Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05124-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05124-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05124-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de febrero de 2026
Demandante: Elizabeth Flórez Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05124-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05124-01
Demandante: ELIZABETH FLÓREZ DUARTE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por
Tema:
tratarse de una acción contra la misma naturaleza
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 3 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, a través de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela por tratarse de una acción de la misma naturaleza.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Elizabeth Flórez Duarte, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a efectos de que le
sean amparados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social, a la salud, de petición, al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas, a la «congrua subsistencia de su núcleo familiar» y el derecho a
«percibir una pensión por invalidez de origen laboral».
La trasgresión a las citadas garantías, la atribuyó a la sentencia proferida por la
autoridad judicial accionada el 6 de agosto de 2025, la cual, a su turno, revocó el fallo
de primera instancia que dictó el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cúcuta, al interior de la acción de tutela con radicado 54001-33-33-013-
2025-00204-00/01, adelantado por la parte actora contra la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, y otras autoridades.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
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La cual fue radicada el 20 de agosto de 2025 con secuencia: 8272 – índice 01 del aplicativo Samai.
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Demandante: Elizabeth Flórez Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05124-01
[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la SENTENCIA DE TUTELA DE
SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 6 DE AGOSTO DE 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dentro del diligenciamiento de
TUTELA RAD. 54 001 33 33 013 2025 00204 01 -EN SEGUNDA INSTANCIA-.
TERCERO: ORDENAR a la OFICINA JUDICIAL DE LA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CUCUTA y a la SECRETARIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, que dentro del término del término
improrrogable de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la notificación del
fallo de tutela, en lo de sus competencias, al primera repartir nuevamente el
diligenciamiento de tutela para ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER y las segunda previas las anotaciones a que haya lugar para
compensar el reparto, proceda a asignar la TUTELA RAD. 54 001 33 33 013 2025
00204 01 -EN SEGUNDA INSTANCIA-, para ante Magistrado Ponente distinto de
quienes ya conocieron, a saber: Dr. HERNANDO AYALA PEÑARANDA, Dr. EDGAR
ENRIQUE BERNAL JAUREGUI y Dr. ÁNGEL IGNACIO ÁLVAREZ SILVA, quienes
suscriben la SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL
6 DE AGOSTO DE 2025, a efectos de dictar una nueva sentencia de segunda
instancia, resolviendo de fondo los argumentos de la impugnación, aplicando el
precedentes jurisprudencial y observar Directrices de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez […]2
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Elizabeth Flórez Duarte interpuso una acción de tutela en contra de la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, Colpensiones, la ARL Positiva y la Nueva EPS, a efectos de que le fueran
amparados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la
dignidad humana, de petición, al mínimo vital y al debido proceso, y como
consecuencia, le fuera brindada una respuesta de fondo a la petición elevada el 3
de junio de 2025 y se emitiera una nueva decisión respecto a la determinación del
origen y calificación de su pérdida de capacidad laboral.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta que, mediante sentencia del 4 de julio de 2025, amparó
los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la accionante, y, en
consecuencia, dispuso:
[…] SEGUNDO: ORDENAR a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE
INVALIDEZ, que en el término perentorio de diez (10) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, proceda a realizar un estudio en donde se analice la
posibilidad de acumulación de los expedientes de procesos de calificación activos de
la Señora Elizabeth Flórez Duarte.
Que resultado de lo anterior, se emita un pronunciamiento de fondo frente a la petición
elevada el 03 de junio de 2025, en donde se determine si es procedente la
acumulación de los expedientes activos que cursan tanto en la Junta Nacional de
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Transcripción del texto original con posibles errores.
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Calificación de Invalidez como en la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Norte de Santander a nombre de la Señora Elizabeth Flórez Duarte.
Que en caso de accederse a la acumulación se informe a la peticionaria el
procedimiento a llevarse a cabo; y en caso contrario se informen los motivos por los
cuales no procede la acumulación y en consecuencia se fije una nueva fecha para la
citación de valoración de la Señora Elizabeth Flórez Duarte, con un término de
programación no inferior a 30 días con la finalidad de que le sea posible solicitar los
respectivos viáticos ante la entidad competente.
TERCERO: EXHORTAR a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE
INVALIDEZ DE NORTE DE SANTANDER que brinde la colaboración que resulte
necesaria a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ a efectos de
emitir el pronunciamiento de que trata el numeral anterior. […]
Lo anterior, por considerar que, si bien la tutelante contaba con otros mecanismos
de defensa judicial que podrían ser idóneos para controvertir lo solicitado, como lo
es acudir a la jurisdicción ordinaria, el mismo no resultaba eficaz para garantizar la
protección oportuna de los derechos fundamentales invocados por la señora
Elizabeth, por lo que flexibilizó el requisito de subsidiariedad y procedió a abordar el
fondo del asunto.
Así, y conforme al material probatorio allegado concluyó que, el proceso adelantado
para determinar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de la accionante
revestía características atípicas, que impedían que el respectivo trámite se realizara
en normal desarrollo, sin que hubiere sido posible realizar una evaluación integral
del estado de salud en el que realmente se encuentra la señora Flórez Duarte.
La sentencia fue recurrida por la accionante y revocada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante fallo del 6 de agosto de 2025 al considerar
que, conforme a los documentos aportados al plenario, se logró comprobar que,
pese a que la actora manifiesta que a través de correo electrónico del 5 de junio del
mismo año solicitó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que la valoración
médica que le fue programada de manera presencial le fuera realizada por medio
de una tele consulta, lo cierto es que no allegó prueba alguna que permitiera
acreditar el acuse de recibido por parte de la entidad accionada, conforme lo
establece el artículo 21 de la Ley 527 de 1999, así:
«Cuando el iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste
ha recibido el mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos
corresponda al mensaje recibido. Cuando en el acuse de recibo se indique que el
mensaje de datos recepcionado cumple con los requisitos técnicos convenidos o
enunciados en alguna norma técnica aplicable, se presumirá que ello es así».
En atención a la norma anterior, aseveró que es válido afirmar que cuando una
petición se presenta por medios electrónicos, solo se entenderá recibida si existe
constancia del acuse de recibido emitido por la entidad o por el sistema de
información habilitado para tal efecto. De manera que, al no haber recepcionado la
parte actora, acuse recibido de la solicitud de cambio de modalidad de la valoración
que le iba a ser realizada, no puede asumirse que, en efecto, el mensaje se envió
al destinatario, y en dicho entendido, no es posible afirmar la vulneración del
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derecho fundamental de petición invocado, pues dicha omisión, justifica que no
exista a la fecha un pronunciamiento sobre la posibilidad de consulta.
Por último, refirió que, si bien la tutelante es insistente en solicitar que se ordene a
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que, en la valoración médica que le
sea programada, emita un pronunciamiento integral, esto es teniendo en cuenta los
diagnósticos por enfermedad común y profesional, mediante el presente asunto, no
resulta procedente entrar a analizar dicho aspecto, por cuanto el debido proceso
administrativo previsto en el artículo 29 de la Constitución, impone unas garantías
de defensa y contradicción a favor de las partes intervinientes en toda actuación
administrativa, aunado a que frente al dictamen proferido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, la accionante puede plantear su inconformidad, por ende,
la acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para solicitar ineficacia del
dictamen aludido.
La anterior decisión fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 13
de agosto de 20253.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La accionante manifestó que, a través de la providencia acusada el tribunal
administrativo accionado incurrió en los siguientes defectos:
(i) Defecto por incongruencia y falta de motivación: por cuanto no se pronunció
sobre el objeto de la impugnación, limitándose a confirmar el fallo de primera
instancia sin analizar las razones expuestas, omisión que contraviene el deber de
motivación suficiente conforme a lo preceptuado en el artículo 29 superior, y la
sentencia SU-627 de 2015.
(ii) Defecto por inaplicación del bloque de constitucionalidad y los precedentes
constitucionales establecidos en las sentencias T-093 de 2016, C-425 de 2005, y T-
158 de 2011, de la Corte Constitucional.
De igual forma, adujo que la autoridad accionada omitió valorar las directrices 007
de 2020, 001 de 2021, 002 de 2023 de la Junta Nacional, relativas a los aspectos
que resultan relevantes al momento de resolver los recursos interpuestos contra los
dictámenes realizados en primera oportunidad, y los lineamientos que se deben
tener en cuenta durante el ejercicio de la calificación integral a la que hace alusión
la sentencia C-425 de 2005.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 22 de agosto de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
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Índice 8 del expediente ordinario.
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Tribunal Administrativo de Norte de Santander4 como autoridad judicial accionada,
y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta5, a la ARL Positiva Compañía de
Seguros S.A.6, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de
Santander7, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez8, a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones9, a la Nueva EPS10, y al Juzgado Trece
Administrativo de Cúcuta11, dado que conoció en primera instancia de la solicitud
de amparo con radicado 54-001- 33-33-013-2025-00204-01.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Manifestó que, conforme a los hechos narrados en el escrito de amparo y las
pretensiones enunciadas por la accionante, resulta evidente que el asunto debatido
debe ser declarado improcedente, teniendo en cuenta que las inconformidades
planteadas no pueden ser revividas, ni controvertidas por medio de otra acción de
tutela.
Por lo anterior, adujo que, el decidir de fondo las pretensiones de la tutelante y
acceder a las mismas, invadiría la órbita del juez ordinario y su autodominio,
excediendo además las competencias que le fueron otorgadas al juez
constitucional, en la medida que no se probó vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga
viable la protección de los mismos, por lo que solicitó que se declare su
improcedencia.
1.6.2. Junta Nacional de Calificación de Invalidez
Señaló que, respecto a la determinación de la pérdida de la capacidad laboral de la
accionante, dicha entidad solo puede realizar la valoración de los diagnósticos que
han sido calificados previamente por la AFP, la EPS, la ARL y la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Norte de Santander, y respecto de los cuales se ha
formulado el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, razón por la cual
4 Notificación enviada a: utelastans@cendoj.ramajudicial.gov.co sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 Notificación enviada a: ofjudcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 Notificación enviada a: norificacionesjudiciales@positiva.gov.co servicioalcliete@positiva.gov.co
esjudiciales@positiva.gov.co
7 Notificación enviada a: notificacionesjudiciales@jrcins.co
8 Notificación enviada a: servicioalusuario@juntanacional.com notificaciondemandas@juntanacional.com
9 Notificación enviada a: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co contacto@colpensiones.gov.co
notificacionestutelas@colpensiones.gov.co
10 Notificación enviada a: notificacionesjudiciales@nuevaeps.com.co secretaria.general@nuevaeps.com.co
11 Notificación enviada a: j13admincuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
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su expediente se encuentra en proceso de valoración por parte la de la sala uno de
descongestión de dicho órgano.
Refirió que, una vez surtidas las actuaciones correspondientes y en caso de que la
señora Elizabeth presente alguna inconformidad o desacuerdo con la calificación
que se emita, deberá acudir directamente a la jurisdicción ordinaria laboral para
ventilar lo cuestionado, ya que dicho mecanismo es la vía idónea para resolver los
reparos realizados frente a los dictámenes emanados de la Junta, conforme lo
señala el artículo 2.2.5.1.42 del Decreto 1072 de 2015.
De acuerdo con lo anterior, solicitó que no se acceda a las pretensiones elevadas
por la accionante, teniendo en cuenta que no se ha vulnerado ninguno de sus
derechos fundamentales, además de contar con la existencia de otros mecanismos
idóneos para cuestionar lo pretendido.
1.6.3. ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.
Refirió que, las pretensiones elevadas por la accionante respecto de dicha entidad
no resultan procedentes, toda vez que, al realizar un análisis de su puesto de trabajo
con relación a las patologías M511–Trastorno de disco lumbar y otros, con
radiculopatía, y M519 –Trastornos de los discos intervertebrales, se determinó que
dichas afecciones fueron calificadas en primera oportunidad como de origen común
por la EPS correspondiente, encontrándose en trámite la controversia suscitada
ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sin que exista aún una
determinación en firme respecto del origen laboral de los referidos diagnósticos.
De otro, y en cuanto a los reparos realizados contra el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, manifestó que dicha autoridad realizó un debido análisis de las
pruebas aportadas arribando a sus respectivas conclusiones conforme a los
argumentos expuestos al interior del proceso constitucional controvertido.
Conforme a lo analizado solicitó que, se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva por no tener injerencia en el sustento de la vulneración del presente
trámite.
1.6.4. Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El magistrado ponente de la providencia acusada allegó escrito en el que manifestó
que, conforme a lo señalado por la parte actora en el escrito de amparo, se echa de
menos que la misma hubiere alegado que en la sentencia proferida en segunda
instancia por dicha Corporación, se haya presentado el fenómeno de cosa juzgada
fraudulenta, pues simplemente se limita a indicar que la decisión carece de
motivación, además de no haberse aplicado el bloque de constitucionalidad, por lo
que resulta evidente que el asunto debatido, no cumple con el requisito general de
procedencia consistente en que «no se ataquen sentencias de tutela»; motivo por
el cual se debe declarar su improcedencia.
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Demandante: Elizabeth Flórez Duarte
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Arguyó que, además de lo anterior, en el presente asunto no se dan las causales
generales ni específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, por lo que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
formulada.
1.6.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, la Nueva EPS y el
Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta, pese a estar debidamente notificados del
presente trámite, guardaron silencio.
1.7 Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 3 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por considerar que no cumplió con el requisito de procedibilidad frente a
los reproches formulados contra la decisión del 6 de agosto de 2025, al no
evidenciarse la configuración de la cosa juzgada fraudulenta.
Señaló que, conforme a los argumentos expuestos en el escrito de amparo, se
observa que la acción constitucional se formuló como un mecanismo orientado a
manifestar una inconformidad frente al análisis jurídico realizado por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en el proceso identificado con el radicado 54-
001-33-33-013-2025-00204-01, sin que se hubieren aportado elementos
probatorios que acrediten que la decisión acusada fue proferida por la autoridad
judicial accionada de manera fraudulenta.
Así mismo, resolvió la medida provisional elevada por la tutelante de manera
posterior a la radicación del escrito de amparo; señalando que, de conformidad con
lo previsto en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, dicha medida no resultaba
urgente ni necesaria, como tampoco se evidenció la existencia de un perjuicio cierto
e irremediable que pudiera ser evitado, y en dicho entendido negó tal solicitud.
1.8. Impugnación
La parte actora allegó escrito de impugnación en el que reiteró los argumentos
expuestos en el sustento de la vulneración y las inconformidades relativas a que al
momento en el que se determine el porcentaje equivalente a la pérdida de su
capacidad laboral, le sea realizada una calificación integral que incluya todas las
patologías y diagnósticos que le han sido determinados, y se determine si el origen
del mismo corresponde o no a una enfermedad laboral.
Adujo que, pese a que en la sentencia dictada por el Juzgado Trece Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, se atendió lo peticionado con relación a la
acumulación de los diferentes expedientes que reposan a su nombre, lo cierto es
que nada se resolvió «en cuanto a la devolución para ante Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Norte de Santander».
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De igual forma manifestó que, conforme a lo señalado en la sentencia T-073 de
2019, la cosa juzgada fraudulenta no se configura únicamente en el evento en que
se adopte una decisión con fines ilegales ligados a una intención dolosa, sino que
también se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión
fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
Conforme a lo expuesto, indicó que insiste en que se acceda a las pretensiones
invocadas en el escrito petitorio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5. º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
De la revisión de la sentencia impugnada, se advierte que la Sección Tercera,
Subsección C de esta Corporación, pese a haberse pronunciado sobre la solicitud
de desvinculación presentada por la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.,
omitió consignar dicho aspecto en la parte resolutiva, motivo por el cual, se
adicionará un numeral en tal sentido.
2.3. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C el 3 de octubre
de 2025. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, vulneró los derechos
fundamentales de la accionante, con ocasión de la sentencia dictada el 6 de
agosto de 2025, la cual, a su turno, revocó el fallo de primera instancia que
dictó el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, al
interior de la acción de tutela con radicado 54001-33-33-013-2025-00204-
00/01, promovida por la señora Elizabeth Flórez Duarte, contra la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez y otros?
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Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: (i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
(iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia14.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Tutela contra decisión de tutela
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1º de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de la misma
naturaleza por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
14
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales».
Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:
[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
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contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional15” (Negrillas fuera de texto).
Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia de tutela,
siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia acusada
fue producto de un fraude.
Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.
2.6. Caso concreto
Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se
relaciona con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia
constitucional en la que de manera excepcional es procedente el mecanismo
constitucional contra una providencia de tutela; es decir, que con motivo de un
fraude se hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:
En el caso bajo análisis, el reparo de la accionante se dirige contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander al interior de la acción
de tutela con radicado 54001-33-33-013-2025-00204-00/01, promovida por la
señora Elizabeth Flórez Duarte, contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
y otros.
Conforme se dejó expuesto en los antecedentes de la presente providencia, a juicio
de la señora Elizabeth Flórez, la providencia aludida adolece de los defectos que
denominó «incongruencia y falta de motivación», e «inaplicación del bloque de
constitucional y de los precedentes constitucionales» establecidos en las sentencias
T-093 de 2016, C-425 de 2005, y T-158 de 2011 de la Corte Constitucional.
Así mismo, precisó que la autoridad judicial accionada omitió valorar las directrices
007 de 2020, 001 de 2021, y 002 de 2023 de la Junta Nacional, en las que se
determinaron los aspectos que resultan relevantes al momento de resolver los
recursos interpuestos contra los dictámenes realizados en primera oportunidad, y
los lineamientos que se deben tener en cuenta durante el ejercicio de la calificación
integral a la que hace alusión la sentencia C-425 de 2005.
No obstante, y pese a que la accionante es reiterativa en señalar que con la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales, se evidencia que la misma no precisó ningún hecho que
constituya fraude, pues tanto en el escrito de amparo como en la impugnación
formulada, la señora Flórez Duarte se limitó a cuestionar la decisión a través de la
cual se revocó el fallo proferido en primera instancia, sin que se hubiere alegado o
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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aportado prueba sumaria alguna que conlleve a la conclusión que, en la acción de
tutela con radicado 54001-33-33-013-2025-00204-00/01, el tribunal accionado
hubiese incurrido en una conducta fraudulenta, circunstancia que le correspondía
alegar y demostrar en grado de plenitud probatoria a la parte actora.
Ello, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en sentencia SU-
627 de 2015 con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, en la cual se
indicó que «la cosa juzgada debe ceder cuando se encuentra plenamente probada
la ilegalidad de una decisión por parte de las autoridades disciplinarias competentes,
como el fraude a la ley o un fraude procesal».
Sobre la configuración del fraude, el máximo tribunal constitucional, en la sentencia
antes mencionada, reconoció que aquel puede ser cometido, por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que amerita la intervención del
juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta se materialice. Dicha
actuación debe predicarse de los sujetos procesales al interior de la acción
constitucional.
En este punto, la Sala considera importante señalar que, en el sustento de la
providencia proferida por la autoridad judicial accionada no se encuentra vicio
alguno producto de una situación fraudulenta; además que la parte actora no aporta
prueba clara y suficiente de la existencia de dicha situación para que proceda el
principio fraus omnia corrumpit.
En consecuencia, al no haberse acreditado una circunstancia que haga posible el
estudio de fondo del caso en la acción de la referencia, esta Sala confirmará la
decisión de primera instancia adoptada por la Sección Tercera, Subsección C de
esta colegiatura, por no superar el requisito general de procedibilidad concerniente
a que no se trate de una tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, ni
haberse cumplido con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para
flexibilizar tal exigencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2025, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en cuanto declaró
improcedente el presente mecanismo, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte considerativa.
SEGUNDO: ADICIONAR un numeral a la sentencia impugnada, el cual quedará
así:
«QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la ARL
Positiva Compañía de Seguros S.A., conforme a las razones expuestas en la
parte considerativa».
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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