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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05148-01

Fecha
19 de enero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05148-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela de Luz Marina Leguizamón Rodríguez, Luz Stella Hernández Leguizamón, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor SVH, Víctor Javier Vargas Gualtero, Beatriz Gualtero de Vargas, Luis Albenio Viasus Figueredo, Carlos Ramiro Hernández Leguizamón y Yimy Alexander Ortiz Gualtero en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, acorde con las consideraciones anteriormente expuestas. 22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01 Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05148-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de enero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionante: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 10 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Luz Marina Leguizamón Rodríguez, Luz Stella Hernández Leguizamón, quien actúa
en nombre propio y en representación de su hijo menor SVH1, Víctor Javier Vargas
Gualtero, Beatriz Gualtero de Vargas, Luis Albenio Viasus Figueredo, Carlos Ramiro
Hernández Leguizamón y Yimy Alexander Ortiz Gualtero, por conducto de apoderado
judicial2, presentaron escrito de tutela en el que solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con ocasión de la
sentencia proferida el 23 de abril de 2025, en el trámite del medio de control de
reparación directa identificado bajo el radicado número 11001-33-43-059-2022-00199-
00/01.

1 Se oculta la identidad dado que se refiere a un menor de edad.
2 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI con certificado núm. 44F91011A2B8EF97
FB3F051D86FA9ACF 5855554079F3969D A4E55D05388725C9.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica3:

2.1. La parte actora puso de presente que Juan Felipe Vargas Hernández (Q.E.P.D.)
prestaba el servicio militar obligatorio en el Establecimiento Penitenciario “La
Esperanza de Guaduas”.

2.2. El 28 de enero de 2021 se encontraba en los alojamientos del complejo carcelario,
cuando uno de sus compañeros lo hirió a la altura del pecho con el arma de dotación
oficial. Por lo anterior, fue trasladado a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, quien a
causa del impacto falleció.

2.3. Como consecuencia, los actores presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Ministerio
de Justicia y del Derecho y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC,
cuyo objeto fue declarar su responsabilidad administrativa y patrimonial y el
consecuente resarcimiento de los daños causados por la muerte del joven Vargas
Hernández.

2.4. El Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá avocó
conocimiento en primera instancia y, en sentencia del 15 de febrero de 2024 negó las
pretensiones de la demanda, debido a que no se podía atribuir el daño acreditado a
las entidades demandadas, pues la víctima directa, con la conducta desplegada,
contribuyó a la producción del hecho dañoso, al manipular de forma irresponsable el
arma de dotación, situación que conllevó a su deceso.

2.5. Inconforme con la decisión, el extremo activo interpuso recurso de apelación, que
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en providencia del 23 de abril de 2025, en el sentido de confirmar la
orden del a quo, Explicó que si bien el caso podía ser analizado bajo el régimen de
responsabilidad objetivo, lo cierto era que mediaba el eximente de culpa exclusiva y
determinante de la propia víctima, dado que los auxiliares involucrados en los hechos
incumplieron su deber de autocuidado e inobservaron el protocolo en el manejo de
armas de fuego, siendo esta la causa efectiva del daño.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral. Como consecuencia de ello, pidió dejar sin efectos la providencia

3 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001334305920220019901250002
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

dictada el 23 de abril de 2025 y, en su lugar, que se emita una nueva sentencia que
analice de forma adecuada la totalidad de las pruebas incorporadas en el expediente,
en atención al precedente jurisprudencial de esta Corporación en lo atinente a las
lesiones sufridas por conscriptos al momento de prestar el servicio militar obligatorio.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó que la parte accionada incurrió
en un defecto fáctico, al considerar que no valoró adecuadamente el cúmulo de
pruebas aportadas, en específico, aquellas que daban cuenta que Juan Felipe Vargas
Hernández se encontraba en condición de conscripto, por lo que estaba sujeto al
cuidado y guarda del Estado, situación que tendría incidencia en el régimen de
responsabilidad aplicable en el caso en concreto. Sumado a ello, consideró que debió
estudiar de forma rigurosa la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima y
la incidencia en el resultado del hecho dañoso.

3.3. A su turno, consideró que se configuró un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en la medida que no aplicó la doctrina de esta Corporación, contenida
en las sentencias dictadas en los procesos: i) rad. 11.401, M.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez; ii) rad. 16.205, M.P. María Elena Giraldo Gómez; iii) rad. 16.308,
M.P. Ruth Stella Correa Palacio; iv) rad. 18.586, M.P. Enrique Gil Botero; v) rad.
17.839, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; vi) rad. 39.624, M.P. Marta Nubia Velásquez;
vii) rad. 41.708, M.P. Marta Nubia Velásquez; viii) rad. 44.635, M.P. Marta Nubia
Velásquez; ix) rad. 52.997, M.P. José Roberto Sáchica; x) rad. 37.893, M.P. Ramiro
Pazos Guerrero. xi) rad. 11001-33-36-032-2021-00115-01, que tratan acerca de la
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad en asuntos referentes a las lesiones
sufridas por conscriptos.

Con base en lo anterior, enfatizó que el caso en concreto debió estudiarse bajo el
régimen de responsabilidad objetivo, pues el Estado debió velar por el cumplimiento
de los deberes de vigilancia y control que deben tener las entidades sobre sus
miembros al interior de sus instalaciones, para proteger su integridad.

Finalmente, indicó que el eximente de responsabilidad solo operaba cuando era
exclusivo y determinante en la causación del daño, de conformidad con el contenido
de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, bajo el radicado núm. 45.667.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El 22 de agosto de 20254 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, requirió a la
parte accionante para que individualizara a cada uno de los accionantes, así como las
partes y a los terceros con interés en el proceso de reparación directa, y que aportara
el registro civil de nacimiento del menor SVH.

4 Índice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 222D638EBEA1092A
F789F915E83F97A4 DCA6493F657195C3 31FCC13A5C0FFA20.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

Dado que la parte actora atendió el anterior requerimiento, en auto del 5 de septiembre
de 20255 admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como terceros con interés
del Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Nación-
Ministerio de Defensa, de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC; asimismo, requirió al Juzgado mencionado
para que allegara al trámite constitucional el expediente adelantado bajo el radicado
núm. 11001-33-43-059-2022-00199-00/01 y reconoció personería al abogado
Jonathan Velásquez Sepúlveda como apoderado judicial de la parte accionante.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C6, indicó que en la providencia atacada se esbozaron las razones que conllevaron a
negar las pretensiones de la demanda, en específico, consideró que se configuró la
causal excluyente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, por cuanto la
víctima directa y otro conscripto hicieron uso indebido del arma de dotación, frente a
lo cual no se demostró que la Administración lo hubiere propiciado, patrocinado o
cohonestado en modo alguno. Por lo anterior, solicitó negar la acción.

4.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC7 solicitó declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que, su actuación no vulneró
los derechos fundamentales del extremo activo, pues lo que censuraron en su escrito
de tutela fue la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

4.4. La Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho8 puso de presente que los
accionantes pretendieron usar el mecanismo constitucional como una tercera instancia
para debatir sus argumentos. Adicionalmente, constató que no se configuró un
perjuicio irremediable que ameritara la intervención del juez constitucional, por lo que
no demostraron la trasgresión de sus garantías fundamentales. Finalmente, destacó
que la parte actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial como lo es el
recurso extraordinario de revisión.

4.5. El Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.9
remitió el expediente ordinario, sin embargo, guardó silencio frente a los hechos origen
de la presente acción.

5 Índice 00011 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 526061EA218E0452
BEE9107A81B1E82A ADFF9F393C34E783 C6C048C3DCE26EEF.
6 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 73ED50445F4996C3

E180FD8C3C3AC53B D01692C0E2DF7489 7AB71A15BADAC870.
7 Índice 00016 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. B504BF2705ED0FE6

40930675F2D0AF48 23072A8B721D74A7 03F1CA592979FED0.
8 Índice 00017 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 22940B4801588E56

4B1E046885317EA2 8607932C9C3815EB 83E53AF29188F69F.
9 Índice 00018 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 75052969B12F7E74

A1C2D06F312B9DFE 7F057072028D0D75 B842410FE5E329A6.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El 10 de octubre de 202510 el Consejo de Estado, Sección Cuarta profirió sentencia
en la que declaró la improcedencia de la acción al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

Expuso que, una vez revisados los argumentos del recurso de apelación presentado
así como el escrito tuitivo, estos guardaban identidad absoluta, de manera que se
reflejaba el desacuerdo de los accionantes en cuanto a la decisión de negar las
pretensiones del proceso de reparación directa al encontrar acreditado el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y frente al régimen de responsabilidad
aplicable, asociándolo con el desconocimiento del precedente jurisprudencial y con la
valoración deficiente de los medios de prueba, por lo que era necesario analizar si el
ad quem abordó de fondo y de manera razonable los fundamentos de la impugnación.

En ese orden, abordó el estudio de la providencia proferida por el órgano judicial
accionado y concluyó que aquél revisó y analizó las inconformidades propuestas en el
recurso de apelación relacionadas con el alcance del eximente de culpa exclusiva de
la víctima, pues indicó que en tanto que en ejercicio de su autonomía y de forma
consciente, el conscripto que falleció decidió jugar con su compañero y entre ambos
accionar el arma de dotación en múltiples oportunidades, desatendiendo las
instrucciones recibidas, lo anterior para concluir que esta situación escapaba de la
órbita de control de la entidad demandada.

Respecto del cargo relacionado con el desconocimiento del precedente
jurisprudencial, consideró que la parte actora pretendió prolongar un debate que se
resolvió de forma detallada en el proceso ordinario, dado que, en ambas instancias,
las autoridades judiciales reconocieron las particularidades del estudio de los daños
ocasionados a conscriptos.

Así las cosas, la Sala destacó que no se logró acreditar un escenario real de
vulneración de derechos fundamentales o un yerro en la providencia cuestionada que
justificara el conocimiento de fondo de la tutela, pues la petición de amparo se sustentó
en los argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, los cuales fueron resueltos de forma razonable por el
tribunal accionado sin que se evidenciara una vulneración real de los derechos
invocados por los accionantes con fundamento en una irregularidad ostensible,
flagrante y manifiesta en la sentencia acusada.

10Índice 00021 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7BCD267FE2AC1E61
48D15E26645537A4 45C55882728B79B9 839CB792ED88D666.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación11 en el que solicitó revocar la
sentencia proferida, reiterando las consideraciones expuestas en su escrito tuitivo, en
específico, la errónea aplicación de la eximente de responsabilidad “culpa exclusiva
de la víctima”.

La magistrada ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de auto
del 30 de octubre de 202512 concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luz
Marina Leguizamón Rodríguez, Luz Stella Hernández Leguizamón, quien actúa en
nombre propio y en representación de su hijo menor SVH, Víctor Javier Vargas
Gualtero, Beatriz Gualtero de Vargas, Luis Albenio Viasus Figueredo, Carlos Ramiro
Hernández Leguizamón y Yimy Alexander Ortiz Gualtero, al ser los titulares de los
derechos que afirmaron fueron vulnerados, dado que actuaron como demandantes en
el medio de control de reparación directa adelantado bajo el radicado núm. 11001-33-
43-059-2022-00199-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por cuanto fungió
como juez dentro del proceso mencionado, y fue su actuación a la que la parte
accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera

11 Índice 00026 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 665CF01E7B8794F3
20C7031C778C5BAB 275C6DD374452509 87C93EB637F8E086.
12 Índice 00033 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. B41F48106AD846C2

4CF0D26524D0212B D00B93827143CC96 993368466879331.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
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instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que
habilitan la interposición de la tutela14, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión
en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público,
ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto18.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que confirmará la decisión de primera instancia por las
razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que la
providencia cuestionada adolece de un defecto fáctico, pues no se analizaron en
debida forma las pruebas incorporadas en el expediente, las cuales tenían incidencia
en el régimen de responsabilidad aplicable en el presente caso, pues el hecho dañoso
fue sufrido por un conscripto. Por lo anterior, consideró que el tribunal se limitó a
extraer de manera fragmentada el material probatorio para construir su argumentación
en torno a la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, sin atender
la condición especial del conscripto.

De otro lado, consideró que la autoridad desconoció el precedente jurisprudencial
respecto de la posición del órgano de cierre en relación con la aplicación del régimen
objetivo de responsabilidad en otros procesos con premisas fácticas similares a las del
presente asunto, por lo que citó diferentes pronunciamientos de esta Corporación y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, que puso fin a la actuación ordinaria, así como de las pruebas aportadas
al proceso, la Sala constató que la autoridad judicial accionada dispuso lo siguiente:

“6.5.3. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO Y DECISIÓN

18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

Se confirmará la decisión del A Quo que negó las pretensiones de la demanda,
toda vez que, si bien se debe dar aplicación al régimen objetivo de
responsabilidad bajo el título de daño especial, lo cierto es que en el caso
concreto se presenta la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima por lo que no se configura la responsabilidad extracontractual del Estado
frente al hecho dañoso alegado en la demanda.

Parte por recordar la Sala que, no todo daño sufrido por quien presta el servicio
militar obligatorio es imputable de manera automática a la Administración
pública, y sólo lo son aquellos que le sean atribuibles en el plano fáctico y
jurídico, debiendo reparar las lesiones y muerte antijurídicas que tengan causa
en el plano de la prestación del servicio militar, cuando deriven de su prestación
directa o indirecta, y se pueda constatar la existencia de un título jurídico de
imputación que le brinda fundamento a la responsabilidad. De forma que sólo
se libera la administración si opera una causa extraña sin nexo con el servicio,
o si la parte demandante no logra establecer la relación fáctica o imputación
entre el daño y el servicio militar obligatorio.

En el caso concreto, la Sala encuentra claramente demostrado el daño invocado
por la parte actora, primer elemento de la responsabilidad, consistente en la
muerte del entonces soldado conscripto Juan Felipe Vargas Hernández
(q.e.p.d), en hechos ocurridos el 28 de enero de 2021, aproximadamente a las
7:30 a.m. por un impacto de proyectil de arma de fuego propinado por uno de
sus compañeros conscriptos en el alojamiento del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Guaduas – Cundinamarca.

No obstante lo anterior, considera la Sala que de conformidad con el material
probatorio analizado, no es posible atribuir el mencionado daño a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, en atención a que entre el daño –muerte- y el servicio de la
Administración, media una causal excluyente de responsabilidad, como lo es el
hecho exclusivo y determinante de la propia víctima, frente al cual no se probó
que la Administración lo hubiere propiciado, patrocinado o cohonestado en
modo alguno.

En efecto, se encuentra acreditado que el 28 de enero de 2021
aproximadamente a las 07:30 horas, los soldados conscriptos, entre ellos, el
auxiliar Juan Felipe Vargas (q.e.p.d.) y el auxiliar Fabian Estiv Vivas Sora, último
a quien se le había asignado un arma de dotación oficial, porque tenía el puesto
de servicio del portal de información, esto es, la entrada a la cárcel y al
encontrarse los dos (2) sujetos en el alojamiento del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Guaduas – Cundinamarca, conforme las
declaraciones recaudadas en el proceso penal y disciplinario de los auxiliares
Gabriel Andrés Rincón Ardila, Camilo Andrés Herreño Murillo, Juan David Rojas
Gutiérrez, Juan Sebastián Montaño Godoy se logró determinar que el Auxiliar
Juan Felipe Vargas (q.e.p.d.) tomó el arma que había dejado su compañero
Fabian Vivas, en la cama al parecer sin municiones y la comenzó a accionar
hacia la pared y el techo, luego se la pasó a Fabian Vivas, y en la continua
manipulación, jugando con el artefacto, que estaba aparentemente sin cartucho,
porque Vivas le había sacado las municiones, último quien tomó el arma y le
apuntó al pecho al joven Felipe Vargas Hernández (q.e.p.d), quien en broma le
dijo que disparara, situación que culminó con el impacto en su humanidad, con
la evidente desatención de las instrucciones del decálogo del manejo de
armamento y contrariando las expresas instrucciones de sus superiores.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

(…)

En este escenario, precisa la Sala que, contrario a lo planteado por el
demandante en el recurso de apelación, ni el cumplimiento del deber de
prestación del servicio militar obligatorio ni la utilización de arma de fuego
desvirtúan la configuración de la excluyente de responsabilidad por culpa
exclusiva de la víctima, toda vez que si bien la condición del conscripto comporta
una carga pública, en el caso concreto el nexo causal entre la referida carga y
la lesión por proyectil disparado por el arma de un compañero que generó la
muerte de la víctima directa, se desvirtúa el argumento, por la conducta
negligente del conscripto Juan Felipe Vargas (q.e.p.d.), como la causa eficiente
del evento dañoso, por su descuido e incumplimiento al deber de autocuidado.

Esas circunstancias, por lo demás, le permiten a la Sala afirmar que en el
momento en el cual el joven Juan Felipe Vargas Hernández (q.e.p.d) decidió de
forma consciente, jugar con su compañero con el arma de aquel, a pesar de las
expresas instrucciones dadas al respecto por sus superiores, dicha conducta
salió de la órbita de acción de la Administración.

Sobre el particular, refiere la Sala que, la Administración Pública debe velar por
la protección e integridad de quienes están bajo su cuidado y vigilancia, pero
dicha guarda no cobija hechos desligados totalmente del servicio que se salen
de los límites de su control, pues son hechos derivados de la autonomía y
voluntad de las personas, comportamientos producto de su libre albedrío, sin
ningún ánimo o impulso de ejercer funciones públicas.

En ese orden precisa la Sala que, no resulta ajustado a la naturaleza del
reclutamiento militar la pretensión de considerar que, en el caso de los
conscriptos, el Estado deba responder por su conducta en todos los casos en
forma absoluta, sin que pueda exonerarse de la imputación a él atribuida. En
relación con la instrucción militar, el Estado sólo ejerce la función de garante de
la actividad de estos servidores, pero no en relación con todos los actos de su
vida privada, pues si bien es cierto que la sujeción de los militares es mayor a
la de cualquiera otro servidor público, no por eso, aquellos pierden su capacidad
de discernimiento y, por lo tanto, son responsables de manera personal y
exclusiva de los actos que ejecuten en su esfera individual.

Adicionalmente, en el recurso de apelación pese a que la parte demandante
argumenta que, ni las autoridades castrenses ni los auxiliares conscriptos
Gabriel Andrés Rincón Ardila y Juan David Gutiérrez, trataron de evitaron el
suceso, últimos quienes se encontraban en el alojamiento y presenciaron los
hecho, frente a lo cual precisa la Sala que de los medios de prueba, se permiten
concluir que la conducta del soldado Juan Felipe Vargas Hernández (q.e.p.d)
resultó imprevisible e irresistible para la Administración, pues ésta no contaba
con elemento alguno que le permitiera avizorar o anticipar que los dos (2)
soldados implicados desobedecieran las órdenes que previamente se les había
impartido sobre el manejo de armas de fuego, sumado a que sus compañeros
les advirtieron que dejaran de molestar con el arma a lo cual hicieron caso
omiso.

Adicionalmente, no es de recibo el argumento de la parte demandante referente
a que el conscripto Juan Felipe Vargas Hernández (q.e.p.d.), no fue instruido
sobre armas de fuego tipo revolver, conforme los testimonios de Rincón Ardila
y Herrero Murillo, quienes refirieron que únicamente recibieron instrucción en el
uso de arma de fusil pero no de revolver, sobre lo cual precisa la Sala que se

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

encuentra acreditado que la víctima asistió a la instrucción que se imparte sobre
el uso de armamento el cual corresponde al decálogo para la manipulación y
cuidados en las armas en general y en específico de fusil, sumado a que pese
a que no se le había asignado armamento aquel. Sin embargo, decidió
autónomamente jugar con el arma de su compañero y en la interacción recibió
el impacto de bala, por desatención de parte de los dos (2) conscriptos al
decálogo del uso de armas de fuego.

Para la Sala entonces, no hay duda de que en el caso en estudio opera una
causa extraña que libera de toda responsabilidad a la entidad demandada, pues
si bien el daño que sufrieron los demandantes se produjo con un arma de fuego
de propiedad de la entidad pública accionada, tal situación resulta irrelevante
para deducirle responsabilidad patrimonial a la misma –o su concurrencia-,
dado que el riesgo que su manipulación conlleva no se materializó por una
causa relacionada con el servicio o su descuido, sino por cuenta del juego en la
manipulación del revolver entre los soldados Juan Felipe Vargas Hernández
(q.e.p.d.) y Fabian Estiv Vivas Sora, quienes asumieron todos los riesgos
inherentes a la utilización indebida de armas de fuego.

Por otro lado, respecto a las sentencias bajo radicado Nos. 20001-23-31-000-
2011- 00457-01 (48635), 05001-23-31-000-2001-03754-01 (37893) y 25000-
23-23-000- 1996-02772-01, que trae a colación el extremo demandante,
advierte esta colegiatura que, no son postura de unificación jurisprudencial,
sumado a que los casos que expone no guardan relación fáctica ni jurídica con
el presente caso sumado a que, por un lado, no especificó ni hizo el análisis
respectivo de la ratio decidendi ni la incidencia con el caso bajo estudio, que
considera debe darse aplicación en esta sentencia, de manera que no cumple
con los presupuestos para acoger la postura que pretende el actor.

(…)

En contraste, la parte demandante no acredita que el caso sub examine se
asemeje a la situación fáctica ni jurídica con los fallos que aportan, sumado a
que no cumplen con los presupuestos para que sean acogidos, en tanto no hizo
análisis de la ratio decidendi de la misma que se aplicara al caso ni la incidencia
de la decisión final y no cuenta con el carácter de línea de unificación
jurisprudencial, pues se trata de casos particulares que fueron definidos y no es
obligatorio su acatamiento, sobre la base de considerar que no se está creando
una regla de derecho en relación con la responsabilidad del Estado en caso de
muerte de conscriptos.

En concordancia con lo expuesto, esta Sala concluye que el órgano judicial accionado
acreditó que el daño no era imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional ni al INPEC, puesto que el evento fue producto del hecho exclusivo y
determinante de la propia víctima, sin que se lograra evidenciar que la Administración
hubiera propiciado, tolerado o facilitado la conducta que dio lugar al resultado fatal.

Estimó que la víctima, junto con su compañero, manipularon de manera imprudente y
en forma de juego un arma de fuego, en contravía de las instrucciones impartidas por
sus superiores y el decálogo de manejo de armamento. La conducta desplegada por
ambos conscriptos (en especial la de la víctima) se realizó de manera consciente,

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

autónoma y al margen de cualquier actividad propia del servicio, lo que conllevó a la
ruptura del nexo causal entre la prestación del servicio militar y el daño ocasionado.

Además, enfatizó que, si bien el Estado ostenta una posición de garante respecto de
quienes se encuentran bajo su custodia, dicha obligación no se extiende a hechos
completamente ajenos al servicio, derivados del libre albedrío y de actuaciones
individuales que escapan a su esfera de control. En tal sentido, no fue jurídicamente
admisible sostener que el Estado debía responder de manera absoluta por todas las
conductas de los conscriptos, pues estos conservan su capacidad de discernimiento y
son responsables de sus actos personales.

5.3. En suma, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado
por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración19.

5.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues a partir de la
revisión del proceso se advierte que los argumentos expuestos en este escenario
guardan identidad con lo esbozado en el recurso de apelación presentado en contra
de la sentencia proferida en primera instancia, sin que haya demostrado la violación
de los derechos fundamentales para los que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por los
actores está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio de
control de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
19 Sentencia SU215 de 2022.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente contenido en las
proferidas por el Consejo de Estado en los expedientes i) rad. 11.401, M.P. Alier
Eduardo Hernández Enríquez; ii) rad. 16.205, M.P. María Elena Giraldo Gómez; iii)
rad. 16.308, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; iv) rad. 18.586, M.P. Enrique Gil Botero;
v) rad. 17.839, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; vi) rad. 39.624, M.P. Marta Nubia
Velásquez; vii) rad. 41.708, M.P. Marta Nubia Velásquez; viii) rad. 44.635, M.P. Marta
Nubia Velásquez; ix) rad. 52.997, M.P. José Roberto Sáchica; x) rad. 37.893, M.P.
Ramiro Pazos Guerrero. xi) rad. 11001-33-36-032-2021-00115-01, las cuales versan
en la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad en asuntos referentes a las
lesiones sufridas por conscriptos, la Sala precisa que el precedente20 se constituye en
un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean razonablemente
previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de protección de los
principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de resolver un caso
sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados
por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”21.

Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada, la parte actora
no precisó alguna regla vinculante que haya debido considerarse y cuya aplicación era
imperiosa para adoptar la decisión atacada, por lo que no se puede concluir que sus
argumentos demuestran la existencia de un precedente horizontal con fuerza vinculante
y obligatoria de una sentencia de unificación.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre ese fallo, así como la
inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos

20 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21 Ibidem.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción
con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa
suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo
en la presente decisión.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como
si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario23.

En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela al
incumplir con el requisito de relevancia constitucional y, en ese orden, confirmará la
decisión proferida en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de octubre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela de
Luz Marina Leguizamón Rodríguez, Luz Stella Hernández Leguizamón, quien actúa
en nombre propio y en representación de su hijo menor SVH, Víctor Javier Vargas
Gualtero, Beatriz Gualtero de Vargas, Luis Albenio Viasus Figueredo, Carlos Ramiro
Hernández Leguizamón y Yimy Alexander Ortiz Gualtero en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional, acorde con las consideraciones anteriormente
expuestas.

22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05148-01
Accionantes: Luz Marina Leguizamón Rodríguez y otros

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

LMMT

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