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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05118-00

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05118-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de José Guillermo Olave Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05118-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05118-00

Accionante: JOSÉ GUILLERMO OLAVE JIMÉNEZ

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 19 de agosto de 2025, José Guillermo Olave Jiménez, a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y los principios de favorabilidad, eficacia, economía y celeridad, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño, al haber proferido la
providencia del 20 de junio de 2025, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 que adelantó contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional.

1 Identificado con número de radicado: 52001-33-33-007-2021-00056-00/01 (12636)

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud de la acción de tutela, solicitan que los derechos alegados sean protegidos
y, en consecuencia, se dejen sin efectos las providencias reprochadas. Piden que se
ordene a las accionadas a proferir una nueva decisión:

« 1. Respetuosamente solicito a su Despacho tutele los Derechos Fundamentales a
la igualdad, a la administración de justicia, así como a los principios constitucionales
de favorabilidad, eficacia, economía y celeridad, a los pronunciamientos del Consejo
de Estado, y demás derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, por el
fallo proferido el día 20 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo de Nariño
Sala Segunda de Decisión, con ponencia de la Magistrada ANA BEEL BASTIDAS
PANTOJA, al resolver la apelación en contra de la providencia dictada por el Juzgado
Séptimo (07) Oral Administrativo del Circuito Judicial de Pasto del día doce (12) de
diciembre de dos mil veintidós (2022) (…).

2. Ordene al Tribunal Administrativo de Nariño Sala Segunda de Decisión, acoja los
diferentes pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, y
especialmente acate la Sentencia de esta corporación de fecha ocho (08) de junio de
dos mil diecisiete (2017), radicado No. 11001-03-25-000-2010-00065-00, Magistrado
Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS mediante la cual Declaró con efectos EX
TUNC la NULIDAD TOTAL del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, donde
además de declarar la nulidad total del decreto, también manifestó que el efecto de
esa declaratoria es que el acto derogatorio pierde validez y, por ende, las normas que
fueron derogadas recuperen sus efectos jurídicos, y que por consiguiente, la
declaratoria de nulidad del acto administrativo que derogado expresa o tácitamente
otras disposiciones, “revive” los preceptos derogados, es decir, produce el efecto de
reincorporar tales normas al ordenamiento jurídico, dejando sin efectos su
derogatoria, en ese sentido, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos.

3.En consecuencia, de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada el 20
de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala Segunda de
Decisión, con ponencia de la Magistrada ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA, que
resolvió REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Séptimo (07) Oral
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto del día doce (12) de diciembre de dos
mil veintidós (2022) en Sentencia de Primera Instancia. Desconociendo el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, y se confirme en su totalidad la sentencia
proferida en primera instancia por ajustarse a lo estipulado en el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado. Lo anterior dentro del proceso de Nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 52001-3333-007-2021- 00056-01
promovido por el señor JOSE GUILLERMO OLAVE JIMENEZ contra la Nación -
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.»

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

2. Hechos relevantes

En el año 2021, José Guillermo Olave Jiménez incoó el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército Nacional con el fin de que fuera declarada la nulidad del acto administrativo
proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño y que negó el reajuste y pago
debidamente actualizado e indexado del subsidio familiar, desde el momento en que
contrajo matrimonio el 31 de julio de 2009, conforme a lo establecido en el artículo
11 del Decreto Ley 1794 del 17 de septiembre de 2000, equivalente a un cuatro por
ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Pasto que, por sentencia del 12 de diciembre de 2022, resolvió
acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la nulidad del acto
acusado y ordenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, reajustar y
pagar al actor el subsidio familiar antes indicado, advirtiendo que procedería a partir
de la fecha en que el accionante adquirió el derecho y hasta la fecha en que fue
retirado de la institución militar.

La demandada apeló la decisión. El asunto fue conocido en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Nariño que, por sentencia del 20 de junio de 2025, revocó
lo resuelto por el A Quo, y al hacer alusión al caso en concreto manifestó entre otros
asuntos que, al actor se le podría reconocer el derecho porque una condición era
que se encontrara casado, y efectivamente su matrimonio había sido el 31 de julio
de 2009; pero que la fecha que el demandante informó y acreditó su estado civil para
que le fuera reconocido el subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 1794 del 2000, fue el 11 de julio de 2014, cuando ya había entrado en
vigencia el Decreto 1161 de 2014, y que por esta razón, el subsidio familiar se debía
regir por esta última norma y no por el Decreto 1794 de 2000.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Lo anterior, con ocasión a la providencia proferida el 20 de junio de 2025.

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

Sostiene que en esta se incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del
precedente.

Respecto del primer defecto mencionado, considera que la autoridad accionada no
realizó una debida valoración de los hechos del caso ni apreciaron los medios de
prueba aportados. Sostienen que le otorgaron valor a unos que en realidad no lo
tenían, pues estos daban cuenta de que:

« Lo que se está reclamando y que así fue reconocido por el Juzgado Séptimo (07)
Oral Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en Sentencia de Primera Instancia,
el día doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022), es el reajuste del subsidio
familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, toda vez que
mi mandante contrajo matrimonio el día 31 julio de 2009, fecha para la cual se
encontraba en vigencia esta normatividad en lo que respecta al reconocimiento del
subsidio familiar para los soldados profesionales e infantes de marina de las Fuerzas
Militares, lo anterior como consecuencia de la la declaratoria de nulidad con efectos
ex tunc del Decreto 3770 de 2009, que revivió las disposiciones normativas
contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 restituyendo sus efectos, en
este entendido tenemos que:

1. Mediante Decreto 1793 del 14 de septiembre de 2000, se creó el Régimen
de Carrera y Estatuto del Personal del Soldados profesionales de las Fuerzas
Militares.
2. El artículo 11 del Decreto Ley 1794 del 17 de septiembre del 2000, reconoció
el derecho al subsidio familiar mensual para los soldados profesionales de las
Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, subsidio familiar
equivalente a un cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.

3. Este artículo estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2009, fecha en la
cual mediante el Decreto ley 3770 se derogó.

4. Solo hasta el 24 de junio del 2014, se creó un NUEVO subsidio familiar
mensual para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de
las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, subsidio
familiar que contemplaba máximo el 26% del salario básico.

5. Los soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares que
se casaron o declararon su unión marital de hecho, en el lapso comprendido del
30 de septiembre de 2009 y hasta el 24 de junio de 2014, no tenían derecho
a recibir el subsidio familiar, ya que mediante el Decreto ley 3770 del 30 de
septiembre de 2009 se había derogado el artículo 11 del Decreto ley 1794 del 17
de septiembre del 2000, y solo pudieron acceder al NUEVO subsidio familiar
creado Mediante el Decreto ley 1161 del 24 de junio del 2014.

6. Al declarar el Consejo de Estado la NULIDAD TOTAL del Decreto 3770 del
30 de septiembre de 2009 con efectos EX TUNC, se revive en forma automática

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 hasta el día 24 de junio de 2014, fecha
en la cual se expidió el Decreto 1161 de 2014 que permanece vigente a la fecha
de hoy.

7. Si el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estuvo vigente hasta el día 24 de
junio de 2014, significa que todos los soldados profesionales e infantes de marina
que se hayan casado antes del 24 de junio de 2014, tienen derecho a que se les
reconozca su subsidio familiar de acuerdo con base en esta norma legal, o sea
el equivalente a un cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.

8. Sobre este aspecto como ya lo manifesté anteriormente, el honorable
Consejo de Estado fue claro el día ocho (08) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017) al resolver y NEGAR la solicitud de adición y aclaración a la sentencia de
fecha ocho (08) de junio de dos mil diecisiete (2017), radicado No. 11001-03-25-
000-2010-00065-00, Magistrado Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS por
medio de la cual Declaró con efectos EX TUNC la NULIDAD TOTAL del Decreto
3770 del 30 de septiembre de 2009. (…) »

Respecto del segundo defecto mencionado, trajo a colación unas sentencias del
Consejo de Estado, la primera proferida por la Sección Segunda el 8 de junio de
2017, radicado No. 11001-03-25-000-2010-00065-00 y la segunda, expedida por la
Sección Quinta el 27 de octubre de 2021, Radicado No. 11001-03-15-000-2021-
04441-01. Con base en estas sostiene que, la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con
efectos ex tunc conllevó a que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 retornara a la
vida jurídica y recobrará su vigencia, a partir de las siguientes consideraciones:

«De manera que, a partir de las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que
el Tribunal demandado incurrió en un defecto sustantivo por la falta de interpretación
sistemática de las normas que regulan el caso en concreto aunado a los efectos de
la declaratoria de nulidad contenido en la sentencia del 8 de junio de 2017, dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

(…)

En efecto, lo que se observa es que el estudio del Tribunal demandado concluyó
que al actor no le asistía el derecho a que se le reconociera el subsidio familiar
desde que contrajo nupcias hasta que se le reconociera su asignación de retiro, con
fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sin atender los efectos ex
tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, con lo cual se revivió la
primera de las normas en cita que le era favorable al accionante, pero que para el
momento en el que contrajo nupcias se encontraba derogada por este último
decreto.

(…)

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

Por tanto, la Sala no encuentra razonable que la autoridad cuestionada señalara
que no procedía tal reconocimiento pues el demandante no había cumplido con
uno de los presupuestos contemplados en dicha norma, esto es, el de reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio, precisamente porque solo hasta que
cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017, la cual se recuerda fue
objeto de solicitudes de aclaración y adición, además de una acción de tutela en
su contra, era que el demandante contaba con la certeza de informar a la
institución acerca de su estado civil, lo que finalmente ocurrió para el año 2018.»

4. Trámite procesal

El 25 de agosto de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
la autoridad judicial accionada, así como a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, en calidad de tercero con interés. También se comunicó la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

El Tribunal Administrativo de Nariño y el tercero con interés guardaron silencio en
relación con el informe solicitado; no obstante haber sido debidamente notificados
del auto admisorio del amparo constitucional.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto remitió copia digital del
expediente No. 52001-33-33-007-2021-00056-00/01.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 20 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que el
accionante funge como parte demandante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3 Ibidem.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al proferir la providencia cuestionada. Sostiene que en esta se incurrió en
un defecto sustantivo. Esto al haber cometido una evidente contradicción entre los
fundamentos y la decisión, así como por no existir en la sentencia una motivación
real que respalde el fallo proferido en el que pueda reposar su legitimidad.

A su vez, considera que también se presentó desconocimiento del precedente, al
omitir lo resuelto en dos sentencias del Consejo de Estado; la primera de la Sección
Segunda del 8 de junio de 2017, radicado No. 11001-03-25-000-2010-00065-00 y,
la segunda de la Sección Quinta de fecha 27 de octubre de 2021, Radicado No.
11001-03-15-000-2021-04441-01, en las que se determinó que la nulidad del

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Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc conllevó a que el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 retornara a la vida jurídica y recobrará su vigencia.

Afirma que contrajo matrimonio el 31 de julio de 2009, por lo que tiene derecho a
que se le reconozca el subsidio familiar de acuerdo al artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, sobre un 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad,
contrario a lo considerado por la autoridad judicial. También esgrimió que no se
puede inaplicar la anterior norma, pues el Decreto Ley 3770 de 2009 que la había
derogado, se declaró nulo por el Consejo de Estado con efectos ex tunc, por lo que
el articulo 11 de la referida disposición, revivió y mantuvo sus efectos jurídicos hasta
el 24 de junio de 2014, fecha en la cual se expidió el Decreto Ley 1161 que reconoció
el nuevo subsidio familiar; en consecuencia, los soldados que se casaron o
declararon su unión marital de hecho antes del 24 de junio de 2014, se les debía
aplicar el Decreto 1794.

La autoridad accionada, de conformidad con el material probatorio allegado al
proceso, y el marco normativo y jurisprudencial aplicable al mismo, determinó que
no se logró desvirtuar por parte del demandante la legalidad del acto ficto, pues solo
acreditó su vínculo matrimonial con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto
1161 de 2014, luego, no es posible efectuar la reliquidación de la prestación en
mención con base en el Decreto 1794 del 2000.

Consideró el operador judicial enjuiciado que no incurrió en equivocación, pues
sostuvo que:

«(...) el art. 11 del Decreto 1794 de 2000 definió claramente que a los soldados
profesionales se les podía reconocer el subsidio familiar siempre que acreditaran una
condición: estar casado o con unión marital de hecho vigente, presupuesto que en el
caso del señor José Guillermo Olave Jiménez se cumplió, según el registro civil de
matrimonio expedido por la Notaría Única de Jamundí, en el que se indica que la
unión entre el prenombrado y la señora María del Pilar Trillos Mera, data del 31 de
julio de 2009.

Esa precisión es importante, porque para la fecha en que el demandante acreditó la
condición establecida en el inciso 2º del art. 11 del Decreto 1794 de 2000 para el
reconocimiento del subsidio familiar, 11 de julio de 2014, ya había entrado en vigencia
el Decreto 1161 de 2014, lo cual implica que esta última norma es la que rige el
reconocimiento del derecho al mentado emolumento y no el Decreto 1794 de 2000
como lo pidió la parte demandante.»

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Ahora bien, el ad quem al dar alcance al pronunciamiento de primera instancia
acerca de que el reconocimiento se regía por el Decreto 1794 de 2000, atendiendo
la fecha de vinculación al servicio del soldado profesional, la fecha en que el
demandante contrajo matrimonio y los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017
sobre la anulación del Decreto 3770 de 2009 y la vigencia que recobró el Decreto
1794 de 2000, lo calificó como una apreciación desatinada:

«(...) por cuanto si bien es cierto que, con la sentencia del 8 de junio de 2017, tal y
como se expuso líneas atrás, el Decreto 1794 de 2000 mantuvo su vigencia al ser
anulado el Decreto 3770 de 2009, aún bajo esa consideración, no se puede perder
de vista que el señor José Guillermo Olave Jiménez solo satisfizo el requisito sine
qua non para acceder al subsidio familiar después de proferido el Decreto 1161 de
2014, norma bajo la cual se consolidó su derecho.

Y esta última premisa no puede ser desconocida en forma caprichosa,
sencillamente, porque antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, al
demandante no se le podía reconocer el subsidio familiar, habida cuenta que no
había acreditado el vínculo matrimonial.

Así las cosas, en armonía con los pronunciamientos del Consejo de Estado
expuestos en el segmento previo, la Sala destaca que en tanto el demandante no
adquirió el derecho al reconocimiento del subsidio familiar antes de la expedición
del Decreto 1161 de 2014, esto es, en vigencia del art. 11 del Decreto 1794 de 2000,
no era procedente declarar la nulidad del acto demandado y, por consiguiente,
tampoco era factible ordenar el reajuste del subsidio familiar en los términos
plasmados en la demanda, por lo que se revocará la sentencia apelada.»

El Tribunal accionado tuvo en consideración distintas decisiones proferidas por el
Consejo de Estado5, para analizar y sustentar su decisión sobre el reconocimiento
del subsidio familiar, cuestionado por el demandante. Con base en estas consideró:

«(...) que está regido por el Decreto 1794 de 2000 “considerando los efectos de
la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009” para el personal de
soldados profesionales que causaron tal derecho en vigencia de dicha norma ,
pero que, además, reportaron el cambio de su estado civil mientras el Decreto
1794 de 2000 estaba en vigor, habida cuenta que si tal condición se cumplió en
vigencia del Decreto 1161 de 2014, es esta última normatividad la que debe
aplicarse para el reconocimiento del subsidio familiar.»

5
En sentencia de la Sección Tercera en el fallo de tutela del 25 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-
000-2021-01460-00, sentencia de la Sección Cuarta en fallo de tutela del 17 de febrero de 2022, radicación No.
11001-03-15-000-2021-04501-01, Sentencia de la Sección Segunda en fallo de tutela del 11 de marzo de 2022,
Radicación No. 11001-03-15-000-2022-00994-00, entre otras.

11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues los jueces naturales del asunto, de
conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el
acervo probatorio aportado, consideraron que no desvirtuó la legalidad del acto ficto,
pues el demandante solo acreditó su vínculo matrimonial luego de la entrada en vigor
del Decreto 1161 de 2014, por lo que no es viable reliquidar la prestación
denominada “subsidio familiar”.

Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión,
la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto.

Además de lo expuesto, la acción de tutela solicita el reconocimiento de un subsidio
familiar. Esta pretensión, netamente económica, escapa de la órbita del juez de
tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Por
demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de pretensiones
"deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su
trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de
carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las
jurisdicciones correspondientes"6. Dicha circunstancia reitera que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional, toda vez que se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas7.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las

6 [1]
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

7]
Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas

12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05118-00
Accionante: José Guillermo Olave Jiménez
Acción de tutela – Primera instancia

razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de José Guillermo Olave
Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto
en esta decisión.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf

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