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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05151-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05151-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, de conformidad a lo expuesto. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Amparo Grisales Zapata, acorde con lo expuesto en la parte considerativa. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05151-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00
Demandante: Amparo Grisales Zapata

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-00
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, reliquidación pensional. Requisitos
generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por la
señora Amparo Grisales Zapata contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de agosto de 2025, la señora Amparo Grisales Zapata presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la dignidad humana. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones jurídicas expuestas,
respetuosamente solicito lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR a mi favor los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL,
MINIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.

SEGUNDA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
TERCERA DE DECISIÓN dejar sin efectos la sentencia proferida el 11 de abril de 2025.

TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
TERCERA DE DECISIÓN reemplace la providencia anulada, ordenando dictar sentencia
acorde con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Honorable Corte
Constitucional, en cuenta la sumatoria de tiempos públicos y privados en el decreto 758
de 1990.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Actuación administrativa que dio lugar al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho

La señora Amparo Grisales Zapata nació el 26 de septiembre de 1957, por lo que
cumplió los 55 años el 26 de septiembre de 2012.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00
Demandante: Amparo Grisales Zapata

Mediante Resolución GNR 097592 del 17 de mayo de 2013, la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones reconoció pensión de vejez a favor de la
señora Amparo Grisales Zapata, en la que tuvo en cuenta para la liquidación 1.484
semanas cotizadas, con un ingreso base de $ 2´099.816, fijó la cuantía en $
1´574.862, con efecto a partir del 1° de junio de 2007, conforme con lo previsto en la
Ley 71 de 1988.

Posteriormente, con la Resolución GNR 277174 del 5 de agosto de 2014,
Colpensiones reliquidó la pensión de la actora, con IBL de $ 2´136.804, con lo cual fijó
la mesada en $ 1´633.694.

El 24 de febrero de 2015, la señora Grisales Zapata solicitó a Colpensiones la
reliquidación de la pensión de vejez en aplicación del Decreto 758 de 1990, para lo
cual efectuó la sumatoria de tiempos públicos y privados y tuvo como tasa de
reemplazo el 90 % de lo percibido durante toda la vida laboral, con ello, afirmó que el
IBL fue el equivalente a $ 2´357.600, el cual era superior al reconocido. Sin embargo,
la entidad, no dio respuesta a la petición.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Amparo Grisales Zapata promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones GNR 097592 del 17 de mayo de 2013, GNR 277174 del 5 de agosto de
2014 y del acto ficto presunto negativo. Como consecuencia, solicitó que se ordenara
la reliquidación de la pensión de vejez, con aplicación del Decreto 758 de 1990, con
tasa porcentual de reemplazo del 90 % y que se le reliquidara la mesada pensional
conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio
cotizado durante su vida laboral.

El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, en sentencia del 4 de diciembre de
2017, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la demandante era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es decir, tenía la
expectativa de pensionarse bajo las disposiciones anteriores – Leyes 33 de 1985 y 6ª
de 1945 –. Sin embargo, estaba garantizado el derecho pensional de la actora y no
resultaba válido dar aplicación a la sentencia SU-769 de 2014, pues solo aplicaba para
los casos donde los afiliados no alcanzaban las cotizaciones del régimen para acceder
a la pensión.

La señora Grisales Zapata interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
alegó que debía darse aplicación al principio de favorabilidad, en consecuencia, el
derecho pensional debía reconocerse con base en el Decreto 758 de 1990, además,
insistió en que en aplicación de la sentencia SU-769 de 2014, se le debía reliquidar la
pensión con «(…) una tasa de reemplazo del 90%, atendiendo a las disposiciones del artículo
53 de la Constitución Política, por lo que se le deben aplicar los artículos 1, 12, 13 y 20 del
Decreto 758 de 1990».

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 11 de abril de
2025, confirmó la decisión de primera instancia, pues señaló que la demandante es
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que procede el
reconocimiento de la pensión conforme con lo previsto en la Ley 33 de 1985, esto es,
55 años de edad, 20 años de servicio y el monto o tasa de reemplazo del 75%.

Explicó que, no puede aplicarse el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758
del mismo año, conforme con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia
SU 769 de 2014, porque la actora no acreditó cotizaciones al ISS antes de la entrada
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Demandante: Amparo Grisales Zapata

en vigencia de la Ley 100, además, ya se encuentra pensionada, por lo tanto, la
aplicación de esas normas no se impone como única alternativa para que acceda a la
pensión, por cuanto ya ésta goza de ese derecho prestacional.

Precisó, además que, «(…) aunque la pensión de la señora Grisales Zapata se debía
liquidar en los términos indicados, la liquidación realizada por Colpensiones generó para la
demandante una situación más beneficiosa que la que se hubiese derivado del apego estricto
al régimen de transición y las reglas definidas por la sentencia de unificación referida, que no
es pasible de ser desmejorada y que impone a la Sala mantenerla incólume».

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora aseguró que, la decisión acusada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias T-090 de 2009; T-398 de 2009 y T-334 de 2011, sobre
la posibilidad de acceder a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049
de 1990, que permite la sumatoria de tiempos cotizados en el sector público y en el
privado. Precisó además que, bajo las disposiciones del Decreto 758 de 1990, se
pueden acumular semanas cotizadas, así como periodos laborados al servicio de
entidades públicas sin cotizaciones.

Indicó que la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 unificó jurisprudencia,
para determinar la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados para efecto de
reconocer la pensión de vejez bajo el Decreto 758 de 1990. Que, además, en
sentencia SU-057 de 2018 profundizó en el tema y dio claridad al alcance de su
jurisprudencia, en el sentido de que no se limita al reconocimiento de la pensión bajo
la disposición referida, sino bajo cualquier otra norma, donde se puede hacer
sumatoria de tiempos para acceder a la prestación.

Señaló que, en aplicación del principio de favorabilidad, resulta más beneficioso el
reconocimiento de la pensión bajo las disposiciones del Decreto 758 de 1990 y no con
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, toda vez que, podría acceder
a una tasa de reemplazo del 90 % conforme con lo previsto en el artículo 20 del
referido decreto.

Aseveró que, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia
SL2557-2020, aclaró que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez se
pueden sumar tiempos públicos y privados.

4. Trámite previo

En auto del 28 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de demandados, al Juez Treinta
Administrativo de Medellín y a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, en calidad de terceros con interés.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela de la referencia, porque no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que las pretensiones están orientadas a constituir
una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Amparo Grisales Zapata

Aseguró que, en la sentencia acusada se puso de presente que la Corte Constitucional
en sentencia SU-769 de 2014 determinó la posibilidad de acumular tiempos cotizados
en el sector público y en el privado, siempre que las cotizaciones al ISS se hayan
hecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Que, a vez, el Consejo de Estado1 precisó que solo es válida la aplicación de la
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, «(…) para aquellas personas que no
lograron acceder a una pensión de vejez bajo ningún otro régimen pensional, siendo la única
alternativa para adquirirla sumar los tiempos privados cotizados al ISS (hoy Colpensiones)
con los tiempos de servicio público cotizados a otros Fondos o Cajas de Previsión Social, con
lo cual lograría acreditar el requisito de semanas contemplado en el artículo 12 del Decreto
758 de 1990, el cual es más beneficioso que el establecido por cualquier otro régimen
pensional».

Que, en el caso concreto, la demandante nunca efectuó cotizaciones al ISS antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, además, ya se encontraba pensionada,
por lo que, la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
1990, no se imponía como única alternativa para que accediera a la pensión, por
cuanto ya ésta gozaba de este derecho prestacional.

Precisó que, el reconocimiento pensional de la actora resultó más beneficioso, que la
que hubiese sido de la aplicación estricta del régimen de régimen de transición y las
reglas definidas por la sentencia de unificación, que no es pasible de ser desmejorada
y que impone mantenerla incólume.

Que, conforme con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del 28 de
agosto de 2018, «(…) al faltarle más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el IBL sería el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del IPC. Además, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
liquidación de la prestación, son únicamente aquellos sobre los cuales haya efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones».

Aseveró que, las inconformidades de la actora están orientadas a cuestionar la
interpretación hecha por el juez natural sobre la norma que rige el caso, la cual se dio
bajo los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.

6. Intervenciones

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha
transgredido derechos fundamentales de la actora y las pretensiones están orientadas
a cuestionar una providencia judicial respecto de la cual no tuvo injerencia, además,
precisó que no tiene algún trámite pendiente de resolver de la tutelante.

Refirió que la acción de tutela no cumple los requisitos generales de procedibilidad,
pues no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada, y lo que pretende la actora es configurar una tercera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1
Consejo de Estado, Sección segunda. Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, exp: 20001-23-39-000-2016-
00061-01(1322-17), C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.
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Demandante: Amparo Grisales Zapata

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Amparo Grisales Zapata pretende
que se deje sin efecto la sentencia del 11 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia, que negó la
reliquidación de la pensión de vejez, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-33-33-030-2016-00581-00/01, al considerar que
incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

En ese contexto, corresponde a la Sala verificar si la solicitud de amparo cumple con
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio del defecto invocado.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se precisa
que dicha entidad fue vinculada al presente trámite constitucional en calidad de tercero
con interés, porque fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que justifica su
vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201

01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Ibidem.

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procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, la parte demandante insiste en los
argumentos propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones.

Si bien, la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos
fundamentales e incurrió en desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que,
en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate surtido en el proceso con
radicado 05001-33-33-030-2016-00581-00/01, en el cual la autoridad judicial
demandada concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones del medio de
control.

La Sala observa que la parte actora demandó a Colpensiones con el fin de que se le
ordenara la reliquidación de la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, en los términos dispuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 769 de 2014, que permite la sumatoria de tiempos
cotizados en el sector público y privado y, además, tener como tasa de reemplazo el
90 % de lo cotizado durante toda la vida laboral.

En el trámite de primera instancia el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín negó
las pretensiones de la demanda por considerar que no podían aplicarse las normas
en comento, porque la actora no acreditó cotizaciones al ISS antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, además, precisó que ya tenía reconocida la pensión,
y las disposiciones referidas son aplicables en los casos donde los afiliados no
alcanzaban las cotizaciones del régimen para acceder a la pensión, lo cual no se dio
en el caso bajo estudio.

Contra la anterior decisión la ahora tutelante interpuso recurso de apelación, basada
en que, a su juicio, debía darse aplicación al principio de favorabilidad, por lo tanto,
resultaba más beneficioso el reconocimiento de la prestación conforme con lo previsto
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

La Sala observa que, en esa oportunidad, la parte demandante manifestó:

«Respecto a la interpretación más beneficiosa y en cuanto a la procedencia de la aplicación o no
del decreto 758 de 1990 para el caso de mi mandante se debe acudir a lo manifestado por la
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL (entidad que es órgano competente para interpretar y
dar sentido a las normas a la luz de la carta política como eje jurídico central de ordenamiento jurídico
quien en la sentencia SU 769 de 2014 al interpretar el artículo 1 del decreto 758 de 1990 entre otras
normas concluyó que era procedente que esta norma fuera aplicada incluso a trabajadores del sector
público sin distinguir su calidad pues consagró como ratio decidendi argumentos de peso al respecto
aunado a que se trata de un precedente de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios de
instancia (…).

Son los anteriores criterios los que debió tener en cuenta la entidad emisora del acto administrativo
demandando al momento de fundar su decisión y orientar el reconocimiento de una pensión en
criterios que fueran los más favorables a los intereses de la actora, contrario a lo sucedido pues de
forma clara los presupuestos normativos que consagra el decreto 758 son más beneficiosos en el
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caso de la demandante que los traídos por la norma que fue aplicada mediante resolución 097592
del 17 de mayo de 2013, esto es, la Ley 71 de 1988 en su artículo 7 (…).

Tendríamos entonces, que si bien la demandada reconoce que el actor es beneficiario del régimen
de transición y aplica el decreto 758 de 1990, por lo tanto para este efecto se debe tener en cuenta
todo el tiempo laborado incluyendo el servicio público, por lo tanto, el monto entendido como tasa
de reemplazo será el establecido en la mencionada, lo cual nos lleva al parágrafo 2° numeral 2°
del artículo 20.

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta todo el tiempo cotizado al RPMPD y el laborado en el
sector público, le asiste derecho a una tasa de reemplazo del 90%.

Es por lo anterior que los actos administrativos atacados son contrarios a disposiciones en las que
debieron fundarse que parten desde las bases del sistema general de seguridad social en pensiones,
pues va en contravía de lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta política de 1991, pues la entidad
demandada debió resolver que disposición legal era más benéficos o favorable a los intereses del
actor para así aplicar la norma que hoy se invoca esto es el artículo 1, 12, 13 y 20 del decreto 758
de 1990.

Una vez demostrada que existe contradicción entre el acto administrativo y las normas que debieron
fundamentarlo, se debe demostrar cual debió haber sido el IBL liquidado pues lo liquidado en los
actos administrativos atacados también es contradictorio de normas como el artículo 1 (sistema de
seguridad social integral), 2 (principio de la universalidad), 11 (campo de aplicación del sistema
general de seguridad social en pensiones), 13 literal F y G (aportes que se tendrán en cuenta para
el reconocimiento de la pensión) y 21 (forma de determinar el IBL) de la Ley 100 de 1993 normas
estas que debieron ser acatadas por el fallador de primera instancia además de la entidad emisora
de los actos administrativos demandados pues de estas, pero más de una aplicación correcta del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 hubiere resultado un cálculo superior del IBL calculo que debió
atender a las siguientes valores y a pesar de que este mismo calculo fue enrostrado en los alegatos
de conclusión el fallador de primer grado lo paso por alto:

(…)
Es por lo anterior y en atención a las evidentes contradicciones que guardan los actos administrativos
GNR 097592 de 2013, GNR 277174 de 2014 y el acto administrativo ficto negativo proferidos por
COLPENSIONES, con las normas superiores a ellos y en las que debieron fundarse es que estos
deben ser declarados nulos pues por un lado se aplica la norma que menos favorece al afiliado y
por otro se liquida de forma errónea y por debajo del valor real el IBL de la actora; sin que exista
además pronunciamiento sobre este punto por parte del juez de primera instancia pues la sentencia
de primera instancia solo se limitó a determinar la procedencia o no de la aplicación del decreto 758
de 1990».

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora aduce que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en defecto por desconocimiento del precedente
judicial, porque, a su juicio, debió ordenarse la reliquidación de la pensión conforme
con la interpretación hecha por la Corte Constitucional en la sentencia SU 769 de
2014, esto es, la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados para efectos de
reconocer la pensión de vejez bajo el Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo
del 90 %, de lo percibido durante toda la vida laboral. Criterios que han sido además
reiterados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone exactamente la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho donde fungió como demandante, en esta oportunidad, reitera lo expuesto en
el marco del proceso ordinario con fundamento en la configuración del
desconocimiento del precedente judicial, con base en el que alega que la autoridad
judicial demandada no tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre
reliquidación pensional, lo cual evidencia que lo pretendido es hacer uso de la
presente solicitud de amparo, como una instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
parte demandante fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
providencia del 11 de abril de 2025, que, en lo que interesa, consideró:

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Demandante: Amparo Grisales Zapata

«De acuerdo con lo anterior, se deduce que la señora Grisales Zapata es beneficiaria del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que significa que, para el
reconocimiento de su pensión, se aplicarían las reglas previstas en el régimen anterior, la Ley 33 de
1985, en cuanto a:

• La edad para consolidar el derecho: 55 años.
• El tiempo de servicios: 20 años.
• El monto o tasa de reemplazo: 75%.

Además, se tiene que la actora tiene cotizaciones de las siguientes entidades públicas empleadoras:
Departamento de Antioquia, Hospital Manuel Uribe Ángel y el Municipio de Caldas; así mismo, tiene
cotizaciones realizadas como independiente durante su historia laboral, pero no se encuentra
probado que hubiese realizado cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, lo que no podría dar lugar a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 del mismo año, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU
769 de 2014, pues en dicha sentencia la Corte Constitucional indicó que es posible acumular tiempos
de servicios tanto del sector público como del sector privado siempre y cuando tenga cotizaciones
al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; lo cierto es que, de acuerdo
con la rectificación jurisprudencial hecha por el Consejo de Estado, la aplicación de lo establecido
en la Sentencia SU 769 de 2014 solo tendría lugar para aquellas personas que no lograron acceder
a una pensión de vejez bajo ningún otro régimen pensional, siendo la única alternativa para adquirirla
sumar los tiempos privados cotizados al ISS (hoy Colpensiones) con los tiempos de servicio públicos
cotizados a otros Fondos o Cajas de Previsión Social, con lo cual lograría acreditar el requisito de
semanas contemplado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, el cual es más beneficioso que el
establecido por cualquier otro régimen pensional.

En este orden de ideas, la Sala encuentra, en el presente caso, que la demandante, en primer lugar,
nunca realizó aportes al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y, en segundo
lugar, se le concedió y liquidó su pensión de vejez por medio de las resoluciones ya mencionadas
que obran en el plenario, es decir, la señora Ampato Grisales Zapata ya se encuentra pensionada
y, por lo tanto, la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 no
se impone como única alternativa para que acceda a la pensión, por cuanto ya ésta goza de
este derecho prestacional.

Se tiene entonces que, como se dijo, la actora, pudo obtener su pensión de vejez liquidada bajo el
régimen pensional de la Ley 33 de 1985 por resultarle este más favorable, razón por la cual no le es
aplicable lo establecido en la sentencia de rectificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en el
sentido de que solo excepcionalmente podría aplicarse las disposiciones contenidas en el Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, si la actora no hubiese logrado pensionarse bajo
ningún otro régimen pensional, situación que, como se vio, no acontece en su caso.

De igual forma, lo plantea el Consejo de Estado mediante providencia del 13 de febrero de 2020
proferida dentro del radicado 25000-23-42-000-2016-05249-01 (4669-18), Consejera Ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la que señala que la posibilidad de computar tiempos del sector
público y privado solo se habilita a efectos de acceder a la pensión, mas no para efectos de
reliquidación (…).

Así las cosas, y como quiera que, conforme a la rectificación jurisprudencial del Consejo de Estado,
la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, solo es posible para
aquellas personas que no pudieron acceder a su pensión de vejez bajo ningún otro régimen
pensional, resulta claro para la Sala que este no es el caso de la actora y, por lo tanto, no hay lugar
a reliquidar su pensión de vejez conforme a lo solicitado en la demanda.

Ahora bien, en lo atinente a lo manifestado por la parte apelante en el recurso respecto del no
pronunciamiento del a quo sobre la pretensión de reliquidación de la pensión por haberse liquidado
de forma errónea y por debajo del valor real del IBL de la actora, se advierte que es una pretensión
consecuencial de la declaración de nulidad de los actos administrativos demandados y, por ende, la
Juez de primera instancia, al considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad de dichos
actos y al salir avante las excepciones propuestas por la entidad demandada, no se pronunció al
respecto.

(…)
Ahora, teniendo en cuenta que el retiro del servicio de la demandante ocurrió el 31 de mayo de 2013,
el IBL se calcularía desde el 1° de junio de 2003 hasta esa fecha; sin embargo, en la liquidación
realizada por Colpensiones para el reconocimiento pensional, arrojó un monto total de $2.136.804 y
aplicado el 75% como tasa de reemplazo y aplicando el saldo más favorable, la pensión fue
equivalente a $1.633.694 para el año 2013, como se observa en la Resolución GNR277174 del 5 de
agosto de 2014.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala, al realizar la liquidación de la prestación pensional tomando
en cuenta el ingreso base de cotización, de conformidad con el reporte de semanas cotizadas en
pensiones (fls. 36-43) y los antecedentes administrativos allegados por Colpensiones durante el
periodo comprendido entre el 1° de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2013, además, teniendo en
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Demandante: Amparo Grisales Zapata

cuenta los porcentajes del IPC que indicó la parte demandante en los anexos de la demanda, en la
liquidación aportada en el recurso de apelación y en sus alegatos de segunda instancia, arrojó un
monto total del IBL de $1.931.182 y aplicado el 75% como tasa de reemplazo, arrojó un monto
pensional de $1.448.387 para el año 2013, es decir, menor al liquidado por la entidad (…).

Por lo tanto, aunque la pensión de la señora Grisales Zapata se debía liquidar en los términos
indicados, la liquidación realizada por Colpensiones generó para la demandante una situación más
beneficiosa que la que se hubiese derivado del apego estricto al régimen de transición y las reglas
definidas por la sentencia de unificación referida, que no es pasible de ser desmejorada y que impone
a la Sala mantenerla incólume.

En conclusión, tampoco es procedente acceder a la pretensión de reliquidación pensional como lo
pidió la demandante, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018, al faltarle más de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el IBL sería el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del IPC. Además, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la liquidación
de la prestación, son únicamente aquellos sobre los cuales haya efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.»

De lo anterior, es posible concluir que la autoridad judicial demandada tuvo en cuenta
la sentencia de unificación SU-769 de 2014, en la cual la Corte Constitucional
determinó la posibilidad de sumar tiempos cotizados en el sector público como en el
privado. Sin embargo, en atención a la rectificación jurisprudencial hecha por el
Consejo de Estado la aplicación de la sentencia SU-769 de 2014, solo tendría lugar
para aquellas personas que no lograron acceder a una pensión de vejez bajo algún
otro régimen pensional.

Para el caso en concreto, la autoridad judicial demandada concluyó que no resultaba
aplicable liquidar la pensión de la accionante con base en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, porque no acreditó las cotizaciones al ISS con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, en todo caso, ella ya
tenía reconocido el derecho pensional, entonces, no resultaban aplicables las
disposiciones referidas, ya que no se impone como única alternativa para que acceda
a la pensión.

Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, presuntamente desconoció el
precedente jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-769 de 2014, lo cierto es que pretende hacer uso de la acción de tutela de la
referencia para insistir en los mismos argumentos que alegó en el trámite ordinario,
los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por los jueces naturales de la causa, en
el sentido de señalar las razones por las que no resultaba procedente la reliquidación
de la pensión de la actora en los términos que propone.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que permite evidenciar
que la inconformidad de la parte actora se generó con las conclusiones probatorias
del juez natural, las cuales no coinciden con sus intereses.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte demandante, dado que la acción
de tutela no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00
Demandante: Amparo Grisales Zapata

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, de conformidad a lo expuesto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Amparo
Grisales Zapata, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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