Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05120-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05120-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05120-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: CARLOS ESNEY VÉLEZ TORRES
Accionado: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela- Niega el derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala de conjueces
resuelve el recurso de impugnación interpuesto por Carlos Esney Vélez Torres
contra la sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida por Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 19 de agosto de 20251, el señor Carlos Esney Vélez Torres, quien actúa a
nombre propio, instauró acción de tutela contra la Corte Constitucional y el
despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. A su juicio, vulneraron su
derecho fundamental de petición.
Hechos relevantes
2. El 24 de julio de 2025, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la parte
actora presentó solicitud ante el magistrado de la Corte Constitucional, José
Fernando Reyes Cuartas, en la que formuló cuatro interrogantes2 en el marco de un
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 19 de agosto de 2025 con secuencia: 8257 - Cuad.:1”.
2 Al respecto, se transcribe la petición que formuló el señor Carlos Esney Vélez Torres en el botón
web de PQRSFD de la Corte Constitucional que la Presidencia de dicha Corporación incluyó en la
respuesta a dicha solicitud (Rad.: ECC-2025-007256 - PET26523). Esto se debe a que el actor no
adjuntó con la demanda la solicitud presentada ni su canal de radicación. En este contexto se tiene
que: “Yo, Carlos Esney Vélez Torres, identificado con CC No.71390674, en ejercicio del derecho
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y
regulado por la Ley 1755 de 2015, me dirijo a usted con el debido respeto para solicitar información
y aclaración sobre sus declaraciones públicas. (…) En este contexto, y con el propósito de
comprender la justificación de sus afirmaciones en relación con su rol como magistrado y los
principios constitucionales, formulo respetuosamente las siguientes preguntas:
1. Considerando las funciones y el alcance de la Corte Constitucional detalladas en los artículos 241
y subsiguientes de la Constitución Política de Colombia, ¿cómo se enmarcan sus declaraciones
públicas de acusación penal, en particular la referencia al ‘homicidio por omisión’ contra un
funcionario del gobierno, dentro de las atribuciones explícitas o implícitas de un magistrado de la
Corte?
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
foro de salud relacionados con la idoneidad de sus afirmaciones de índole penal, el
posible prejuzgamiento del Ministro de Salud y la manera en que sus declaraciones
se enmarcaban en las funciones de un magistrado constitucional, según el artículo
241 de la Constitución.
3. Mediante oficio del 24 de julio de 2025 (Oficio número 2025-006740), la
Presidencia de la Corte Constitucional de Colombia emitió respuesta institucional
en la indicó que esa Corporación únicamente se pronuncia en ejercicio de las
funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 241 de la Constitución Política. En
el caso particular, señaló que la respuesta a su postulación implicaba desbordar
tales competencias.
4. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas indicó que el tutelante radicó una
segunda petición a su despacho3, la cual identificó con el radicado ECC-2025-
007405, y en la que el solicitante indicó su inconformidad con la respuesta emitida
por la Corte Constitucional el 24 de julio de 2025, al considerar que el artículo 23 de
la Constitución y la Ley 1755 de 2015 imponen a todos los funcionarios públicos,
incluidos los magistrados, el deber de responder personalmente las peticiones, sin
invocar una interpretación restrictiva de sus funciones para eludir ese deber. Por
esa razón, requirió: (i) emitir una respuesta “detallada, clasificada y punto por punto
a cada uno de los apartados planteados en la petición original”4; (ii) justificar, “con
base en disposiciones constitucionales, normativas y jurisprudenciales, la actuación
y las declaraciones realizadas, y los límites de competencia”5; y (iii) abstenerse de
negar la respuesta con fundamento exclusivo en las funciones institucionales de la
Corte, en atención al alcance del derecho fundamental de petición y la
jurisprudencia aplicable.
5. El 15 de agosto de 2025, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas respondió
dicha solicitud en los siguiente términos: (i) la Sala Especial de la Corte
Constitucional recopila información sobre el estado actual del sistema de salud que
le permite analizar los problemas y barreras en la prestación del servicio sanitario,
así como conocer la crisis que atraviesa este sector, según lo señalaron los autos
2. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la
presunción de inocencia y el debido proceso, ¿cómo se concilian sus aseveraciones públicas sobre
la posible responsabilidad penal del ministro con estos principios fundamentales, especialmente
cuando el proceso penal formal por parte de la autoridad competente no ha sido iniciado y el ministro
no ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y a la controversia de pruebas en un
juicio?
3. Dado que sus declaraciones han sido descritas como una ‘acusación sin pruebas ni contexto’ y
una ‘simplificación irresponsable’ que busca ‘sembrar la duda y el descontento contra el actual
gobierno’, ¿podría explicar cómo considera usted que estas afirmaciones contribuyen a la ‘integridad
y supremacía de la Carta Política’ que la Corte Constitucional está llamada a guardar, y cómo se
alinea con el deber de un servidor público de informar de manera veraz e imparcial, como se
menciona en el Artículo 20 de la Constitución Política sobre la libertad de información?
4. En el marco de la separación de poderes y la imparcialidad que se espera de la Rama Judicial,
¿cómo garantiza su actuación la protección de estos principios esenciales del Estado de Derecho,
cuando se emiten juicios de valor de índole penal sobre un ministro en funciones fuera de los cauces
judiciales correspondientes, lo cual ha sido criticado por ‘debilitar la separación de poderes y el
estado de derecho’?”.
3 Índice 10 de Samai.
4 Ibid.
5 Ibid.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
2049 y 007 de 2025, relacionados, respectivamente, con los presupuestos máximos
a cargo del Ministerio de Salud y con la insuficiencia de la Unidad de Pago por
Capitación -UPC; (ii) en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, emitió su
opinión, como lo ha hecho en otra ocasiones, sobre la situación del sistema salud,
la cual además están soportadas en autos de seguimiento y también en las
aclaraciones de voto que acompañan varias de esas decisiones; (iii) “[s]us
preguntas sobre la omisión punible etc., no constituyen un ejercicio legítimo del
derecho de petición”6; iv) el actor puede acudir a los manuales de derecho penal
para resolver sus dudas relacionadas con conductas delictivas, pues no existe
obligación de explicarle el alcance, el sentido y el contenido de las bases
dogmáticas de un concepto.
6. En criterio de la parte actora, las respuestas suministradas —tanto la institucional
como la emitida directamente por el magistrado— no resolvieron de fondo, ni de
manera clara, precisa y congruente, los interrogantes formulados, lo que configuró
una vulneración del derecho fundamental de petición.
Pretensiones
7. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“TUTELAR mi derecho fundamental de petición, vulnerado por la Honorable
Corte Constitucional y el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
ORDENAR al Magistrado José Fernando Reyes Cuartas o a quien
corresponda, que en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la notificación
del fallo, emita una respuesta de fondo, oportuna, completa y congruente a
cada uno de los puntos planteados en mi petición original del 24 de julio de
2025.
ADVERTIR al Magistrado Reyes Cuartas que debe abstenerse de incurrir
en nuevas omisiones o dilaciones que vulneren mis derechos
fundamentales”7.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. El accionante sostuvo que el derecho fundamental de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política garantiza a toda persona la facultad de
presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y de obtener una respuesta
pronta, completa y de fondo. Asimismo, indicó que la Corte Constitucional de
Colombia ha precisado que dicha respuesta debe ser clara, precisa y congruente,
por lo que no resulta admisible la emisión de contestaciones evasivas o meramente
formales que eludan el análisis de lo solicitado.
9. En ese mismo sentido, señaló que la Ley 1755 de 2015 establece que una
petición únicamente puede ser rechazada cuando sea irrespetuosa, y prohíbe su
6 Índice electrónico 02 de SAMAI. 6ED_PRUEBA_19_8_20252_19(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2.
7 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
desestimación por razones relacionadas con una fundamentación inadecuada o
incompleta.
10. Finalmente, afirmó que, en el caso concreto, la respuesta del magistrado José
Fernando Reyes Cuartas no resolvió de fondo los interrogantes formulados y
desestimó la solicitud por su supuesta falta de legitimidad, lo que, a su juicio,
configura una vulneración del derecho fundamental de petición.
Trámite en primera instancia
11. Mediante auto del 22 de agosto de 20258, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar a la autoridad demandada y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
Intervenciones
12. El presidente de la Corte Constitucional9¸ el magistrado Jorge Enrique
Ibañez Najar, solicitó negar las pretensiones, al considerar que no se configuró
vulneración del derecho fundamental de petición.
13. Indicó que dicha Corporación ejerce sus funciones en los estrictos términos del
artículo 241 de la Constitución Política, por lo que sus pronunciamientos se
materializan exclusivamente a través de autos y sentencias en ejercicio del control
constitucional. En ese sentido, precisó que no le corresponde fungir como órgano
consultivo ni emitir conceptos, asesorías jurídicas particulares o explicaciones sobre
declaraciones públicas de sus magistrados.
14. Asimismo, sostuvo que la petición presentada por el accionante fue atendida
oportunamente dentro del marco de las competencias constitucionales, razón por la
cual no se vulneró el derecho invocado. Señaló que la inconformidad del actor no
radica en la ausencia o falta de claridad de la respuesta, sino en que no se accedió
a lo solicitado.
15. En consecuencia, concluyó que la respuesta emitida se ajustó a los parámetros
legales y jurisprudenciales del derecho de petición, al haberse dado de manera
oportuna, clara y congruente, al explicar la imposibilidad de atender lo requerido por
exceder las funciones de la Corte.
16. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas10 de la Corte Constitucional
solicitó negar la acción de tutela, al considerar que la respuesta emitida el 15 de
agosto de 2025 atendió de manera conjunta los interrogantes formulados por el
accionante.
8 Índice electrónico 04 de SAMAI. 7Autoqueadmite_AUTOAVOCA_11001031500020250512(.pdf)
NroActua 4.
9Índice electrónico 09 de SAMAI.12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
132_Accion_de_tute(.pdf) NroActua 9.
10 Índice electrónico 010 de SAMAI.13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RESPUESTAACTUTRAD(.pdf) NroActua 10.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
17. Sostuvo que sus declaraciones públicas se enmarcan en el derecho a la libertad
de expresión, el cual también ampara a los magistrados, y que en ningún caso se
vulneró la presunción de inocencia de funcionario alguno, en tanto sus
manifestaciones constituyeron reflexiones generales desde la óptica del derecho
penal. Asimismo, indicó que sus pronunciamientos se sustentan en el análisis de
información institucional, providencias de la Sala de Seguimiento y otras fuentes
relacionadas con la situación del sistema de salud.
18. De otra parte, precisó que la inconformidad del accionante con el contenido de
la respuesta no configura, por sí misma, una vulneración del derecho de petición,
en la medida en que este se satisface con la emisión de una respuesta, aun cuando
sea negativa o contraria a los intereses del solicitante. En ese sentido, reiteró que
dicho derecho no implica un “derecho a lo pedido”. Adicionalmente, señaló que
carece de competencia para emitir conceptos o resolver inquietudes de carácter
académico.
19. En consecuencia, concluyó que la respuesta brindada fue clara, precisa y
congruente con lo solicitado, al haber atendido la petición dentro del marco de sus
competencias constitucionales y legales, razón por la cual no se configuró
vulneración alguna del derecho fundamental invocado.
Sentencia de primera instancia11
20. Mediante providencia del 17 de septiembre de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo del derecho fundamental
de petición invocado por Carlos Esney Vélez Torres. Al respecto, señaló que la
autoridad accionada respondió la solicitud que originó la acción de tutela, incluso
con anterioridad a su presentación. A su juicio, dicha actuación satisface la
pretensión de amparo formulada. En consecuencia, concluyó que las
inconformidades planteadas por la parte actora carecían de fundamento, razón por
la cual negó la protección del derecho fundamental de petición, en el trámite
promovido contra la Corte Constitucional y el despacho del magistrado José
Fernando Reyes Cuartas.
Impugnación12
21. El actor solicitó revocar la sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y conceder el
amparo del derecho de petición. En consecuencia, requirió que se ordenara al
despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas emitir en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, una respuesta clara y de fondo a la solicitud presentada
el 24 de julio de 2025.
22. Sostuvo que la decisión impugnada erró al considerar que una respuesta formal
satisface el derecho de petición, desconociendo que, según la Corte Constitucional,
11 Índice electrónico 013 de SAMAI. 16Sentencia_Fallo_51100103150002025051(.pdf) NroActua 13.
12 Índice electrónico 017 de SAMAI. 18RECIBEMEMORIAL_Bandejadeentrada_Jei(.pdf) NroActua
17.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
esta debe ser oportuna, de fondo, clara, precisa y congruente (sentencias T-430 de
2017 y T-230 de 2020). A su juicio, la respuesta fue evasiva y no resolvió
materialmente los interrogantes, lo que equivale a una falta de respuesta.
23. Asimismo, el tutelante señaló que se desconoció la Ley 1712 de 2014, en cuanto
esta presume el carácter público de la información en poder de las autoridades,
como sucede con lo solicitado. Agregó que no se analizó la finalidad de la petición,
orientada a verificar la imparcialidad del magistrado, cuestión que incide
directamente en la garantía del debido proceso.
24. Finalmente, citó la Sentencia T-361 de 2019, según la cual la libertad de
expresión de los jueces está sujeta a mayores restricciones, y concluyó que negar
el amparo impide el control ciudadano sobre actuaciones de relevancia pública.
Trámite de segunda instancia
25. Mediante manifestación de impedimento del 5 de marzo de 202613, el consejero
José Roberto Sáchica Méndez informó que el 5 de febrero de 2026 presentó acción
de tutela contra la Corte Constitucional —parte accionada en este proceso—, la cual
actualmente se tramita ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (rad.
11001-02-03-000-2026-00653-00). En consecuencia, consideró que se encuentra
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 56 de la
Ley 906 de 2004.
26. En cumplimiento de la manifestación de impedimento del 5 de marzo de 2026,
se designó como nuevo ponente al magistrado titular de este despacho14.
27. A través de providencia del 11 de marzo de 202615, el consejero sustanciador
resolvió declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado José
Roberto Sáchica Méndez, al configurarse la causal prevista en el numeral 4 del
artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Esto se debe a que el magistrado es contraparte
de la Corte Constitucional, entidad demandada en este proceso. Además, la
inconformidad del accionante recae sobre las respuestas emitidas por dicha
Corporación y por el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas,
respecto de las cuales se solicita una respuesta de fondo.
28. De igual manera, se advirtió una afectación a la imparcialidad, dado que el
consejero Sáchica Méndez ha cuestionado a la Corte Constitucional en un trámite
de tutela vigente, mientras que en el presente asunto debe decidir una controversia
que involucra al alto tribunal constitucional. Esta circunstancia genera una duda
objetivamente fundada sobre su neutralidad y evidencia un posible conflicto de
interés, lo que refuerza la procedencia del impedimento.
13 Índice electrónico 05 de SAMAI. 3Manifestaciond_20250512001MANIFESTA(.pdf) NroActua 5.
14 Índice electrónico 08 de SAMAI. “BVS-En cumplimiento de la providencia de cinco 05 de marzo de
dos mil veintiséis 2026 -Ponente anterior: JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Ponente nuevo:
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ”
15 Índice electrónico 010 de SAMAI. 4Autoqueresuel_320250512001AUTOQUER(.pdf) NroActua
10.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
29. El 18 de marzo de 202616, de conformidad con el artículo 115 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en cumplimiento
del auto del 11 de marzo de 2026, se realizó diligencia de sorteo de conjuez, en la
cual fueron designados los conjueces Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña
Plata. El 14 de abril del año en curso17, se registró proyecto de fallo para que fuera
discutido por la sala.
CONSIDERACIONES
Competencia
30. La Sala de conjueces de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201918.
Problema jurídico y metodología de la decisión
31. Bajo este contexto, la Sala deberá estudiar si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior
examen, esta Corporación debe establecer si la autoridad accionada vulneró el
derecho fundamental de petición por la presunta ausencia de una respuesta de
fondo a la solicitud elevada en dos momentos.
32. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela; y (ii) se resolverá el caso concreto.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
33. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela.
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
34. El accionante cuenta con legitimación en la causa por activa, pues fue quien
presentó las solicitudes que, según él, no fueron contestadas de fondo. Él es quien
soporta las consecuencias de esa eventual lesión al derecho de petición.
35. Respecto de la Corte Constitucional y del despacho del magistrado José
Fernando Reyes Cuartas, se cumple la legitimación en la causa por pasiva, dado
que a ellos les atribuye el reproche de no haber contestado de fondo el derecho de
petición.
16 Índice electrónico 015 de SAMAI. Sorteo de conjuez (.zip)(.zip) NroActua 15.
17 Índice 017 de SAMAI.
18 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Inmediatez
36. Según la información que obra en el expediente de tutela, la petición se presentó
el 24 de julio de 2025, reiterada posteriormente, y la acción de tutela se radicó el 19
de agosto del mismo año. En ese contexto, incluso el término transcurrido, cercano
a un mes a la primera solicitud, resulta razonable.
Subsidiariedad
37. El Decreto 2591 de 1991 indica que la persona que acuda ante el juez de tutela
deberá agotar los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su
disposición. En el presente caso, la Sala advierte que el señor Carlos Esney Vélez
Torres no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección
del derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, razón
por la cual procederá al estudio de fondo del caso. Además, la jurisprudencia
constitucional advierte que la tutela es el único mecanismo para asegurar el derecho
fundamental de petición19.
38. Por consiguiente, la acción es procedente y la Sala realizará el estudio de la
vulneración del derecho de petición del actor.
Del derecho fundamental de petición
39. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la
regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado
los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición20
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a
las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas
Formulación o abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho
deben recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como
un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para
Pronta resolver la solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial,
resolución
19 Corte constitucional, sentencia T-066 de 2024 en la cual manifestó que: “cuando se alega la
afectación del derecho de petición la tutela es el único mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz
para su protección, ya que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe otra alternativa judicial
para garantizar su materialización”.
20 Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
ese plazo corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en
la solicitud de información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i)
clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que
“atienda, de manera concreta lo solicitado, sin información impertinente”
Respuesta y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir,
de fondo que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer
una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de
las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la
resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en
Notificación el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación
genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia
para que su respuesta sea conocida.
40. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea. Igualmente, el hecho de que se brinde una respuesta no implica
la aceptación de lo requerido. Esto sin perjuicio de que cuando no sea posible
resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá informar al interesado,
antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo término razonable
para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.
Análisis del caso concreto
41. Carlos Esney Vélez Torres presentó derecho de petición ante el magistrado de
la Corte Constitucional, en el cual formuló diversos interrogantes relacionados con
afirmaciones realizadas en un foro en materia de salud con connotaciones penales,
un eventual prejuzgamiento del ministro de Salud y el alcance de sus funciones
conforme al artículo 241 de la Constitución Política.
42. Mediante oficio del 24 de julio de 2025 (Oficio No. 2025-006740), la Presidencia
de la Corte Constitucional emitió respuesta institucional en la que precisó que la
Corte únicamente se pronuncia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales
asignadas por el artículo 241 de la Constitución. Además, señaló que los asuntos
requeridos no se enmarcaban en dichas atribuciones. Esta respuesta fue notificada
el mismo día al correo electrónico carveto1191@gmail.com.
43. Posteriormente, el actor radicó una solicitud directamente al despacho del
magistrado José Fernando Reyes Cuartas, identificada con el radicado ECC-2025-
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
007405. En ella, cuestionó la respuesta de la presidencia de la Corte Constitucional
del 24 de julio de 2025, por considerar que el derecho de petición obligaba a los
funcionarios públicos, incluidos los magistrados, a responder personalmente, de
manera clara, fundada y pormenorizada. Por ello, solicitó: (i) una respuesta
“detallada, clasificada y punto por punto” de su postulación anterior; (ii) una
justificación constitucional, normativa y jurisprudencial de la actuación, las
declaraciones realizadas y los límites de competencia; y (iii) no negar la respuesta
con fundamento exclusivo en las funciones institucionales de la Corte.
44. El 15 de agosto de 2025, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas señaló
que la Sala Especial de la Corte Constitucional adelanta un seguimiento al sistema
de salud con base en información que permite identificar sus principales
problemáticas, tal como se refleja en los autos 2049 y 007 de 2025. Precisó que sus
manifestaciones sobre esta materia se emiten en ejercicio de la libertad de
expresión y encuentran sustento en decisiones de seguimiento y en aclaraciones
de voto. Asimismo, indicó que los cuestionamientos relacionados con una presunta
“omisión punible” no corresponden a un ejercicio legítimo del derecho de petición y
que las inquietudes de carácter penal deben ser resueltas mediante la consulta de
fuentes especializadas, sin que exista el deber de explicar conceptos dogmáticos
en ese ámbito.
45. En primer lugar, la Sala advierte que las peticiones, por tener unidad temática,
fueron resueltas por parte de las autoridades impugnadas conforme a los
parámetros establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 21. En efecto, la
solicitud inicial fue presentada el 24 de julio de 2025 y obtuvo contestación el mismo
día por parte de la Presidencia de la Corte Constitucional. Posteriormente, ante la
inconformidad del actor, el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas
emitió pronunciamiento el 15 de agosto de 2025. En consecuencia, se evidencia
que la parte demandada atendió la petición dentro de los términos legales, sin que
se configure vulneración del derecho fundamental invocado.
46. En segundo lugar, la Sala advierte que a partir de las actuaciones descritas en
los numerales 42 y 44, las autoridades accionadas emitieron una respuesta de fondo
que satisface los parámetros del derecho de petición. En efecto, mediante oficio del
24 de julio de 2025, la Presidencia de la Corte Constitucional explicó de manera
clara y precisa que la solicitud no era procedente, dado que escapaba a las
funciones jurisdiccionales asignadas a esa Corporación, según establece el artículo
241 de la Constitución.
21 “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
47. En el mismo sentido, el escrito del 15 de agosto de 2025, suscrito por el
magistrado José Fernando Reyes Cuartas, abordó los distintos aspectos planteados
por el actor después de que este esbozara su inconformidad con la respuesta del
24 de julio de 2025. En particular, explicó que sus opiniones sobre la situación del
sistema de salud se encontraban sustentadas en la información recopilada por la
Sala Especial de Seguimiento en los autos dictados dentro de ese trámite, así como
en las aclaraciones de voto que ha formulado sobre esa materia. Asimismo, precisó
que los interrogantes relativos a la eventual configuración de una omisión punible
desbordan la órbita del derecho de petición, pues corresponden a dudas de
dogmática jurídico-penal que pueden ser consultadas en manuales especializados
y cuya absolución no hace parte de las funciones constitucionales o legales
atribuidas al magistrado.
48. De ese modo, las respuestas emitidas resultan comprensibles, congruentes y
materialmente suficientes frente a lo solicitado, pues dieron cuenta de las razones
por las cuales la petición no era procedente y se pronunciaron sobre los asuntos
concretamente planteados por el peticionario. A su vez, la respuesta del magistrado
Reyes Cuartas fue de fondo porque abordó los aspectos centrales de la petición:
justificó sus declaraciones sobre el sistema de salud, las vinculó con actuaciones
de seguimiento de la Corte y aclaraciones de voto, así como explicó que actuó en
ejercicio de su libertad de expresión. Además, frente a las preguntas penales,
precisó que no estaba obligado a resolver inquietudes de dogmática jurídico-penal
ni a emitir conceptos académicos. Por ello, no puede sostenerse la vulneración del
derecho fundamental invocado, ya que al actor efectivamente se le respondió,
aunque en un sentido distinto al que esperaba.
49. En esa medida, la Sala considera necesario precisar que el accionante
confunde el contenido del derecho de petición y el derecho a lo pedido, que consiste
en obtener una respuesta favorable a sus intereses22. Sin embargo, el núcleo
esencial de esa garantía reconocida en el artículo 23 de la Constitución se satisface
cuando la administración o la autoridad concernida emite una respuesta pronta,
clara, de fondo y congruente con lo solicitado, sin que ello implique el deber de
acceder a lo pedido o de pronunciarse en los términos propuestos por el
peticionario.
50. Finalmente, se observa que la solicitud fue presentada el 24 de julio de 2025 y
que, en esa misma fecha, la Presidencia de la Corte Constitucional notificó su
respuesta al correo electrónico suministrado por el peticionario 23. Por su parte,
aunque el magistrado José Fernando Reyes Cuartas no allegó constancia formal de
notificación del oficio del 15 de agosto de 2025, el propio accionante reconoció en
el escrito de tutela haber tenido conocimiento de dicha decisión24, por lo que la
22 Corte Constitucional, Sentencia C-951 de 2014.
23Índice electrónico 09 de SAMAI. 10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
costanciadeenvior(.pdf) NroActua 9.
24 Al respecto, el conocimiento efectivo de la respuesta se constata a partir de la siguiente afirmación
del señor Carlos Esney Vélez Torres, contenida en la acción de tutela: “5. En su auto, el Magistrado
afirmó que no es su obligación, ni la de ningún funcionario estatal, actuar como ‘tutor’ sobre
conceptos de ‘dogmática jurídica’ y me remitió a un ‘Manual de derecho penal al uso’ para aclarar
mis dudas” Ver Índice 02 Sami, 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2, pp. 3. En este
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05120-01
Accionante: Carlos Esney Vélez Torres
Accionado: Corte Constitucional de Colombia, despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
notificación debe entenderse surtida por conducta concluyente, según el artículo
301 del Código General del Proceso25.
51. En conclusión, no se vulneró el derecho fundamental de petición, toda vez que
las autoridades accionadas cumplieron con los elementos que lo integran: emitieron
respuesta dentro del término legal, resolvieron de fondo lo solicitado y garantizaron
su efectiva notificación. En consecuencia, se negará el reclamo relacionado con la
transgresión a dicho derecho y se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Conjuez
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Conjuez
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
punto, es importante precisar que, aunque el accionante hizo alusión a la palabra “auto”, lo cierto es
que allegó dicho documento como anexo a la acción de tutela, y de su revisión se pudo verificar que
corresponde a un oficio del 15 de agosto de 2025, esto es, a la respuesta emitida por el magistrado
José Fernando Reyes Cuartas al derecho de petición presentado por actor después de la
contestación que emitió la presidencia de la Corte Constitucional el 24 de julio de 2025.
25 Al respecto ver Auto 739 de 2024.
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