Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05150-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05150-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05150-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05150-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento
de Cundinamarca
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad,
inmediatez y relevancia constitucional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 24 de octubre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 20 de agosto de 20251, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca -UAEPC- promovió acción de tutela contra el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con el fin de que se
ampararan sus derechos a la igualdad, debido proceso y seguridad social.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 5 de diciembre de 20242, emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que inició en su contra
la señora Luz Ángela Galarza Jaramillo. En dicha demanda se pretendía declarar
nulas las resoluciones 0642 del 24 de abril de 2019 y 1059 del 28 de junio de 2019,
mediante las cuales la UAEPC le negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional en calidad de cónyuge del señor Germán Duque Reyes.
1 El proceso ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 6 de febrero de 2026.
2 Notificada el 21 de febrero de 2025.
3 Con radicado 25000-23-42-000-2019-01470-00/01.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
3.
La Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 5 de diciembre de 2024, confirmó la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B con fecha del
19 de mayo de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que
la demandante cumplió con los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 47
de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de sobrevivientes. Si bien se probó
que no hubo cohabitación de los esposos por los últimos 5 años de vida del causante,
ello se debió a una causa ajena a su voluntad, y en todo caso, se acreditó que siguió
existiendo una verdadera comunidad de vida, basada en una relación de afecto y
solidaridad mutua, en adición a que la sociedad conyugal seguía vigente.
4.
La parte actora indicó que en la sentencia objeto de tutela se incurrió en defecto
fáctico porque la UAEPC aportó suficiente prueba documental que acreditaba que
la señora Galarza Jaramillo no cumplía con el requisito legal y jurisprudencial de
cinco años de convivencia continua previo a la muerte del causante, la cual no fue
valorada ni mencionada en el fallo cuestionado, a saber: (i) expediente administrativo
de reconocimiento pensional, (ii) registro civil de defunción del señor Duque, (iii)
certificación expedida por autoridad competente sobre el estado civil y relaciones
familiares del occiso, (iii) declaraciones extrajudiciales y documentación notarial, (iv)
certificaciones laborales y de residencia del causante, (v) informe de historia clínica
y registros de atención médica, (vi) declaración del hijo del causante que contradice
el dicho de la demandante, (vii) constancia de la condena penal y huida del señor
Germán Duque en 2015, por el delito de lavado de activos, (viii) registro de viajes al
exterior de la señora Galarza, entre otras.
5.
A su vez, la actora advierte que sin justificación alguna, los jueces de instancia
omitieron hacer pronunciamiento alguno sobre la petición probatoria efectuada por
el Ministerio Público dirigida a que se oficiara al Juzgado Sexto de Familia de
Manizales y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales para que remitieran
copia íntegra del proceso de divorcio adelantado por el señor Germán Duque. La
omisión del Tribunal en decretar esta prueba de oficio, constituyó un incumplimiento
del deber judicial de buscar la verdad real, al no recaudar un elemento probatorio
que podía incidir de manera determinante en el sentido del fallo.
6.
La sentencia objeto de tutela dio prevalencia a testimonios de carácter subjetivo y
a elementos indiciarios que no desvirtúan la contundencia de las pruebas aportadas
por la entidad accionante.
7.
Defecto sustantivo por otorgar la pensión de sobreviviente a la señora Galarza,
al haber efectuado una interpretación laxa del requisito de convivencia continua de
5 años consagrado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y precisado por la Corte
Constitucional, entre otras, en el fallo SU-149 de 2021. La argumentación del
Consejo de Estado no resulta razonada adecuadamente porque, si bien se acoge al
criterio jurisprudencial según el cual la exigencia de convivencia prevista en la norma
referida no requiere estrictamente la cohabitación física y puede demostrarse
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mediante la existencia de una comunidad de vida, omitió justificar de manera
suficiente cómo las pruebas allegadas permitían concluir la inexistencia real y
efectiva de esa comunidad de vida en el caso concreto.
8.
Esto no solo afecta los derechos de la UAEPC, sino que también crea una
inseguridad jurídica sobre el acceso a la sustitución pensional, generando un daño
significativo a la confianza y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, junto
con el principio de legalidad en el procedimiento. Además, la decisión cuestionada
creó una situación de desprotección para otros beneficiarios legítimos (como sus
hijos) que cumplen con los requisitos legales para acceder a la pensión de
sobrevivientes.
9.
Desconocimiento del precedente constituido por la sentencia SU-149 de 2021
proferida por la Corte Constitucional, en la que se estableció de manera clara que
para acceder a la sustitución pensional es indispensable cumplir con el requisito de
convivencia continua de 5 años antes del fallecimiento del causante. El fallo
cuestionado se limitó a reiterar el estándar fijado por la Corte Constitucional, pero no
desarrolló un análisis crítico del acervo probatorio para demostrar que entre la señora
Luz Ángela Galarza y el causante subsistía una relación de apoyo mutuo, estabilidad
y proyecto común durante el periodo que exige el legislador.
10.
Finalmente, alegó que el perjuicio irremediable causado con la decisión adoptada
por el Consejo de Estado se materializa en la obligación de pago de una mesada
pensional mensual que asciende al valor de $22.210.894, y una suma global que
supera los seis mil millones de pesos. Recursos que no se encontraban
presupuestados y cuyo desembolso genera una grave y directa afectación a la
capacidad financiera de la entidad accionante.
B. Sentencia de primera instancia
11.
Mediante sentencia de 24 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional
reclamado por carecer de subsidiariedad y relevancia constitucional. En relación con
el defecto fáctico por no haberse decretado la prueba de oficio, se tuvo en cuenta
que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho esta no fue
solicitada por la entidad actora en ninguna de las etapas procesales pertinentes, y
en todo caso, cuando dicha petición fue resuelta desfavorablemente, no interpuso
recursos.
12.
Estimó que los cargos de la actora sobre indebida valoración probatoria y errada
interpretación normativa y jurisprudencial se fundamentaron en su simple
desacuerdo con la decisión objetada por no ser favorable a sus pretensiones.
Además, consideró que esos reproches eran muy similares a los esbozados en el
recurso de apelación que presentó en el proceso ordinario y se dirigían a imponer su
criterio interpretativo al juez natural.
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C. La impugnación
13.
El apoderado y el director general de la UAEPC presentaron escritos de
impugnación4 alegando que la decisión de primera instancia erró al aplicar de forma
rígida el requisito de subsidiariedad porque, con independencia de que se hubieran
agotado o no los medios de defensa, lo cierto es que el juez de la causa vulneró el
debido proceso de la entidad por su omisión de decretar de oficio elementos
probatorios esenciales para dirimir la controversia y que fueron pedidos en debida
forma por el Ministerio Público.
14.
En este punto, precisaron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
audiencia inicial del 10 de noviembre de 2021 no profirió decisión expresa sobre la
solicitud probatoria en comento, sino que manifestó que, de considerarla necesaria,
“podía decretarlas antes de las alegaciones y la sentencia” y ello no ocurrió, aun
cuando en el proceso de divorcio cuyo traslado se pidió reposan: testimonios que
dan cuenta de la separación definitiva de los cónyuges desde julio de 2015, junto con
las declaraciones de la señora Galarza, en las que reconoce expresamente la ruptura
de la convivencia con el causante, así como actuaciones que promovió este último
para lograr la disolución del vínculo matrimonial invocando la cesación definitiva de
la vida en común.
15.
Es obvio entonces que a diferencia de lo considerado por el juez de tutela de
primera instancia, la Unidad no pudo recurrir dicha decisión, no existe recurso contra
omisiones tácitas, y por ende la tutela es procedente.
16.
A su vez, fue un error concluir que el asunto carece de relevancia constitucional,
pasándose por alto que en la sentencia cuestionada, el Consejo de Estado no solo
incurrió en desconocimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-149 de 20215, sino
también, por los defectos fáctico y sustantivo alegados. El hecho de que los
argumentos fueran similares a aquellos que sustentaron su recurso de apelación en
el proceso ordinario, no era óbice para considerar que el amparo se interpuso a fin
de surtir una instancia adicional6. Es deber del juez constitucional pronunciarse de
fondo sobre las deficiencias judiciales, especialmente, porque no se trata de meras
discrepancias interpretativas, sino errores de derecho. Además, debe tener en
cuenta el perjuicio irremediable alegado.
17.
Pidió considerar que, en la sentencia SU-149 de 2021, se declaró procedente el
amparo deprecado aunque la parte actora contaba con otras vías judiciales, como el
4 Índices 28 y 29, SAMAI de primera instancia.
5 En la cual, reiteró que, la Corte Constitucional fijó como ratio decidendi vinculante que (i) la convivencia efectiva
mínima de cinco (5) años constituye un requisito exigible en igualdad de condiciones tanto para el cónyuge como
para el compañero o compañera permanente; (II) la flexibilización de dicho requisito compromete la sostenibilidad
financiera del sistema pensional; y (III) la ausencia de su acreditación impide el reconocimiento de la prestación
pensional
6 Tal como se indicó en sentencia T-1023 de 2012.
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recurso extraordinario de revisión, para defender sus intereses. Análisis de
procedencia que es aplicable al caso concreto y más si se tiene en cuenta que, con
la flexibilización del requisito de convivencia, el pasivo pensional puede aumentar en
un 461% ante el reconocimiento de sustituciones pensionales a todo aquel que sin
tener derecho, en virtud del precedente que está dejando el Consejo de Estado,
pueda acceder a dicha prestación social.
18.
De otro lado, solicitó aplicar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 13 de marzo de 2012, Rad. 45.038, criterio jurisprudencial avalado por
la Corte Constitucional en providencia C-515 de 2019, relativo a que debe darse
prevalencia a la voluntad expresa del causante respecto de quien podría ser
beneficiario de la pensión de sobreviviente. En el caso concreto, se acreditó que el
señor Duque antes de fallecer adelantó proceso de divorcio, por lo que, se denotaba
que su intención era no continuar con el vínculo conyugal con la señora Galarza.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
19.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.
E. Análisis del caso concreto
20.
La Sala confirmará la decisión del a quo y declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo por no satisfacer los presupuestos de subsidiariedad, inmediatez
y relevancia constitucional.
21.
La Sala considera que el amparo carece de subsidiariedad e inmediatez, al estar
acreditado que dentro del proceso ordinario, la entidad accionante incumplió
injustificadamente con la carga probatoria que le era propia e interpuso la presente
acción de tutela, a fin de subsanar dicho yerro, buscando endilgar la responsabilidad
de su actuar al juez natural de la causa, por el presunto incumplimiento de sus
deberes, especialmente, el de la búsqueda de la verdad material en el caso concreto.
22.
Se constató que en los hechos 10 a 12 de la demanda impetrada por la señora
Luz Galarza contra la UAEPC, expresamente se mencionó que el señor Germán
Duque Reyes inició proceso de divorcio, en el que el Juzgado Sexto de Familia de
Manizales profirió sentencia del 31 de octubre de 2017 en favor de sus pretensiones,
por lo que la accionante formuló recurso de apelación resuelto en providencia del 10
de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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23.
Al contestar la demanda, la entidad ahora accionante omitió pedir que se tuviera
como prueba dicho proceso, aspecto que tampoco alegó en etapas posteriores, sin
justificación para ello. En el acta de audiencia inicial celebrada el 10 de noviembre
de 2021 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consta que la UAEPC se
allanó a las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso y fue el
representante del Ministerio Público quien solicitó a la dicha sala de decisión que
decretara de oficio, como prueba trasladada, el referido proceso de divorcio iniciado
por el causante. Solicitud probatoria sobre la que expresamente quedó consignada
en la referida acta que: “El despacho (…) no ordenará lo pedido”, decisión notificada
en estrados y contra la cual no se presentaron recursos.
24.
Acorde a lo hasta aquí expuesto, para esta Subsección es evidente que la acción
de tutela, en cuanto a este primer argumento que sustenta el defecto fáctico, carece
de subsidiariedad e inmediatez. A diferencia de lo que alegó la parte actora tanto en
el escrito de tutela como en sus impugnaciones, la petición de decretar el proceso
de divorcio como prueba trasladada era un deber suyo, en virtud de la carga
probatoria que le correspondía como parte demandada. Quien concurre a un proceso
en calidad de parte, tiene que cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden
probar, por lo que, deberá asumir un rol activo sin pretender “refugiarse en la
diligencia del juez”8.
25.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que si bien el juez tiene la potestad
de decretar de oficio pruebas en cualquier momento del proceso hasta antes de
fallar, esta debe ejercerse siempre en respeto de principios como la igualdad real
entre las partes, la lealtad procesal y el principio de carga dinámica de la prueba, sin
que proceda para suplir la inactividad de las partes9, y queda supeditada al análisis
de necesidad que autónomamente realiza el juez de la causa.
26.
En consecuencia, no es de recibo la argumentación de la parte accionante
expuesta en sus impugnaciones, dirigida a intentar endilgar la responsabilidad de su
actuar poco diligente dentro del proceso ordinario, pues si bien el a quo tenía la
facultad de decretar el expediente de divorcio como prueba trasladada, lo cierto es
que, bajo su criterio, ello no fue necesario para dictar fallo de fondo en el asunto, y
en todo caso, si la UAEPC sabía que dicha prueba era indispensable a fin de
defender sus derechos e intereses, debió pedir su decreto desde que contestó la
demanda, pero omitió hacerlo incluso hasta en segunda instancia.
27.
De otro lado, la Sala precisa que el juez ordinario expuso de forma directa en la
audiencia inicial que hasta ese estado del proceso, no accedería al decreto oficioso
de pruebas pedido por el Ministerio Público. Revisada la grabación de dicha
diligencia, se constató que el magistrado ponente expresó que solo en caso de
considerarlo necesario y de tener dudas, se decretaría de oficio el proceso de
8 Sentencia T-733 de 2013.
9 Sentencia T-615 de 2019.
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divorcio como prueba trasladada10 hasta incluso antes del fallo. Luego, es claro que
la parte actora sí puedo hacer alguna manifestación en la respectiva audiencia e
interponer los recursos pertinentes, pero sin razón para ello, omitió hacerlo.
28.
Acorde a esto, es evidente que la acción de tutela carece de subsidiariedad, toda
vez que la parte accionante no agotó las vías judiciales con que contó para asegurar
el decreto probatorio que ahora aduce fue inadvertido por el juez natural.
29.
Sumado a lo anterior, se considera que en este punto, el amparo también carece
de inmediatez pues el alegato de la actora se dirige a cuestionar la negativa del juez
de primera instancia respecto a decretar de oficio, como prueba trasladada, el
proceso de divorcio iniciado por el causante, lo cual fue decidido en audiencia inicial
del 10 de noviembre de 2021. El amparo se impetró pasados más de 4 años, tiempo
que no se considera razonable.
30.
Con lo hasta aquí expuesto, la Sala también declara improcedente la solicitud
efectuada por la actora en segunda instancia, dirigida a que, de oficio, se
incorporaran como pruebas en el expediente de tutela entre otros, el proceso de
divorcio en comento y cualquier otra que permitiera "dilucidar la verdad material”
sobre el reconocimiento de la sustitución pensional. La acción de tutela no es el
escenario para añadir pruebas que debieron ser pedidas y allegadas en el proceso
ordinario por la parte interesada.
31.
La UAEPC también sustentó el defecto fáctico en la presunta omisión total de
valoración de las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que daban cuenta de que entre el señor Duque y la señora Galarza, al
menos tres años antes del deceso del cónyuge, no existía cohabitación ni comunidad
de vida, sustentada en lazos de afecto y solidaridad mutua. Igualmente, alegó que
se incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación del requisito de
convivencia consagrado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y desconocimiento
del precedente judicial constituido por la sentencia SU-149 de 2021. En los escritos
de impugnación se precisa que no se busca surtir una instancia adicional al proceso
ordinario.
32.
Revisada la sentencia reprochada, se vislumbra que el asunto fue estudiado de
manera suficiente, motivada y razonable por el Consejo de Estado. Dicha autoridad
explicó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100
de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, serían
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la prestación, entre
otros, el cónyuge que tuviera más de 30 años de edad a la fecha del deceso del
beneficiario de la prestación social, debiendo acreditar “que estuvo haciendo vida
10 Desde el minuto 13:49 de la grabación en comento consta que el juez de primera instancia manifestó al agente
del Ministerio Público sobre su solicitud probatoria, lo siguiente: “Gracias doctor, pues por ahora resolvámoslo
así, si consideramos que es necesario decretar esa prueba de oficio, la decretaremos doctor William, lo podemos
hacer inclusive… antes de proferir el fallo si es necesario, si existe alguna duda o si no verificaremos los
antecedentes haber que existe dentro del expediente”.
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marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.
33.
Sobre el requisito de la convivencia, expuso que la Corte Constitucional en
sentencias T-197 de 2010, T-324 de 2014, T-245 de 2017, T-392 de 2018, y
especialmente, SU-169 de 2024, precisó que existen situaciones en las que para
efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el requisito de hacer vida
marital con el causante hasta su muerte no implica la cohabitación bajo un mismo
techo, puesto que, pueden darse casos en los que, pese a esa separación de
cuerpos, sigue existiendo una verdadera comunidad de vida, basada en una relación
de afecto, ayuda mutua, solidaridad, apoyo económico y acompañamiento espiritual.
34.
Acorde a dicho criterio jurisprudencial y según el material probatorio concluyó que
la señora Luz Ángela Galarza acreditó la totalidad de los requisitos para efectos la
sustitución pensional; toda vez que en el expediente se aportó el registro civil de
matrimonio, pruebas documentales y testimoniales que permitían concluir que la
sociedad conyugal se encontraba vigente y que convivieron entre el 23 de diciembre
de 2000 hasta el 1° de agosto de 2018 (fecha del deceso), aun cuando, de acuerdo
con las declaraciones extrajuicio y los testimonios desde julio de 2015 el causante
se radicó en Cali por asuntos pendientes con la justicia, pero mantuvieron su vínculo
afectivo y la sociedad conyugal vigente hasta el fallecimiento.
35.
Así las cosas, se puede ver que la autoridad judicial accionada hizo un análisis
racional, coherente y completo de los temas puestos a su consideración y fundó su
decisión en las pruebas allegadas al plenario. El juicio de procedencia del
reconocimiento de la sustitución pensional lo adelantó siguiendo la línea trazada
actualmente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde, atendiendo
las circunstancias particulares del caso concreto, al haberse probado que por causas
diferentes a la voluntad de las partes (persecución judicial al causante) no existió
cohabitación durante los 5 años anteriores al deceso, pero el vínculo conyugal siguió
vigente y se logró probar la vida en comunidad sustentada en afecto, solidaridad y
ayuda mutua, por lo que, era procedente conceder la pensión de sobreviviente
reclamada.
36.
En ese sentido, que la autoridad accionada no haya zanjado la controversia como
lo pretendía el tutelante, no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para
imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad de criterios, no comporta
en sí la acreditación de la afectación constitucional que se requiere para conceder el
amparo reclamado.
37.
En este punto, cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el
modo cómo se deben valorar los documentos obrantes en el proceso ordinario ni el
grado de certeza de estos, así como tampoco imponer la tesis que defiende la parte
actora para atribuir responsabilidad estatal, cuando no se comprobó que las
conclusiones probatorias de la autoridad judicial involucraran arbitrariedad alguna.
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Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de
avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia. Más aún si
se tiene en cuenta que la decisión fue adoptada por una Alta Corte, que en su labor
judicial está llamada a fijar criterios hermenéuticos respecto a situaciones como la
estudiada.
38.
Finalmente, no es procedente pronunciarse sobre la aplicación de lo dispuesto por
la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de marzo de 2012, Rad. 45.038,
pues además de que se trata de un argumento nuevo que sólo se presenta en la
impugnación de la tutela, no se presentan razones suficientes para pretender que se
imponga el alegado criterio al órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa en materia laboral.
39.
En virtud de lo anterior, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 24 de octubre de 2025 por la Sección
Tercera – Subsección C del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
11 VF
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