Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05116-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05116-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05116-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
18 de septiembre de 2025
Demandante: Janel Katherine Peña Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05116-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05116-00
Demandante: JANEL KATHERINE PEÑA GUERRERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de subsidiaridad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2025, la señora Janel Katherine Peña
Guerrero, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la
sentencia del 30 de julio de 2025.
Lo anterior, por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, modificó el fallo del 19 de abril de 2024, por medio del cual
el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó en contra del Hospital Militar Central, con radicado 11001-33-35-017-
2019-00295-00/02.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por la Subsección C
de la Sección segunda del Tribunal Superior de Cundinamarca en la sentencia del 30
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Demandante: Janel Katherine Peña Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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de julio de 2025 proferida dentro del proceso 11001-33-35-017-2019-00295-02 al
modificar la fijación del litigio y hacer control de legalidad de un acto administrativo que
no fue demandado.
2. Ordenar a la Subsección C de la Sección segunda del Tribunal Superior de
Cundinamarca que corrija la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 dentro del
proceso 11001-33-35-017-2019- 00295-02, en el sentido de estudiar el recurso de
apelación sin variar la fijación del litigio hecha por las partes y el juzgado en la
audiencia celebrada el 12 de agosto de 2021 o en su defecto, a tener por único acto
administrativo a ser estudiado en control de legalidad al Oficio E-00004– 201906894-
HMC Id: 35687 del 31 de julio de 2019 sin tener que incluir el oficio E-00022–
2018008204-HMC Id: 95499 del 14 de septiembre de 2018.
1.3. Hechos
La solicitud de la señora Janel Katherine Peña Guerrero se sustenta en los
siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
Relató que prestó sus servicios al Hospital Militar Central de manera continua,
subordinada e ininterrumpida desde el 11 de agosto de 2014 hasta el 31 de octubre
de 2017, a través de contratos de prestación de servicios.
Indicó que, el 23 de julio de 2019, solicitó del aludido hospital que declare la
existencia de una relación laboral, y ordene el pago consecuente de salarios,
prestaciones y mesadas pensionales por el tiempo en que estuvo vinculada a través
de contratos de prestación de servicio, lo cual fue negado mediante Oficio E-00004–
201906894-HMC Id: 35687 del 31 de julio de 2019.
Adujo que controvirtió dicha decisión a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual le correspondió por reparto al Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Puntualizó que el aludido juzgado, por sentencia del 19 de abril de 2024, dispuso,
entre otra medidas, (i) declarar la nulidad de los Oficios E-00022–2018008204-HMC
Id: 95499 del 14 de septiembre de 2018 y E-00004–201906894-HMC Id: 35687 del
31 de julio de 2019; (ii) declarar no probadas las excepciones propuestas por el
Hospital Militar Central y (iii) condenar a esa institución, a título de indemnización,
el equivalente a las prestaciones sociales, legales, comunes y ordinarias que
percibían los empleados públicos de planta que ostentaban el cargo denominado
Auxiliar de Servicios - Código: 6-1 - Grado: 29 - 33, por el período comprendido
entre el 11 de agosto de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017.
Destacó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Hospital Militar
Central, mediante sentencia del 30 de julio de 2025, analizó un acto no enjuiciado
(Oficio E-00022–2018008204-HMC Id: 95499 del 14 de septiembre de 2018).
Señaló que, dicho estudio, dio lugar a que se modificaran los numerales primero,
segundo, tercero y cuarto de la decisión del a quo para, en su lugar, declarar (i) de
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oficio, la excepción de inepta demanda al no ser integrada la proposición jurídica
completa y no ser enjuiciado el Oficio E-00022–2018008204-HMC Id: 95499 del 14
de septiembre de 2018; (ii) la nulidad parcial del Oficio E-00004–201906894-HMC
Id: 35687 del 31 de julio de 2019; (iv) la existencia de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios que suscribió ella con el Hospital Militar Central,
por el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2014 y el 31 de octubre de
2017, pero solo para efectos del reconocimiento de mesadas pensionales; y (v)
probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho impetrado en relación con los salarios y las
prestaciones reclamados por el interregno referenciado en el numeral anterior.
1.4. Sustento de la petición
La señora Janel Katherine Peña Guerrero aseveró que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en la sentencia del 30 de julio
de 2025, excedió el marco del recurso de apelación y revivió las etapas precluidas
del proceso ordinario, con el estudio de un oficio que no fue enjuiciado.
Explicó que la aludida autoridad judicial empleó un «precedente jurisprudencial para
soportar la inclusión de un acto administrativo que no tenía por qué ser objeto de
debate judicial», lo cual sorprendió y afectó a las partes en la medida en que
quedaron sin recursos para controvertir lo decidido.
Insistió en que el tribunal accionado «si bien argumenta que la excepción de inepta
demanda se debe tramitar con base en la correcta individualización de las
pretensiones (163 C.P.A.C.A), lo cierto es que lo que hizo fue una variación del
litigio pues estudió el control de legalidad de un acto administrativo que no fue
demandado».
Puso de relieve que, aunque «el oficio E-00022–2018008204-HMC Id: 95499 del
14 de septiembre de 2018 contiene las razones por las cuales se niega el
reconocimiento y pago de los derechos derivados de la relación laboral encubierta
[…], lo cierto es que el acto administrativo que constituye la respuesta es el Oficio
E-00004–201906894- HMC Id: 35687 del 31 de julio de 2019». De ahí que no es
congruente afirmar que no se individualizaron los actos demandados, de acuerdo
con los lineamientos fijados en el artículo 138 del CPACA.
Reiteró que existe una vulneración palmaria del debido proceso «por cuanto el
Tribunal revivió una etapa precluida, incluyó dentro del litigio aspectos que no
fueron ventilados durante su trámite y no permitió a las partes manifestarse sobre
el tema nuevo que se incluía, ni siquiera, alegar de conclusión».
1.5. Actuación procesal
Mediante auto del 27 de agosto de 2025, el ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.
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Además, vinculó al Hospital Militar Central y al Juzgado Diecisiete Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, en calidad de terceros con interés en las resultas
del presente asunto.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, manifestó que, con fundamento en lo normado en el artículo 187
del CPACA, declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda «al no ser
integrada la proposición jurídica completa y no ser enjuiciado el Oficio E-00022–
2018008204-HMC Id: 95499 del 14 de septiembre de 2018».
Resaltó que, de forma consecuente, también declaró probada la excepción de
caducidad respecto de la pretensión encaminada «al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales reclamadas por el período comprendido entre el 11 de agosto
de 2014 y el 31 de octubre de 2017».
Aclaró que, si bien es cierto que el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, en audiencia inicial del 12 de agosto de 2021, hizo alusión al
fenómeno de caducidad, también lo es que «estableció que no se configuró al no
haber transcurrido más de 3 años entre la finalización de la relación contractual y
la reclamación administrativa». Examen propio del fenómeno de la prescripción y
no de la sanción legal que se produce cuando no se ejerce el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el término establecido en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Añadió que «estudió detalladamente las pruebas aportadas al proceso y declaró
las excepciones referidas, con fundamentos normativos y jurisprudenciales».
Detalló que al examinar la legalidad del Oficio E-00004–201906894-HMC Id: 35687
del 31 de julio de 2019, se demostró que existió una desnaturalización de los
contratos de prestación de servicio que suscribió la tutelante con el Hospital Militar
Central pero solo para efectos pensionales. Por lo que, confirmó parcialmente la
decisión de primera instancia en cuanto dispuso el pago de las diferencias en los
aportes al Sistema Pensional dado que, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones perióticas, están exceptuadas de la caducidad del medio de control.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
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Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, la Sala deberá determinar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de la accionante con ocasión de la
sentencia del 30 de julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-017-2019-00295-01/02.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se analizará, (iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
1
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente, (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. En lo referente al requisito de subsidiariedad resulta pertinente señalar que
se encuentra consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política.
A su turno, el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que
la solicitud de amparo será improcedente «cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable».
La Corte Constitucional ha advertido que, cuando se trata de acciones de tutela en
contra de providencias judiciales, es necesario que el accionante haya agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción
de tutela sea procedente2. Esto es, que la mencionada acción constitucional solo
puede operar cuando todos los mecanismos anteriores se han agotado y, siempre
que el ciudadano haya acudido a ellos de manera diligente, por cuanto, si han
operado adecuadamente, «nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los
jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los
derechos fundamentales concernidos.»3
Ahora, el requisito de subsidiariedad en la acción de tutela se incumple cuando se
alega la incongruencia como causal de nulidad originada en la sentencia, ya que
esta circunstancia se encuentra prevista como una de las causales que hacen
procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 6° del
artículo 188 del Decreto 01 de 1984, hoy en día, numeral 5° del artículo 250 del
CPACA.
2
Sentencia T-543 de 1992.
3
Sentencia T-006 de 2015.
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Respecto lo anterior, vale la pena traer a colación el principio de congruencia de las
providencias, según el cual, la sentencia debe guardar consonancia con los hechos
y las pretensiones esgrimidos en la correspondiente demanda 4.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto a este principio orientador
del derecho procesal, ha explicado que, a la luz de tal postulado, el juez debe
resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es su obligación
explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de fondo de alguna
de las pretensiones5. Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con
fundamento en la realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna
manera, puede fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser,
pero que las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación
procesal6.
En el asunto sub judice la señora Janel Katherine Peña Guerrero presentó acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, porque en la sentencia del 30 de julio de 2025, estudió un oficio no
enjuiciado, ejercicio que dio lugar a que se modificaran los numerales primero,
segundo, tercero y cuarto de la decisión del Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para restringir la indemnización que le correspondía solo
al pago de las diferencias de las mesadas pensionales.
Precisó que el análisis del Oficio E-00022–2018008204-HMC Id: 95499 del 14 de
septiembre de 2018 revivió una etapa precluida del proceso ordinario, varió el litigió
y excedió el marco del recurso de apelación, lo cual sorprendió a las partes y afectó
sus posibilidades de defensa y contradicción. De ahí que de fondo reprocha la
incongruencia del fallo del 30 de julio de 2025.
En ese orden, la situación descrita por la accionante se ajusta a una de las causales
de revisión contempladas en el artículo 250 del CPACA, esta es, la prevista en el
numeral 5º que señala: «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»
Esto, por cuanto la señora Janel Katherine Peña Guerrero considera que el fallador
de segunda instancia entró oficiosamente a estudiar un acto no enjuiciado y a
declarar probadas unas excepciones, en (i) contravía de lo resuelto en la audiencia
inicial y la fijación del litigio; y (ii) por fuera del marco del recurso de apelación
interpuesto por el Hospital Militar Central.
Al margen de la razonabilidad de los anteriores argumentos, lo cierto es que en esta
sede constitucional no es dable determinar si el proveído bajo cuestionamiento
4
Artículo 281 del Código General del Proceso: «La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley»
5
Sentencia T-592 de 2000.
6
Sentencia T-961 de 2000.
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adolece de incongruencia, toda vez que tal análisis corresponde al juez natural en
instancias del recurso extraordinario de revisión.
En este punto, resulta pertinente evidenciar la postura de la Sala Veintidós Especial
de Decisión de esta corporación, según la cual, proferir una decisión extra petita
implica un quebranto al principio de congruencia, inconsistencia que da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen procedente
el recurso extraordinario de revisión, tesis que fue expuesta en los siguientes
términos:
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se
configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los
fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.
(…) En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se
puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en
una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada
juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los
cuales no se podía pronunciar.
(…) Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia
externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el
fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda.7
Con fundamento en lo esbozado, se concluye que el juez de tutela debe abstenerse
de realizar algún estudio relativo al presunto desconocimiento del principio de
congruencia, por lo que este mecanismo constitucional se torna improcedente por
no cumplir el requisito de subsidiariedad. Por tanto, se declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo.
7
Providencia de 2 de febrero de 2016, rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV). Destacado
por la Sala.
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Lo anterior, no sin antes enfatizar que la accionante no manifestó ni acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable o una situación de gravedad e inminencia
que torne urgente e impostergable la actuación del juez constitucional y haga
procedente la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
señora Janel Katherine Peña Guerrero contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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