Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05132-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05132-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05132-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
14 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05132-01
Demandante: Carolina María Correa Daza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 14 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05132-01
Demandante: CAROLINA MARÍA CORREA DAZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución Política.
Reliquidación pensional. Acuerdo 049 de 1990 y Decreto 758 de 1990.
Improcedencia de la acción de tutela. Legitimación en la causa por
activa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 26
de septiembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de agosto de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
Carolina María Correa Daza pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al principio de favorabilidad en materia
laboral.
A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la providencia del 19 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que revocó la decisión de primera
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001-33-35-023-2021-00200-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.- Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como
violados y en caso negativo porque no se presentaría la violación. Lo anterior porque en
muchas tutelas se citan como la no violación de algunas normas citadas como violadas y no
se estudian las otras normas violando el derecho de defensa.
2-. Que se ordene Tutelar el derecho fundamental del ACCIONANTE a la seguridad social, el
principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, derecho a la
igualdad, derechos adquiridos, a la progresividad y no regresividad de los derechos
laborales, la inescindibilidad de la norma, defecto sustantivo, violación del precedente
constitucional vertical y por violación directa de la constitución Art. 1, 13, 29, 48, 53 y demás
normas citadas.
3.- Como consecuencia de lo anterior, Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandante de
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05132-01
Demandante: Carolina María Correa Daza
conformidad con sentencias de la H. Corte Constitucional Sentencias SU-769 de 2014, SU-
057 de 2018, SU-317 de 2021, SU-273 de 2022 y SU-049/24 y del H. Consejo De Estado
Sección Segunda Sub Sección A en Sentencia del 13 de febrero de 2014, C. Pte. Dr. (a)
Alfonso Vargas Rincón Exp: 25000-23-25-000-2012-01566-01(1676-13) Demandante:
Nepomuceno Carreño Remolina - Ddo. : Instituto de Seguros Sociales I.S.S. al resolver un
recurso de apelación confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
ordenó liquidar la pensión de vejez con el 90% de los factores salariales devengados en los
últimos 10 años de servicios».
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación Administrativa
La señora Lucy Elena Daza Milkes nació el 6 de junio de 1958 y el 16 de octubre de 2020
solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación al considerar que era beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, en
consecuencia, le era aplicable el régimen pensional anterior, esto es, el previsto por el
Acuerdo 049 de 1990.
Mediante Resolución SUB 258236 del 27 de noviembre de 2020, Colpensiones denegó
el reconocimiento pensional, por lo que la señora Daza Milkes interpuso recurso de
apelación para que se le reconociera su derecho pensional conforme a lo dispuesto en el
Acuerdo 049 de 1990 y, de manera subsidiaria, conforme a las Leyes 71 de 1988 y 100
de 1993.
Mediante la resolución DPE 2206 del 5 de abril de 2021, Colpensiones revocó la decisión
de primera instancia y ordenó el reconocimiento de la pensión conforme a la Ley 71 de
1988 con una tasa de reemplazo del 75%, y condicionada al retiro del servicio.
3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Lucy Elena Daza Milkes promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos por los que se liquidó la pensión de jubilación. A título de restablecimiento
del derecho, solicitó la reliquidación de la mencionada prestación en suma equivalente al
90% de los factores que constituían salario y que fueron devengados durante los últimos
10 años de servicio.
La señora Lucy Elena Daza Milkes falleció el 22 de septiembre de 2023.
El asunto se adelantó bajo el radicado 11001-33-35-023-2021-00200-00 y correspondió
al Juzgado 23 Administrativo de Bogotá que, mediante sentencia del 28 de junio de 2024,
accedió a las pretensiones de la demanda.
El juzgado precisó que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para
efectos de dar aplicación al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,
era posible tener en cuenta tiempos laborados tanto en el sector público como privado y
las cotizaciones podían ser a cajas de previsión distintas al ISS, en virtud de la aplicación
del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993.
Sostuvo que el Acuerdo 049 de 1990, que le era aplicable a la demandante en aplicación
al régimen de transición, se refería a la edad, tiempo cotizado y tasa de reemplazo, pero
no en relación con el IBL que debía determinarse conforme a lo dispuesto en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018.
Concluyó que la señora Lucy Elena Daza Milkes tenía derecho a que su pensión fuera
liquidada conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, con
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Demandante: Carolina María Correa Daza
una tasa de reemplazo del 90% al cumplir con los requisitos establecidos en dicha
normativa.
Inconforme, la parte demandada apeló por considerar que la demandante empezó a
cotizar al ISS hoy Colpensiones, a partir del 30 de mayo de 1994, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; en ese sentido, no estaba cubierta por el
régimen del Decreto 758 de 1990.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
providencia del 19 de mayo de 2025, revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, denegó
las pretensiones de la demanda.
Precisó que, revisado el material probatorio, se evidenciaba que la afiliación de la
demandante al extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) había sido a partir del 30 de
mayo de 1994, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general
de pensiones, que fue el 1.º de abril de 1994, razón por la que no era posible dar
aplicación al Decreto 758 de 1990, por el que se aprobó el acuerdo 049 de 1990.
Aclaró que tampoco era posible que se definiera su caso conforme al criterio adoptado
en la sentencia de unificación SU 769 del 16 de octubre de 2014, ya que la discusión no
estaba en la acumulación de cotizaciones de distintas cajas para pensar en la aplicación
del Decreto 758 de 1990, y aseguró que, en todo caso, era necesario que contara con
una afiliación al entonces ISS al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
que había sido el 1.º de abril de 1994, lo que no se cumplía en el caso concreto.
La decisión contó con un salvamento de voto del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves,
quien explicó que, de acuerdo con la sentencia SU 049 del 21 de febrero de 2024 de la
Corte Constitucional, era posible que se aplicara el Decreto 758 de 1990 para aquellas
personas que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994, no se encontraban vinculadas al ISS, hoy Colpensiones.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Sobre la legitimación para promover la tutela, adujo que aportaba el registro
civil de nacimiento para acreditar su calidad de hija de la causante de la pensión que fue
materia de análisis en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En cuanto al
fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en:
Defecto sustantivo porque no se dio aplicación al acuerdo 049 de 1990 y se exigió como
condición para aplicar dicha norma la afiliación al ISS con anterioridad al 1.º de abril de
1994, exigencia que no estaba contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni en
el mismo acuerdo 49 y que también había sido descartada por la Corte Constitucional en
la línea de sentencias de unificación (SU-769 de 2014; SU-317 de 2021; SU-273 de 2022;
SU-049 de 2024) que se refieren al deber de aplicar el régimen anterior más favorable y
la acumulación de tiempos sin imponer formalismos que impidan reconocer el derecho.
Explicó que la señora Lucy Elena Daza Milkes acreditó más de 1000 semanas de
cotización, que estaba en el régimen de transición y que por lo anterior cumplía con los
presupuestos contemplados en los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990
desconocidos en la sentencia.
Desconocimiento del precedente, para lo cual citó como desconocidas las siguientes
providencias:
• De la Corte Constitucional. Citó las sentencias anunciadas en el defecto sustantivo
SU 769 de 2014; SU 317 de 2021; SU 273 de 2022; SU 049 de 2024.
• Del Consejo de Estado: (i) Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B proferida
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05132-01
Demandante: Carolina María Correa Daza
el 2 de marzo de 2023, radicación 25000-23-42-000-2018-01596-01, con ponencia del
doctor César Palomino Cortés y (ii) Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B
proferida el 9 de junio de 2022, radicación 25000-23-42-000-2017-04953-01, con
ponencia del doctor William Hernández Gómez.
Violación directa de la constitución, como quiera ue se transgredieron los artículos
13, 29, 48 y 53 de la Carta Política por parte del tribunal en la sentencia cuestionada.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, ponente de la decisión cuestionada, indicó que se remitía a las
consideraciones que en su momento se presentaron en la sentencia y que allí quedaron
consignadas las razones por las que la demandante no podía pretender la aplicación del
Decreto 758 de 1990 por transición de la Ley 100 de 1993 al no haber estado afiliada al
ISS con anterioridad al 1.º de abril de 1994.
Dijo que la actora pretendía insistir ahora en sede constitucional acerca de los mismos
argumentos que fueron resueltos de manera desfavorable a sus intereses y que lo
pretendido era hacer uso de la acción de tutela como una tercera instancia, lo que hacía
improcedente la acción constitucional.
El Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá presentó informe en el que relató las
actuaciones llevadas a cabo por el Despacho y concluyó que no se vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora y que se dio aplicación al acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, manifestó que no era
la tutela el escenario para discutir aspectos ya resueltos por el juez natural en busca de
una instancia adicional, consideró que se estaba en presencia del fenómeno de la cosa
juzgada y afirmó que no estaban configurados los defectos de tutela contra providencia
judicial.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 26 de
septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela 1.
Indicó que, al analizar la legitimación en la causa por activa en un caso similar al que
ahora estudia la Sala en sede de tutela, la Sección Quinta de esta Corporación señaló
que, a partir del concepto de sucesión procesal, los herederos pueden sustituir al
causante en la titularidad de los derechos litigiosos y, por ende, están habilitados para
ejercer la acción de tutela cuando la providencia judicial cuestionada afecta directamente
sus derechos patrimoniales y fundamentales.
Advirtió que con la solicitud de tutela se allegó el Registro Civil de Defunción de Lucy
Elena Daza Milkes, en el que consta su fallecimiento ocurrido el 22 de septiembre de
2023. Asimismo, se aportó el Registro Civil de Nacimiento de Carolina María Correa
Daza, documento que acredita el vínculo de parentesco, al dejar establecido que la
señora Daza Milkes era su madre. En consecuencia, consideró que la legitimación en la
causa por activa en la presente acción de tutela se encontraba debidamente acreditada.
Consideró que la tutela no superaba el requisito de la relevancia constitucional y que lo
pretendido por parte de la accionante era extender el debate objeto de estudio en sede
ordinaria, ahora en el plano de la acción de tutela, insistiendo en el criterio que a su juicio
debía imponerse dado su desacuerdo con la decisión adoptada por el juez natural.
1
La decisión contó con una aclaración de voto por parte del magistrado William Barrera Muñoz.
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Precisó que, en casos de tutela contra providencia judicial, se hacía necesario contar con
una carga argumentativa que permitiera evidenciar la presunta trasgresión de derechos
fundamentales.
Advirtió que el debate fue examinado de manera suficiente y que no se evidenciaba que
la decisión hubiera sido arbitraria, sin respaldo ni análisis de los hechos y de las normas,
y que no se evidenciaba la transgresión de derechos fundamentales.
Respecto del cargo de desconocimiento del precedente jurisprudencial, anotó que la
parte actora se limitó a transcribir apartes de las providencias sin hacer un análisis
metodológico y comparativo de los elementos fácticos y jurídicos de cada sentencia
supuestamente desconocida y de las razones por las que debieron ser tenidas en cuenta
al interior del medio de control.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Luego de reiterar los argumentos expuestos en la acción de tutela primigenia y adicionó
el desconocimiento de la sentencia del 12 de diciembre de 2023 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B, expediente 05001-23-33-000-2017-01892-01 con ponencia del
doctor Edison Portocarrero Banguera.
8. Trámite de segunda instancia
El conocimiento de la impugnación correspondió inicialmente al Despacho de la
consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien registró el proyecto de sentencia el 16
de enero de 2026. No obstante, la ponencia presentada no obtuvo la mayoría necesaria
para su aprobación. En consecuencia, se expidió auto de 26 de febrero de 2026, en el
que se ordenó realizar el sorteo de un conjuez.
El sorteo se realizó el 2 de marzo de 2026 y resultó designada Diana Lucía Caballero
Agudelo.
Mediante auto de 19 de marzo de 2026, la Doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello
señaló que el proyecto de fallo de la acción de tutela de la referencia, presentado a
consideración de la Sección en sala del 19 de marzo de 2026, no obtuvo la mayoría de
los votos requeridos para su aprobación. En consecuencia, ordenó la remisión el
expediente al magistrado de la posición mayoritaria que sigue en su turno, Wilson Ramos
Girón.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, que declaró la improcedencia de la
acción, pero porque se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Carolina María Correa Daza.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la legitimación en la causa por activa, y, (iii)
análisis del caso concreto.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La legitimación en la causa por activa
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en
sentencias T-511 de 2017 y T-005 de 202210, la Corte Constitucional señaló que la
legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Por consiguiente, de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente
el amparo solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su
nombre. Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien
actúa en nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los
derechos, (ii) apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o
personero municipal»11.
La Corte Constitucional también ha determinado que la condición de parte o interviniente
en el proceso que se dictó la providencia acusada es determinante para efectos de
analizar la legitimación en la causa. En sentencia SU-173 de 2015, la Corte declaró la
falta de legitimación de la causa por activa del demandante que presentó una acción de
tutela en contra de una providencia que anuló un laudo arbitral porque «carece de la
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación
de laudo arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso».
4. Análisis del caso concreto
En el presente caso la Sala advierte que la demandante, Carolina María Correa Daza,
pretende que se deje sin efectos la sentencia del 19 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección A, que revocó
la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y negó la reliquidación pensional reclamada en su momento
por la señora Lucy Elena Daza Milkes.
A juicio de la Sala, la señora Carolina María Correa Daza carece de legitimación en la
causa por activa porque no fue parte del proceso ordinario, no es titular de los derechos
discutidos, ni tiene interés legítimo.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación
razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Carolina María Correa Daza
En primer lugar, de la revisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Sala advierte que los extremos de la litis son la señora Lucy Elena Daza Milkes como
demandante y la Administradora Colombiana de Pensiones como demandado, por lo
que la señora Carolina María Correa Daza no fue parte ni intervino en el proceso en que
se dictó la providencia acusada.
Si bien la Sala encuentra que la accionante acreditó ser la hija de la señora Lucy Elena
Daza Milkes, calidad que se consideró suficiente la primera instancia al momento de
admitir la acción de tutela, lo cierto es que no fungió como parte en el proceso ni fue
reconocida formalmente como sucesora procesal.
Esta circunstancia resulta determinante, porque el interés directo de la accionante en el
resultado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dependía, precisamente,
de que se acreditara que la reliquidación pensional perseguida tendría un efecto real y
concreto en su esfera jurídica. Sin la prueba de ser beneficiaria de la sustitución
pensional, no se evidencia de qué manera la decisión de la autoridad judicial demandada
pueda transgredir derechos fundamentales en cabeza de la accionante.
A lo anterior, se suma que, de acuerdo con el artículo 85 del Código General del Proceso
«(…) con la demanda se deberá aportar la prueba de (…) la calidad de heredero (…) en
la que intervendrán dentro del proceso»4, requisito que, como se vio, no fue satisfecho
con la presentación de la acción de tutela.
En línea con lo anterior, debe indicarse que la legitimación para atacar una sentencia
mediante acción de tutela recae, en principio, en quienes fueron parte en el proceso 5 y,
debido a que la señora Correa Daza no acudió al juez ordinario para solicitar la sucesión
procesal tras la muerte de la causante, no es viable que en el marco de la acción de tutela
aduzca esa calidad y deba ser reconocida esa condición por el juez constitucional en un
proceso ajeno al que dio origen a la controversia.
La Sala mayoritaria no desconoce que en las sentencias T-550 de 1995 y SU-691 de
2011 la Corte Constitucional aceptó la intervención de los herederos dentro de las tutelas,
sin embargo, los supuestos de esta providencia difieren del estudiado, pues en esos
casos las tutelas habían sido iniciadas por los causantes en vida, mientras tanto, en el
asunto que convoca a la Sala, la causante Lucy Elena Daza Milkes no había iniciado
acción de tutela antes de su fallecimiento, sino que fue con posterioridad a ese hecho
que la aquí accionante presentó la acción de tutela para cuestionar la providencia judicial
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia impugnada amerita ser
confirmada en cuanto declaró la improcedencia de la acción, pero por las razones antes
expuestas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
4
«Artículo 85. Prueba de la existencia, representación legal o calidad en que actúan las partes. La prueba de la existencia y representación de las
personas jurídicas de derecho privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y
privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno.
En los demás casos, con la demanda se deberá aportar la prueba de la existencia y representación legal del demandante y del demandado, de su
constitución y administración, cuando se trate de patrimonios autónomos, o de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de
bienes, albacea o administrador de comunidad o de patrimonio autónomo en la que intervendrán dentro del proceso.
Cuando en la demanda se exprese que no es posible acreditar las anteriores circunstancias, se procederá así:
(…)».
5
Artículo 68. Sucesión procesal. <Inciso modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Fallecido un litigante
o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho
debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.
El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo
en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.
Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.
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Demandante: Carolina María Correa Daza
III. FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada que declaró la improcedencia de la presente acción
de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
(Firmado electrónicamente)
DIANA LUCÍA CABALLERO AGUDELO
Conjuez
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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