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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05153-00

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05153-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela Héctor Puerto Polanco contra el Tribunal Administrativo del Huila por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05153-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05153-00

Accionante: HÉCTOR PUERTO POLANCO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila, que profirió la sentencia de segunda instancia del 18 de febrero
de 2025 y confirmó parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 404 Administrativo
Transitorio de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1
promovido por Héctor Puerto Polanco contra la Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 20 de agosto de 2025, Héctor Puerto Polanco, actuando por intermedio de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la justicia y al debido proceso; que consideró vulnerados por el Tribunal

1 Proceso identificado con número de radicación: 41001-33-33-004-2022-00550-00/02.

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

Contencioso Administrativo del Huila, al haber proferido la sentencia del 18 de febrero de
2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 promovido por
Héctor Puerto Polanco contra la Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, mediante la cual confirmó parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 404
Administrativo Transitorio de Neiva y declaró la prescripción parcial de los derechos
reclamados.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«Primero: Se amparen los derechos fundamentales a la justicia y al debido proceso
de Héctor Puerto Polanco, bajo el radicado 410013333004-2022-00550-02, y
vulnerados en lo que en adelante llamaremos la Sentencia, esto es la notificada
personalmente el 4 de marzo de 2025 por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila y dictada el 18 de febrero de 2025 por los magistrados Ramiro Aponte
Pino, Enrique Dussán Cabrera y Jorge Alirio Cortés Soto.

Segundo: Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, sala cuarta
de decisión, dictar sentencia de segunda instancia conforme a derecho bajo el
radicado 410013333004-2022-00550-02 y resolver favorablemente el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante Héctor Puerto Polanco.

Tercero: Se orden al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, sala cuarta de
decisión, modificar la sentencia de segunda instancia, reconocer y pagar al actor
Héctor Puerto Polanco desde el 17 de enero de 2014 lo reconocido a él
favorablemente.»

2. Hechos relevantes

El señor Héctor Puerto Polanco se desempeña como juez de la República desde el año
2007 y, en tal condición, ha estado vinculado ininterrumpidamente a la Rama Judicial,
devengando la remuneración básica correspondiente a su cargo.

Señala que, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el
Gobierno Nacional debía establecer una prima especial mensual no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los jueces de la República.
No obstante, durante varios años la Administración consideró que el 30% de la asignación
básica mensual constituía prima especial sin carácter salarial, lo que implicó que las

2 Proceso identificado con número de radicación: 41001-33-33-004-2022-00550-00/02.

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

prestaciones sociales del actor fueran liquidadas únicamente sobre el 70% de su ingreso
básico mensual.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante sostuvo que sus cesantías, primas,
vacaciones, aportes a seguridad social y demás emolumentos fueron liquidados de
manera disminuida, al no incluirse el 30% de su remuneración básica mensual dentro de
la base de liquidación de tales prestaciones.

Ante ello, el demandante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima
especial mensual equivalente al 30% de su remuneración básica, así como la
reliquidación de sus prestaciones sociales y el pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de dicha situación.

El proceso fue conocido por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, que
mediante sentencia de primera instancia del 30 de octubre de 2024 concluyó que,
conforme a la sentencia del 2 de septiembre de 2019, la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye un incremento del salario básico y/o asignación
básica y debe reconocerse como un agregado o valor adicional, por lo que no podía
entenderse como un porcentaje sustraído del salario. En ese sentido, consideró que, al
haberse descontado el 30% del salario y liquidado las prestaciones sociales sobre el 70%
de la remuneración mensual, la entidad demandada desconoció el ordenamiento jurídico,
razón por la cual las pretensiones de nulidad estaban llamadas a prosperar.

No obstante, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción trienal, al
estimar que las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 19
de noviembre de 2019 se encontraban prescritas, y ordenó reliquidar y pagar las
prestaciones sociales y demás emolumentos con la inclusión del 30% excluido a título de
prima especial, con efectos fiscales a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de
2020, así como reconocer y pagar la prima especial en los términos indicados e incluir
las diferencias en los aportes pensionales correspondientes.

Posteriormente, la parte demandada, Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 30 de

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

octubre de 2024, solicitando que se revoque el fallo y, en su lugar, se nieguen todas y
cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar, entre otros aspectos, que el
a quo incurrió en violación del principio de congruencia al decidir extra petita y ultra petita,
al ordenar el reconocimiento de aspectos no solicitados en sede administrativa ni judicial,
como la reliquidación de la pensión de jubilación y el pago de aportes a seguridad social
en salud y pensión con la inclusión de la prima especial como factor salarial, así como al
desconocer la imposibilidad presupuestal de la entidad para asumir obligaciones sin la
correspondiente apropiación presupuestal, en los términos del artículo 71 del Decreto 111
de 1996.

De igual forma, la parte demandante, Héctor Puerto Polanco, también interpuso recurso
de apelación parcial contra la sentencia del 30 de octubre de 2024, solicitando que se
modifique el ordinal quinto en sus literales a y b de la parte resolutiva, para que se ordene
pagar durante siete (7) años, esto es, desde el 17 de enero de 2014 y hasta el 31 de
diciembre de 2020, la prima mensual equivalente al 30% del salario básico y la
reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con el 100% de los ingresos
básicos mensuales y no con un mermado 70%, y que se declare que los periodos
prescritos son los anteriores al 17 de enero de 2014 y no desde el 19 de noviembre de
2019, al sostener que la prescripción se interrumpió con la reclamación administrativa
presentada el 17 de enero de 2017 y no con la radicación de la demanda, en aplicación
de la jurisprudencia constitucional sobre el carácter optativo del silencio administrativo y
la contabilización del término prescriptivo.

La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Huila, que mediante
sentencia del 18 de febrero de 2025 resolvió los recursos de apelación interpuestos por
ambas partes y modificó el resolutivo quinto de la sentencia de primera instancia, en el
sentido de precisar que el reajuste ordenado por prescripción trienal procede a partir del
15 de noviembre de 2019 y no desde el 19 de noviembre de 2019, al advertir que la
demanda fue presentada el 15 de noviembre de 2022 y que el cómputo debía efectuarse
exactamente tres años hacia atrás desde esa fecha. En lo demás, mantuvo el
reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
como un agregado o valor adicional equivalente al 30% de la asignación básica mensual,
la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración básica
mensual y el reconocimiento y pago de las diferencias en los aportes pensionales desde

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

el 1 de julio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020, confirmando en lo demás la
sentencia impugnada y sin condena en costas en esta instancia.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial de Héctor Puerto Polanco.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico y
defecto sustantivo, así como en desconocimiento de la jurisprudencia constitucional
vinculante, particularmente de la Sentencia C-792 de 2006 de la Corte Constitucional,
reiterada en múltiples decisiones de tutela. En su criterio, el Tribunal aplicó indebidamente
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, al contabilizar
la prescripción trienal desde la radicación de la demanda (15 de noviembre de 2022) y
no desde la respuesta efectiva a la reclamación administrativa presentada el 17 de enero
de 2017, pese a que la Corte ha establecido, con efectos erga omnes, que mientras la
Administración no resuelva el derecho de petición no corre el término de prescripción, y
que el administrado puede optar por esperar la respuesta sin que ello le genere
consecuencias adversas en materia de caducidad o prescripción.

4. Trámite procesal

El 5 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela 3 y se ordenó su notificación
al accionante y al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, como autoridad judicial
accionada, así como a la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial–DEAJ–, como tercera interesada. Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. Igualmente, se solicitó al Juzgado 404 Administrativo
Transitorio de Neiva enviar copia digital del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Finalmente, se reconoció personería al apoderado.

La Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la
acción de tutela 4 y solicitó su desvinculación del trámite o, en su defecto, que se negaran
las pretensiones, al considerar que no es la autoridad llamada a responder por la presunta

3 Cfr. SAMAI, índice 4.
4 Cfr. SAMAI, índice 8.

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vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la providencia
cuestionada fue proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en ejercicio
de su función jurisdiccional, amparada por los principios de autonomía e independencia
judicial. Señaló que la DEAJ es un órgano técnico y administrativo de la Rama Judicial,
sin injerencia en las decisiones adoptadas por los jueces y magistrados, por lo que carece
de legitimación en la causa por pasiva. Añadió que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional para revivir un debate ya definido por la jurisdicción
contencioso administrativa, máxime cuando no se evidencia vulneración de los derechos
fundamentales alegados.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Huila, en su contestación5, solicitó denegar
el amparo, al considerar que en la sentencia del 18 de febrero de 2025 se analizó en su
integridad el acervo probatorio, el marco normativo y el precedente jurisprudencial
aplicable, en particular los pronunciamientos de unificación del Consejo de Estado y lo
dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Señaló que, conforme a dicho
precedente, la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
debía efectuarse teniendo en cuenta la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y reconocer hasta tres años atrás, razón por la cual se precisó que el
reajuste procedía desde el 15 de noviembre de 2019, fecha que corresponde a los tres
años anteriores a la radicación de la demanda el 15 de noviembre de 2022. Añadió que
no se soslayó derecho fundamental alguno y que la decisión se adoptó en ejercicio de la
función jurisdiccional, con fundamento en la jurisprudencia del órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativa.

Asimismo, la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva contestó la acción de tutela 6 y solicitó declararla improcedente por falta
de relevancia constitucional, al considerar que el actor pretende utilizar el amparo como
una instancia adicional para controvertir la sentencia del 18 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin acreditar la configuración de un defecto fáctico o sustantivo ni el
desconocimiento del precedente en los términos exigidos por la jurisprudencia
constitucional; sostuvo que la decisión judicial se adoptó dentro del marco normativo y
jurisprudencial aplicable, que no se advierte vulneración de los derechos fundamentales

5 Cfr. SAMAI, índice 9.
6 Cfr. SAMAI, índice 11.

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invocados y que la inconformidad del accionante se reduce a cuestionar la valoración
probatoria y la interpretación jurídica realizada por el juez natural, por lo que solicitó negar
el amparo.

Finalmente, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, envió copia digital del
expediente del proceso ordinario 7.

5. Manifestación de impedimento

El consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento 8 con fundamento
en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, relativo a que el funcionario judicial
o su cónyuge tenga interés en la actuación procesal. Señaló que se encontraba incurso
en dicha causal por dos razones:

En primer lugar, porque el proceso bajo estudio versa sobre la aplicación de normas que
regulan aspectos salariales y prestacionales equivalentes a los devengados por
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, asuntos que también inciden en su propio
régimen salarial y prestacional; y, en segundo lugar, porque su cónyuge, en su anterior
calidad de Directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, promovió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
con supuestos fácticos y jurídicos similares a los expuestos en la presente acción de
tutela, circunstancia que configura un interés en la actuación procesal y le impone el
deber de separarse del conocimiento del asunto.

Por otro lado, la consejera de Estado Adriana Polidura Castillo también manifestó
impedimento 9 con fundamento en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
relativo a que el funcionario judicial, su cónyuge o algún pariente tenga interés en la
actuación procesal. Señaló que se encontraba incursa en dicha causal en consideración
a que en el proceso objeto de estudio se discute el carácter salarial de la prima especial
de servicios, creada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y posteriormente extendida a
magistrados auxiliares de las Altas Cortes mediante el artículo 1 de la Ley 332 de 1996,
concepto del cual fue beneficiaria al desempeñarse como magistrada auxiliar del Consejo
de Estado entre el 15 de julio de 2020 y el 3 de febrero de 2025.

7 Cfr. SAMAI, índice 12.
8 Cfr. SAMAI, índice 15.
9 Cfr. SAMAI, índice 18.

8
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Accionante: Héctor Puerto Polanco
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Indicó que esta circunstancia configura un interés directo en la actuación procesal, por lo
que, con el fin de salvaguardar las garantías procesales y la imparcialidad en la
administración de justicia, sometió a consideración de la Sala su impedimento para
conocer del asunto.

CONSIDERACIONES

6. Impedimento

El artículo 4 del Decreto 306 de 19923 —por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de
1991— remite a los principios generales del Código de Procedimiento Civil para
interpretar las disposiciones de trámite de la acción de tutela, reguladas por el Decreto
2591 de 1991. De modo que, en lo no regulado por ese decreto, debe aplicarse el Código
General del Proceso para regular el procedimiento las acciones de tutela, incluyendo los
impedimentos que se manifiesten durante su trámite.

En esa medida, el artículo 140 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código
General del Proceso, CGP, determina lo siguiente:

«Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de
recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia
de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.

[…]

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en
conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la
causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el
impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo
o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello».

Así las cosas, correspondió al consejero ponente resolver los impedimentos planteados 10,
donde concluyó que cuando se presentan varios impedimentos concurrentes que
comprometen la integración ordinaria de la Sala, corresponde conformar una Sala de
Conjueces para su conocimiento y decisión. En consecuencia, ordenó a la Secretaría
General sortear dos (2) conjueces para integrar la Sala que decida los impedimentos
manifestados por los consejeros Nicolás Yepes Corrales y Adriana Polidura Castillo, y

10 Cfr. SAMAI, índice 21.

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

dispuso mantener la suspensión de términos prevista en el artículo 145 del CGP,
aplicable por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 1992.

En cumplimiento del auto del 4 de febrero de 2026 11, se realizó diligencia de sorteo de
conjuez, en la cual fueron designados como conjueces los doctores José Roberto Sáchica
Méndez y Fernando Alexei Pardo Flórez.

El 8 de abril de 2026 12, se encontró fundada la manifestación conjunta de impedimento
presentada por los consejeros Adriana Polidura Castillo y Nicolás Yepes Corrales, al
advertirse la existencia de un interés directo o indirecto en la actuación procesal que
comprometía la apariencia de imparcialidad exigida en el ejercicio de la función judicial.
En consecuencia, se dispuso separarlos del conocimiento del trámite y ordenar el sorteo
de dos conjueces para integrar la Sala encargada del estudio del fallo dentro de la acción
de tutela.

Finalmente, en cumplimiento del auto del 8 de abril de 202613, se realizó diligencia de
sorteo de conjuez, en la cual fueron designados como conjueces la doctora Zoranny
Castillo Otálora y el doctor José Roberto Sáchica Méndez.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del
18 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual
se confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia del Juzgado 404
Administrativo Transitorio de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 14 , promovido por Héctor Puerto Polanco contra la Nación–Rama Judicial–
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86

11 Cfr. SAMAI, índice 26.
12 Cfr. SAMAI, índice 29.
13 Cfr. SAMAI, índice 34.
14 Proceso identificado con número de radicación: 41001-33-33-004-2022-00550-00/02.

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
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de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 15. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela16.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional 17: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de

15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

El señor Héctor Puerto Polanco promovió acción de tutela contra la sentencia del 18 de
febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, al considerar que dicha
providencia vulneró sus derechos fundamentales a la justicia y al debido proceso.

La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Héctor Puerto Polanco será
declarada improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende el accionante es reabrir el
debate que quedó zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, la parte accionante
sostuvo que la sentencia cuestionada vulneró sus derechos a la justicia y al debido
proceso al incurrir en defecto fáctico, sustantivo y en un desconocimiento del precedente,

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por haber contabilizado la prescripción trienal desde la radicación de la demanda y no
desde la respuesta efectiva a la reclamación administrativa presentada el 17 de enero de
2017, desconociendo la regla fijada en la Sentencia C-792 de 2006 según la cual,
mientras la Administración no resuelva el derecho de petición, no corre el término de
prescripción.

Se advierte que la controversia planteada carece de relevancia constitucional, en la
medida en que el accionante pretende reabrir un asunto que ya fue resuelto por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del cual las dos instancias valoraron
integralmente los documentos aportados. Se evidencia que la acción de tutela se utiliza
para cuestionar la decisión adoptada en segunda instancia y reabrir el debate propio del
proceso ordinario, reflejando, en realidad, una inconformidad con el sentido del fallo y un
intento de convertir el amparo constitucional en una tercera instancia.

El Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia accionada, mencionó lo siguiente:

«Adicionalmente, huelga resaltar que la demora o la no resolución de los recursos
en sede administrativa no modifica el plazo con el que cuenta el interesado para
promover la demanda, luego de que interrumpe el fenómeno prescriptivo; porque
el artículo 86 del CPACA consagra la figura del silencio administrativo negativo
cuando los recursos no son resueltos y notificados en el plazo de dos meses,
situación que permite controvertir en sede judicial el acto ficto; garantizando así el
derecho al acceso a la administración de justicia.»

«En ese orden de ideas, “…la contabilización de la prescripción del derecho a
reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969”17.

b.- Teniendo en cuenta el marco normativo y el anterior precedente, la sala
considera que el demandante tiene derecho a acceder al reconocimiento y pago
de la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (equivalente
al 30% del sueldo básico -adición o agregado-), a partir del 1° de julio de 2007
(fecha de exigibilidad) pero desde el 15 de noviembre de 2019 (por efectos de la
prescripción trienal) hasta el 31 de diciembre de 202018; dado que la reclamación
administrativa se radicó el 16 de enero de 2017 y a su vez, la demanda se presentó
el 15 de noviembre de 2022. Esto es, después de tres años de la presentación de
la reclamación administrativa.

En ese punto, la Sala se permite acotar que, sin perjuicio de la interpretación que
la Corte Constitucional hubiese efectuado sobre el artículo 6° del Código Procesal
del Trabajo –traída a colación por el apoderado actor en el escrito de apelación–,
el Consejo de Estado, en calidad de tribunal de cierre de la Jurisdicción

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Radicación:11001-03-15-000-2025-05153-00
Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

Contencioso Administrativa, precisó los alcances de la presentación de la
reclamación administrativa y del fenómeno prescriptivo en materia laboral, en los
términos ya expuestos.

Dicha postura, aun cuando no haya adoptada en sede de unificación, ha sido
acogida por las dos subsecciones que integran la Sección Segunda del Consejo
de Estado19. Es decir, que no ha existido disparidad de criterios al interior del
órgano colegiado que se encarga de resolver los asuntos laborales y pensionales
que se presentan con el Estado.

Conforme a lo anterior, se modificará el resolutivo 5° del fallo de primera, con el fin
de precisar que el reajuste ordenado por -prescripción trienal- es a partir del 15 de
noviembre de 2019, y no desde el 19 de ese mismo mes y año (como lo ordenó el
a quo). Lo anterior, por cuanto la demanda fue presentada el 15 de noviembre de
2022 (f. 1 a 4 documento 001, índice 3, primera instancia).»

De lo anterior se desprende que, el Tribunal Administrativo del Huila explicó por qué se
contabiliza la prescripción trienal desde la radicación de la demanda y no desde la
respuesta efectiva a la reclamación administrativa presentada el 17 de enero de 2017,
como lo sostiene el accionante. Señaló que la falta de respuesta o la demora en sede
administrativa no suspenden indefinidamente el término para interponer la acción, dado
que el ordenamiento prevé la figura del silencio administrativo negativo.

Asimismo, el Tribunal justificó por qué no acogió la regla fijada por la Corte Constitucional,
ya que, el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a través de las subsecciones de la Sección Segunda, ya ha definido sus
posturas frente a los alcances de la reclamación administrativa y del fenómeno
prescriptivo en materia laboral.

La Sala advierte que lo planteado por el accionante se reduce a un mero desacuerdo con
la sentencia de segunda instancia y la interpretación jurídica adoptada, pues la autoridad
judicial sí realizó un análisis en el caso en concreto, lo que pretende el accionante es que
el juez constitucional imponga un criterio específico sobre la prescripción trienal. En ese
sentido, el accionante utiliza la acción de tutela como un mecanismo para obtener una
tercera instancia.

La controversia planteada no evidencia una vulneración directa de derechos
fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo de la
función jurisdiccional, debido a que, el Tribunal Administrativo del Huila, ya resolvió de
fondo la situación jurídica debatida en el proceso ordinario e, incluso, accedió

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Radicación:11001-03-15-000-2025-05153-00
Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

parcialmente a sus pretensiones al reconocer el derecho al pago de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y a la reliquidación de sus prestaciones
especiales sobre el 100% de la asignación básica, con las limitaciones derivadas de la
prescripción trienal.

Además de lo expuesto, la demanda de tutela pide se deje sin efectos una providencia
sobre el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en la Ley 4 de 1992 y la
reliquidación de prestaciones sociales. Esta pretensión, netamente económica, escapa
de la órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de
pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para
su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de
carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes". Dicha circunstancia reitera que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, toda vez que se trata de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privada.18

La Sala concluye que la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila estuvo
debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó
correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por el accionante en sede
de tutela se limitaron a plantear su desacuerdo con la decisión adoptada y a intentar
reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.

Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

La sentencia reprochada fue dictada dentro del marco de la legalidad. En consecuencia,
no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo se declarará
improcedente.

18 Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas

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Accionante: Héctor Puerto Polanco
Acción de tutela–Primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela Héctor Puerto Polanco contra
el Tribunal Administrativo del Huila por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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