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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05144-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05144-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05144-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

20 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05144-01
Demandante: Diana Díaz Lizcano y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05144-01
Demandante: Diana Díaz Lizcano y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. medio de control de
reparación directa. Falta de cumplimiento de requisitos
generales, relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 9 de septiembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que resolvió:

«1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2°) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Previsora SA Compañía de
Seguros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de agosto de 2025, los señores Freddy Díaz Cumaco, Adela Vargas Lizcano,
Hugo Mauricio Díaz Vargas, Johana Katerine Díaz Vargas y Diana Díaz Lizcano
interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima, por estimar vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«1. Tutelar el derecho fundamental constitucional al debido proceso de los accionantes y,
en consecuencia:

a) Dejar sin valor y efecto las sentencias judiciales accionadas.
b) Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una sentencia de remplazo con
base en los precedentes judiciales en que se basa la presente acción constitucional.

2. Solicitamos al señor juez, en caso de ser necesario, acudir a los criterios legales de
Extra y Ultra Petita, procedentes en sede de tutela de acuerdo con la sentencia T-104 de
2018.».

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos que dieron lugar a la demanda de reparación directa

El 27 de julio de 2016, el señor Freddy Díaz Cumaco sufrió un accidente ocasionado
con una guadaña en la finca «Los Lirios» de su propiedad, en la vereda Maito del
municipio de Chaparral (Tolima), en el cual una cuchilla de ese artefacto impactó con
un alambre de púas oculto en la maleza, el cual penetró en su ojo derecho.

En esa misma fecha, ingresó al servicio de urgencias del Hospital San Juan Bautista
ESE de Chaparral. Tras ser atendido por un médico general y valorado por optometría,
el personal médico determinó la necesidad de remitirlo de forma urgente a un hospital
de tercer nivel para valoración por oftalmología, dada la gravedad de la lesión.

El 29 de julio de 2016, el médico de turno comunicó al paciente que su cita con el
oftalmólogo había sido asignada para el 2 de agosto del mismo año. No obstante, en
esa misma conversación, el médico advirtió expresamente que la valoración se
requería urgentemente, dado que existía un riesgo alto de perder el ojo e, incluso, la
vida. En esa fecha, el señor Díaz Cumaco solicitó el egreso voluntario, con el fin de
buscar la atención oftalmológica especializada por sus propios medios.

El 30 de julio de 2016, ingresó por urgencias al Hospital de Kennedy en Bogotá. En
dicha institución, el especialista en oftalmología determinó que, debido a las graves
complicaciones derivadas del tiempo transcurrido sin el tratamiento adecuado, era
médicamente necesario proceder con la extracción de su ojo derecho.

De la demanda de reparación directa

Con fundamento en esos hechos, el señor Freddy Díaz Cumaco y su núcleo familiar,
presentaron demanda de reparación directa contra el Hospital San Juan Bautista ESE.
Solicitaron que se declarara a la entidad patrimonialmente responsable por los
perjuicios causados por la falla en la prestación del servicio médico, concretamente,
por no brindar el tratamiento idóneo y por no remitir de manera oportuna y efectiva al
paciente a un centro de mayor complejidad, lo que ocasionó la pérdida de su ojo.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de
Ibagué, que, mediante sentencia de 24 de febrero de 2023, negó las pretensiones con
fundamento en que no logró demostrar que la pérdida del ojo derecho del paciente
fuera consecuencia de una falla en el servicio imputable al Hospital San Juan Bautista
E.S.E. de Chaparral, determinó que el Hospital brindó una adecuada atención al
paciente de acuerdo con las capacidades de un centro de segundo nivel y «cumplió
con los protocolos establecidos para atender traumas oculares».

Para llegar a esta conclusión, analizó las tres fallas específicas alegadas por el
demandante y estudió la historia clínica y el dictamen pericial rendido por el médico
oftalmólogo especialista, así:

(i) Respecto a la omisión de practicarle una cirugía (cierre de herida y retiro del
cuerpo extraño) en 24 horas siguientes al accidente, determinó que esta

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intervención requería especialistas (Oftalmólogo especialista en Córnea y/o
Retina) y equipos con los que un hospital de segundo nivel, como el demandado,
no contaba. Por lo tanto, el hospital actuó conforme con sus posibilidades y esta
omisión no le era imputable.

(ii) Sobre la supuesta falta de antibióticos oportunos concluyó que la parte actora no
demostró esa afirmación. Por el contrario, la historia clínica probó que al paciente
sí se le formuló tratamiento antibiótico desde su valoración por optometría.
Además, el perito validó que el hospital le brindó la atención oportuna requerida
«de acuerdo a las posibilidades del servicio».

(iii) En cuanto la demora en la remisión a un centro de mayor complejidad reconoció
que esta existió, pero concluyó que dicha falla no le era imputable al Hospital,
sino a la EPS Cafesalud (que no fue demandada), pues es la EPS la responsable
de garantizar la ubicación del paciente en su red.

Determinó que el Hospital actuó con diligencia y realizó cuanto estuvo a su
alcance para lograr la remisión, como lo probaban las múltiples anotaciones de
enfermería, además de las llamadas y gestiones ante la EPS.

La parte demandante interpuso recurso de apelación, con fundamento en los
siguientes puntos centrales:

(i) La jurisprudencia ha sido clara en que la responsabilidad de las entidades de
salud no cesa con la simple orden de remisión, sino que exige una gestión
efectiva. En el caso concreto, argumentó que el hospital tenía la obligación de
«materializar la referencia a la atención adecuada en salud», máxime cuando el
señor Díaz Cumaco, con 59 años, era un sujeto de especial protección
constitucional.

(ii) El juzgado no valoró de manera integral el material probatorio, especialmente el
largo tiempo que el paciente permaneció en la entidad demandada (más de 54
horas) sin una solución efectiva a su grave estado de salud.

(iii) El dictamen pericial especificó los procedimientos médicos que el paciente debió
recibir durante las primeras 24 horas, a saber: cierre primario de la herida,
reconstrucción del globo ocular y retiro del cuerpo extraño. Enfatizó que el
hospital no remitió al paciente dentro de esas 24 horas, como lo precisó el perito,
lo cual evidenciaba la falla.

(iv) No consideró que al paciente no se le suministró el «antimicrobiano profiláctico
de amplio espectro» que el mismo perito recomendó como parte del manejo
inicial dentro de las 24 horas siguientes.

(v) Se ignoró el concepto científico de la médica Ana Alcira Malagón Herrera, quien
describió las pésimas condiciones en que llegó el paciente a Bogotá. Dicho
concepto describía un «ojo congelado (inmóvil)», «edema a tensión de párpados»,
«Hipopión (acumulación de pus) de cámara anterior del 100%» y «secreción purulenta
abundante». Todo esto llevó al diagnóstico de «Panoftalmitis» (infección de todas
las estructuras del globo ocular), condición que, según la especialista, hacía de
la extracción el tratamiento obligado para evitar una sepsis o meningitis.

El 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
sentencia de primera instancia, con fundamento en que:

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(i) La demora o no remisión inmediata del paciente no podía ser imputable al
Hospital San Juan Bautista ESE. Explicó que, de acuerdo con el Sistema de
Referencia y Contrarreferencia, una vez el hospital solicita la remisión por no
tener la capacidad instalada, «es la EPS la que debe garantizar la pronta
ubicación de su afiliado dentro de su red prestadora de servicios». De modo que
la falla fue de la EPS Cafesalud.

(ii) El hospital cumplió con sus obligaciones como entidad de segundo nivel. Para
esto, se basó en el dictamen pericial, el cual indicó que al paciente se le brindó
la atención oportuna requerida de acuerdo con las posibilidades del servicio del
hospital y que la «única opción que tenía [el hospital], era la de reconocer lo
grave del estado del ojo (...) y en consecuencia remitirlo a un nivel superior, y
esto, se realizó».

(iii) No existe prueba siquiera indiciaria que el tratamiento farmacológico
suministrado a Freddy Díaz Cumaco hubiere sido inadecuado.

3. Argumentos de la acción de tutela

El accionante alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
fáctico al exonerar al Hospital San Juan Bautista de Chaparral bajo el argumento de
que la demora en la remisión urgente era responsabilidad de Cafesalud EPS, pues en
el expediente «no obr[ó] prueba que acredite diligencia, reiteración o insistencia» por parte
del personal del hospital ante la EPS para agilizar dicha remisión.

Señaló que la única evidencia registrada en las notas de enfermería fue una anotación
del 28 de julio de 2016 a las 4:04:06 pm, en el que constaba que se llamó a una
funcionaria de la EPS que dijo «está pendiente por respuesta».

En segundo lugar, alegó el desconocimiento del precedente establecido por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, específicamente:

(i) Sentencia del 5 de abril de 2013 (Rad. núm. 2001-01537-01 [25887]), en la cual
precisó que el servicio médico deficiente constituye daño autónomo generador
de responsabilidad. Sostuvo que el servicio en el Hospital de Chaparral fue
evidentemente deficiente, y resumió las omisiones probadas en el proceso, a su
juicio que: no se realizó el cierre primario de la herida, no se reconstruyó el globo
ocular, no se retiró el cuerpo extraño y, no se remitió al paciente a un centro
adecuado. Además de no existir evidencia de una gestión insistente ante la EPS.
Estas omisiones, que llevaron a la infección y pérdida del ojo, constituyen en sí
mismas el daño autónomo que se debía reparar.

(ii) Sentencia del 26 de septiembre de 2013 (Rad. núm. 1999-02614-01 [38928]), la
cual estableció que el servicio médico debe ser oportuno, eficiente y de calidad.
El paciente, durante su estancia en el hospital, no recibió una atención que
cumpliera con estos estándares, siendo esta la razón por la que él mismo por
sus propios medios se vio en la obligación de salir de ese hospital para buscar
atención en Bogotá, donde llegó con el ojo ya infectado e inflamado.

(iii) Sentencia del 25 de abril de 2012 (Rad. núm. 1998-00405-01 [22749]), en la que
explícitamente se dijo que se «configura falla médica que genera responsabilidad
del Estado el hecho de no remitir oportunamente un paciente a centro médico de
mayor complejidad».
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Los accionantes recalcan que los jueces omitieron este precedente y las
normas que citan en el (Decretos 2759 de 1991 y 412 de 1992), las cuales
establecen que la responsabilidad del Hospital se mantiene «hasta el momento
en que el mismo ingrese a la entidad receptora».

Finalmente, como consecuencia de los defectos alegados, también alega el defecto
por violación directa de la Constitución, específicamente, del derecho fundamental
al debido proceso, el cual se materializó al eximir de responsabilidad al Hospital con
base en la culpa de la EPS.

4. Trámite previo

El 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas,
al director del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral y al representante legal
de la Previsora SA Compañía de Seguros.

5. Oposiciones

El Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, con fundamento en que la sentencia cuestionada
no fue arbitraria y, por el contrario, fue producto de un estudio de las pruebas, así
como las normas y la jurisprudencia aplicable.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros solicitó su desvinculación y que se declare
la improcedencia de la acción de tutela.

6. Sentencia de primera instancia

El 9 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
declaró improcedente el amparo solicitado, al concluir que no cumplió con el requisito
de relevancia constitucional, pues la parte actora emplea la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario.

Afirmó que los argumentos presentados en la tutela son una reproducción de los
argumentos del proceso de reparación directa, los cuales ya habían sido debidamente
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación ante el
Tribunal Administrativo del Tolima.

En cuanto a las sentencias citadas, señaló que « pese a que en la acción de tutela no se
invocaron las mismas sentencias que se mencionaron en el recurso de apelación y en el fallo
de segunda instancia, lo cierto es que todas se dirigían al mismo fin, esto es, a sustentar la
tesis de la supuesta falla en el servicio médico».

Adicionalmente, negó la solicitud de desvinculación de la Previsora S.A. Compañía de
Seguros al advertir que dicha entidad había sido vinculada como tercero con interés
por su calidad de llamada en garantía dentro del proceso ordinario de reparación
directa.

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7. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia y argumentó que el
amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo
señalado en la sentencia SU-128 de 2021.

Al respecto, expresó que la controversia no es meramente legal o económica, sino
constitucional. Además, aclaró que si bien relató en la tutela los hechos del proceso
ordinario no lo hizo con la intención de insistir en los mismos argumentos, sino para
acreditar la manera como se pusieron en riesgo los derechos fundamentales a la salud
y la vida del señor Díaz Cumaco. Insistió en que el caso tiene interés general y busca
un pronunciamiento para evitar que otras personas sufran vulneraciones similares.

En segundo lugar, afirmó que el caso involucra un debate jurídico sobre el contenido
y goce de derechos fundamentales, pues el debate gira en torno a la protección
efectiva de la salud y la vida.

Finalmente, advirtió que la tutela no pretende reabrir el debate legal, sino que denuncia
que las providencias judiciales cuestionadas son arbitrarias e ilegales. Sostuvo que
esta arbitrariedad se configura porque los jueces ordinarios «se apartaron sin
justificación jurídica de precedentes judiciales» del Consejo de Estado que protegen
dichos derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)

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aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en la impugnación presentada por la parte accionante,
corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo cumple con el
requisito de relevancia constitucional. De ser afirmativa la respuesta, se analizará si
se configuró un desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, citado como desconocido.

La Sala anticipa que, en el presente caso, confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) Improcedencia de la acción de tutela por emplearla como instancia adicional
en el caso concreto

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se emplea el presente
mecanismo como una instancia adicional del proceso de reparación directa.

En efecto, en el presente asunto, la Sala advierte que la parte accionante reitera en
sede de tutela los mismos planteamientos que fueron expuestos en el recurso de
apelación dentro del proceso ordinario. Dichos argumentos están relacionados con la
presunta falla en el servicio médico por una inadecuada atención y,
fundamentalmente, por una demora en la remisión del paciente a una institución de
tercer nivel, lo cual, a su juicio, fue la causa determinante de la pérdida del ojo derecho
del señor Freddy Díaz Cumaco.

No obstante, en esta oportunidad, dichos argumentos son presentados bajo el
supuesto de la configuración de los defectos fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, sin que ello modifique sustancialmente
el núcleo del debate. De modo que, se trata, de una reproducción de los argumentos
que fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales ya fueron debidamente
debatidos, analizados y resueltos por el Tribunal Administrativo del Tolima en la
sentencia del 13 de febrero de 2025.

5
Ibidem.

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Al respecto, se encuentra que, en la demanda de reparación directa, Freddy Díaz
Cumaco y otros fundamentaron sus pretensiones, en síntesis, en la falla del servicio
médico imputable al Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral.

Sostuvieron que dicha falla se configuró por la negligencia en la prestación del
servicio, la cual se materializó en: (i) no brindarle el tratamiento adecuado para el
trauma ocular mientras estuvo en el hospital; y (ii) no remitirlo oportunamente a un
centro hospitalario de mayor complejidad que contara con la especialidad de
oftalmología. Concluyeron que esta negligencia fue la que ocasionó las graves
complicaciones que derivaron en la pérdida de su ojo derecho.

El 24 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué negó las
pretensiones de la demanda, porque la parte demandante no logró demostrar que el
Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral hubiese incurrido en una indebida
atención médica.

Concluyó que el hospital actuó según sus capacidades como centro de segundo nivel
y cumplió con los protocolos para trauma ocular. Determinó que la demora en la
remisión a un centro de mayor complejidad no fue imputable al hospital, sino que era
una responsabilidad de la EPS (Cafesalud), la cual debía garantizar la ubicación del
paciente en su red de prestadores

Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación por los demandantes, con
fundamento en los siguientes argumentos:

(i) Se ignoraron las normas que establecen que la IPS que atiende inicialmente una
urgencia es responsable del paciente hasta su egreso o remisión efectiva. Se
argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia, la entidad no se libera de su
obligación haciendo lo posible por remitir al paciente.

(ii) No se valoraron las pruebas e indicios que demostraban la falla médica, entre
ellas, el dictamen pericial que explicó los procedimientos que debían recibirse
durante las primeras 24 horas (a. Cierre primario de la herida, b. Reconstrucción
del globo ocular, c. Retiro de cuerpo extraño, y d. Remisión del paciente a centro
médico de nivel adecuado).

Además, el concepto de la oftalmóloga Ana Alcira Malagón Herrera (del Hospital
de Kennedy), quien precisó las pésimas condiciones en las que llegó el paciente.

El 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la decisión de
primera instancia. En lo pertinente al presente asunto, señaló textualmente lo
siguiente:

«En primera medida, a propósito del asunto que se examina, esta Colegiatura
recuerda que el Decreto 2757 (sic) de 1991 organiza y establece el régimen de
referencia y contrarreferencia para las entidades del subsector oficial señaladas
en el artículo 5, numeral 1, literales a), b) y c) de la Ley 10 de 1990 y para las del
subsector privado con las cuales tenga el Estado contrato celebrado para la
prestación de servicios de salud o que participen en las formas asociativas dentro
del proceso de integración funcional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05144-01
Demandante: Diana Díaz Lizcano y otros

Este decreto define el régimen de referencia y contrarreferencia como el conjunto
de normas técnicas y administrativas que permiten prestar adecuadamente al
usuario el servicio de salud, según el nivel de atención y grado de complejidad de
los organismos de salud con la debida oportunidad y eficacia.
(…)

El objetivo del régimen es facilitar la atención oportuna e integral de los usuarios,
estableciendo para ello varias modalidades (…)

(…)
Contextualizados los supuestos de facto en los que tuvo ocurrencia el hecho
dañoso, es preciso revisar lo conceptuado por el perito Oftalmólogo Especialista
en Córnea y Segmento Anterior, quien al referirse al manejo suministrado al
paciente en el Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral señaló:

(…)
El Hospital inicia el proceso de Referencia, contactando la EPS del paciente,
para que sea manejado en un nivel superior y luego de una comunicación
permanente (de acuerdo a las notas de enfermería) con la EPS del paciente,
se logra conseguir una cita para valoración Médica Oftalmológica en la ciudad
de Ibagué para el día 02 de agosto de 2016.

Debido a la demora en el proceso de remisión y a la no disponibilidad de una
cita Oftalmológica de manera inmediata, el paciente decide solicitar salida
voluntaria.

Expuesto lo anterior, considero que se le brindó la atención oportuna requerida
de acuerdo a las posibilidades del servicio del hospital, priorizando su remisión
a un nivel superior a través del sistema de Referencia y Contra referencia
acorde a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

(…) Es importante señalar que, la severidad de los traumas oculares
penetrantes, con heridas extensas, con compromiso corneal, daño uveal,
presencia de cuerpo extraño intraocular y compromiso retiniano, tienen un
pronóstico muy reservado y en general de muy mal pronóstico.

Y conforme a lo ya desarrollado y respondido en este cuestionario, en muchas
ocasiones, lo agresivo del mecanismo del trauma, supera toda logística,
tecnología y talento humano que una entidad en salud pudiera tener para dar
manejo a un caso de estas características.

En casos como el que nos atañe, no es suficiente contar con un especialista
en Oftalmología general, en muchas ocasiones es necesario contar con
Oftalmólogo especialista en Córnea y Segmento Anterior y/o Oftalmólogo
especialista en Retina. Así mismo se debe contar con dispositivos diseñados
para la cirugía de Catarata y Cirugía de Retina y Vítreo, los cuales son
necesarios para el manejo de este tipo de patologías. Toda esta logística,
tecnología y talento humano generalmente se encuentra en centros
especializados dedicados a un área especifica (sic) de la medicina.

La única opción que tenía, era la de reconocer lo grave del estado del ojo
derecho del señor FREDDY DÍAZ CUMACO y en consecuencia remitirlo a un
nivel superior, y esto, se realizó, acorde a lo consignado en las evoluciones y
las notas de enfermería, donde queda en evidencia que en varias
oportunidades tuvieron contacto telefónico con personal administrativo de la
EPS e incluso contactaron ellos mismos una IPS especializada en Oftalmología
de la ciudad de Ibagué, intentando conseguir una consulta urgente para el
paciente que tenían ingresado en sus instalaciones.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05144-01
Demandante: Diana Díaz Lizcano y otros

De conformidad con lo reseñado, para la Sala el Hospital San Juan Bautista ESE
de Chaparral cumplió, en observancia de sus obligaciones como entidad de
segundo nivel, en efecto, en atención a la complejidad del diagnóstico del señor
Díaz Cumaco y a que el Hospital demandado no contaba con el nivel de atención
necesaria, el paciente debía ser remitido a otra institución médica que contara con
la especialidad de Oftalmología.

En efecto, recuerda esta Colegiatura, que de acuerdo al sistema de Referencia y
Contrarreferencia, una vez el Hospital que esté atendiendo al paciente, solicita la
remisión a un Centro Asistencial de mayor complejidad, por no tener la capacidad
instalada para suministrarle atención médico asistencial (generalmente de
especialistas o subespecialistas) que se requiere para atender una patología
determinada, es la EPS la que debe garantizar la pronta ubicación de su afiliado
dentro de su red prestadora de servicios.

Por lo tanto, la demora o no remisión inmediata del paciente a un centro asistencial
de mayor complejidad que contara con la especialidad en oftalmología para su
adecuada atención, no puede ser imputable al Hospital San Juan Bautista ESE de
Chaparral, pues iniciado el trámite administrativo de remisión del paciente a través
del sistema de referencia y contrarreferencia, se presentó una demora en la
ubicación de una IPS que hiciera parte de la red prestadora de servicios de la EPS
a la que se encontraba afiliado el paciente Freddy Díaz Cumaco, por lo que es
dable indicar que tal ubicación no se dio por parte de la EPS Cafesalud, de la que
no se vio ninguna acción encaminada a lograr prontamente tal remisión.»

Se encuentra que el Tribunal Administrativo fundamentó su decisión en el dictamen
pericial rendido por el Oftalmólogo Especialista del cual, concluyó que (i) el hospital
brindó la atención oportuna requerida de acuerdo con las posibilidades del servicio
para una entidad de segundo nivel; y (ii) la única opción médica viable era la remisión,
la cual se realizó. Asimismo, el Tribunal analizó la norma de referencia y
contrarreferencia para concluir que, una vez solicitada la remisión, la responsabilidad
de la ubicación es la EPS la que debe garantizar.

Luego, en la providencia judicial de segunda instancia el Tribunal Administrativo del
Tolima efectuó un análisis de los argumentos que ahora se presentan como vicios en
sede de tutela.

De modo que, los argumentos presentados en la acción de tutela no son más que una
reiteración de la inconformidad del accionante con la valoración probatoria y la
interpretación normativa que hizo el juez ordinario en la sentencia de apelación. Es
decir, la parte actora pretende reabrir el debate concluido en sede ordinaria

Igual suerte corre el alegato relacionado con el desconocimiento del precedente
judicial, pues la parte actora lo emplea para reiterar la inconformidad que planteó a
instancias del recurso de apelación contra el fallo de reparación directa de primera
instancia, consistente en reiterar la inconformidad que le merece la decisión de no
declarar la responsabilidad patrimonial por falla médica alegada, sin que ese
argumento en sí mismo pueda variar la decisión cuestionada, pues, como quedó visto,
la razón para no imputar responsabilidad fue porque la falla alegada era atribuible a
otra institución y no a la demandada y no el desconocimiento de una postura
jurisprudencial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05144-01
Demandante: Diana Díaz Lizcano y otros

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia
dado que la acción de tutela se emplea como una instancia adicional para reabrir un
debate legal ya zanjado.

Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia del 9 de septiembre de
2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de
impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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