;
y exigible, por no estar sometida a plazo o condición.

Que no comparte el argumento de los jueces administrativos consistente en que no
allegó prueba del pago parcial que se efectuó, lo que impedía librar el mandamiento,
pues como parte ejecutante no tiene la carga de la prueba respecto a los soportes
de pago, en tanto ello corresponde a quien realizó la consignación.

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos los autos del 3 de marzo y 27 de junio de 2025 proferidos
por el Juzgado Primero Administrativo de San Gil y el Tribunal Administrativo de
Santander, respectivamente, y ordenar que se libre mandamiento de pago.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 22 de agosto de 2025, se admitió la acción; y se corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Primero Administrativo de San Gil remitió copia del expediente del
proceso ejecutivo, sin pronunciarse sobre la tutela.

El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 2 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró
improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, en la medida que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación contra el auto en el que se negó el mandamiento de pago coinciden con
los esgrimidos para sustentar la tutela, lo que evidencia que la parte actora no busca
poner de presente la concreción de los defectos alegados, sino reabrir el debate
respecto a la conformación del título ejecutivo complejo, al insistir en que el Acta de
Liquidación tuvo un error mecanográfico en relación con el objeto contractual y en
que el título era claro, expreso y actualmente exigible.

Que la autoridad judicial accionada resolvió el asunto con argumentos suficientes,
por lo que no puede pretenderse un análisis del tema ahora en esta sede, en tanto
el estudio de las providencias por esta vía involucra los principios de independencia
y autonomía judicial, la preclusión de los procesos y la cosa juzgada, por lo cual la
simple disparidad de criterio no constituye una vulneración de derechos
fundamentales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que el asunto sí reviste
relevancia constitucional, pues se invoca la violación del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, de la buena fe, de la confianza legítima, del
acceso a la administración de justicia y del debido proceso.

Adujo que los jueces ordinarios solo tuvieron en cuenta el Acta de Liquidación para
afirmar que el título ejecutivo no era claro, pero no evidenciaron que se trató de un
error mecanográfico o de transcripción que difiere del objeto contractual establecido
en el Contrato ni analizaron el encabezado del Acta, en el que se mencionó el objeto
real; el certificado de disponibilidad presupuestal; el registro presupuestal y el propio
Contrato.

Insistió en que pasaron por alto que el municipio de Jesús María aportó los mismos
documentos que se allegaron con la presentación de la demanda y manifestó que
los documentos correspondían a la primera copia auténtica tomada del original que
reposaba en el archivo del expediente contractual, con excepción del Acta de
Recibo Final que obraba en copia, en respuesta a la solicitud de copias auténticas.

Que con la interpretación efectuada por las autoridades judiciales se le cerró toda
posibilidad de acudir a la jurisdicción administrativa, sin permitir que el municipio
ejerza su derecho de defensa, lo que implica una vulneración de sus derechos
fundamentales y demuestra que no se trata de una discusión meramente legal o
económica.

Afirmó que no pretende crear una tercera instancia, sino acreditar la transgresión
de sus derechos fundamentales y la configuración de los defectos de los que
adolecen las decisiones judiciales, por lo cual solicitó revocar la sentencia recurrida
y, en su lugar, acceder al amparo.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional, que no se
encontró satisfecho en primera instancia de esta acción, pues solo en ese caso,
habría lugar al estudio de los disensos de la parte actora.

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por la accionante es lograr la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados con los autos discutidos por la incursión en los defectos
de violación directa de la Constitución, fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto, mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía
e independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una
instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el 13 de
agosto de 2025 se notificó por estado el auto del 27 de junio de ese año y a los dos
días se instauró esta acción; ii) se está invocando una irregularidad procesal que
podría tener un efecto decisivo; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial
con los que se contaba; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de
la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y v) no se trata de una
sentencia de tutela.

En consecuencia, se procederá al estudio de fondo respecto al auto mencionado
por ser el que puso fin al litigio. En dicho proveído el Tribunal Administrativo de
Santander analizó los documentos que la parte ejecutante aportó como constitutivos
del título ejecutivo, esto es, la copia del Contrato de Obra Pública 081-2019 del 5 de
agosto de 2019, los certificados de disponibilidad presupuestal 19-00126 del 22 de
marzo de 2019 con registro presupuestal 190157 y 19-00126 del 5 de agosto de
2019 con registro presupuestal 19-00654, el Acta de Recibo Final del Contrato del
9 de octubre de 2019 y el Acta de Liquidación del Contrato suscrita el 26 de
diciembre de 2019.

El estudio de dichos elementos materiales, le permitió evidenciar que existían dos
certificaciones de disponibilidad presupuestal expedidas por la entidad territorial
proferidas en fechas y por valores distintos (22 de marzo de 2019 por la suma de $
146.138.292 y 5 de agosto de 2019 por la suma de $ 144.424.210.24) y que en el
Acta de Liquidación del Contrato se presentaba una imprecisión en relación con la
identificación del objeto contractual, ya que se referenció un objeto en el cuadro de
identificación del documento y otro distinto en el contenido del numeral 1 de la parte
resolutiva.

Además, observó que se solicitó el pago de la suma contenida en el Acta de
Liquidación, pero esta era distinta al valor señalado en una de las certificaciones
presupuestales, documento en el que se indicaba un valor superior al liquidado, y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

que no se aportó la constancia de pago supuestamente efectuado por la entidad
territorial el 30 de diciembre de 2019, como se indicó en la demanda, pese a que
era un documento necesario para determinar con claridad la suma adeudada.

Lo anterior llevó a la autoridad judicial a concluir que la decisión recurrida estaba
ajustada a derecho, pues los documentos que conformaban el título ejecutivo no
eran claros y precisos sobre la identificación de la obligación, lo que impedía librar
mandamiento de pago.

Efectuado el recuento de los argumentos de la autoridad judicial, esta Subsección
observa que el Tribunal Administrativo de Santander valoró todos los documentos
que componían el título ejecutivo y que fueron aportados por la UNIÓN TEMPORAL
CONSTRUIMOS ABH, pero encontró varias inconsistencias que no se limitaron a la
diferencia del objeto contractual contenida en el Acta de Liquidación, como lo
pretende hacer ver la parte actora, sino, adicionalmente, a la falta de claridad sobre
el valor adeudado, tanto por la ausencia de la constancia de pago parcial como la
presencia de dos certificados de disponibilidad presupuestal diversos entre sí,
aspecto este último que la accionante no desvirtúa en esta sede.

En todo caso, la incongruencia presentada en el Acta de Liquidación respecto al
objeto del Contrato de Obra no permitía librar mandamiento de pago, pues generaba
dudas sobre la obligación, como lo estableció la autoridad judicial.

Ahora, si bien la parte actora alega que los documentos debían presumirse
auténticos, lo cierto es que ese aspecto no fue objeto de discusión por la autoridad
judicial, quien no afirmó que no existiera certeza de su autoría, sino que evidenció
que no existía claridad frente a la obligación reclamada.

En ese orden de ideas, no se encuentra demostrado el defecto fáctico alegado, pues
no existió una omisión en la valoración probatoria ni un estudio alejado de la realidad
procesal o de las reglas de la sana crítica.

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se observa que el
Tribunal Administrativo de Santander basó su decisión en los aspectos demostrados
en el proceso, con respeto del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal.

Contrario a lo manifestado por la parte actora, la autoridad judicial sí analizó las
pretensiones de la ejecutante en relación con las pruebas allegadas; precisamente
fue esa situación la que le permitió advertir que UNIÓN TEMPORAL
CONSTRUIMOS ABH pretendía el pago de la suma contenida en el Acta de
Liquidación, pero esta era distinta a una de las certificaciones presupuestales y no
se aportó la constancia de pago parcial realizada por la entidad territorial ejecutada.

No resulta de recibo el argumento de la actora consistente en que no le
correspondía aportar dicha constancia, pues ello debía efectuarlo el ente territorial,
pues si pretendía que se librara mandamiento de pago era su deber aportar el título

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 09 7- 0 1

ejecutivo completo.

Por último, se advierte que tampoco se encuentra estructurada la violación directa
de la Constitución, pues se garantizaron los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los principios de buena
fe, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y cosa juzgada, como quedó
demostrado con el análisis precedente.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la
acción y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la acción y,
en su lugar, negar el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.