Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05150-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05150-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05150-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-05150-00
ACCIONANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PENSIONES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-UAEPC
ACCIONADA: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN SEGUNDA–
SUBSECCIÓN B
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. SUBSIDIARIEDAD-
No se agotaron los medios de defensa procedentes. SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para plantear argumentos
que no fueron formulados ante el juez ordinario. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una
instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa de Especial
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca-UAEPC, contra el Consejo de
Estado–Sección Segunda–Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 19 de agosto de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca-UAEPC, a través de apoderado judicial, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y a la seguridad social, que considera vulnerados por el Consejo de
Estado–Sala de lo Contencioso Administrativo–Sección Segunda–Subsección B, con
ocasión de la sentencia del 5 de diciembre de 2024, al haber incurrido en un defecto
fáctico por omisión de valoración u decreto de pruebas, defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente constitucional, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 25000-23-42-000-2019-
01470-00/01.
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Accionante: U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
Su demanda de tutela presenta las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con
errores):
«PRIMERA: Que se declare que la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 5 de diciembre de 2024, notificada
el 21 de febrero de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 25000-23-42-000-2019-01470-01 (5193-2023), incurrió en
defecto factico por omisión de valoración u decreto de pruebas, defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional, al apartarse
injustificadamente de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como de la interpretación
fijada por la Sentencia SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional. Por
consiguiente, se declare la nulidad de dicho fallo de segunda instancia, por
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), a la
igualdad (art. 13 C.P.) y a la seguridad social (art. 48 C.P.) de la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.
SEGUNDA: Solicito comedidamente que, en consecuencia, se deje sin efectos la
sentencia de segunda instancia proferida el 5 de diciembre de 2024 notificada el
21 de febrero de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado y, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisión que se ajuste a los
parámetros legales y jurisprudenciales vigentes, negando el reconocimiento de la
sustitución pensional solicitada por la señora Luz Ángela Galarza Jaramillo, al no
encontrarse cumplido el requisito de convivencia mínima de cinco (5) años
continuos previos al fallecimiento del causante.
TERCERA: Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales vulnerados, evitando que la
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
se vea obligada a efectuar pagos pensionales que contraríen la ley y el precedente
constitucional, con afectación a la sostenibilidad financiera del sistema pensional».
2. Hechos relevantes
La señora Luz Ángela Galarza Jaramillo contrajo matrimonio civil con el señor Germán
Duque Reyes el 23 de diciembre de 2000. La pareja convivió inicialmente en Bogotá y
posteriormente en Manizales. En agosto de 2015, el señor Duque fue condenado
penalmente por el delito de lavado de activos, lo que motivó su huida y la consecuente
separación física de los esposos. No obstante, la señora Galarza sostiene que el vínculo
afectivo y matrimonial se mantuvo vigente hasta el fallecimiento de su esposo, ocurrido
el 1 de agosto de 2018.
En el año 2016, el señor Duque inició un proceso de divorcio ante el Juzgado Sexto de
Familia de Manizales, al que le correspondió el radicado No. 17001-31-10-006-2016-
00282-00. Aunque en primera instancia se decretó la disolución del vínculo matrimonial
mediante sentencia del 31 de octubre de 2017, esta fue revocada por el Tribunal Superior
de Manizales el 10 de mayo de 2018, por lo que al momento del fallecimiento, el
matrimonio seguía legalmente vigente.
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Acción de tutela – sentencia de primera instancia
El 11 de septiembre de 2018, la señora Galarza solicitó ante la Unidad Administrativa
Especial de Pensiones de Cundinamarca-UAEPC el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite. La entidad negó la solicitud mediante las
resoluciones 0642 del 24 de abril de 2019 y 1059 del 28 de junio de 2019, argumentando
que no se acreditó la convivencia continua durante los cinco años anteriores al
fallecimiento del causante.
Ante esta negativa, la señora Galarza interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, a la cual correspondió el radicado No. radicado No. 25000-23-42-000-2019-
01470-00. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 19 de
mayo de 2023, accedió a sus pretensiones.
El Tribunal consideró que, si bien existió una separación física entre los esposos, esta no
implicó la ruptura del vínculo afectivo ni la terminación del matrimonio, el cual se
encontraba vigente al momento del fallecimiento del señor Duque Reyes. Se valoraron
pruebas testimoniales y documentales que daban cuenta de la persistencia del lazo
conyugal, así como de la intención del causante de mantener el vínculo matrimonial.
También destacó que la exigencia de convivencia continua durante los cinco años
anteriores al fallecimiento no puede interpretarse de manera rígida, especialmente
cuando existen circunstancias excepcionales —como una condena penal— que impidan
la cohabitación física. En ese sentido, se reconoció que la separación fue involuntaria y
no afectó la voluntad de mantener el vínculo conyugal.
Esta decisión fue apelada por la UAEPC, y el Consejo de Estado, mediante sentencia del
5 de diciembre de 2024, confirmó el fallo de primera instancia, ordenando el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reiterando que
el vínculo matrimonial entre la señora Galarza y el señor Duque Reyes se encontraba
vigente al momento del fallecimiento, y que la separación física no fue producto de una
ruptura voluntaria sino de una circunstancia ajena a la voluntad de los cónyuges.
El Consejo de Estado enfatizó que el requisito de convivencia debe ser interpretado
conforme a los principios constitucionales de equidad, solidaridad y protección del mínimo
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Acción de tutela – sentencia de primera instancia
vital. En este caso, la Sala consideró que la señora Galarza demostró una relación
afectiva y de apoyo mutuo con el causante, incluso en ausencia de cohabitación física.
Además, se valoró que el proceso de divorcio iniciado por el causante fue revocado en
segunda instancia, lo que reafirma la vigencia del vínculo matrimonial. Por tanto, se
concluyó que la señora Galarza tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, y se ordenó su pago por parte de la UAEPC.
La sentencia del 5 de diciembre de 2024 fue notificada el 21 de febrero de 2025 1, por
correo electrónico.
3. Fundamentos de la solicitud
La entidad accionante sostiene que la providencia judicial objeto de tutela incurrió en
defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional.
En primer lugar, se alegó la existencia de un defecto fáctico, en tanto el Consejo de
Estado omitió valorar pruebas documentales relevantes y determinantes que fueron
aportadas por la UAEPC en el curso del proceso ordinario. Estas pruebas, según la
entidad, acreditaban que la señora Luz Ángela Galarza Jaramillo no cumplía con el
requisito legal de convivencia continua durante los cinco años anteriores al fallecimiento
del causante, exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 —modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003—.
Entre los elementos probatorios que la UAEPC consideró no valorados se encuentran el
expediente administrativo, el expediente del proceso de divorcio, declaraciones extra
juicio, registros de residencia, constancias de atención médica, y certificaciones oficiales
que daban cuenta de la separación de hecho desde el año 2015. Asimismo, se señala
que el Consejo de Estado dio prevalencia a testimonios de menor fuerza probatoria sin
justificar adecuadamente la desestimación de las pruebas documentales, lo que configuró
una apreciación arbitraria del acervo probatorio.
Adicionalmente, denunció la omisión en el decreto de pruebas de oficio solicitadas
expresamente por el Ministerio Público. En particular, la incorporación del expediente del
proceso de divorcio adelantado ante el Juzgado Sexto de Familia de Manizales y el
1 SAMAI del proceso 25000-23-42-000-2019-01470-01, índice 21.
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Tribunal Superior de esa ciudad. La UAEPC consideró que estas pruebas eran esenciales
para esclarecer la veracidad de la convivencia alegada por la demandante, y que su no
incorporación privó a la entidad de ejercer una defensa efectiva, vulnerando el principio
de verdad material y el derecho al debido proceso.
En segundo lugar, la UAEPC argumentó que la sentencia incurrió en un defecto
sustantivo, al interpretar de manera errónea el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Según la entidad, el Consejo de
Estado desconoció el carácter imperativo del requisito de convivencia continua de cinco
años, al considerar que la existencia de un vínculo matrimonial vigente eximía a la
demandante de acreditar dicho requisito. Esta interpretación, a juicio de la UAEPC,
contradice el sentido literal y teleológico de la norma, que busca garantizar que la pensión
de sobrevivientes se otorgue únicamente a quienes hayan mantenido una relación
efectiva, estable y con vocación de permanencia con el causante. La accionante arguyó
que la aplicación laxa de este requisito desnaturaliza el propósito del sistema pensional
y genera un trato desigual frente a otros beneficiarios que sí cumplen con las exigencias
legales.
En tercer lugar, planteó el desconocimiento del precedente, en particular de la Sentencia
SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional. Esta providencia unificó la interpretación del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y estableció que el requisito de convivencia mínima de
cinco años aplica tanto para cónyuges como para compañeros permanentes, sin
distinción alguna.
La UAEPC sostuvo que el Consejo de Estado se apartó de este precedente vinculante
sin ofrecer una justificación suficiente. En su criterio, esta omisión, además de vulnerar
el principio de igualdad, genera inseguridad jurídica y afecta la sostenibilidad financiera
del sistema pensional, al abrir la puerta al reconocimiento de prestaciones sin el
cumplimiento de los requisitos legales.
La entidad accionante advirtió que la decisión judicial impugnada implica el desembolso
de una pensión mensual de alta cuantía, así como el pago retroactivo de mesadas
acumuladas, lo que representa un perjuicio irremediable al patrimonio público.
4. Trámite procesal
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El 5 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó notificar al
Consejo de Estado-Sección Segunda, como accionada, y a Luz Ángela Galarza
Jaramillo, como tercera interesada. Se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y se publicó al auto admisorio en la página web del Consejo de Estado, para
el conocimiento de quienes tuvieran interés en el asunto. Finalmente, se requirió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, que remitiera
copia digital del expediente identificado con el radicado 25000-23-42-000-2019-01470-
00/01, contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por
Luz Ángela Galarza Jaramillo contra la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca.
Primero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó el expediente requerido 3.
La Sección Segunda-Subsección B, por medio del magistrado ponente del auto
enjuiciado4, contestó la acción de tutela y solicitó que se declare improcedente la tutela
o, en su defecto, se nieguen las pretensiones. Precisó, frente al defecto fáctico que la
entidad accionante nunca pidió las pruebas que ahora pretende introducir como mal
valoradas. También dio cuenta de que, en audiencia inicial, se negó la incorporación del
expediente de divorcio adelantado ante el Juez Sexto de Familia del Circuito de Manizales
y el Tribunal Superior de Manizales, ante lo cual la UAEPC no interpuso recursos. Frente
a los demás defectos alegados, la Subsección B alegó que falló conforme al derecho
vigente y a las pruebas obrantes en el expediente y que consideró el argumento medular
de la acción de tutela, consistente en la aplicación estricta del requisito de la convivencia.
A su vez, la señora Luz Ángela Galarza Jaramillo5, a través de apoderado, rindió informe
sobre los hechos y solicitó que se reconozca que esta acción de tutela es una maniobra
para dilatar el cumplimiento de la sentencia enjuiciada, afectando los derechos
fundamentales de la señora Galarza y que, en consecuencia, se ordene el cumplimiento
inmediato de la sentencia. Alegó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez, por lo que el uso de este
mecanismo tuitivo por parte de la entidad accionante resulta claramente improcedente.
II. CONSIDERACIONES
2 SAMAI, índice 5.
3 SAMAI, índice 9.
4 SAMAI, índice 18.
5 SAMAI, índice 17.
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Accionante: U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
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5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la demanda interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca contra el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B cumple con los requisitos de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y, de ser el caso, si con su adopción se vulneraron
los derechos fundamentales de la accionante.
6. Análisis de la sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; (vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Ibidem.
8
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constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: (i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o (ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados8.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia9.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto
de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y
reconocimiento de derechos fundamentales10. La Corte Constitucional, en sentencia SU-
062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de
subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió
el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018,
M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
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En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia
u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones
a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica».
La Corte Constitucional también ha destacado que el requisito de subsidiariedad guarda
relación con el deber de identificar de manera razonable los hechos y argumentos que
acrediten la trasgresión de derechos fundamentales, de modo que:
«[…] se traduce en el deber de demostrar que, en el asunto sub-judice,
efectivamente sus derechos están siendo trasgredidos y que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad»11.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional 12:
(i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con
enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las
razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya
una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente
legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Radicado No.
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
El accionante alega que la sentencia del 5 de diciembre de 2024, viola su derecho
fundamental al debido proceso —entre otros—, en la medida en que incurrió en defecto
fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
Sus argumentos se centran en que es palmario que la señora Luz Ángela Galarza
Jaramillo no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes de su esposo, porque no
convivió con él los cinco años anteriores a su deceso, conforme lo requiere el artículo 47
de la Ley 100 de 1993 —modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2013— para
acceder a dicha prestación. Alega que no se tuvieron en cuenta las pruebas que indican
que no existió dicha convivencia; que se interpretó de forma irrazonable esa disposición
al conceder la pensión de sobrevivientes a alguien que no cumple ese requisito y,
finalmente, que se desconoció la interpretación unificada de la Corte Constitucional del
artículo 47, ya citado, plasmada en la SU-149 de 2021.
Pues bien, la Sala anticipa que la acción de tutela es improcedente, pues se incumplen
los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, conforme se expondrá a
continuación.
El escrito de tutela argumenta un defecto fáctico, en tanto, por un lado, no se hizo uso de
la facultad oficiosa del juez para decretar el traslado del expediente del proceso de
divorcio, con radicado No. 17001-31-10-006-2016-00282-00/01 que cursó en el Juzgado
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Accionante: U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
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Sexto de Familia del Circuito de Manizales y luego en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales.
La Sala advierte que la señora Galarza y la Subsección B de la Sección Segunda
pusieron de presente que, en las etapas procesales pertinentes, la entidad accionante no
solicitó como prueba la incorporación de dicho expediente. Además, cuando fue resuelta
la solicitud del Ministerio Público, la UAEPC tampoco tuvo a bien recurrir esa decisión,
que ahora posiciona como desfavorable a sus intereses. Pues bien, la omisión de utilizar
los mecanismos de defensa al alcance impide al juez de tutela emitir pronunciamiento
sobre esta situación, por cuanto no se puso de presente ante el juez natural del asunto.
En esa medida, se concluye que el actor no puede subsanar sus errores bajo reproches
que no fueron planteados en las respectivas instancias durante el proceso contencioso
administrativo, pues esto desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como
mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales y permitiría que la
parte accionante se beneficiara de sus propias omisiones al no haber presentado
oportunamente los mecanismos previstos en la ley que permitían solicitar la prueba que
hoy reclama. En esa medida, el cargo no satisface el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela.
De otro lado, la accionante reprocha que no se tuvo en cuenta el expediente
administrativo, donde se acredita que no hubo convivencia, que se interpretó de forma
irrazonable el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 —modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003— y que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional, que indica
que la cónyuge también tiene que acreditar la convivencia por los cinco años anteriores
a la muerte del afiliado o pensionado que sustituirá. En efecto, ni el Tribunal ni el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B dejaron de lado el hecho de que la pareja se
separó de cuerpos con ocasión de la condena penal del cónyuge de la demandante. Por
el contrario, la ponderación del cumplimiento de los requisitos tuvo en cuenta que, en
efecto, existió una separación de cuerpos. La providencia enjuiciada estableció que la
jurisprudencia de constitucionalidad que ha evaluado la exequibilidad del artículo 47 de
la Ley 10013, aplicable al asunto
«concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según la cual tanto
el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben probar la
«convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado para
adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla en
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencias C-1094 de 2003, C-336 de 2024 y C-515 de 2019.
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Accionante: U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para
reclamar el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación
de hecho o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no
son causales legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial
y, por tanto, no extingue el derecho a la sustitución pensional».
Además de lo anterior, la providencia consideró que:
«45. Así las cosas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se
procederá a verificar si la demandante acreditó los requisitos para acceder a la
sustitución pensional.
46. De acuerdo con el material probatorio Luz Ángela Galarza Jaramillo contrajo
matrimonio con Germán Duque Reyes el 23 de diciembre de 2000 y al momento
del fallecimiento de este último contaba con 65 años de edad, pues nació el 2 de
abril de 1953. En ese orden, la solicitud de reconocimiento pensional se rige por lo
dispuesto en el artículo 47.a de la Ley 797 de 2003.
47. Al respecto, para la Sala es claro que la cónyuge supérstite acreditó la totalidad
de los requisitos para efectos la sustitución pensional; toda vez que en el
expediente se aportó el registro civil de matrimonio, pruebas documentales y
testimoniales que permiten concluir que la sociedad conyugal se encontraba
vigente y que convivieron entre el 23 de diciembre de 2000 hasta el 1° de agosto
de 2018, no obstante, de acuerdo con las declaraciones extrajuicio y los
testimonios desde el año 2015 el causante se radicó en Cali por asuntos
pendientes con la justicia, pero mantuvieron su vínculo afectivo y la sociedad
conyugal vigente hasta el fallecimiento.
48. Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 14 , existen
situaciones en las que para efectos del reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes el requisito de hacer vida marital con el causante hasta su muerte
no implica la cohabitación bajo un mismo techo, puesto que, pueden darse casos
en los que, pese a esa separación de cuerpos, sigue existiendo una verdadera
comunidad de vida, basada en una relación de afecto, ayuda mutua, solidaridad,
apoyo económico y acompañamiento espiritual.
49. Sobre el requisito de la convivencia la Corte Constitucional en sentencia SU-
169 del 9 de mayo de 2024, precisó que “no implica la cohabitación de los
cónyuges o compañeros permanentes bajo el mismo techo, siempre y cuando
exista una causa justificada para la separación de cuerpos”. Y en sentencia T-324
de 2014 del 3 de junio de 2014 indicó que “[E]sta corporación consideró que
existían suficientes elementos probatorios para concluir que la accionante había
convivido con el causante durante 45 años, y si bien en los últimos nueve meses
de vida aquél vivió en la casa de su hija, ‘el vínculo que unía a la accionante con
el causante no se disolvió por el hecho de que dejaran de compartir un techo, pues
como se pudo constatar de las declaraciones rendidas por la peticionaria y por dos
(2) personas cercanas, los vínculos de afecto, apoyo, dependencia económica,
acompañamiento en la enfermedad y comprensión mutua no cesaron’.”
50. En orden con lo anterior, de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, se acreditó que contra el causante se expidió una orden de captura, lo
que conllevó a que los cónyuges no conviviesen, sin embargo, de acuerdo con las
declaraciones extrajuicio y los testimonios rendidos en el sub judice, continuaron
prestándose ayuda y acompañamiento espiritual, lo que permite concluir que hasta
la fecha de fallecimiento se mantuvo una verdadera comunidad de vida».
14 [32] «Corte Constitucional, sentencias T-197 de 2010, T-324 de 2014, T-245 de 2017, T-392 de 2018».
13
Radicación:11001-03-15-000-2025-05150-00
Accionante: U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
De lo anterior se extrae que el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, tuvo
en cuenta la separación de cuerpos y concluyó, con base en el derecho aplicable y las
pruebas allegadas al proceso, que la demandante cumplía el requisito de convivencia, de
conformidad con lo establecido para los cónyuges cuyo vínculo matrimonial sigue vigente
al momento del fallecimiento.
Pues bien, vistos los argumentos de la acción de tutela, se observa que son similares a
los esbozados por la parte accionante en el recurso de apelación, que fueron abordados
suficientemente en la sentencia enjuiciada. Estos reparos se dirigen, esencialmente, a
imponer su criterio de interpretación sobre el de los jueces naturales del asunto, como si
este mecanismo tuitivo constituyera una tercera instancia del proceso ordinario. De este
modo, no se justifica la intervención del juez constitucional en el asunto bajo examen.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que el fallo enjuiciado está sustentado en las fuentes
del derecho y las pruebas obrantes en el expediente, sin que se acredite, prima facie, una
actuación que pudiera apartarse de los preceptos constitucionales del debido proceso.
Es de recordar que el juicio constitucional es de validez y no de corrección del fallo
enjuiciado, por lo que no hay lugar a revisar la interpretación jurídica o la valoración
probatoria del juez natural, salvo que constituya una vulneración manifiesta y grosera del
orden constitucional.
Así, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de las autoridades
judiciales accionadas, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una
instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracteriza las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, lo cual
confirma su improcedencia en el resto de los cargos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Unidad
14
Radicación:11001-03-15-000-2025-05150-00
Accionante: U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca contra el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Sigue leyendo
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