Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05124-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., tres (03) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Elizabeth Flórez Duarte en contra
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 19 de agosto de 20252 la tutelante interpuso esta acción constitucional con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
petición, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la salud
en fase de diagnóstico, a la vida en condiciones dignas, a la subsistencia congrua
de su núcleo familiar, al mínimo vital y a la pensión por invalidez de origen laboral.
Consideró que dichos derechos fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, el cual, en el marco de la acción de tutela identificada con el
número 54-001-33-33-013-2025-00204-01, profirió sentencia de segunda instancia
el 6 de agosto de 2025, mediante la cual revocó la providencia del 4 de julio de 2025
emitida por el Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta, y negó el amparo solicitado
en relación con la valoración médica requerida para establecer de manera definitiva
su pérdida de capacidad laboral.
2. Hechos
2.1. Elizabeth Flórez Duarte interpuso una acción de tutela3 en contra de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, de la Administradora Colombiana de Pensiones, de la ARL Positiva y de
la Nueva EPS, con el propósito de que se le brindara una respuesta de fondo a la
1 Obra en el certificado F8C3E85CD59FD537 EF9648E8895F8447 AF429D2780BBBF4A
17F11D2BBD5C4EA9, índice 2.
2 A través de la ventanilla virtual de esta Corporación, según el índice 2 de Samai.
3 Obra en el certificado 0CE6AFACDBBE59B8 61C7C0CF5BE0F878 6B7EEF8FD0DDE230
67D6168D2157A67F, índice 3 del expediente 54001333301320250020400 del Juzgado Trece Administrativo
de Cúcuta.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
petición elevada el 3 de junio de 2025 y que se emitiera una nueva decisión respecto
de la determinación de origen y calificación de su pérdida de capacidad laboral.
2.2. El 4 de julio de 20254 Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta amparó los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso. En consecuencia, ordenó
a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez realizar un estudio sobre la posible
acumulación de los procesos de calificación activos de la interesada y emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud elevada el 3 de junio de 2025.
Asimismo, exhortó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de
Santander a brindar la colaboración necesaria a la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, con el fin de que esta pudiera emitir la decisión ordenada.
2.3. La parte accionante interpuso impugnación, y el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, mediante providencia del 6 de agosto de 2025 5, revocó la
decisión recurrida, para en su lugar, negar la solicitud de amparo.
Como fundamento, expuso que no se encontraba probado que la actora hubiera
solicitado el cambio de modalidad presencial a teleconsulta respecto de la
valoración médica programada para el 5 de junio de 2025. Además, el dictamen
pericial mediante el cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez modificó la
calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por la Nueva EPS no se
encontraba en firme, toda vez que, para ese momento, estaba pendiente de
resolverse un recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante sostuvo que la decisión cuestionada desconoció los precedentes
obligatorios establecidos en las sentencias T-093 de 2016, C-425 de 2005 y T-518
de 2011. Señaló que la providencia incurrió en un defecto por incongruencia y falta
de motivación, al no pronunciarse sobre el objeto de la impugnación, lo que implicó
que no estuviera debidamente sustentada. Asimismo, estimó que se configuró un
4 Obra en el certificado 65D2073B42E96C0A 2B77975E59A3CF66 74BD370FFB5258B1 1DF29747CB46A553,
índice 10, ibid.
5 Obra en el certificado ED9FAD33D5F9B8AB E9C2661A878FA500 90C72EB222FB693B
6CFDD71EC3E83961, índice 5 del expediente 54001333301320250020401 del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
defecto por inaplicación del bloque de constitucionalidad y de las directrices emitidas
por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
4. Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó, textualmente, lo siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y
el de PETICION, con cuyo amparo se pueden restablecer los de ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, SALUD EN
FASE DE DIAGNOSTICO, DERECHO DE PETICION, VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS, CONGRUA SUBSISTENCIA de mi núcleo familiar
quienes dependen económicamente de mi MÍNIMO VITAL y mi derecho a una
PENSION POR INVALIDEZ DE ORIGEN LABORAL.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la SENTENCIA DE TUTELA DE
SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 6 DE AGOSTO DE 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dentro del
diligenciamiento de TUTELA RAD. 54 001 33 33 013 2025 00204 01 -EN
SEGUNDA INSTANCIA-.
TERCERO: ORDENAR a la OFICINA JUDICIAL DE LA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA y a la SECRETARIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, que dentro del término del
término improrrogable de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, en lo de sus competencias, al primera repartir
nuevamente el diligenciamiento de tutela para ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER y las segunda previas las
anotaciones a que haya lugar para compensar el reparto, proceda a asignar la
TUTELA RAD. 54 001 33 33 013 2025 00204 01 -EN SEGUNDA INSTANCIA-
, para ante Magistrado Ponente distinto de quienes ya conocieron, a saber: Dr.
HERNANDO AYALA PEÑARANDA, Dr. EDGAR ENRIQUE BERNAL
JAUREGUI y Dr. ANGEL IGNACIO ALVAREZ SILVA, quienes suscriben la
SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 6 DE
AGOSTO DE 2025, a efectos de dictar una nueva sentencia de segunda
instancia, resolviendo de fondo los argumentos de la impugnación, aplicando
el precedentes jurisprudencial y observar Directrices de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez”6.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 22 de agosto del 20257 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y, en calidad de terceros con interés, a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta, a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.,
6 Folio 14 del certificado F8C3E85CD59FD537 EF9648E8895F8447 AF429D2780BBBF4A
17F11D2BBD5C4EA9, índice 2.
7 Obra en el certificado 675F3E6EC8A43E12 0939BE03B83C4388 D6E402425C60FF9B 20207662C8557D30,
índice 5.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, a la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, a la Nueva Eps y al Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta8.
5.2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones9 señaló que el
debate propuesto no podía ser reabierto mediante otra acción de tutela. Además,
indicó que, como se le informó a la actora en la providencia controvertida, el amparo
constitucional no constituye el mecanismo idóneo para salvaguardar sus intereses
sin haber agotado previamente las vías judiciales ordinarias. En consecuencia,
consideró que el asunto resulta abiertamente improcedente, por tratarse de una
tutela contra tutela y porque no se acreditó la vulneración de derechos
fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable.
5.3. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez10 informó que el proceso de
valoración de la actora se encuentra radicado ante la Sala Uno de Descongestión
de dicha entidad, para su correspondiente trámite. En ese sentido, indicó que, en
caso de presentarse alguna inconformidad con la calificación que se expida, deberá
acudirse a la jurisdicción ordinaria laboral para manifestar el desacuerdo. Asimismo,
precisó que no era procedente conceder el amparo solicitado, toda vez que no se
ha vulnerado ningún derecho fundamental y aún no se ha emitido una calificación
sobre el estado de salud de la accionante. Finalmente, señaló que la interesada fue
citada para el 1.º de septiembre de 2025, con el fin de continuar con su proceso de
calificación.
5.4. Positiva Compañía de Seguros S.A.11 planteó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no era la entidad llamada a
proteger los derechos presuntamente vulnerados.
5.5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander12 puso de presente que la
parte actora no alegó que en la sentencia cuestionada se hubiera presentado el
fenómeno de cosa juzgada fraudulenta, por lo que no se cumplió con el requisito de
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
9 Obra en el certificado 92916598C48061ED D25ED8E421938AB0 311A8C39305B00F3 FC7B904F82085B29,
índice 9.
10 Obra en el certificado 9D9868EE80D4A9DF 678FDA6ED32C60BB 24729A329B16057A
9F97F5443EB4DE82, índice 12.
11 Obra en el certificado 659B9632404B6D69 643CA5E567417EB4 2D08DCD82E95FCEF
EBDE0095CEE645A5, índice 13.
12 Obra en el certificado 165AB3CAFEA81E0B 59449F35507DE3D8 2C88F2545D1727FF
D9942A3E8A6E4F21, índice 14.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
procedibilidad relativo a que no se ataquen sentencias de tutela. Adicionalmente,
consideró que tampoco se cumplió con las demás causales generales de
procedibilidad ni específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial,
por lo que afirmó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.
5.6. La demandante, mediante memorial allegado el 1° de septiembre de 202513,
solicitó que se decretara como medida provisional la suspensión del trámite de
calificación de pérdida de capacidad laboral adelantado ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez.
5.7. Los demás interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por
Elizabeth Flórez Duarte en contra del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2. Cuestiones Previas
2.1. Esta Sala considera que resulta evidente el interés que le asiste a Positiva
Compañía de Seguros S.A. en el presente asunto, toda vez que participó en el litigio
examinado, de manera que negará la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta.
2.2. Por otro lado, frente a la solicitud de medida provisional elevada por la tutelante,
esta Subsección, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, no
encuentra que tal medida resulte necesaria y urgente para evitar un perjuicio cierto
e irremediable, razón por la cual esta petición será denegada. En efecto, se advierte
que en este trámite se ataca una sentencia de tutela y no lo actuado ante la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, asunto que ya fue definido en una acción
13 Obra en el certificado 3401BF75A0F913EE 24911B5E0ADD8837 75CECBADC9A8AE06
3D628873AA4E9102, índice 15.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
previa de la misma naturaleza, sin que además se aviste fraude en el trámite de la
tutela inicial que justifique reabrir el debate.
3. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala se referirá a los requisitos de procedencia de la tutela en
contra de otra acción de la misma naturaleza y, seguidamente, verificará si estos se
cumplen en la presente solicitud de amparo.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de una tutela
4.1. De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para
confutar sentencias dictadas en el marco del proceso constitucional definido en el
artículo 86 de la norma superior.
No obstante, la guardiana de la Constitución, en la SU-627 del 1 de octubre de
201514, fijó los presupuestos exceptivos a la precitada regla. Para tal efecto, indicó
que la solicitud de amparo constitucional procede, de manera excepcional, en contra
de un fallo de tutela si (i) es proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; (ii) se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad; (iii) no
comparte identidad procesal con la cuestionada; (iv) se demuestra de manera clara
y suficiente que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus
omnia corrumpit) que da lugar a la cosa juzgada fraudulenta; y (v) no existe otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
El aludido tribunal determinó, también, la procedencia excepcional del amparo en
contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite constitucional igual; para
lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de la sentencia. Sobre el
particular, explicó que si la actuación atacada es previa al fallo, consiste en la
omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen los requisitos
generales, la tutela será procedente15; por su parte, si se trata de una circunstancia
posterior y esta tiene relación con el fallo constitucional, no procede, salvo que se
discuta la vulneración de un derecho fundamental derivado del incidente de
14 Corte Constitucional, SU-627 del 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Corte Constitucional, SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
desacato, caso en el que será viable siempre que se cumplan los presupuestos
genéricos16.
4.2. En relación específicamente con la cosa juzgada fraudulenta, entendida como
condición sine qua non para estudiar una tutela interpuesta contra otra, en la SU-
627 de 2015 se expuso lo siguiente:
“4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en
ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a
partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: ‘(i) la decisión de amparo y (ii) la
orden específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido’.
Respecto de la decisión, ‘el principio de cosa juzgada se aplica en términos
absolutos conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza’, mientras que
respecto de la orden, ‘se ha dicho que puede ser complementada para lograr
el cabal cumplimiento del fallo’. En este contexto, es posible que se configure
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que ‘se predica de un proceso que
ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa
en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica
un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad’. Este fenómeno es más grave
cuando el fraude es cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con
este fundamento, al constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela
que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal
advirtió que si bien ‘no puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer
un análisis de fondo de la misma y transgredir las consecuencias que emanan
una vez finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación’, s[í] puede, como
ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, ‘hacer que esa decisión, por
consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la prohibición del
non bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia
corrumpit’ (…)
4.4.2. En la[s] [s]entencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró
la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de ‘revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden
proferida en un proceso de amparo’. En la primera de ellas precisó que la cosa
juzgada, incluso la constitucional, ‘no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar el valor de la justicia’, de tal suerte que ‘las instituciones del Estado
Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el argumento de
la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta’”.
En punto de lo anterior, en la sentencia T-073 de 2019, el órgano de cierre
constitucional desarrolló el concepto de fraude, bajo las consideraciones que
siguen:
16 Ibídem.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
“Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación,
que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva
una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento
superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción
indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en
fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese
tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el orden
constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho
previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el
resultado no deseado por el legislador.
La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la
coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las
fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias
contrarias a principios jurídicos, con independencia de la intención o motivo que
condujeron al actor a la aplicación irregular que se censura.
En esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la
existencia del fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su
configuración es que se produzca un daño antijurídico. Es por eso que, para
estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que
este puede producirse sin que exista intención por parte del agente. Basta con
que la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con
los principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia
del ordenamiento (necesaria adecuación entre la norma y el principio)”.
4.3. Resulta pertinente resaltar que, con posterioridad a la citada sentencia de
unificación, la Corte Constitucional ha proferido providencias relevantes sobre la
procedencia de la tutela contra otra acción de la misma naturaleza.
En la sentencia T-093 de 201817 aclaró que “la acción de tutela no puede utilizarse
para reabrir un debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces
constitucionales en un trámite de amparo anterior”; en la T-470 de 201818 no
encontró razón para concluir que el juez hubiese incurrido en conductas con
propósitos fraudulentos, ilegales o dolosos que atentaran en contra de la
administración de justicia, en razón a que los argumentos del accionante versaban
sobre una interpretación de derecho que no compartía, circunstancia que revelaba
la intención de la parte convocante de reabrir un debate jurídico ya consolidado; por
otra parte, en la sentencia T-072 de 201819 se hizo énfasis en la improcedencia de
esta vía constitucional cuando se incumple la carga de demostrar la existencia de
una cosa juzgada fraudulenta; asimismo, en la providencia T-322 de 201920 se
señaló que la solicitud de amparo debe generar en el juez constitucional
convencimiento sobre la configuración del fraude alegado, el que tiene que colegirse
de los hechos objetivos y pruebas aportadas y, finalmente, que no basta con que se
17 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18 M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
noten algunas imprecisiones en las providencias cuestionadas, pues estas deben
ser de tal entidad que impidan reconocer su validez.
5. Verificación del presupuesto fraus omnia corrumpit por parte del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
5.1. La Sala advierte, prima facie, que el amparo impetrado por Elizabeth Flórez
Duarte no satisface el requisito de procedibilidad frente a los reproches formulados
contra la decisión del 6 de agosto de 2025, pues no se evidencia la configuración
de la cosa juzgada fraudulenta. Por el contrario, la acción constitucional objeto de
estudio se presenta como un mecanismo orientado a manifestar una inconformidad
frente al análisis jurídico realizado por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander en el proceso identificado con el radicado 54-001-33-33-013-2025-
00204-01.
5.2. En criterio de la accionante, la sentencia cuestionada desconoció los
precedentes establecidos en las sentencias T-093 de 2016, C-425 de 2005 y T-518
de 2011. Además, consideró que la decisión no fue congruente, careció de una
motivación suficiente e incurrió en la inaplicación del bloque de constitucionalidad y
de las directrices emitidas por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
5.3. Ahora bien, según la sentencia T-322 de 201921, la situación de fraude se
verifica ante la concurrencia de hechos como: (i) la decisión de autoridad
competente en la que se declare la conducta dolosa del juez; (ii) la apertura de
investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración de un delito; (iii)
la materialización del dolo en la sentencia judicial; (iv) la existencia de una
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y
a la buena fe; (v) la afectación al patrimonio público; (vi) la ausencia de certeza del
derecho reconocido; (vii) la protección de un elevado número de peticionarios, cuya
situación individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de
diez días del que dispone el juez para decidir; (viii) cuando se presenta acción de
tutela en contra de una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas
inconstitucional, presenta una limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna
a las demandas de sus afiliados y beneficiarios y amenaza el goce efectivo de
21 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-00
Accionante: Elizabeth Flórez Duarte
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
derechos fundamentales de terceros; y (ix) el reconocimiento de una prestación de
forma manifiestamente ilegal.
5.4. En consecuencia, se advierte que la tutelante se limitó a expresar su
desacuerdo con lo decidido en el trámite constitucional identificado con el radicado
54-001-33-33-013-2025-00204-01 y a manifestar su inconformidad frente al criterio
de la autoridad judicial accionada. No obstante, no hizo alusión a hechos que
permitan colegir la existencia de una decisión fraudulenta, ni aportó elementos
probatorios que acrediten tal circunstancia. Por lo tanto, esta Sala concluye que no
es posible pronunciarse sobre una cuestión ya planteada y resuelta en el marco de
otra acción de igual naturaleza.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la cautela pedida.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.