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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05114-00

Constitución: violación del régimen de conflicto de intereses – presupuestos para su

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05114-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura invocadas contra Juan Felipe Corzo Álvarez, representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander para el período constitucional 2022-2026, por las razones expuestas. SEGUNDO: COMUNICAR lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. TERCERO: SIN CONDENA en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05114-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 17 ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina
Congresista: Juan Felipe Corzo Álvarez
Referencia: Pérdida de investidura

TEMAS: PÉRDIDA DE INVESTIDURA – CAUSALES – son de naturaleza sancionatoria,
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 1.ª DEL ARTÍCULO 183 DE LA
CONSTITUCIÓN – violación del régimen de conflicto de intereses – presupuestos para su
configuración – beneficio particular, actual y directo del congresista en un asunto que conozca
en razón de sus funciones – inaplicabilidad en elecciones por voto secreto conforme al literal f)
del artículo 286 de la Ley 5.ª de 1992 – salvedades. CAUSAL 5.ª DEL ARTÍCULO 183 DE LA
CONSTITUCIÓN – tráfico de influencias debidamente comprobado – presupuestos para su
configuración – que el congresista invoque su investidura ante un servidor público para influir
en un asunto, ejerciendo presión sin importar jerarquía – el voto secreto no constituye, por sí
mismo, acto de influencia indebida. NIEGA LAS PRETENSIONES – no se acreditan todos los
supuestos del elemento objetivo de la causal de violación al régimen de conflicto de intereses
ni la causal subsidiaria de tráfico de influencias debidamente comprobado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Agotado el trámite procesal correspondiente, la Sala 17 Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura decide, en primera instancia, la solicitud de pérdida de
investidura presentada por Guillermo Sandoval Medina contra Juan Felipe Corzo
Álvarez, representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander
para el período constitucional 2022-20261.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 12 de junio de 2024 se eligió a Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor
general de la República. En la respectiva votación participó el congresista Juan
Felipe Corzo Álvarez.

Guillermo Sandoval Medina (en lo sucesivo el solicitante) solicita que se declare la
pérdida de investidura de Juan Felipe Corzo Álvarez, representante a la Cámara

1 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
presentación de la solicitud de pérdida de investidura -19 de agosto de 2025-, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1881 de 2018, en concordancia con la Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021 y, de forma subsidiaria, con el C.G.P., en virtud de la integración
normativa dispuesta por el artículo 21 del primero de los estatutos mencionados.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

por el departamento de Norte de Santander para el período constitucional 2022-
2026 (en lo sucesivo el congresista), al considerar que incurrió en la causal prevista
en el numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, específicamente, por
violación del régimen de conflicto de intereses, en sentir del solicitante, configurado
el 12 de junio de 2024 cuando el congresista ejerció su voto en la elección del
contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pese a
encontrarse impedido.

En subsidio, el solicitante invoca el numeral 5.º ibidem, por tráfico de influencias
debidamente comprobado, sustentado en el voto emitido por el congresista, la
cercanía pública entre este y el contralor electo y el nombramiento de un pariente
suyo en el cargo de contralor provincial, grado 01, de la Gerencia Departamental
de Norte de Santander.

II. ANTECEDENTES

1. La solicitud de pérdida de investidura

1.1. Pretensiones

El 19 de agosto de 20252, Guillermo Sandoval Medina presentó solicitud de pérdida
de investidura contra Juan Felipe Corzo Álvarez, representante a la Cámara por el
Departamento de Norte de Santander para el período constitucional 2022-2026, en
la que formuló las siguientes pretensiones3:

“[…] PRINCIPALES

1. Se declare que el congresista Juan Felipe Corzo Álvarez, Representante a la
Cámara por el Partido Centro Democrático incurrió en la causal de pérdida de
investidura consagrada en el numeral 1 del artículo 183 Constitucional.

2. Se declare la pérdida de investidura del congresista Juan Felipe Corzo Álvarez,
Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático por haber incurrido en
la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 1 del artículo 183
Constitucional […].

[…] SUBSIDIARIAS

H. Consejeros de Estado, en caso de no encontrar procedentes las pretensiones
principales, respetuosamente solicito conceder las siguientes:

1. Se declare que el congresista Juan Felipe Corzo Álvarez, Representante a la
Cámara por el Partido Centro Democrático incurrió en la causal de pérdida de
investidura consagrada en el numeral 5 del artículo 183 Constitucional.

2. Se declare la pérdida de investidura del congresista Juan Felipe Corzo Álvarez,
Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático por haber incurrido en

2 Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento “ED_Demanda”.
3 Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento “ED_Demanda”, págs. 42 y 43.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 5 del artículo 183
Constitucional […]”.

1.2. Presupuestos fácticos

Como sustento de sus pretensiones, el solicitante narró que el 13 de julio de 2022,
Juan Felipe Corzo Álvarez fue elegido como representante a la Cámara por el
departamento de Norte de Santander para el período constitucional 2022-2026.

Señaló que, el 1 de agosto de 2022, el congresista contrajo matrimonio con Paola
Estefany Capacho Monterrey, hermana de Wilden Fabián Capacho Monterrey, en
cuyo efecto surgió el parentesco en segundo grado de afinidad entre este último y
el congresista.

Expuso que, desde 2022, el Grupo de Responsabilidad Fiscal de Norte de
Santander de la contraloría general de la República vinculó a Wilden Fabián
Capacho Monterrey a los procesos de responsabilidad fiscal identificados con los
radicados núms. PRF-801112-2021-39532 y PRF-80542-2021-40082.

Manifestó que el 12 de junio de 2024, el Congreso de la República eligió a Carlos
Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República. Destacó que
el congresista participó de manera directa y efectiva en la elección del contralor,
ejerciendo su voto sin manifestar impedimento alguno, a pesar de que las
investigaciones fiscales adelantadas contra su pariente en segundo grado de
afinidad se encontraban vigentes y de que la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes le había advertido sobre la existencia de múltiples solicitudes de
impedimento presentadas por otros congresistas que se encontraban en similar
situación. A lo anterior, el solicitante añadió que el congresista abrazó al contralor
electo luego de su votación.

Señaló que el 16 de junio de 2025, el contralor general de la República expidió la
Resolución núm. ORD-81117-03442-2025, mediante la cual nombró a Wilden
Fabián Capacho Monterrey en el cargo de contralor provincial, grado 01, en la
Gerencia Departamental de Norte de Santander, asignado al equipo de
Participación Ciudadana. Sobre este particular, afirmó que el congresista votó por
el Contralor Rodríguez Becerra para que éste nombrara a su pariente como
contralor provincial.

Informó que, ese mismo día, Wilden Fabián Capacho Monterrey presentó
declaración juramentada para tomar posesión del cargo, en la cual manifestó que
no tenía vínculo de parentesco en segundo grado de afinidad con congresistas.

Sostuvo que, el 19 de junio de 2025, Wilden Fabián Capacho Monterrey tomó
posesión del cargo de contralor provincial, grado 01, en la Gerencia Departamental
de Norte de Santander.

3

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

Indicó que, el 1 de julio de 2025, Wilden Fabián Capacho Monterrey renunció al
referido cargo y, en la misma fecha, el contralor general de la República aceptó la
renuncia, con efectos inmediatos.

Sobre la relación entre el congresista y Wilden Fabián Capacho Monterrey, informó
que estaba determinada por el parentesco en segundo grado de afinidad civil,
“materialmente cercana con vocación permanente”, porque ambos habían
participado en diversos actos propios de la vida familiar, que se evidenciaban en
sus redes sociales públicas.

Finalmente, expresó que el congresista y Wilden Fabián Capacho Monterrey habían
participado conjuntamente en diversos actos de carácter político. Afirmó que
Capacho Monterrey fue avalado por el movimiento político del congresista y resultó
electo como alcalde del municipio de Labateca, Norte de Santander, para el período
2020–2023.

1.3. Las causales de pérdida de investidura invocadas y su fundamento

Causal 1.ª del artículo 183 de la Constitución Política

El solicitante sostuvo que se configuró la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución Política, la cual establece “Los
congresistas perderán su investidura: […] 1. Por violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”, porque,
en su sentir, se acreditaban los siguientes elementos objetivos:

(i) La calidad de congresista de Juan Felipe Corzo Álvarez, elegido como
representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander para el
período constitucional 2022-2026;

(ii) La votación del congresista en la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra
como contralor general de la República;

(iii) Que el congresista no manifestó impedimento para votar en la elección del
contralor general de la República, desconociendo así lo previsto en el artículo 1824
de la Constitución Política y en el artículo 2865 de la Ley 5 de 1992;

(iv) Que el congresista tenía un interés de índole moral, real, directo y actual en la
elección del contralor general, porque su pariente en segundo grado de afinidad -

4 “Articulo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los
asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de
intereses y las recusaciones” (Destacado incluido en el texto citado en la solicitud).
5 “Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas

deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. […].
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto
secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco
con los candidatos […]” (Destacado incluido en el texto citado en la solicitud).
4

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

Wilden Fabián Capacho Monterrey - estaba formalmente vinculado a los procesos
de responsabilidad fiscal identificados con los radicados núms. PRF-801112-2021-
39532 y PRF-80542-2021-40082, y el contralor tenía competencia prevalente y
jerárquica para intervenir en los procesos fiscales en instancias provinciales, incluso
archivarlos, reasumirlos o designar funcionarios para que los tramitaran.

Además, estimó que este interés se consolidó posteriormente cuando el contralor
general nombró a Capacho Monterrey como contralor provincial, otorgándole
potestades funcionales en la misma entidad que tramitaba sus procesos, aun
cuando estaba inhabilitado según el artículo 1266 de la Constitución. Al respecto,
explicó que el beneficio recibido fue particular y concreto, en favor de un pariente
en segundo grado de afinidad del congresista.

Por otra parte, consideró que se establecía el elemento subjetivo, porque el
congresista actuó “como mínimo” con culpa grave, toda vez que: (i) tenía el deber
de conocer la ley y obrar con prudencia y diligencia; (ii) conocía los procesos de
responsabilidad fiscal que cursaban contra su pariente y decidió votar sin consultar
la procedencia del impedimento ni manifestarlo por precaución, incumpliendo el
deber objetivo de cuidado que le era exigible; (iii) la Mesa Directiva de la Cámara
de Representantes le advirtió sobre posibles conflictos de interés, informándole que
varios congresistas habían presentado impedimentos en esa misma sesión, lo que
reforzaba la obligación del parlamentario de examinar su situación particular; (iv)
tenía un estándar de diligencia mayor, por cuanto su función implica conocer y
producir normas, aún más, porque el congresista cursaba estudios de posgrado en
derecho público, circunstancia que incrementaba la exigencia de comprensión
sobre los conflictos de interés; y (v) debía conocer si sus familiares hasta el segundo
grado de afinidad incurrían en alguna circunstancia que generara algún conflicto de
interés como sucedía en este caso, “máxime cuando el congresista y su cuñado
mantienen una relación de cercanía estrecha y es parte de su movimiento político”.

Asimismo, señaló que la conducta podía ser valorada como dolosa, porque el
congresista, aun conociendo su deber de declararse impedido, decidió votar, con el
fin de obtener un beneficio para su pariente. Como indicios de ello, mencionó el
abrazo que el congresista le dio al contralor general en el momento de su elección,
el posterior nombramiento de su pariente en un cargo directivo en la Contraloría
Provincial y la renuncia presentada poco después, interpretada como un intento de
neutralizar las consecuencias de la situación.

6 “Articulo 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular,

ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con
quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan
con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior” (Destacado incluido en el texto
citado en la solicitud).
5

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

Finalmente, para sustentar su solicitud principal el solicitante refirió jurisprudencia
de esta Corporación7.

Causal 5.ª del artículo 183 de la Constitución Política

En subsidio, el solicitante invocó la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 5.° del artículo 183 de la Constitución Política, a cuyo tenor “Los
congresistas perderán su investidura: […] 5. Por tráfico de influencias debidamente
comprobado”.

En sustento, refirió que Juan Felipe Corzo Álvarez ostentaba la calidad de
congresista y tenía asignada funcionalmente la elección del contralor general de la
República, así como estimó que el voto “favorable” emitido por el congresista
configuró el acto de influencia que promovió el nombramiento de su pariente.

En este sentido, señaló que con su voto el congresista influenció en la designación
del contralor provincial en la Gerencia Departamental de Norte de Santander,
situación que consideró acreditada mediante indicios configurados en: (i) la
ausencia de manifestación de impedimento por parte del congresista, aun cuando
su pariente en segundo grado de afinidad estaba vinculado a procesos de
responsabilidad fiscal; (ii) el abrazo que el congresista le dio al candidato que resultó
electo después de la votación; (iii) el posterior nombramiento de Wilden Fabián
Capacho Monterrey en un cargo directivo en la Contraloría Provincial; y (iv) la
declaración juramentada rendida por el pariente antes de posesionarse, en la que
negó estar incurso en inhabilidad.

Asimismo, estimó que hubo un influjo psíquico del congresista en el candidato a
contralor general, porque este necesitaba el voto del congresista para ser elegido,
lo cual le creó una expectativa y una “potencial obligación” de retribuir el apoyo
mediante el nombramiento en favor del pariente en segundo grado de afinidad del
congresista, constituyendo así la dádiva o beneficio obtenido a cambio de la
influencia ejercida.

Sobre el elemento subjetivo, indicó que el congresista actuó con dolo porque
conocía que su voto era determinante en la elección del contralor general y sabía
que este contaba con amplias facultades nominadoras.

Por otro lado, advirtió que, dado el vínculo de afinidad con Wilden Fabián Capacho
Monterrey y su cercanía familiar y política, el congresista conocía y debía conocer
los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban contra su pariente, de
manera que comprendía que su participación en la elección del funcionario llamado
a decidir o influir en tales procesos estaba prohibida y, aun así, participó en la
votación con pleno entendimiento de sus consecuencias.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de

febrero de 2018, Exp. 66001-23-33-000-2017-00089-01 y sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp.
85001-23-33-000-2020-00012-02.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

2. Admisión de la solicitud de pérdida de investidura

2.1. Mediante providencia del 20 de agosto de 2025, se revisó el término de
oportunidad de la solicitud de pérdida de investidura y se devolvió para que, entre
otros aspectos8, el solicitante precisara el supuesto normativo concreto que
consideraba vulnerado, respecto a la causal 1.ª del artículo 183 de la Constitución
Política9.

2.2. El 3 de septiembre de 2025, dentro del término otorgado para el efecto, el
solicitante presentó el escrito de subsanación, en el que precisó que invocó la causal
1.ª del artículo 183 de la Constitución Política por violación al régimen de conflicto
de intereses. Asimismo, corrigió las demás falencias advertidas en el escrito inicial10.

2.3. Por auto del 9 de septiembre de 2025, se admitió la solicitud de pérdida de
investidura y se ordenó notificar al congresista y al Ministerio Público11.

3. Oposición a la solicitud de pérdida de investidura

Dentro del término del traslado el congresista, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la solicitud. Al respecto, sostuvo que12: (i) participó en la elección
del contralor general de la República, en ejercicio de su derecho al voto secreto; (ii)
que está casado con Paola Estefany Capacho Monterrey, hermana de Wilden
Fabián Capacho Monterrey, con quien mantiene una relación cordial, pero no
“materialmente cercana con vocación de permanencia”, explicando que no
pertenecen al mismo movimiento político, pues el congresista fue elegido como
representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, mientras que
Capacho Monterrey milita en el partido Alianza Verde desde el 17 de julio de 2019;
(iii) conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 286 de la Ley 5 de 1992, no es
cierto que tuviera que declararse impedido para votar en la elección del contralor
general de la República, dado que no se configuraba causal de impedimento alguna;
(iv) no es cierto que hubiera abrazado al candidato Carlos Hernán Rodríguez
Becerra, luego de la votación, pues se dirigió desde su curul hasta la urna, ubicada
junto al escritorio del secretario general, pasando cerca del candidato, quien
conversaba con otra persona y al regresar, se cruzaron brevemente en el pasillo,
donde solo hubo un apretón de manos y un leve contacto, de modo que no se
produjo abrazo alguno; (v) aún si dicho gesto se entendiera como un abrazo, ello no
constituiría una conducta contraria a derecho; y (v) no tuvo participación alguna en

8 Asimismo, se le pidió que: (i) acreditara la calidad de congresista del accionado, mediante
certificación expedida por la Organización Electoral Nacional; (ii) indicara el canal digital en el que el
Congresista recibiría las notificaciones personales; (iii) demostrara el envío electrónico de la copia
de la solicitud y sus anexos; (iv) si lo consideraba conducente, allegara o solicitara los medios de
prueba relacionados en el escrito inicial; y (v) enviara copia del escrito de subsanación al
Congresista.
9 Índice 5 de SAMAI. Documento “6Autoquedevuel”.
10 Índice 11 de SAMAI. Documento “Memorial__10”, págs. 2 a 4.
11 Índice 14 de SAMAI. Documento “15Autoqueadmite”.
12 Índice 23 de SAMAI. Documento “20_MemorialWeb_Contestacion”.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

el nombramiento de Wilden Fabián Capacho Monterrey como contralor provincial ni
en su posterior renuncia.

En este sentido, señaló que no se configuró la causal 1.ª del artículo 183 de la
Constitución Política por violación al régimen de conflicto de intereses, en la medida
en que, tras la expedición de la Ley 2003 de 2019, dicho régimen se limitó a la
discusión o votación de proyectos de ley o actos legislativos y, en materia electoral,
únicamente resultaba aplicable a los casos de parentesco entre el congresista y el
candidato elegido por el Congreso.

Así, argumentó que el régimen de conflicto de intereses no resultaba aplicable al
ejercicio del voto secreto en funciones electorales y que, durante la discutida sesión
de elección del contralor general, el Secretario General del Senado manifestó que
el artículo 286 permite que en votación secreta no se tramiten impedimentos13. A
partir de ello, afirmó que se generó una confianza legítima en el congresista, quien,
además, adujo no contar con formación jurídica especializada.

Igualmente, afirmó que no podían aplicarse los criterios jurisprudenciales anteriores
a la Ley 2003 de 2019 sobre interés directo, particular, actual e inmediato, porque
estos fueron sustituidos por los conceptos de beneficio particular, actual y directo
definidos expresamente por la mencionada norma, la cual regula de manera
específica el régimen de conflicto de intereses de los congresistas, diferenciándolo
del aplicable a concejales y diputados, como lo ha precisado la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en particular la sentencia SU-501 de
202414.

Explicó, además, que la elección del contralor general no generó beneficio alguno,
ni actual ni futuro, para el congresista o su pariente, dado que no produjo efectos en
los procesos de responsabilidad fiscal mencionados por el solicitante ni otorgó
privilegios, ganancias o exoneraciones, por lo que no se configuró un beneficio
particular, actual y directo.

Del mismo modo, alegó que no se acreditó la existencia de un acuerdo entre el
congresista y el contralor electo para beneficiar a un tercero, y que gestos como un
saludo posterior a la votación no permiten inferir tal acuerdo.

Destacó que el respaldo al candidato fue una decisión de bancada y que, al tratarse
de un voto secreto, la elección no puede atribuirse a una decisión individual;
además, el nombramiento de su pariente ocurrió un año después de la elección
discutida, constituyendo un hecho futuro irrelevante para la configuración del
conflicto de intereses.

Concluyó que tampoco se configuró el elemento subjetivo de la causal, al no
demostrarse dolo o culpa grave, pues el congresista no conocía ni tenía el deber de

13 Índice 23 de SAMAI. Documento “20_MemorialWeb_Contestacion”, Pág.20.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-501 de 28 de noviembre de 2024, Exps. T-9.321.704 y T-

9.344.130 (acumulados).
8

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

conocer la existencia de procesos de responsabilidad fiscal en los que no era parte
ni fue notificado.

Con relación a la causal 5.ª del artículo 183 constitucional, relativa al tráfico de
influencias debidamente comprobado, afirmó que no se acreditó la existencia de un
acuerdo para intercambiar su voto por el nombramiento de un pariente, ni que él
hubiera ejercido influencia indebida alguna.

Precisó que la presencia del candidato en el recinto del Congreso y el saludo a los
congresistas antes y después de la votación no constituyen prueba de un acuerdo
previo y reiteró que el apoyo al aspirante fue una decisión colectiva de la bancada
del partido.

Asimismo, señaló que el congresista no tuvo incidencia en el nombramiento
posterior de su pariente y que el tiempo transcurrido entre la elección del Contralor
General y dicha designación descartaba la existencia de un acuerdo previo.

Finalmente, indicó que las fotografías familiares allegadas como pruebas no
acreditaban los elementos de la causal invocada y que, para la fecha de la elección,
el candidato aún no tenía la calidad de servidor público, razón por la cual no podía
configurarse el ejercicio de influencia indebida, concluyendo que tampoco se estaba
acreditado el elemento subjetivo de la causal, al no demostrarse el conocimiento, la
participación o la injerencia del congresista en el nombramiento cuestionado.

A partir de lo anterior, advirtió que “no se materializaron ni se probaron las causales
de desinvestidura invocadas por el solicitante, pues de acuerdo con la Ley 2003 de
2019 en este caso se descarta el conflicto de intereses; tampoco hubo tráfico de
influencias en tanto los requisitos para su configuración no se acreditaron puesto
que no hubo ningún pacto ilícito entre el congresista y el entonces ciudadano
candidato a Contralor […]. Adicionalmente, tampoco se demostró que el congresista
Corzo Álvarez actuara de manera dolosa o gravemente culposa, al ejercer su
legítimo derecho al voto en la elección del Contralor General de la República, pues
de esa conducta no se desprende ninguna transgresión al ordenamiento jurídico”.

3.1. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

4. Decreto y práctica de pruebas

4.1. Con proveído de 23 de septiembre de 2025, se decretaron las pruebas que
cumplían los requisitos legales, se sustituyó la prueba testimonial del representante
legal de la Contraloría General de la República por el informe escrito bajo juramento
de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en su calidad de contralor general de la
República, y se negaron las demás pruebas solicitadas15.

15 Índice 26 de SAMAI. Documento “34Autoquedecret”.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

4.2. El 28 de septiembre de 2025, el solicitante interpuso recurso de reposición
contra el auto de 23 de septiembre de 2025. Así, insistió en el decreto como prueba
de la grabación de la sesión en la que fue elegido el contralor general de la
República, contenida en los enlaces del canal oficial de la red social YouTube del
Congreso y de la plataforma Google Drive16.

4.3. El 22 de octubre de 2025, se resolvió reponer parcialmente el auto proferido
el 23 de septiembre de 2025. Al respecto, se modificó el numeral primero de su
parte resolutiva y se decretó como prueba la grabación disponible en el enlace al
canal oficial de la red social YouTube del Congreso de la República, indicada por el
solicitante. En lo demás, se confirmó lo resuelto en el auto recurrido17.

4.4. El 1 de noviembre de 2025, el solicitante pidió la apertura de “incidente de
desacato” contra Carlos Hernán Rodríguez Becerra para obtener el cumplimiento
de lo ordenado por el Despacho en el auto de 23 de septiembre de 2025, respecto
al decreto del informe rendido bajo gravedad de juramento18.

4.5. El 6 de noviembre de 2025, Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó el
informe escrito rendido bajo juramento19.

4.6. Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de apertura de
incidente de desacato presentada por el solicitante20.

5. Audiencia pública

El 17 de marzo de 2026, se convocó a la audiencia pública de que trata el artículo
1221 de la Ley 1881 de 201822, la cual se llevó a cabo el 8 de abril de 2026 con la
asistencia del Ministerio Público, el congresista y su apoderado23.

5.1. La Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar
las pretensiones. Señaló que no se configuró la causal del artículo 183.1 de la
Constitución, en tanto no se acreditó un beneficio particular, directo y actual
derivado de la participación del congresista en la elección del contralor general de
la República, realizada mediante voto secreto, ni un beneficio verificable al momento
de la decisión. Indicó que los eventuales efectos de los procesos de responsabilidad
fiscal o del posterior nombramiento corresponden a escenarios futuros y reglados,
ajenos a la voluntad del nominador. Precisó que no era exigible la manifestación de

16 Índice 31 de SAMAI. Documento “Memorial__41Recurso”.
17 Índice 35 de SAMAI. Documento “43Autoqueresuel”.
18 Índice 41 de SAMAI. Documento “Memorial__48”.
19 Índices 42 y 46 de SAMAI. Documentos “48_Memorial” y “RECIBEMEMORIAL”.
20 Índice 48 de SAMAI. Documento “58Autoquerechaz”.
21 “Artículo 12. A la audiencia pública asistirá la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura

y será presidida por el magistrado ponente. Esta diligencia quedará registrada en medio magnético
para que obre dentro del expediente […]”.
22 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”.
23 Índice 69 de SAMAI. Documentos “75Audienciapubli” y “76Audienciapubli”.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

impedimento, al no existir parentesco con el candidato, supuesto que configura la
excepción del literal f) del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992. Añadió que no se probó
el conocimiento de los procesos fiscales ni la existencia de acuerdos o influencias
indebidas, lo cual fue corroborado por el informe del señor contralor general de la
República. Concluyó que los hechos alegados carecen de entidad probatoria para
desvirtuar que la elección y el nombramiento obedecieron a criterios objetivos y
legales.

De igual forma, sostuvo que tampoco se configuró la causal subsidiaria del artículo
183.5 constitucional, por cuanto no se acreditó que el congresista hubiera invocado
su investidura, ejercido influencia indebida, intervenido en el nombramiento de su
cuñado o participado en acuerdo, pacto o contraprestación alguna. Señaló que los
hechos alegados como indicios, incluido el saludo entre el congresista y el
candidato, carecen de entidad probatoria para demostrar cercanía o injerencia, y
que el nombramiento posterior obedeció al cumplimiento de requisitos legales, sin
nexo causal con la elección. Añadió que los argumentos de la parte demandante se
sustentan en inferencias no probadas, insuficientes para estructurar la pérdida de
investidura. Estas consideraciones fueron expuestas en audiencia y reiteradas en
el informe escrito allegado al proceso24.

5.2. El congresista, por conducto de apoderado judicial, solicitó negar las
pretensiones. Afirmó que no incurrió en violación del régimen de conflicto de
intereses, en tanto su participación en la elección del contralor general de la
República se realizó mediante voto secreto, supuesto que, conforme al literal f) del
artículo 286 de la Ley 5.ª de 1992, modificado por la Ley 2003 de 2019, excluye la
configuración de dicha causal, al no existir parentesco con el candidato. Añadió que
no se acreditó un beneficio particular, actual y directo, dado que la elección no
generó privilegio alguno ni efectos inmediatos sobre los procesos de
responsabilidad fiscal, los cuales se rigen por trámites legales independientes y no
dependen de la voluntad del contralor general. Indicó que la jurisprudencia del
Consejo de Estado25 ha considerado que la existencia de investigaciones contra los
Congresistas o sus parientes cercanos no constituye conflicto de intereses y que las
decisiones invocadas por el solicitante no resultan aplicables, por referirse a
regímenes distintos.

Asimismo, sostuvo que no se configuró el tráfico de influencias, ya que no existe
prueba de un acuerdo previo ni de que el congresista hubiera invocado su
investidura o ejercido injerencia para obtener el nombramiento de su cuñado. Indicó
que el congresista no tenía el deber de declararse impedido ni tampoco tenía
conocimiento de las investigaciones fiscales adelantadas contra su cuñado, y que
el video aportado solo evidencia un saludo circunstancial entre el congresista y el

24 Índice 68 de SAMAI. Documento “Memorial_NGB”.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de

2010, Expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00; sentencia de 20 de octubre de 2015,
Expediente 11001-03-15-000-2014-03169-00; y sentencia de 9 de noviembre de 2016, Expediente
11001-03-15-000-2015-01333-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

contralor general, sin entidad probatoria. Añadió que el nombramiento posterior del
cuñado del congresista obedeció al cumplimiento de requisitos legales, se produjo
tiempo después de la elección y no guarda relación causal con esta, por lo que no
se acreditan los elementos objetivos ni subjetivos de la causal. Estos
planteamientos fueron expuestos en el marco de la audiencia pública y
desarrollados en el informe escrito presentado al expediente26.

5.3. El solicitante no formuló manifestación alguna en esta oportunidad procesal,
dado que no compareció a la audiencia pública.

II CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud de pérdida de investidura, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) precisiones sobre
la valoración de los medios probatorios, (4) hechos probados, (5) análisis de
configuración de las causales de pérdida de investidura, (6) conclusión y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con los artículos 18427 y 237.528 de la Constitución Política,
el artículo 111.629 de la Ley 1437 de 201130 (en lo sucesivo CPACA) y los artículos
231 y 832 de la Ley 1881 de 2018, en concordancia con el Acuerdo 011 de 2018 33 y

26 Índice 67 de SAMAI. Documento “73RECIBEMEMORIAL”.
27 “Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo

con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la Mesa Directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”.
28 “Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: […] 5. Conocer de los casos sobre pérdida

de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley”.
29 “Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo

Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […] 6. Conocer de la pérdida
de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.”
30 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.
31 “Artículo 2°. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado

conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la
Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas
en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el
recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los
magistrados que decidieron el fallo recurrido.
Parágrafo. El Consejo de Estado Conformará Salas Especiales de Decisión de Pérdida de
Investidura, las cuales estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección”.
32 “Artículo 8°. Recibida la solicitud en la Secretaría General, será repartida el día hábil siguiente al

de su recibo, y se designará el Magistrado ponente, quien procederá a admitirla o no, según el caso,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su reparto. En el mismo término notificará al
Congresista la decisión respectiva.
El Magistrado ponente devolverá la solicitud cuando no cumpla con los requisitos o no se alleguen
los anexos exigidos en la ley y ordenará a quien corresponda y dentro del plazo que considere
oportuno, completar o aclarar los requisitos o documentos exigidos”.
33 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”.
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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

el artículo 3334 del Acuerdo 080 de 201935, esta Sala Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura es competente para resolver, en primera instancia, la
solicitud de pérdida de investidura presentada por Guillermo Sandoval Medina
contra el representante a la Cámara Juan Felipe Corzo Álvarez.

1.2. Conforme al artículo 6°36 de la Ley 1881 de 2018, el medio de control de
pérdida de investidura se presentó dentro del término legal, toda vez que: (i) el
hecho generador de la causal de violación al régimen de conflicto de intereses
ocurrió el 12 de junio de 2024, cuando el congresista intervino en la elección del
contralor general de la República; (ii) el hecho que sustenta la causal de tráfico de
influencias debidamente comprobado corresponde al nombramiento del cuñado del
congresista en la Contraloría Departamental de Norte de Santander que tuvo lugar
el 16 de junio de 2025; y (iii) la solicitud fue radicada el 19 de agosto de 202537, es
decir, dentro de los cinco (5) años siguientes a los hechos que según lo indicado en
la solicitud originaron la causal.

1.3. De acuerdo con los artículos 14338 del CPACA y 2.°39 de la Ley 1881 de 2018,
cualquier ciudadano puede solicitar la pérdida de investidura de congresistas. En
este caso, Guillermo Sandoval Medina se identificó con cédula de ciudadanía al
presentar la solicitud, con lo cual se acredita su condición de ciudadano legitimado
por activa para promover este medio de control.

1.4. Por su parte, Juan Felipe Corzo Álvarez se encuentra legitimado en la causa
por pasiva, toda vez que su condición de congresista se encuentra acreditada con
el Acuerdo núm. E-002 de 2022, expedido por los magistrados del Consejo Nacional
Electoral, y con el formulario E-26 CAM, emitido por los delegados de dicha
autoridad electoral40, en los cuales se declara su elección como representante a la
Cámara por el Departamento de Norte de Santander, para el período constitucional
2022-2026 (hecho probado 4.3.).

34 “Artículo 33.- Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura, de que trata la Ley 1881

de 2018, estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, atendiendo a la misma conformación de las salas especiales de decisión
creadas mediante Acuerdo 321 de 2014. La presidencia informará sobre el particular a la Sala Plena
y a cada uno de los Consejeros de Estado”.
35 “Por la cual se conforman las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura de que trata

el artículo 2° de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 y se reglamenta su funcionamiento”.
36 “Artículo 6°. La demanda deberá presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir

del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so
pena de que opere la caducidad”.
37 Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento “1_Demanda”.
38 “Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara

correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas”.
39 “Artículo 2°. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado

conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la
Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas
en la Constitución […]”.
40 Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONSEJO

NACIONAL”, “Acuerdo” y “E26”.
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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura determinar
si, al votar en la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor
general de la República, sin manifestar impedimento alguno derivado de su
parentesco en segundo grado de afinidad con Wilden Fabián Capacho Monterrey,
el congresista incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el
numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, por violación del régimen de
conflicto de intereses o, subsidiariamente, si incurrió en la causal prevista en el
numeral 5.º ibidem, relativa al tráfico de influencias debidamente comprobado, en
razón a que, posteriormente, el pariente del congresista fue nombrado por el
contralor electo en un cargo de esta entidad.

En ese sentido, respecto de cada una de las causales alegadas la Sala analizará si
se cumplen o no los supuestos del elemento objetivo y, en caso de encontrarlos
configurados, estudiará el elemento subjetivo, con el objeto de establecer si se debe
o no decretar la pérdida de investidura del congresista.

3. Precisiones sobre la valoración de los medios probatorios

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, conviene realizar unas precisiones en punto a la valoración de algunos
medios de prueba que obran en el expediente.

3.1. En el curso del proceso, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en su calidad de
contralor general de la República, rindió bajo juramento informe escrito, decretado
por el Despacho ponente41, en el que se pronunció, en síntesis, sobre la inexistencia
de acuerdos o pactos con el congresista para su elección; las razones del
nombramiento de Wilden Fabián Capacho Monterrey como contralor provincial,
fundadas en el cumplimiento de requisitos y la verificación de su hoja de vida; la
ausencia de conocimiento personal entre ambos; y los criterios considerados para
su designación42.

Sobre el particular, la Sala recuerda que el congresista en su escrito de oposición
solicitó el testimonio de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, prueba que fue
denegada mediante auto proferido el 23 de septiembre de 2025, en el cual se
decretó, en su lugar, que el contralor general de la República rindiera informe escrito
bajo juramento sobre los hechos debatidos, indicados en la petición probatoria. Lo

41 Índice núm. 26 de SAMAI. Documento “34Autoquedecreta”. El congresista solicitó el testimonio

del representante legal de la Contraloría General de la República y, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 217 del CPACA y 19541 del CGP, cuando la parte interesada solicita el testimonio del
representante legal de una entidad pública, el juez está facultado para sustituir el medio probatorio
testimonial, por el informe escrito bajo juramento.
42 Índice 42 de SAMAI. Documento “48_Memorial”.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21743 del CPACA y 19544 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 2145 de la Ley 1881 de 2018, que facultan a los
representantes de las entidades públicas para rendir informe bajo juramento,
estableciendo, a su vez, que estos no tendrán el valor de una confesión46.

En consecuencia, la Sala valorará el informe rendido por Carlos Hernán Rodríguez
Becerra, de conformidad con lo previsto en las normas señaladas, las reglas de la
sana crítica y la apreciación rigurosa y contrastada con los demás medios de prueba
obrantes en el proceso.

3.2. De otra parte, en el proceso se decretaron como pruebas documentales, con el
valor que la ley les reconoce, las aportadas por el solicitante y el congresista, y se
dispuso, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, correr traslado
a las partes por un término de cinco (5) días, para garantizar el derecho de
contradicción.

En este orden, obran como prueba en el expediente, válidamente arrimada al
proceso, los siguientes documentos: (i) los formularios E-24 CAM4 y E-265 CAM
expedidos por los delegados del Consejo Nacional Electoral, y el Acuerdo núm. E-
002 de 2022 expedido por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, mediante
los cuales se declaró la elección del congresista; (ii) la certificación de asistencia de
los representantes a la Cámara a la sesión plenaria del Congreso de 12 de junio de
2024; (iii) el registro manual de votación “casilla #43” de la sesión plenaria del
Congreso llevada a cabo el 12 de junio de 2024; (iv) el oficio SbSG2.1-0332-24 de
25 de junio de 2024, expedido por el subsecretario general del Congreso; (v) el oficio
SbSG2.1-0333-24 de 26 de junio de 2024, expedido por el subsecretario general
del Congreso; (vi) el oficio SbSG2.1-0334-24 de 26 de junio de 2024, expedido por
el subsecretario general del Congreso; (vii) el registro civil de matrimonio, indicativo
serial núm. 7965782, de 1 de agosto de 2022, expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil; y (viii) los registros civiles de nacimiento, indicativos

43 “Artículo 217. Declaración de representantes de las entidades públicas. No valdrá la confesión de

los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el
régimen jurídico al que estén sometidas.
Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito
bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud […]”.
44 “Artículo 195. Declaraciones de los Representantes de Personas Jurídicas de Derecho Público.

No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden
al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito
bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. […]”.
45 “Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley

se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma
subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 21 de junio

de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2014-00610-00; y auto de 17 de febrero de 2025, Exp. 25000-23-
41-000-2019-01071-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, auto de 17 de marzo de 2025, Exp. 70.192. La jurisprudencia ha considerado que la
solicitud probatoria del informe juramentado permite que “los representantes de las entidades
públicas rindan un informe escrito bajo juramento, sobre los hechos relacionados con la
controversia”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

seriales núms. 16661095 y 12115606, expedidos por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Asimismo, obran en la actuación (ix) la certificación de las investigaciones de
responsabilidad fiscal núms. PRF-80542-2021-40082 y PRF-801112-2021-39532,
adelantadas por la Contraloría General de la República contra Wilden Fabián
Capacho Monterrey, expedidas por el Grupo de Responsabilidad Fiscal de Norte de
Santander; (x) la Resolución núm. ORD-81117-03442-2025 de 16 de junio de 2025,
por medio de la cual se nombra a Wilden Fabián Capacho Monterrey como contralor
provincial, grado 01, en la Gerencia Departamental de Norte de Santander; (xi) el
formato de declaración juramentada presentada el 16 de junio de 2025 por Wilden
Fabián Capacho Monterrey ante la Contraloría General de la República; (xii) el acta
de posesión de 19 de junio de 2025, por medio de la cual se posesiona a Wilden
Fabián Capacho Monterrey en el cargo de contralor provincial, grado 01, de la
Gerencia Departamental de Norte de Santander; (xiii) la Resolución núm. ORD-
81117-03703-2025 de 1 de julio de 2025, mediante la cual se acepta la renuncia de
Wilden Fabián Capacho Monterrey al cargo de contralor provincial, grado 01; (xiv)
el expediente digitalizado del proceso de responsabilidad fiscal con radicación núm.
PFR 2021-40082; y (xv) la publicación de las actas en la Gaceta del Congreso Pleno
del día de la elección del contralor general de la República; y (xvi) las fotografías del
congresista y de Wilden Fabián Capacho Monterrey, extraídas de redes sociales
públicas y medios de comunicación.

Igualmente, fueron allegados (xvii) la certificación de renuncia del congresista al
Partido Conservador Colombiano de 11 de marzo de 2021; (xviii) la certificación
CNE-S-2025-002677-DVIE-700 de 17 de septiembre de 2025, suscrita por el
director de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral; (xix) el
formulario E-26 ALC, acta parcial de escrutinio en la que consta la declaración de
elección de Wilden Fabián Capacho Monterrey como alcalde de Labateca para el
periodo 2020-2023; (xx) la certificación expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura sobre la no inscripción del congresista en la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia; (xxi) la certificación de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial sobre la no inscripción del congresista como abogado; (xxii) el
diploma del congresista como ingeniero industrial de la Universidad Sergio
Arboleda; (xxiii) la certificación del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (en
lo sucesivo COPNIA), sobre la inscripción del congresista en el Registro Profesional
Nacional de Ingeniería Industrial; (xxiv) la certificación del director nacional del
partido Centro Democrático sobre el apoyo de la bancada a la candidatura de Carlos
Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República; y (xxv)
videograbación contenida en el enlace al canal oficial de la red social YouTube del
Congreso de la República, en la que consta la sesión plenaria de elección del 12 de
junio de 2024.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

Sobre la prueba documental, el artículo 24347 del CGP comprende dentro de las
distintas clases de documentos los escritos, videograbaciones, mensajes de datos
y las fotografías, entre otros. De igual forma, el artículo 245 del mismo estatuto
admite que los documentos se aporten al proceso en original o en copia; el artículo
246 ibidem otorga a las copias el mismo valor probatorio del original, salvo en los
eventos en que la ley establezca que debe presentarse el original o una determinada
copia; y, finalmente el artículo 247 ejusdem, prescribe que los documentos
electrónicos se considerarán mensajes de datos, siempre que se presenten en el
mismo formato en que fueron creados, enviados o recibidos, o en otro que garantice
una reproducción fiel de su contenido.

De conformidad con lo anterior, los documentos decretados como prueba en el
proceso serán valorados en su conjunto, según las reglas de la sana crítica y lo
dispuesto en las normas legales aplicables, con las precisiones que a continuación
se exponen respecto de las fotografías del Congresista y Wilden Fabián Capacho
Monterrey, extraídas de redes sociales públicas y medios de comunicación.

3.3. El solicitante adjuntó imágenes de páginas de internet y de un perfil de la red
social Instagram en las que se observan el congresista y Wilden Fabián Capacho
Monterrey48.

Al respecto, el artículo 247 del CGP regula la valoración de los mensajes de datos
y dispone que serán considerados como tales los documentos aportados en el
mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en otro que los
reproduzca con exactitud. De igual modo, establece que la simple impresión en
papel de un mensaje de datos se valorará conforme a las reglas generales
aplicables a los documentos.

Así, se distinguen, por un lado, los mensajes de datos incorporados en su formato
original o en uno que permita su reproducción exacta y, por el otro, las copias
simples o impresiones de documentos, cuyo valor probatorio se aprecia conforme a
las reglas generales de estos medios de prueba, sin que por sí solos acrediten la
integridad o autenticidad de la información digital.

Esta disposición se complementa con lo previsto en la Ley 527 de 1999 49, cuyo
propósito fue crear una “plataforma digital homóloga” al documento en papel, capaz
de garantizar su inalterabilidad, reproducción y autenticación50, mediante la

47 “Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos,

dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones
en lápidas, monumentos, edificios o similares. […]”.
48 Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “PRUEBAS” y “15. IMÁGENES JUAN CORZO Y WILDEN

FABIAN”.
49 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.
50 Exposición de motivos de la Ley.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

implementación de los denominados equivalentes funcionales51 entre el documento
tradicional y el digital. Estos permiten otorgar a los mensajes de datos la misma
eficacia jurídica que a los documentos físicos, sustituyendo exigencias tradicionales
como la presentación en original o la firma autógrafa mediante condiciones técnicas
que aseguran autenticidad e integridad.

En particular, la norma establece tres elementos esenciales: (i) la accesibilidad y
posibilidad de consulta posterior del mensaje de datos (art. 6.º), que garantiza su
disponibilidad en el tiempo para verificación en su formato original o en uno que lo
reproduzca con exactitud; (ii) la identificación del iniciador del mensaje (art. 7.º), que
permite determinar quién generó, envió o publicó la información, asegurando
trazabilidad y atribución; y (iii) la integridad del contenido desde su generación
definitiva (arts. 8.º y 9.º), que exige que el mensaje no haya sido alterado desde su
emisión, acreditándose mediante mecanismos tecnológicos como firmas digitales,
sellos de tiempo o metadatos.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha reiterado que la valoración de medios
digitales de las fotos, los videos, las publicaciones y las leyendas en redes sociales,
solo es procedente cuando se acredita: (i) que la información sea accesible para su
posterior consulta; (ii) que el iniciador del mensaje pueda ser identificado; y (iii) que
el contenido no haya sido alterado desde su creación definitiva. En ausencia de
estos atributos, la información digital no puede ser valorada como mensaje de datos
y debe apreciarse como simple documento52.

Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que, conforme a lo dispuesto en
el artículo 247 del CGP, en concordancia con la Ley 527 de 1999, únicamente
cuando la información generada, enviada o recibida por medios electrónicos se
aporte en el mismo formato en que fue creada o remitida, podrá ser valorada como
mensaje de datos53.

En otras palabras, la verificación de estos equivalentes funcionales resulta
indispensable para conferir eficacia probatoria al mensaje de datos dentro del
proceso judicial, pues, como se dijo, sustituyen las exigencias propias del
documento físico y garantizan la autenticidad y confiabilidad del contenido digital.

En el presente asunto, las imágenes fueron aportadas únicamente en formato
impreso, sin que se suministraran enlaces digitales u otro mecanismo que permitiera

51 Corte Constitucional, Sentencia C-831 de 2001, Exp. D-3371.
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión de

Pérdida de Investidura, sentencia de 25 de enero de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2022-04767-00
(7646); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3
de diciembre de 2020, Exps. 11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00;
y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 10 de
diciembre de 2021, Exp. 81001-23-39-000-2020-00127-01 y 31 de marzo de 2023, Exp. 68001-23-
33-000-2022-00521-01.
53 Corte Constitucional, Sentencia C-604 de 2016, Exps. D-11396 y D-11403.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

verificar su procedencia original o acceder a su contenido en la plataforma digital en
la que fueron generadas.

En este contexto, la Sala advierte que dichas impresiones no cumplen con los
equivalentes funcionales exigidos por los artículos 6º., 7.º, 8.º y 9.º de la Ley 527 de
1999 para su valoración como mensajes de datos, por cuanto: (i) no se acreditó la
accesibilidad del contenido digital, pues las publicaciones no pueden ser
consultadas actualmente en su formato original ni se indicó un enlace o medio que
permita comprobarlas; (ii) no se verificó la identificación técnica del iniciador del
mensaje digital, dado que, aunque algunas de las imágenes contienen el nombre
del usuario “fabiancapacho”, ello no permite establecer la autenticidad del perfil ni
confirmar que la publicación corresponda efectivamente a dicha cuenta; y (iii) no es
posible constatar la integridad del contenido, ya que no existen elementos que
descarten alteraciones, ediciones o manipulaciones respecto de las imágenes
impresas aportadas.

Así las cosas, las imágenes allegadas en este proceso no pueden ser valoradas
como mensajes de datos, sino únicamente como documentos. En ese sentido, se
observa que las pruebas en mención corresponden a unas fotografías, en los
términos del artículo 243 del CGP, las cuales deben ser valoradas según lo previsto
en el artículo 24454 ibidem, también aplicable de forma subsidiaria por remisión
expresa del artículo 21 de la Ley 1881.

En ese orden, se advierte que las referidas fotografías no fueron tachadas de falsas
ni desconocidas por la parte contra las que se aducen, por lo tanto en virtud de la
presunción de autenticidad prevista en el inciso segundo del artículo 244 del CGP,
pueden ser valoradas y tenidas como pruebas, conforme a las reglas de la sana
crítica y en conjunto con los demás medios probatorios.

4. Hechos probados

Efectuadas las precisiones anteriores, con fundamento en las pruebas válidamente
aportadas al expediente, se encuentran acreditados los siguientes hechos
relevantes para la decisión del presente asunto:

4.1. El 10 de noviembre de 2014, Juan Felipe Corzo Álvarez se graduó como
Ingeniero Industrial55.

54 “Artículo 244. Documento Auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso
[…]”.
55 Resolución núm. R2020014803 (vigente), certificación expedida por el Director General del

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, el 18 de septiembre de 2025. Índice 23 de
SAMAI. Documento 26 y 27_Memorial.
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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

4.2. El 13 de marzo de 2022, Juan Felipe Corzo Álvarez participó en las
elecciones al Congreso de la República como candidato a la Cámara de
Representantes por el Partido Centro Democrático56.

4.3. El 13 de julio de 2022, Juan Felipe Corzo Álvarez fue elegido representante
a la Cámara por el departamento Norte de Santander, para el período constitucional
2022-202657.

4.4. El 1 de agosto de 2022, Juan Felipe Corzo Álvarez contrajo matrimonio con
Paola Estefany Capacho Monterrey58, quien es pariente en primer grado de
consanguinidad – hermana – de Wilden Fabián Capacho Monterrey59.

4.5. El 24 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental de Norte de Santander
expidió auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal - radicado núm. PRF-
801112-2021-39532 -, notificado a Wilden Fabián Capacho Monterrey60.

4.6. El 30 de marzo de 2023, la Gerencia Departamental de Norte de Santander
expidió el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal - radicado núm.
PRF-80542-2021-40082 -, notificado a Wilden Fabián Capacho Monterrey61.

4.7. El 24 de abril de 2024, mediante sentencia SU-138, la Corte Constitucional
le ordenó al Congreso de la República rehacer el proceso de elección del contralor
general para el período 2022-2026, desde la elaboración de la lista de elegibles62.

56 Conforme al formulario E-24 CAM expedido por los delegados del Consejo Nacional Electoral y a

la certificación expedida por la Secretaria General del Partido Conservador, el 19 de agosto de 2022,
el Congresista renunció como militante del Partido Conservador desde el 11 de marzo de 2021.
Índice 23 de SAMAI. Documento “21_Memorial”.
57 Conforme al Acuerdo núm. E-002 de 2022 expedido por los Magistrados del Consejo Nacional

Electoral y al formulario E-26 CAM expedido por los delegados del Consejo Nacional Electoral, por
medio de los cuales se declaró la elección del Congresista. Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento
“12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONSEJO NACIONAL”, “Acuerdo” y “E26”.
58 Conforme al registro civil de matrimonio con indicativo serial núm. 7965782. Índices 11 y 12 de

SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “REGISTROS”, “REGISTRO MATRIMONIO”.
59 Conforme a los registros civiles de nacimiento con indicativos seriales núms. 16661095 y

12115606. Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “REGISTROS”,
“REGISTROS NACIMIENTO”.
60 Conforme a la Certificación expedida por el Coordinador de Gestión del Grupo de Responsabilidad

Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander y al enlace de la página del
Partido Centro Democrático. Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”,
“DOCUMENTOS CONTRALORÍA”, “RESPUESTA PETICIÓN CGR” e Índice 23 de SAMAI.
Documento “20_Memorial”, Pág. 23.
61 Conforme al expediente digitalizado del proceso de responsabilidad fiscal con radicación núm.

PFR 2021-40082. Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS
CONTRALORÍA”, “EXPEDIENTE DIGITALIZADO PRF 2021-40082”, “PRF-2021-40082C1”, págs. 2
a 27.
62 Al respecto, es preciso señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia

de 25 de mayo de 2023, declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como
Contralor General de la República para el periodo 2022–2026. Contra dicha decisión, el señor
Rodríguez Becerra presentó acción de tutela. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 5 de julio de 2023, negó el amparo. Posteriormente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional revocó esa decisión y, en su lugar, amparó parcialmente el derecho
fundamental al debido proceso del accionante. En consecuencia, ordenó al Congreso de la República

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4.8. El 21 de mayo de 2024, en cumplimiento de la SU-138 de 2024, la Mesa
Directiva del Congreso de la República estableció el cronograma para la elección
del contralor general por el período restante del 2022-202663.

4.9. El 27 de mayo de 2024, los elegibles al cargo de contralor general de la
República, seleccionados por la Universidad Industrial de Santander, fueron
escuchados por las Comisiones Accidentales del Senado de la República y la
Cámara de Representantes64.

4.10. El 28 de mayo de 2024, las Comisiones Accidentales del Senado de la
República y la Cámara de Representantes seleccionaron como candidatos a ocupar
el cargo de contralor general de la República a: Carlos Hernán Rodríguez Becerra,
María Fernanda Rangel Esparza, Diana Carolina Torres García, Mónica Elsy
Certain Palma, Elsa Yazmín González Vega, Karol González Moro, Víctor Andrés
Salcedo Fuentes, Luis Carlos Pineda Téllez, Carlos Fernando Pérez Gelves y
Andrés Castro Franco65.

4.11. El 28 de mayo de 2024, se publicó el listado de los 10 candidatos
seleccionados por las Comisiones Accidentales del Senado de la República y la
Cámara de Representantes, uno de los cuales presentó renuncia a su aspiración66.

4.12. El 11 de junio de 2024, en sesión plenaria, se realizó la audiencia pública con
los 9 candidatos aspirantes a ocupar el cargo de contralor general de la República67.

rehacer, a la mayor brevedad posible, el proceso de elección del Contralor General a partir de la
elaboración de la lista de elegibles. Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de
12 de junio de 2024 y a las actas de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3
de SAMAI. Documento “ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del
Congreso”. Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS
CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”, págs. 7 a 15.
63 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento
“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
págs. 7 a 15.
64 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento
“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
págs. 7 a 15.
65 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento
“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
págs. 7 a 15.
66 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento
“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
págs. 7 a 15.
67 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

4.13. El 12 de junio de 2024, en sesión plenaria del Congreso, los secretarios
generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes
informaron la radicación de diversos impedimentos presentados por senadores y
representantes a la Cámara para participar en la elección del contralor general de
la República, sustentados, entre otros motivos, en la existencia de parientes
sometidos a investigaciones, procesos o actuaciones de control fiscal adelantadas
por la Contraloría General de la República. Al respecto, el secretario general del
Senado señaló que, tratándose de una votación secreta, no era procedente tramitar
impedimentos; sin embargo, ante la insistencia de los congresistas, se decidió
someterlos a votación. Los impedimentos fueron puestos a consideración del
presidente del Congreso y, posteriormente, votados, como resultado de lo cual
fueron negados. Entre los impedimentos presentados y votados no se encuentra
manifestación alguna proveniente de Juan Felipe Corzo Álvarez68.

4.14. En la misma sesión, el Pleno del Congreso de la República votó y eligió a
Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República, para el
período comprendido desde la fecha - 12 de junio de 2024 - y hasta el 2026. El
contralor general fue elegido con un total de 265 votos a favor, 96 del Senado de la
República y 169 de la Cámara de Representantes69.

4.15. El 5 de agosto de 2024, la Gerencia Departamental de Norte de Santander
resolvió las solicitudes probatorias del proceso de responsabilidad fiscal, radicado
núm. PRF-80542-2021-4008270.

4.16. El 3 de abril de 2025, la Gerencia Departamental de Norte de Santander
resolvió sobre las solicitudes probatorias del proceso de responsabilidad fiscal,
radicado núm. PRF-801112-2021-3953271.

“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
págs. 7 a 15.
68 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento
“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
págs. 7 a 15.
69 Conforme a la grabación de la sesión plenaria de la elección de 12 de junio de 2024 y a las actas

de la Gaceta del Congreso de 12 de junio de 2024. Índices 2 y 3 de SAMAI. Documento
“ED_Demanda”, Págs. 44, “enlace del canal oficial de YouTube del Congreso”. Índices 11 y 12 de
SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONGRESO”, “Gaceta Congreso Pleno”,
pág. 25.
70 Conforme al expediente digitalizado del proceso de responsabilidad fiscal con radicación núm.

PFR 2021-40082. Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS
CONTRALORÍA”, “EXPEDIENTE DIGITALIZADO PRF 2021-40082”, “PRF-2021-40082C3”, págs.
35 a 42.
71 Conforme a la Certificación expedida por el Coordinador de Gestión del Grupo de Responsabilidad

Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander. Índices 11 y 12 de SAMAI.
Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONTRALORÍA GENERAL”, “RESPUESTA
PETICIÓN CGR” y a la Certificación expedida por el Coordinador de Gestión del Grupo de
Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander. Índices 11

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

4.17. El 16 de junio de 2025, Wilden Fabián Capacho Monterrey presentó
declaración juramentada ante la Contraloría General de la República, en la cual
indicó que no tenía vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad con
“senadores o representantes a la Cámara en la vigencia”72.

4.18. El 16 de junio de 2025, el contralor general de la República nombró a Wilden
Fabián Capacho Monterrey en el cargo de contralor provincial – grado 01, de la
Gerencia Departamental de Norte de Santander asignado a Participación
Ciudadana73. En la misma fecha, la gerente de Talento Humano de la Contraloría lo
posesionó en el referido cargo74, para lo cual se consideró la declaración
juramentada en la que manifestó no estar incurso en causales de inhabilidad,
incompatibilidad, impedimento o conflicto de intereses75.

4.19. El 18 de septiembre de 2025, el secretario de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial certificó que el congresista no registra sanciones vigentes en los
archivos de antecedentes de dicha Corporación76.

4.20. El 18 de septiembre de 2025, el director de la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
certificó que el congresista no se encuentra inscrito como abogado77.

4.21. El 19 de septiembre de 2025, el director General del Partido Centro
Democrático certificó que la bancada del Congreso de la República decidió
acompañar la postulación de Carlos Hernán Rodríguez Becerra al cargo de contralor
general de la República, para la elección de 12 de junio de 202478.

y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONTRALORÍA GENERAL”,
“RESPUESTA PETICIÓN CGR”.
72 Conforme al formato de declaración juramentada presentada el 16 de junio de 2025. Índices 11 y

12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONTRALORÍA”, “DECLARACIÓN
JURADA”.
73 Conforme a la Resolución de nombramiento núm. ORD-81117-03442-2025 de 16 de junio de 2025.

Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONTRALORÍA
GENERAL”, “RES. NOMBRAMIENTO”.
74 Conforme a la Resolución de nombramiento núm. ORD-81117-03442-2025 de 16 de junio de 2025.

Índices 11 y 12 de SAMAI. Documento “12RECIBEMEMO”, “DOCUMENTOS CONTRALORÍA
GENERAL”, “ACTA DE POSESIÓN”.
75 Conforme al Informe escrito rendido bajo juramento por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el 6 de

noviembre de 2025. Índice 42 de SAMAI. Documento “48_Memorial”.
76 Conforme al certificado de sanciones vigentes para abogados expedido por la Comisión Nacional

de Disciplina Judicial, el 18 de septiembre de 2025. El documento aclara que la certificación no
acredita la calidad de abogado. Índice 23 de SAMAI. Documento “25_Memorial”.
77 Conforme al certificado núm. 1240457 expedida por el Director de la Unidad de Registro Nacional

de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, el 18 de septiembre
de 2025. Índice 23 de SAMAI. Documento “22_Memorial”.
78 Conforme a la certificación expedida por el Director Nacional del partido Centro Democrático, el

19 de septiembre de 2025. Índice 23 de SAMAI. Documento “28_Memorial”.
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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

5. Análisis de configuración de las causales de pérdida de investidura

La Sala anticipa que negará la solicitud de pérdida de investidura presentada por el
solicitante contra el congresista, con fundamento en la causal contenida en el
numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, por violación del régimen de
conflicto de intereses. Asimismo, denegará la pretensión subsidiaria, fundada en el
numeral 5.º ibidem, por tráfico de influencias debidamente comprobado, por las
siguientes razones:

5.1. El medio de control de pérdida de investidura de congresistas se sustenta en
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, en el artículo 143 del CPACA y
en la Ley 1881 de 201879, que regula de manera específica su procedimiento.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que se trata de un juicio
de orden constitucional, público, jurisdiccional y sancionatorio80, orientado a
garantizar la dignidad del cargo conferido por el voto popular, preservar la
legitimidad del principio de representación y prevenir prácticas contrarias a la
transparencia en el ejercicio del mandato popular. Su finalidad es proteger el interés
general mediante el control de las conductas de los miembros de corporaciones
públicas, no resolver controversias individuales.

Este proceso busca asegurar que quienes ejercen representación política observen
comportamientos compatibles con los valores de la función pública. Por ello, permite
que ciudadanos o autoridades competentes ejerzan un control frente a conductas
que vulneren la confianza ciudadana o defrauden el mandato democrático.

En este sentido, la Sala Plena de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
ha precisado que la pérdida de investidura: (i) constituye un juicio de
responsabilidad con efectos sancionatorios; (ii) tiene carácter jurisdiccional, dado
que su conocimiento corresponde al Consejo de Estado; (iii) implica la sanción más
grave que puede imponerse a un parlamentario, al comportar la pérdida inmediata
del cargo y la inhabilidad permanente para volver a ser elegido; y (iv) conlleva
restricciones a derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, lo que
exige una aplicación rigurosa y garantista de las normas que la regulan81.

En consecuencia, la Corte Constitucional82 y el Consejo de Estado83 han resaltado
que, dado el carácter punitivo y su incidencia sobre derechos políticos, el
procedimiento de la pérdida de investidura debe observar de manera estricta las

79 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.
80 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de septiembre

de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2014-03886-00.
81 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de agosto de

2017, Exp. 11001-03-15-000-2016-01700-00.
82 Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 2016, Exp. T-5353319.
83 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de

2010, Exp. 11001-03-15-000-2009-00198-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

garantías del debido proceso, tales como los principios de legalidad, favorabilidad,
proporcionalidad, culpabilidad, pro homine e in dubio pro reo.

Particularmente, el principio de legalidad impone que las causales de pérdida de
investidura sean taxativas y de interpretación restrictiva, excluyendo toda aplicación
analógica o extensiva. En virtud de ello, el juez del proceso solo puede analizar la
conducta en el marco de los supuestos expresamente previstos por la Constitución
y la ley.

Además, frente al análisis del elemento subjetivo o culpa, el artículo 1.° de la Ley
1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019, establece que
“[e]l proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta
dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura establecidas en la Constitución”.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que este juicio de
responsabilidad no puede configurarse como un proceso de responsabilidad
objetiva, de manera que, además del elemento objetivo, correspondiente a la
realización del hecho constitutivo de la causal, debe verificarse el elemento
subjetivo, mediante el análisis de las circunstancias en que ocurrió la conducta y
determinar si el congresista: (i) conocía o debía conocer la actuación realizada; (ii)
si su voluntad estuvo dirigida a esa acción u omisión; y (iii) si la conducta fue dolosa
o gravemente culposa84.

5.2. En el caso de autos se discute si, al votar en la elección de Carlos Hernán
Rodríguez Becerra como contralor general de la República, sin manifestar
impedimento alguno derivado de su parentesco en segundo grado de afinidad con
Wilden Fabián Capacho Monterrey, el congresista incurrió en: (i) la causal de
pérdida de investidura establecida en el numeral 1.º del artículo 183 de la
Constitución Política, por violación del régimen de conflicto de intereses o;
subsidiariamente, (ii) si incurrió en la causal prevista en el numeral 5.º ibidem,
relativa al tráfico de influencias debidamente comprobado, en razón a que,
posteriormente, dicho pariente fue nombrado por el contralor electo en un cargo de
esta entidad.

En este contexto, se precisa que las causales invocadas por el solicitante son
autónomas, responden a supuestos distintos y su configuración es independiente.
Por tanto, aun cuando su análisis se realiza conforme a la forma en que fueron
planteadas en la solicitud, ello no implica relación de dependencia entre ellas.

5.2.1. Con relación a la causal 1.ª del artículo 183 de la Constitución Política,
concordante con el numeral 3.° del artículo 296 de la Ley 5.ª de 1992, que instituyen
la pérdida de la investidura de congresistas por violación del régimen de

84 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016, Exps. T-3.331.156 y T-4.524.335.

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Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

conflicto de intereses, el artículo 18285 constitucional establece que los
congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las
situaciones de carácter moral o económico que los inhabiliten para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración, precisando que la ley
determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

Así, el artículo 286 de la Ley 5.ª de 199286, modificado por el artículo 1.º de la Ley
2003 de 2019, define el conflicto de interés como la situación en la que la discusión
o votación de un proyecto de ley, acto legislativo o artículo pueda generar un
beneficio particular, actual y directo a favor del congresista o sus parientes en los
grados previstos por la ley, en cuyo efecto establece la obligación de todos los
parlamentarios de declarar los conflictos de intereses que puedan surgir en el
ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, el artículo en mención precisa que: (i) el beneficio particular es aquel
que otorga privilegios, genera ganancias, crea indemnizaciones económicas o
elimina obligaciones en favor del congresista, de las que no gozan los demás
ciudadanos, incluso cuando se trata de normas que afecten investigaciones
penales, disciplinarias, fiscales o administrativas en las que esté vinculado, (ii) el
beneficio actual corresponde al que se configura en las circunstancias presentes al
momento de la decisión, y (iii) el beneficio directo es el que se produce de “forma
específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil”.

No obstante, la norma excepciona del conflicto de interés las siguientes
circunstancias:

“a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el
interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios,
en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo
no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el
congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere
beneficio particular, directo y actual.

85 “Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las
recusaciones”.
86 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores
de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para
el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto
beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión
ni votación87.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten
inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos” (Destacado fuera del
texto).

A su turno, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido el conflicto de
intereses como la conducta contraria a la función pública en la que, movido por un
interés particular prevalente sobre el interés general, el congresista, sin declararse
impedido, toma una decisión o realiza una gestión propia de su cargo en provecho
suyo, de un familiar o de un tercero, en detrimento de la transparencia y la
imparcialidad. Por ello, ha señalado que la declaración de impedimento constituye
el mecanismo idóneo para garantizar la rectitud y la lealtad en el ejercicio de la
función legislativa88.

Igualmente, esta Corporación ha precisado que la causal de pérdida de investidura
por conflicto de intereses tiene como propósito evitar que los congresistas, al
tramitar los asuntos objeto de su competencia, obtengan beneficios para sí o para
sus parientes, en contravía con los postulados constitucionales que rigen el ejercicio
de su función. En consecuencia, en caso de tener interés en los asuntos de los que
conocen en razón a su investidura, deben manifestarlo y declararse impedidos para
participar en su trámite, con el fin de que su interés personal no afecte el interés
general que debe prevalecer en un Estado Social de Derecho89.

En línea con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que la causal en comento
exige un elemento objetivo de configuración, el cual supone la verificación de los
siguientes presupuestos: “(i) La calidad de congresista, elemento transversal y
común a todo juicio de desinvestidura; (ii) La concurrencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo
cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o
participado el congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa

87 En Sentencia C-302 de 2021, la Corte Constitucional determinó que no toda participación,
discusión o votación de proyectos de ley o de acto legislativo que beneficien sectores económicos
de quienes fueron financiadores de la campaña, constituye un conflicto de intereses por sí solo, dado
que es necesario estudiar cada caso para establecer la existencia de un beneficio particular, actual
y directo.
88 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de enero de

2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-02135-01; sentencia de 28 de noviembre de 2017, Exp. 11001-
03-25-000-2005-00068-00; y Sala 18 Especial de Decisión, sentencia de 2 de abril de 2019, Exp.
11001-03-15-000-2018-04626-00.
89 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 16 Especial de Decisión,

sentencia de 6 de junio de 2017, Exp. 11001-03-15-000-2016-02279-00. Reiterado en: Sala 6
Especial de Decisión, sentencia de 16 de julio de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2019-02830-00 y Sala
27 Especial de Decisión, sentencia de 10 de junio de 2025, Exp. 11001-03-15-000-2024-01917-00.
27

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista,
cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones
legislativas, sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia
del Congreso de la República”90, salvo las excepciones legalmente establecidas.

De cara a tales elementos, en el sub judice está acreditado que Juan Felipe Corzo
Álvarez fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Norte de
Santander y por el Partido Centro Democrático, para el período constitucional 2022-
2026 (hechos probados 4.2. y 4.3.). En otras palabras, se encuentra probado el
elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura.

Ahora bien, con relación a la elección del contralor general de la República y de
conformidad con el artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el Acto
Legislativo 04 de 201991, le corresponde al Congreso de la República adelantar una
convocatoria pública, que garantice los principios de transparencia, publicidad,
objetividad y meritocracia, permita evaluar las calidades y competencias de los
aspirantes al cargo y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
constitucionales, así como la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades de
los candidatos, para conformar una lista de elegibles que, a su vez, garantice la
independencia y autonomía de este funcionario en el ejercicio del control fiscal.

En concordancia con lo anterior, el inciso 7º del artículo 26792 de la Constitución
Política, modificado por el mencionado acto legislativo, radica en el Congreso,
reunido en pleno93, la función de elegir al contralor general de la República para un
período institucional de cuatro años.

En otras palabras, la elección del contralor general de la República es una función
constitucional de los congresistas y una manifestación de su deber representativo
frente al pueblo, cuyo ejercicio implica la obligación de actuar consultando la justicia
y el bien común94, de manera imparcial, objetiva y conforme a los principios de
moralidad, transparencia y responsabilidad95, motivado en el interés general y no en

90 Ibidem. Reiterada en decisión del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sala 22 Especial de Decisión, 1º de agosto de 2025, Exp. 11001-03-15-000-2024-05972-00.
91 Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal.
92 “Artículo 267. […] El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el

primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de
elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la
Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del
mismo”.
93 Artículo 1° de la Ley 1904 de 2018. “En virtud de lo establecido en los artículos 267 y 126 de la

Constitución Política la elección del Contralor General de la República se hará por el Congreso en
pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente
de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública”.
94 “Artículo 133. Modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2009. Los miembros de cuerpos

colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el
bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la
ley. […]”
95 “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

28

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

razones particulares. Por ello, el régimen de conflicto de intereses, desarrollado por
el citado artículo 286 de la Ley 5 de 1992, impone a los congresistas el deber de
declarar cualquier situación que pueda generar un beneficio particular, actual y
directo, específicamente en procesos de elección de altos funcionarios del Estado,
y establece la obligación de informar la existencia de vínculos personales,
familiares, políticos o de interés con los candidatos, toda vez que estos podrían
comprometer la independencia del órgano de control fiscal.

En ese orden, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que la función
electoral del congresista, en particular la elección del contralor general de la
República, constituye un deber constitucional. Asimismo, ha precisado que la
autonomía e independencia del funcionario elegido, quien no tiene relación de
subordinación con el Congreso ni integra su estructura orgánica, excluyen la
configuración de un beneficio particular, actual y directo96.

Dicho lo anterior, en el caso de autos se tiene demostrado que, en ejercicio de sus
competencias funcionales, el Congreso adelantó el trámite legal y constitucional
determinado para la elección del contralor general de la República. Además, su
actuación obedeció a lo ordenado por la SU-138 de 2024 (hechos probados 4.7.,
4.8., 4.9., 4.10., 4.11. y 4.12.).

Finalmente, reunido en pleno, dicha Corporación votó y eligió a Carlos Hernán
Rodríguez Becerra como Contralor General de la República, electo con un total de
265 votos secretos, 96 del Senado y 169 de la Cámara de Representantes, entre
los que se encontraba el accionado Juan Felipe Corzo Álvarez (hecho probado
4.14). Frente a lo anterior, en el proceso el solicitante puso de presente el
parentesco en segundo grado de afinidad entre el representante Juan Felipe Corzo
Álvarez y Wilden Fabián Capacho Monterrey, el cual se encuentra probado, en los
términos del artículo 4797 del Código Civil (hecho probado 4.4.), así como estimó
que, para la fecha de la elección parlamentaria, este último era objeto del control
fiscal adelantado por la Gerencia Departamental de Norte de Santander, de la
Contraloría General de la República (hechos probados 4.5, 4.6., 4.15. y 4.16). Con
fundamento en lo anterior, cuestionó que el mencionado congresista no se haya
declarado impedido para dicha votación y sustentó en ello la violación del régimen
de conflicto de intereses.

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”
96 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de

2010, Expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00.
97 “Artículo 47. <Afinidad Legitima>. Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o

ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad
legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado
de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está
en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior
matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos
legítimos de su mujer”.
29

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

Al respecto, es preciso recordar que el artículo 286 de la Ley 5.ª de 1992, modificado
por el artículo 1.° de la Ley 2003 de 2019, establece en el literal f) que no existe
conflicto de interés cuando el congresista participa en la elección de otros servidores
públicos mediante voto secreto, salvo que existan inhabilidades por parentesco con
los candidatos, situación que no se presenta en el caso bajo estudio, toda vez que
Wilden Fabián Capacho Monterrey no era candidato a contralor general de la
República (hecho probado 4.10.).

Frente al particular, es importante señalar que, conforme a la exposición de motivos
de la Ley 2003 de 2019, la modificación legal tuvo como propósito actualizar las
disposiciones sobre la materia, puntualizar el alcance del conflicto de interés,
introducir medidas para hacer públicos los intereses de los congresistas y sus
familiares, y establecer un procedimiento expedito para identificar y tramitar
situaciones derivadas de conflictos de intereses98, con la finalidad adicional de
preservar la independencia, la libertad y la reserva del voto parlamentario en las
decisiones electorales, evitando que el análisis de conflictos subjetivos termine por
desnaturalizar la garantía institucional del voto secreto.

Así las cosas, de conformidad con el literal f) del artículo 286 de la Ley 5 de 1992,
con la modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, la Sala estima que el voto
del congresista en la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor
general de la República no constituye violación al régimen de conflicto de intereses,
toda vez que: (i) la elección se efectuó mediante voto secreto, lo que activa la
referida regla de exclusión y (ii) no se acreditó alguna inhabilidad referida al
parentesco entre el congresista y el candidato elegido que permita aplicar la
excepción prevista en la norma, por cuanto el vínculo alegado no recae sobre el
candidato elegido como contralor general, sino sobre un tercero - Wilden Fabián
Capacho Monterrey- que, al momento de la elección, no hacía parte del proceso de
selección ni era postulado para el cargo (hecho probado 4.10.).

Cabe resaltar que la salvedad prevista en el literal f) del artículo ibidem debe
interpretarse de manera estricta, sin que tengan cabida lecturas extensivas o
amplificadas, por tratarse de una causal sancionatoria de pérdida de investidura, de
ahí que, sin duda, esta solo procede cuando el parentesco se predica directamente
entre el congresista y los candidatos.

Bajo este contexto, el congresista se limitó a emitir su voto secreto, conforme al
artículo 13199 de la Ley 5 de 1992, dentro del procedimiento previsto la Ley 1904 de

98 Gaceta del Congreso núm. 741 de 2018, publicada el 20 de septiembre de 2018.
99 “Artículo 131. Votación secreta. Modificado por el art. 3, Ley 1431 de 2011. No permite identificar

la forma como vota el Congresista. Las rectificaciones sólo serán procedentes cuando el número de
votos recogidos no sea igual al de los votantes.
Esta votación sólo se presentará en los siguientes eventos:
a) Cuando se deba hacer una elección; […]”.
30

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

2018100, sin que estuviera obligado a manifestar impedimento alguno. Ello, aun
cuando en la sesión plenaria se tramitaron diversos impedimentos, los cuales fueron
negados en su totalidad (hecho probado 4.13.).

Aunado a lo anterior, conviene anotar que no existe prueba que demuestre un
beneficio particular, económico o moral para el congresista o sus parientes, derivado
de la elección del 12 de junio de 2024. Aunque se probó la vinculación formal de
Wilden Fabián Capacho Monterrey a procesos de responsabilidad fiscal y su
notificación conforme a la ley (hechos probados 4.5. y 4.6.), no se demostró que el
congresista tuviera conocimiento de dichos procesos, máxime teniendo en cuenta
que el artículo 20101 de la Ley 610 de 2000 establece la reserva de las actuaciones
en procesos de responsabilidad fiscal, impidiendo su divulgación a terceros, y la
misma, para la fecha de la elección del contralor general, aún estaba vigente, pues
las decisiones probatorias se adoptaron posteriormente102 (hechos probados 4.14 y
4.15).

Por otra parte, el solicitante consideró que, al ejercer su voto para la elección del
contralor general de la República, el congresista incurrió en conflicto de intereses,
porque posteriormente resultó beneficiado con el nombramiento de Capacho
Monterrey como contralor provincial. Sin embargo, el nombramiento posterior del
pariente del congresista como Contralor Provincial no incide en el conflicto de
intereses, toda vez que no se configura en un supuesto particular, directo ni actual,
por tratarse de un hecho posterior103.

Además, conviene precisar que esta situación se refiere al nombramiento efectuado
por el Contralor General de la República, y no a una actuación directa del
congresista, de manera que tampoco configura la salvedad de que trata el literal f)
del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, pues se reitera que el congresista tenía
derecho a participar en la elección de otros servidores públicos mediante voto
secreto, salvo que presentara inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos.

Dicho de otro modo, el supuesto invocado por el solicitante se refiere a un acto
posterior, autónomo e independiente, consistente en el nombramiento realizado por
el contralor general de la República en ejercicio de sus competencias
administrativas (hecho probado 4.18.), lo cual no guarda relación con la

100 Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor

General de la República por el Congreso de la República.
101 “Artículo 20. Reserva y Expedición de Copias. Las actuaciones adelantadas durante la indagación

preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación. En
consecuencia, hasta no terminarse el proceso de responsabilidad fiscal, ningún funcionario podrá
suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales, salvo que las solicite autoridad
competente para conocer asuntos judiciales, disciplinarios o administrativos […]”.
102 Esta reserva fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la

Sentencia C-477 de 2021, con un límite máximo de 30 días para la práctica de pruebas.
103 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de

2015, Expediente 11001-03-15-000-2014-03169-00; y sentencia de 9 de noviembre de 2016,
Expediente 11001-03-15-000-2015-01333-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

participación del congresista en la elección del contralor general, ni advierte su
parentesco con alguno de los candidatos de la lista sometida a votación.

Igualmente, respecto a la jurisprudencia de la Sección Primera de esta
Corporación104, invocada por el solicitante, en la que se analizó la violación del
régimen de conflicto de intereses frente a miembros de corporaciones públicas del
orden territorial, elegidos por voto popular, vinculados en procesos de
responsabilidad fiscal, la Sala resalta que estos no constituyen un precedente
aplicable al caso bajo estudio, por cuanto no guardan similitud fáctica ni jurídica con
el asunto objeto de examen, en el que se analiza la conducta de un miembro del
Congreso de la República, cobijado por el régimen especial establecido en la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019 al artículo 286 de la Ley 5 de 1992,
la cual no resulta aplicable a los mencionados miembros de las corporaciones
públicas del orden territorial105.

Al punto, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-501 de 2024106, reiteró que
el régimen de conflicto de intereses diseñado por el legislador para los congresistas
no es extensible a los miembros de las corporaciones públicas del orden territorial,
por tratarse de sistemas normativos distintos. En este sentido, la Corte indicó que
la Ley 2003 de 2019 regula el régimen de conflicto de intereses de los congresistas
y que, para los diputados, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 617 de 2000,
norma especial y específica para ese nivel territorial.

Asimismo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
ha destacado que la Ley 2003 de 2019 “modificó parcialmente el Reglamento del
Congreso de la República, específicamente, el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 y
contempló como una excepción al régimen de conflicto de intereses de los
congresistas cuando se trata de la participación en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. […]. Para la Sala, la Ley 2003 de 2019 que
modifica la Ley 5ª de 1992 no resulta aplicable para los miembros de las
corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que (i) las disposiciones
contenidas en el Reglamento Interno del Congreso están referidas exclusivamente
a los congresistas (miembros del Senado y la Cámara de Representantes) y; (ii)
esta norma fue dictada con el propósito de delimitar el alcance del conflicto de
intereses para los congresistas, sin hacer extensiva su regulación a todos los
servidores públicos de elección popular, como los miembros de las asambleas
departamentales y concejos municipales como sí ocurre por ejemplo con la Ley
1881 de 2018; norma que señaló expresamente que las disposiciones contenidas
en ella resultan aplicables a los procesos de pérdida de investidura de los concejales

104 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de

febrero de 2018, Exp. 66001-23-33-000-2017-00089-01 y sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp.
85001-23-33-000-2020-00012-02.
105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de

marzo de 2021, Exp. 85001-23-33-000-2020-00016-02.
106 Corte Constitucional, sentencia SU-501 de 28 de noviembre de 2024, Exps. T-9.321.704 y T-

9.344.130 (acumulados).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

y diputados, según lo dispone el artículo 22 de la Ley 1881 […]” 107 (Destacado
incluido en el texto).

Por consiguiente, la Sala concluye que no se encuentra configurado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1.º del artículo
183 de la Constitución Política, en cuyo efecto no hay lugar a establecer su elemento
subjetivo. En consecuencia, no prosperan las pretensiones principales de la
demanda.

5.2.2. Sobre la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 183 de la Constitución
Política, en concordancia con el numeral 5.º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992,
que establecen la pérdida de investidura de congresistas por tráfico de influencias
debidamente comprobado, se advierte que esta causal no ha sido definida en la
Constitución ni en la ley, pero la jurisprudencia del Consejo de Estado la ha
entendido como la conducta mediante la cual el congresista antepone su investidura
frente a un servidor público, generando en este un influjo psicológico que lo lleva a
realizar una actuación que no ejecutaría de no mediar dicha condición.

En otras palabras, se trata de una relación de doble envío, en la que el congresista,
gracias a su calidad, induce al destinatario de su influencia a adoptar la decisión
solicitada108.

Para su configuración, se requiere acreditar los siguientes supuestos: (i) que la
persona ostente la calidad de congresista; (ii) que invoque dicha condición ante un
servidor público, ejerciendo sobre este un influjo psicológico, sin importar la relación
jerárquica existente; (iii) que se reciba, haga dar o prometa para sí o para un tercero
dinero, dádiva u otro beneficio, salvo las excepciones previstas en la ley; y (iv) que
el acto se realice con el propósito de obtener un beneficio de un servidor público en
un asunto que este conozca o deba conocer en razón de sus competencias109.

De igual manera, esta Corporación ha precisado que el tráfico de influencias no se
configura cuando el congresista actúa dentro del marco de las facultades legítimas
que le otorga el ordenamiento jurídico, pues la causal exige la instrumentalización
indebida de la investidura para obtener un resultado extralegal. Asimismo, su ámbito
de aplicación se limita exclusivamente al ejercicio de influencia sobre servidores
públicos, por lo que quedan excluidas las actuaciones ante particulares o en
escenarios ajenos a la función pública110.

107 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de marzo de

2025, Exp. 11001-03-15-000-2024-03957-01.
108 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de febrero de

2012, Exp. 11001-03-15-000-2011-00497-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 28 de noviembre de 2000, Exp. AC-11349.
109 Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de marzo de

2008, Exp. 11001-03-15-000-2007-01054-00 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 1.° de noviembre de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2015-01571-00.
110 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de

11 de noviembre de 2025, Exp. 11001-03-15-000-2023-06150-03; ii) Consejo de Estado, Sala Plena

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

En el mismo sentido, la jurisprudencia ha considerado que debe existir un vínculo
causal directo entre la influencia ejercida y la actuación del servidor público, de
modo que se evidencie que este actuó movido por la investidura o calidad del
congresista y que la gestión indebida se refiera a un asunto de su competencia
actual o futura. Asimismo, ha reiterado que esta causal tiene un carácter autónomo,
por lo que su estructuración no depende de la existencia o del resultado de un
proceso penal por el mismo hecho, dado que su naturaleza es constitucional y
disciplinaria, orientada a preservar la transparencia, la moralidad y la confianza
pública en el ejercicio de la función legislativa111.

En el caso concreto, el solicitante sostuvo que el voto “favorable” emitido por el
congresista constituía, por sí mismo, un acto de influencia sobre el entonces
candidato a contralor general. Argumentó que este era consciente de la importancia
política del apoyo parlamentario y que, en consecuencia, se habría generado una
“obligación tácita” de retribución que se concretó en el nombramiento posterior del
pariente del congresista en la Contraloría Provincial.

Como indicios de la presunta influencia, el solicitante señaló: (i) la ausencia de
manifestación de impedimento, pese a la existencia de procesos fiscales contra su
pariente; (ii) el saludo que el congresista dirigió al candidato luego de votar; (iii) el
posterior nombramiento de Wilden Fabián Capacho Monterrey en la Gerencia
Departamental; y (iv) la declaración juramentada presentada por este antes de su
posesión.

Del examen integral del acervo probatorio, la Sala concluye que no se configura el
segundo supuesto del elemento objetivo de la causal, relativo a que se haya
invocado la condición de congresista ante un servidor público, ejerciendo sobre este
un influjo psicológico, sin importar la relación jerárquica existente, por las siguientes
razones:

En primer lugar, no obra prueba de que el congresista hubiera invocado su condición
ni ejercido influencia frente a un servidor público. Por el contrario, la actuación
atribuida se dirigió al entonces candidato a Contralor General de la República y el
apoyo de la bancada del Partido Centro Democrático a dicha candidatura evidencia
una decisión política colectiva que impide atribuir al voto del congresista un influjo
singular y determinante sobre la voluntad del elegido (hecho probado 4.21.).

de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-
01705-01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 10 de diciembre de 2021, Exp. 81001-23-39-000-2020-00127-01; iv) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020, Exp. 68001-23-
33-000-2019-00609-01; v) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sentencia de 17 de junio de 2017, Exp. 11001-03-15-000-2016-01503-01; vi) Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 21 de junio de 2016, Exp. 11001-03-15-
000- 2013-01258–00: y vii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sentencia de 6 de mayo de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2013-00865-00.
111 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

Sobre el particular, resulta relevante recordar que el informe escrito rendido bajo
juramento por el contralor general de la República - Carlos Hernán Rodríguez
Becerra tuvo por objeto informar: (i) si celebró algún acuerdo o pacto con el
congresista relacionado con su elección; (ii) las razones que sustentaron el
nombramiento de Wilden Fabián Capacho Monterrey como contralor provincial,
grado 01, en la Gerencia Departamental de Norte de Santander; (iii) cómo conoció
al referido servidor; y (iv) qué referencias tuvo en cuenta para efectuar dicha
designación.

Sobre estos puntos, el contralor manifestó que: (i) no celebró acuerdos ni pactos
con congresistas para su elección, la cual fue realizada por el Congreso en Pleno,
mediante mayoría absoluta y con base en criterios objetivos como conocimientos,
formación, experiencia y aptitud para el ejercicio del cargo; (ii) Wilden Fabián
Capacho Monterrey fue nombrado como contralor provincial, grado 01, por cumplir
los requisitos mínimos verificados por la Gerencia de Talento Humano de la
Contraloría General de la República; (iii) no conoce personalmente a Wilden Fabián
Capacho Monterrey y (iv) el referido nombramiento se sustentó en la hoja de vida y
la experiencia profesional del aspirante y se tuvo en cuenta la declaración
juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de
interés como requisito previo a su posesión.

En esa línea, no existe medio de prueba alguno que permita desvirtuar las
declaraciones del contralor, las cuales descartan la existencia de un acuerdo previo
o de un influjo determinante atribuible al congresista. Por el contrario, los hechos
invocados por el solicitante, esto es, la ausencia de manifestación de impedimento,
el saludo posterior a la votación, el nombramiento subsiguiente de su pariente y la
declaración juramentada previa a la posesión, no permiten inferir la invocación de
la investidura ni el ejercicio de un influjo psicológico sobre el entonces candidato,
por lo que resultan insuficientes para acreditar la configuración de la causal alegada.

Así, contrario a lo sostenido por el solicitante, la circunstancia de que el congresista
no hubiera manifestado impedimento, pese a la existencia de procesos de
responsabilidad fiscal en contra de su pariente, no permite, por sí solo, inferir una
invocación indebida de la investidura ni el ejercicio de influjo psíquico. Ello, en la
medida en que, como se ha venido exponiendo, bajo el régimen previsto en el
artículo 1.° de la Ley 2003 de 2019, que modificó el artículo 286 de la Ley 5.ª de
1992, el parlamentario no se encontraba obligado a declarar impedimento alguno y,
por el contrario, tenía el derecho de participar en la elección de otros servidores
públicos mediante voto secreto, salvo que se configuraran inhabilidades derivadas
del parentesco con los candidatos.

Además, como atrás se advirtió, aunque el solicitante acreditó que Wilden Fabián
Capacho Monterrey estaba vinculado a los procesos de responsabilidad fiscal
identificados con el radicados núms. PRF-801112-2021-39532 y PRF-80542-2021-
40082 y fue notificado personalmente de los autos de apertura correspondientes,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

atendiendo a lo previsto en el artículo 106112 de la Ley 1474 de 2011113 y en los
términos del artículo 67114 del CPACA (hechos probados 4.5. y 4.6.), el material
probatorio no demuestra que el congresista tuviera conocimiento de los procesos
de responsabilidad fiscal que cursaban contra su pariente, o que debiera conocer
dicha situación, teniendo en cuenta que la reserva legal impide su divulgación a
terceros distintos del investigado, su apoderado o la persona expresamente
autorizada por este, hasta el vencimiento del término fijado por ley para la práctica
de pruebas.

En efecto, es preciso remembrar que el artículo 20 de la Ley 610 de 2000115 dispone
que las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el proceso de
responsabilidad fiscal son reservadas y, en consecuencia, ningún funcionario puede
suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales, salvo que las
solicite autoridad competente para conocer asuntos judiciales, disciplinarios o
administrativos.

La anterior disposición fue declarada condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-477 de 2021116, bajo el entendido de que la
reserva a que se refiere deberá levantarse tan pronto se practiquen efectivamente
las pruebas a que haya lugar y, en todo caso, una vez expire el término general
fijado por la ley para su práctica, esto es, un plazo máximo de 30 días, conforme lo
establece el artículo 51117 de la Ley 610 de 2000.

Bajo este contexto, la Sala advierte que, para el 12 de junio de 2024, fecha en que
el Congreso de la República llevó a cabo la elección del contralor general, en los
referidos procesos de responsabilidad fiscal no se había superado el término de
reserva legal. Lo anterior, por cuanto las decisiones mediante las cuales se
resolvieron las solicitudes probatorias fueron proferidas con posterioridad, esto es,
el 5 de agosto de 2024, en el proceso núm. PRF80542202140082 (hecho probado
4.14), y el 3 de abril de 2025, en el proceso núm. PRF801112202139532 (hecho
probado 4.15).

112 “Artículo 106. Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su

integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse personalmente las
siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de
imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia; para estas providencias
se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones
administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso
serán notificadas por estado”.
113 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
114 “Artículo 67. Notificación Personal. Las decisiones que pongan término a una actuación

administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la
persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse”.
115 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de

las contralorías.
116 Corte Constitucional, Sentencia C-302 de 9 de mayo de 2021, Exp. D-14.045.
117 “Artículo 51. Decreto y Practica de Pruebas. Vencido el término anterior, el funcionario competente

ordenará mediante auto la práctica de las pruebas solicitadas o decretará de oficio las que considere
pertinentes y conducentes, por un término máximo de treinta (30) días. […]”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

En ese sentido, para la fecha de la elección la referida reserva se encontraba
vigente, toda vez que esta únicamente se entiende superada una vez se practiquen
efectivamente las pruebas o, en su defecto, al vencimiento del término legal para su
práctica, circunstancias que no habían tenido lugar en el presente asunto.

Por otra parte, tampoco resulta plausible sostener que, a partir de la cercanía
familiar entre el congresista y Wilden Fabián Capacho Monterrey, pueda inferirse el
conocimiento de los procesos de responsabilidad fiscal en su contra. Al respecto,
se advierte que las fotografías aportadas por el solicitante no están acompañadas
de elementos que permitan establecer con certeza su autoría ni las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, ni se allegaron en un contexto que
permita vincularlas directamente con los hechos objeto de controversia. En
particular, dichas imágenes únicamente evidencian la coincidencia de ambos en
eventos de carácter familiar, sin que de ello sea posible deducir el conocimiento de
los referidos procesos ni la configuración de los elementos de la causal invocada.

Además, aunque los secretarios generales del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes informaron la radicación de diversos impedimentos
presentados por senadores y representantes a la Cámara para participar en la
elección del contralor general de la República, sustentados, entre otros motivos, en
la existencia de parientes sometidos a investigaciones, procesos o actuaciones de
control fiscal adelantadas por la Contraloría General de la República, lo cierto es
que, conforme al artículo 286 de la Ley 5 de 1992, tratándose de una votación
secreta no había lugar y resultaba innecesario tramitarse impedimentos, de manera
que el presidente de la plenaria decidió que se resolvieran, únicamente, ante la
insistencia de algunos congresistas, para denegarse (hecho probado 4.13.).

A su vez, el saludo que el congresista dirigió a Carlos Hernán Rodríguez Becerra
después de depositar su voto, mediante un apretón de manos y el gesto de este
último de colocar su mano sobre el brazo del congresista, tal como se evidencia en
la videograbación allegada al proceso del canal del Congreso en la red social
YouTube, tampoco evidencian un influjo psicológico del que trata la causal.

En ese contexto, si bien obra en el expediente la declaración juramentada rendida
por Wilden Fabián Capacho Monterrey el 16 de junio de 2025, en la que manifestó
no tener parentesco hasta segundo grado de afinidad con congresistas, esta
circunstancia, por sí sola, no configura las causales de pérdida de investidura
invocadas respecto al congresista, en la medida que no acredita los requisitos
necesarios para su configuración.

Al respecto, conviene resaltar que las pruebas obrantes en el expediente no
permiten acreditar que el congresista haya ejercido gestiones, presiones o
solicitudes concretas ante el contralor general ni las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en las cuales el congresista presuntamente invocó su condición ante un
servidor público, ejerciendo influjo psíquico sobre éste.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

En este contexto, la Sala considera que el voto secreto es una manifestación
legítima del ejercicio parlamentario y no constituye, por sí mismo, un acto de
inducción, presión o sugerencia indebida. Así, para que se configure el tráfico de
influencias es indispensable probar que el congresista recurrió a su condición de tal
para ejercer un influjo psíquico sobre un servidor público, lo que no se desprende
del sufragio ni de las restantes circunstancias advertidas por el solicitante como
indicios.

En tales condiciones, al no estar acreditado el ejercicio de un influjo psíquico del
congresista convocado ante un servidor público, sin consideración al orden
jerárquico existente, no es necesario analizar los demás supuestos señalados por
la jurisprudencia para determinar si se configuró el tráfico de influencias alegado, en
cuanto estos son concurrentes.

Frente a este particular, cabe indicar que, de conformidad con el artículo 167 del
CGP, aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1881, en los
procesos de pérdida de investidura le corresponde al actor probar, dentro de las
oportunidades señaladas en la Ley, los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Por otra parte, si bien en el expediente obran documentos relacionados con la
formación profesional del congresista, la vigencia de su matrícula ante el COPNIA,
la inexistencia de sanciones disciplinarias vigentes y su no inscripción en el Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tales circunstancias se enmarcan
en el análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, el cual
solo resulta procedente ante la acreditación del elemento objetivo.

Al respecto, es preciso reiterar que en tratándose de una censura que restringe de
manera permanente el derecho a ser elegido por voto popular, el proceso que se
adelanta es de naturaleza sancionatoria; por esta razón, está sometido al principio
de taxatividad e interpretación restrictiva de las causales, en garantía de los
principios del debido proceso, legalidad y pro homine; en consecuencia, al juez le
está prohibido realizar una interpretación extensiva o analógica de las causales.

Por lo expuesto, las pretensiones subsidiarias no están llamadas a prosperar.

6. Conclusión

A partir de las pruebas que reposan en el proceso y como resultado del análisis
precedente, la Sala de Decisión concluyó que no se configuró la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política
ni la establecida en el numeral 5° del artículo ibidem.

En relación con la causal 1.ª, por violación del régimen de conflicto de intereses, si
bien se acreditó que el congresista participó en la elección del contralor general de
la República mediante voto secreto, el artículo 286 de la Ley 5.ª de 1992, modificado
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

por la Ley 2003 de 2019, establece que no hay conflicto de interés cuando los
congresistas intervienen en la elección de otros servidores públicos mediante voto
secreto, salvo que exista inhabilidad por parentesco con el candidato, supuesto que
no se presenta en el caso concreto, pues el vínculo alegado recae sobre un tercero
que no era candidato ni hacía parte del proceso de selección. Tampoco se probó un
beneficio particular, actual y directo derivado de la elección, ni el conocimiento por
parte del congresista de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra
su pariente, dada la reserva legal que los cobija.

En cuanto a la pretensión subsidiaria, fundada en la causal 5.ª por tráfico de
influencias debidamente comprobado, la Sala concluyó que no se acreditó que el
congresista hubiera invocado esta condición ante un servidor público, ejerciendo un
influjo psicológico sobre el entonces candidato. Los indicios señalados por el
solicitante no permiten inferir instrumentalización de la investidura ni influencia
indebida, máxime cuando la votación se dio por decisión de la bancada del Centro
Democrático y el informe rendido por el contralor descarta haber celebrado un
acuerdo o pacto con el congresista para su elección que lo haya influido para
obtener el beneficio alegado por el solicitante.

7. Costas

En atención a que la Ley 1881 de 2018 no se refiere a la imposición de costas en el
medio de control de pérdida de investidura, debe recordarse, nuevamente, lo
dispuesto por el artículo 21 ibidem, según el cual “para la impugnación de autos y
en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma
subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”.

Dicho esto, se advierte que, de conformidad con el artículo 188118 del CPACA, no
hay lugar a imponer costas en los asuntos en los que se ventile un interés público
y, en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta ausencia de fundamento
legal.

Así las cosas, en el presente asunto la Sala estima que no hay lugar a disponer
sobre la condena en costas, porque la solicitud de pérdida de investidura reviste un
interés público en atención a la naturaleza jurídica del medio de control y no se
advierte que la solicitud se haya presentado sin fundamento legal alguno.

118 “Artículo 188. Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05114-00 (8063)
Solicitante: Guillermo Sandoval Medina

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura
invocadas contra Juan Felipe Corzo Álvarez, representante a la Cámara por el
Departamento de Norte de Santander para el período constitucional 2022-2026, por
las razones expuestas.

SEGUNDO: COMUNICAR lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior,
para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Magistrado Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado Magistrado
SP2

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