Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05132-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05132-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05132-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
26 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05132-00
Accionante: Carolina María Correa Daza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2025-05132-00
Accionante: Carolina María Correa Daza
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Carolina María
Correa Daza, a través de apoderado y en calidad de heredera de la señora Lucy Helena
Daza Milkes1 en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carolina María Correa Daza, a través de apoderado, y en calidad de heredera de la
señora Lucy Helena Daza Milkes, presentó acción de tutela en procura de la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social,
que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A con ocasión de la sentencia del 19 de mayo de 2025, que revocó
la proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá el 28 de junio
de 2024, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda planteadas en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicado 11001-33-35-023-2021-00200-00/01.
2. Hechos
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:
1 Quien falleció el 22 de septiembre de 2023 de conformidad con el Registro Civil de Defunción allegado con como
anexo del escrito de tutela (índice 00002 del aplicativo SAMAI).
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013335023202100200012500023
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Accionante: Carolina María Correa Daza
2.1. De acuerdo con lo manifestado por la accionante, para el 1 de abril de 1994 Lucy
Helena Daza Milkes, contaba con más de 35 años de edad por lo que era beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En tal sentido, su derecho pensional se
encontraba regulado por el marco normativo anterior, esto es, el Acuerdo 049 de 1990.
2.2. El 16 de octubre de 2020 presentó petición ante Colpensiones en la que solicitó el
reconocimiento de su pensión con aplicación de los criterios establecidos en el referido
acuerdo, y con fundamento en las 1.706 semanas de cotización de naturaleza pública y
privada que reportaba su historia laboral.
2.3. Mediante la Resolución SUB-258236 del 27 de noviembre de 2020, Colpensiones
negó dicha pretensión. Inconforme con esta decisión, la señora Daza Milkes interpuso
recurso de apelación, y solicitó que el derecho fuese reconocido, de manera principal con
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, y de forma subsidiaria con amparo en las Leyes
71 de 1988 y 100 de 1993.
2.4. Dicha entidad emitió la Resolución DPE – 2206 del 5 de abril de 2021 a través de la
cual revocó la decisión inicial y, en su lugar, reconoció la pensión solicitada bajo los
criterios de la Ley 71 de 1988, es decir, sobre el 75% de lo devengado y condicionada al
retiro. Conforme se expuso en la acción de tutela, dicha determinación desconoció que
el mencionado acuerdo resultaba más favorable, por establecer una tasa de reemplazo
del 90%.
2.5. La beneficiaria del derecho presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que fue asignada por reparto, en primera
instancia, al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá bajo el radicado
número 11001-33-35-023-2021-00200-00. A través de este mecanismo solicitó la
reliquidación de su pensión sobre el 90% de todos los factore salariales devengados en
los últimos 10 años de servicios, conforme al Acuerdo 049 de 1990.
2.6. En sentencia dictada el 28 de junio de 2024, el juzgado accedió a lo solicitado, y
ordenó la reliquidación del derecho pensional conforme a lo establecido en el Decreto
758 de 1990. Para ello, estableció que la tasa de reemplazo correspondía al 90% del IBL
de los últimos 10 años de cotización. Colpensiones, a su turno, interpuso recurso de
apelación.
2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a
través de providencia del 19 de mayo de 2025 revocó la decisión de primer grado y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
2.8. Lucy Helena Daza Milkes falleció el 22 de septiembre de 20233. En tal sentido,
Carolina María Correa Daza adujo la calidad de heredera4 para promover la presente acción
constitucional.
3 De con el Registro Civil de Defunción allegado con como anexo del escrito de tutela (índice 00002 del aplicativo
SAMAI).
4 Calidad que acreditó a través del Registro Civil de Nacimiento que obra en el índice 0002 del aplicativo SAMAI.
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3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional i) amparar los derechos fundamentales
invocados. En consecuencia pidió que “se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi
mandante de conformidad con sentencias de la H. Corte Constitucional Sentencias SU-
769 de 2014, SU-057 de 2018, SU-317 de 2021, SU-273 de 2022 y SU-049/24 y del H.
Consejo De Estado Sección Segunda Sub Sección A en Sentencia del 13 de febrero de
2014, C. Pte. Dr. (a) Alfonso Vargas Rincón Exp: 25000-23-25-000-2012-01566-01(1676-
13) Demandante: Nepomuceno Carreño Remolina - Ddo. : Instituto de Seguros Sociales
I.S.S. al resolver un recurso de apelación confirma el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que ordenó liquidar la pensión de vejez con el 90% de los factores
salariales devengados en los últimos 10 años de servicios”.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora manifestó que la providencia
censurada incurrió en los siguientes defectos.
3.2.1. Defecto sustantivo. Señaló que la decisión cuestionada omitió la aplicación de los
criterios previstos en el Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que la beneficiaria del derecho
no se encontraba excluida de su ámbito de aplicación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1 y 2 de dicho estatuto.
Asimismo, la providencia impuso como requisito condicionante la afiliación al Instituto de
Seguros Sociales con anterioridad al 1 de abril de 1994, exigencia que no está
contemplada ni en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni en el referido Acuerdo. Sostuvo
que esa interpretación, ha sido descartada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las providencias SU-769 de 2014, SU-317 de 2021, SU-273 de 2022 y SU-049 de
2024, las cuales han señalado de manera reiterada que el juez debe aplicar el régimen
más favorable –incluido el Acuerdo 049 de 1990– bajo criterios de favorabilidad y
acumulación de tiempos, sin imponer formalismos que desnaturalicen o vacíen el derecho
pensional.
En este contexto, la accionante, quien acredita más de 1.000 semanas de cotización y se
encuentra amparada por el régimen de transición, cumple materialmente con el supuesto
previsto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
3.2.2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical. Refirió que el
Tribunal se apartó de las SU citadas en el aparte anterior, al igual que de las sentencias
del 9 de junio de 20225 y del 2 de marzo de 20236, que estudiaron casos con
circunstancias fácticas y jurídicas similares a las que rodearon la situación particular de
la señora Lucy Helena Daza Milkes.
5 Proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el proceso registrado bajo el número
Dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al interior del proceso con radicado 25000-23-
42-000-2017-04953-01.
6 Dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al interior del proceso con radicado 25000-23-
42-000-2018-01596-01.
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Agregó que el fallo censurado no contiene una carga argumentativa suficiente para no
aplicar el precedente, e indica, que incluso, ni siquiera fue mencionado a pesar de
gobernar el caso, mismo que se puso en conocimiento en la demanda y los alegatos de
conclusión.
3.2.3. Violación directa de la constitución. Señalo que la autoridad judicial accionada
vulneró los siguientes derechos: a. a la igualdad, dado que desconoce que en otros
asuntos con idénticos supuestos fácticos y jurídicos, la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado han reconocido el derecho a la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990, sin
importar que no se hayan realizado cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993; b. al debido proceso, puesto que se apartó del precedente vertical; c.
a la seguridad social, comoquiera que se niega el derecho a la reliquidación pensional
como consecuencia de no aplicar en debida forma el precedente y; d. los principios
establecidos en el artículo 53, debido a que se abstuvo de analizar el caso concreto desde
el enfoque de la norma más favorable a la pensionada.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 22 de agosto de 20257 se admitió la acción de tutela y se ordenó
vincular en calidad de terceros con interés al Juzgado Veintitrés Administrativo del
Circuito de Bogotá y a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
4.2. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá8 remitió, en medio
digital, el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, presentó
informe en el que indicó que no ha trasgredido ningún derecho fundamental de los
invocados por la parte tutelante, toda vez que el fallo que profirió se fundamentó en el
Acuerdo 049 de 1990.
4.3. Colpensiones9 solicitó que se declare improcedente el amprado, debido a que la
accionante pretende que el juez de tutela invada la órbita del juez ordinario.
4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A10
manifestó que se su intervención se fundamenta en las consideraciones que en su
momento se expresaron como fundamento de la sentencia de segunda instancia, según
las cuales, para el caso concreto de la señora Lucy Helena Daza Milkes no era posible
“la aplicación del Decreto 758 de 1990 por transición de la Ley 100 de 1994, pues no
estuvo afilada al ISS antes del 1º de abril de 1994”. Agregó que la tutelante insiste en los
argumentos que fueron analizados y decididos por el juez natural, por lo que es clara la
intención de usar este mecanismo como si fuera una tercera instancia.
7 Índice 00005 del aplicativo SAMAI.
8 Índices 00009 y 00010 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 00011 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 00012 del aplicativo SAMAI.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. En cuanto a la legitimación en la causa por activa de Carolina María Correa Daza,
quien acude a esta sede bajo la condición de heredera Lucy Helena Daza Milkes,
conviene señalar que en las incidencias del proceso ordinario no consta que se haya
solicitado la sucesión procesal tras el fallecimiento de la señora Daza Mikes Además, con
la solicitud de amparo no se aportó copia de la escritura pública de sucesión, ni se indicó
que quienes la tutelante haya agotado dicho trámite.
A partir de este contexto, es preciso indicar que, conforme a la jurisprudencia
constitucional, cuando la tutela se formula contra providencias judiciales, están
legitimados por activa no solo quienes hayan sido parte en el proceso en el que se profirió
la decisión, sino también quienes demuestren un interés directo y particular en él 11, así
como aquellos que no fueron parte, pero acrediten que la decisión cuestionada puede
tener efectos lesivos en sus derechos fundamentales12. A su turno, el Consejo de Estado
ha señalado que “en los casos en los que se ataque por vía de tutela una providencia
judicial, el accionante debe ser parte del proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían
ver transgredidos sus derechos fundamentales por las órdenes o determinaciones
adoptadas en la providencia que se controvierte”13.
En relación con la prueba de la calidad de heredero, la Corte Constitucional14 indicó que,
“si bien, el estado civil y la calidad de heredero son dos cuestiones diferentes, en el
ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta en el estado
civil, es decir, los nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el
causante” (resalta la Sala).
Por su parte, y sobre el tema en comento, la Corte Suprema de Justicia15, precisó que
“debe, pues, quien invoca el título de heredero, aportar copia del testamento,
debidamente registrada, en que se le instituyo asignatario, o copia de las actas del
estado civil que demuestran su parentesco con el difunto, vínculo que se deriva su
derecho sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 del Código Civil, la herencia
queda aceptada expresamente por quien toma el título de heredero. También puede
11 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014.
12 Sentencia T-256 de 2023.
13 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015-0758-00. Sección Quinta, en
sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).
14 Sentencia T-917-2011
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Sentencia de mayo 13
de 1998, Exp 4841; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo,
Sentencia de octubre 13 de 2004, Exp 7470.
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demostrarse esta calidad, con copia del auto dictado dentro del respectivo proceso
sucesorio, en que se haya declarado que se le reconoce esta calidad a la persona que la
invoca” (destaca la Sala).
En la misma línea, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado indicó que
“una de las formas para acreditar la condición de heredero es la aportación de la
copia del registro civil de nacimiento de quien alegue tal condición, con lo cual
queda establecido el parentesco alegado y, claro está, copia del registro civil de
defunción del causante, pues a partir del mismo se acredita el hecho de la muerte”16.
Al analizar la legitimación en la causa por activa en un caso similar al que ahora estudia
la Sala17, en sede de tutela, la Sección Quinta de esta Corporación señaló que, a partir
del concepto de sucesión procesal, los herederos pueden sustituir al causante en la
titularidad de los derechos litigiosos y, por ende, están habilitados para ejercer la acción
de tutela cuando la providencia judicial cuestionada afecta directamente sus derechos
patrimoniales y fundamentales18.
Con la solicitud de tutela se allegó el Registro Civil de Defunción de Lucy Elena Daza
Milkes, en el que consta su fallecimiento ocurrido el 22 de septiembre de 2023. Asimismo,
se aportó el Registro Civil de Nacimiento de Carolina María Correa Daza, documento que
acredita el vínculo de parentesco, al dejar establecido que la señora Daza Milkes era su
madre.
En consecuencia, su legitimación en la causa por activa en la presente acción de tutela
se encuentra debidamente acreditada.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A dado que fungió como
juez de segunda instancia dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la
parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
16 Sentencia del 11 de octubre de 2021, Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03467-01(49758)
17 La allí accionante promovió acción de tutela contra una providencia judicial, e invocó la calidad de heredero de quien
fungió como demandante en el proceso ordinario.
18 Sentencia del 21 de abril de 2016, radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).
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observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200519 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela20 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto21.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”22.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
21 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”23.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto24.
23 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
24 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la accionante cuestiona, en esencia,
que la sentencia del 19 de mayo de 2025: i) omitió aplicar los criterios establecidos en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para reliquidar la pensión
reconocida a Lucy Helena Daza Milkes, pese a que le resultaban más favorables y; ii)
impuso una exigencia sin sustento normativo, consistente en la prueba de afiliación al
ISS antes del 1 de abril de 1994.
5.2. Del análisis de los aspectos abordados en la referida providencia, así como de las
pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A arribó a las siguientes conclusiones:
“[…] Pese a que el demandante pretende la aplicación del Decreto 758 de 1990,
específicamente las previsiones de pensión de vejez contenidas en el artículo 12,
con el fin de lograr la reliquidación de su prestación pensional, la Sala advierte que
su afiliación con el Seguro Social fue a partir del 30 de mayo de 1994, esto es,
después de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, que lo fue
el 1º de abril de 1994.
En este orden de ideas, es preciso señalar que quienes pretendan ser
beneficiarios del régimen contemplado en cualquiera de los regímenes anterior,
en este caso el Decreto 758 de 1990, deben acreditar su afiliación antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones; de ahí la expresión según
la cual, quien acredite los 35 si es mujer o 40 si es hombre y 15 años de servicio
cotizados, “será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados”.
Lo cual es lógico si se tiene en cuenta que el artículo 36, como régimen de
transición que es, pretendió proteger y/o no afectar a quienes, si bien no han
adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello,
tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a
cumplir los requisitos para pensionarse, bajo los requisitos del régimen al cual se
encontraban afiliados, y si es claro que al momento de entrar en vigencia el
Sistema General de Pensiones no estaba afiliada al Seguro Social, claramente no
le resulta aplicable el Decreto 758 de 1990.
No puede pretender la parte actora que el asunto sea definido conforme al criterio
adoptado en la sentencia de unificación SU 769 del 16 de octubre de 2014, si
claramente la discusión no gravita en la acumulación de cotizaciones de distintas
cajas para que se aplique el Decreto 758 de 1990, pues la Sala acoge la aludida
sentencia, sin embargo, su aplicación impone que el reclamante debe contar con
una afiliación al seguro social anterior a la vigencia del sistema general de
pensiones que lo fue el 1º de abril de 1994, y eso es lo que no ocurre en el presente
caso, ya que como se dijo, la afiliación de la señora Lucy Elena Daza Milkes se
dio el 30 de mayo de 1994, siendo ello posterior.
Por su parte, la Sala advierte que la aplicación del principio de favorabilidad
supone el conflicto entre dos normas de distinta fuente formal o entre dos normas
de idéntica fuente que estén «vigentes» al momento en que se realiza el análisis
del caso particular, o cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones. En este caso no se configura ninguna de las hipótesis anteriores
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Accionante: Carolina María Correa Daza
porque el actor no tiene la opción de escoger el régimen especial contenido en el
Decreto 758 de 1990 como el más favorable porque a la fecha del cambio
legislativo, no estaba próximo a cumplir los requisitos de éste, y por tanto, no
puede ser considerado como el «régimen anterior».
[…]
En el caso de la demandante no pude decirse que, pese a no estar realizando
cotizaciones al seguro social a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones, sí las realizó en un momento anterior, pues está probado que su
afiliación se dio a partir del 30 de mayo de 1994 y con anterioridad no realizó
cotización alguna”.
5.3. En conclusión, la autoridad judicial determinó que i) la señora Lucy Elena Daza
Milkes se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 30 de mayo de 1994, decir, posterior a
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), por lo que no le era viable
invocar la aplicación del Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990; ii) no
había lugar a aplicar el principio de favorabilidad, dado que no se advirtió la existencia de
un conflicto entre normas vigentes, pues la demandante no podía escoger el régimen
más favorable, por estar afiliado antes del cambio legislativo.
5.4. Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad,
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado, de manera clara, que no basta
con la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude
a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir
tal vulneración25.
5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio, pues se advierte que los argumentos fueron analizados
y decididos por el juez natural, sin que haya demostrado la violación del derecho
fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela está encaminada a
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de ordinario toda vez que reitera
25 Sentencia SU215 de 2022.
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Accionante: Carolina María Correa Daza
argumentos de índole legal y probatorios allí desarrollados, sin esbozar las razones
concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la
providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, en la medida que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada26, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario27.
5.7. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que se declarará improcedente el amparo.
5.8. Finalmente, respecto del cargo de desconocimiento del precedente la parte
accionante hizo referencia a diversas decisiones en las que la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado analizaron casos similares. Sin embargo, la Sala advierte que la
solicitud de amparo se limitó a trascribir apartes de las providencias sin desarrollar un
análisis metodológico y comparativo de los elementos fácticos y jurídicos de cada
sentencia, supuestamente desconocida, en relación con los fundamentos del fallo que
aquí se censura.
Además, la parte actora no explicó las razones por las cuales sostiene su caso particular
contaba con el mismo marco fáctico y jurídico de los asuntos que fueron evaluados en
tales decisiones judiciales, ni justificó por qué estas debían ser tenidas en cuenta para
dictar el fallo de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado con el fin de lograr la reliquidación pensional.
En consecuencia, se advierte una falencia argumentativa del mencionado cargo, por lo
que no se abordará su estudio de fondo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
26 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
27 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Accionante: Carolina María Correa Daza
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Carolina
María Correa Daza, en calidad de heredera de la señora Lucy Helena Daza Milkes, en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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