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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05161-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05161-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Marín Castro Peña, en nombre propio y como representante judicial del señor Efraín Salgado Garzón, contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05161-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de octubre de 2025

Demandante: Marín Castro Peña
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-05161-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05161-00
Demandante: MARÍN CASTRO PEÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA
CUARTA DE DECISIÓN

Tema: Tutela de fondo. Derecho fundamental al debido proceso.
Declara improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito remitido el 20 de agosto de 2025, el señor Marín Castro
Peña1, quien manifestó actuar también como representante judicial del señor
Efraín Salgado Garzón2, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa.

La parte demandante consideró vulneradas las mencionadas garantías debido
a que, como apoderado judicial, no se le notificó la sentencia del 23 de enero
de 2025, dictada en el proceso de reparación directa que promovió el señor

1
Identificado con la cédula de ciudadanía 83.028.148 y TP 126.053.
2
En la misma demanda constitucional se refiere el segundo apellido como «Peña»; sin
embargo, constados los datos referidos en el aplicativo Samai y en la providencia demandada,
se observa que este corresponde a Efraín Salgado Garzón.

1

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Demandante: Marín Castro Peña
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-05161-00

Efraín Salgado Garzón contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la
Nación, el cual se identificó con el radicado 18001-23-40-000-2021-00120-00.

El actor también cuestionó la falta de pronunciamiento de la magistrada
ponente de la providencia acusada3 respecto de su solicitud para que se
reconsiderara lo sucedido en el trámite de dicho expediente, pues de manera
previa había cambiado el correo electrónico para efectos de recibir sus
notificaciones4.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

Anular el respectivo proceso de notificación de la sentencia de fecha 23
enero de 2025, expedida por la sala cuarta de decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, magistrada ponente, Dra. YANETH REYES
VILLAMIZAR, de primera instancia y ordenar la correcta notificación de la
misma.

1.3. Hechos

Sostuvo que el 19 de julio de 2021 radicó la demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa a la que le correspondió el radicado 18001-
23-40-000-2021-00120-00, actuando como demandante Efraín Salgado
Garzón y como demandado la Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la
Nación. Como pretensiones pretendía la declaratoria de la responsabilidad
patrimonial por los perjuicios ocasionados al demandante al no haber actuado
con diligencia frente a la protección de un bien inmueble, así como el pago
consecuencial de aquellos.

Indicó que el conocimiento de dicho expediente fue asignado a la magistrada
Yanneth Reyes Villamizar del Tribunal Administrativo del Caquetá.

Señaló que la demanda siguió el curso normal del proceso pero que, el 17 de
octubre de 2024, concurrió a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura del Caquetá para que se realizara el cambio de la dirección de
su correo electrónico en la página del Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados (SIRNA), debido a que el registro que tenía como
«castroideas1@hotmail.com» fue «jaqueado», por lo que quedó como
«castroideas1@outlook.com».

3
Magistrada Yanneth Reyes Villamizar.
4
Diligencia que manifestó llevar a cabo ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura del Caquetá.

2

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Precisó que, luego de tal cambio, desde la última dirección electrónica en cita,
envió un archivo adjunto al correo «stradfl@cendoj.ramajudicial.gov.co», con
el asunto: «Adición a alegatos de conclusión, al despacho de la Dra. Yanet
(sic) Reyes», por intermedio de la Secretaría del tribunal en mención. Adujo
que en dicho escrito se podía visualizar el siguiente logo con el aludido correo
electrónico actualizado:

Agregó que el 24 de febrero de 2025 asistió nuevamente al tribunal en cita
para averiguar sobre otros casos, acto en el cual se enteró que ya se había
emitido un fallo adverso a las pretensiones de la demanda ordinaria que
presentó en representación del señor Efraín Salgado Garzón.

Indicó que, por lo anterior, el 26 de los mismos procedió a solicitarle a la
magistrada Reyes Villamizar que «reconsiderara esa situación», puesto que
en sus «actuaciones subsiguientes a la demanda inicial, se estaría
entendiendo que el despacho estaba enterado, desde dónde originaba [sus]
envíos, y las actuaciones enviadas registraba claramente el correo personal
de [él].»

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulneradas sus garantías fundamentales pues, en
calidad de apoderado judicial del señor Efraín Salgado Garzón, no se le notificó
la sentencia del 23 de enero de 2025, dictada en el proceso de reparación
directa que promovió contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la
Nación, el cual se identificó con el radicado 18001-23-40-000-2021-00120-00.

Cuestionó la falta de pronunciamiento de la magistrada ponente de la
providencia acusada -Yanneth Reyes Villamizar- respecto de su solicitud para
que se reconsiderara lo sucedido en el trámite de dicha diligencia, pues de
manera previa había cambiado el correo electrónico para efectos de recibir sus
notificaciones.

Sostuvo que, la falta de notificación real de él como apoderado, no le permitió
actuar «consiguientemente ante la apelación de la decisión adoptada, máxime
cuando la discusión del caso mostraba el entramado de corrupción surtido al
interior de la FGN y con consecuencias dinerarias significativas…».

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Refirió que se perdió una propiedad que tenía un valor de «más de 1.500
millones de pesos por la negligencia institucional». Además, reiteró que la
magistrada en mención nunca se pronunció sobre lo acontecido.

1.5. Trámite

Mediante providencia del 4 de septiembre de 2025, se declaró infundado el
impedimento que manifestó el magistrado ponente de esta decisión, al no
encontrarse probados los supuestos de configuración de la causal invocada.

Posteriormente, con auto del 17 de septiembre de 2025 se inadmitió la
demanda constitucional para que el abogado Marín Castro Peña precisara el
segundo apellido del señor Efraín Salgado Garzón, pues en el escrito inicial lo
mencionaba también como «Peña»; además, porque no aportó el poder
especial que le facultara para representar los derechos de este y para que
refiriera el correo electrónico completo para surtir sus notificaciones.

El mencionado profesional del derecho allegó un escrito con el cual aclaró que
el nombre de su representado es Efraín Salgado Garzón, adjuntó el poder
especial requerido5 y aclaró sus direcciones electrónicas.

Finalmente, con auto del 30 de septiembre de 2025 se admitió la solicitud de
amparo presentada por el señor Castro Peña, en nombre propio y como
representante judicial del señor Efraín Salgado Garzón.

En consecuencia, se dispuso de la notificación del Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, la cual también integra la magistrada
Yanneth Reyes Villamizar.

A su vez, se dispuso la vinculación de la directora Ejecutiva de Administración
Judicial, a la fiscal General de la Nación y a la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Caquetá, así como a la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura del Caquetá y al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

Adicionalmente, se requirió el expediente de reparación directa, objeto de
demanda y, además, se pidió a la Secretaría General de esta corporación que
allegara copia digital del expediente con radicado 11001-03-15-000-2025-
04189-00, correspondiente a la acción de tutela promovida por el señor Marín
Castro Peña como apoderado del señor «Efraín Salgado Peña» contra el
Tribunal Administrativo del Caquetá.

5
Con diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento privado (visible a folios
45 y 46, documento «012RECIBEMEMORIAL…» del expediente digital de Samai.

4

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Finalmente, se reconoció personería al abogado Marín Castro Peña para
actuar como apoderado del señor Efraín Salgado Garzón, en los términos y
para los efectos del poder conferido con la subsanación de la demanda.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Esta entidad solicitó su desvinculación de la acción constitucional pues el
competente es el Consejo Seccional de la Judicatura Caquetá. En su defecto,
pidió que se niegue lo pretendido por el actor pues no existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

Señaló que, como una entidad de naturaleza técnica y administrativa de la
Rama Judicial -nivel central- no tiene injerencia en las decisiones judiciales
adoptadas por los jueces y magistrados, razón por la cual es el Tribunal
Administrativo del Caquetá, la autoridad llamada a responder por la presunta
amenaza o vulneración alegada por el actor, al ser la autoridad judicial que
profirió la providencia en cuestión.

Agregó que tampoco se observa una transgresión en las actuaciones de dicha
corporación y que la acción constitucional se presentó para revivir un debate
definido, así como para modificar una decisión adoptada por la jurisdicción de
lo ordinario administrativo, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y
hace tránsito a cosa juzgada.

Mencionó que los argumentos que se exponen en el líbelo de la tutela
pretenden revivir un litigio que se llevó a cabo bajo las ritualidades de rigor y
con el respeto de las garantías que le asistían a cada uno de los sujetos
procesales.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Caquetá

La magistrada Yanneth Reyes Villamizar informó que la notificación fue
enviada a la dirección electrónica registrada por la parte demandante en el
acápite de notificaciones de la demanda, sin que obre en el expediente
memorial alguno suscrito por el apoderado judicial de la parte actora
informando cambio de dirección o correo electrónico para efectos de
notificación.

Agregó que no se advierte solicitud alguna presentada por las partes
encaminada a cuestionar la eficacia o validez de la notificación realizada,
actuación que, además, resulta ajena al conocimiento de ese despacho, por

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corresponder a un trámite efectuado directamente por la Secretaría de la
corporación.

Aportó un informe suscrito por la secretaria de dicho tribunal, en el cual se
indican los datos del proceso ordinario y las notificaciones realizadas.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación

Esta entidad hizo referencia al trámite procesal surtido en el proceso ordinario,
objeto de la demanda constitucional, para destacar que no es la llamada a
atender lo pretendido por el accionante, ni incurrió en vulneración alguna de
sus derechos fundamentales; por lo anterior, aseguró que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

Refirió que la acción de tutela se ha utilizado como mecanismo para reabrir
debate legal ya definido, terminado y ejecutoriado, lo cual no procede dado
que el juez de tutela no puede usurpar la función del juez natural del asunto.

Adujo que se atiene a lo probado frente a una indebida notificación de la
sentencia del 23 de enero de 2025 al actor, caso en el cual el despacho
accionado deberá realizar las actuaciones a las que haya lugar a efectos de
sanear esa etapa del proceso de radicado 18001-23-40-000-2021-00120-00.

Solicitó que declare su falta de legitimación y la improcedencia de la acción de
tutela.

1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia

El director de esta dependencia se opuso a la prosperidad de la solicitud de
amparo al considerar que, de la revisión de los registros del SIRNA, se
constató que el señor Castro Peña no registra actualización ni cambio de su
dirección de correo electrónico desde el 23 de diciembre de 2020, fecha en la
que solicitó el trámite de duplicado de la tarjeta profesional de abogado.

Destacó que, a la fecha, el dato que obra en el sistema corresponde a
castroideas1@hotmail.com. Por lo que, no se advierte la modificación que el
accionante afirma haber realizado el 17 de octubre de 2024 para sustituir el
correo por castroideas1@outlook.com.

Aclaró que, en la fecha señalada, se recibió petición del Consejo Seccional de
la Judicatura del Caquetá6, en la cual requirió la actualización del correo

6
aux2sadfl@cendoj.ramajudicial.gov.co

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electrónico del tutelante para ingresar al Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados, por cuanto, no tenía acceso a la cuenta que se
encontraba registrada.

Expuso que esta unidad, el 21 de octubre del mismo año, respondió lo
siguiente: «para requerir el cambio de correo electrónico es necesario que nos
indique el correo que desea cambiar, el correo que desea agregar como nueva
dirección de correo electrónico y, finalmente, una copia de su documento de
identidad».

Indicó que, a pesar de ello, a la fecha, no se ha aportado el documento con el
fin de validar la identidad del profesional en derecho que solicita la modificación
de su cuenta de correo electrónico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de
tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitudes de desvinculación:

La Fiscalía General de la Nación manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva pues lo demandado corresponde al tribunal demandado. A
su vez, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó su desvinculación pues estima que no tiene
injerencia en las decisiones adoptadas por los funcionarios judiciales.

La Sala denegará tales solicitudes puesto que se les integró a esta acción de
tutela como terceros con interés en el resultado del proceso y no como parte
demandada. Esto, pues el ente investigador hizo parte del extremo pasivo del
proceso ordinario objeto de esta demanda constitucional, así como la Rama
Judicial, cuya representación la ejerce la dirección en mención.

2.2.2. Temeridad

La Corte Constitucional ha expresado en sus sentencias de manera reiterada

7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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que es necesario que se configure la triple identidad de objeto o pretensiones
y de los derechos invocados; de los hechos o causa; y finalmente, identidad
entre las partes para declarar la temeridad.

Sin embargo, también ha llamado la atención sobre el hecho de la
irracionalidad en el uso de la acción de tutela, y hace énfasis en que el juez
debe realizar un análisis «especialmente cuidados(o), de forma tal que la
declaración de temeridad no se derive de una simple inferencia mecánica de
los requisitos de procedencia, sino que se base en la acreditación cierta de la
mala fe del accionante». También ha considerado8 lo siguiente:

…detrás de un actuar temerario existe un propósito desleal de satisfacer el
interés subjetivo del actor a como dé lugar. Esta actitud deja al descubierto
‘el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe
se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas
asaltar la buena fe de quien administra justicia”.

De la revisión del escrito inicial de tutela, se observa que, el actor Marín Castro
previamente presentó una acción de la misma naturaleza identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2025-04189-00, formulada por dicho actor en
calidad de apoderado del señor «Efraín Salgado Peña» contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá.

En relación con tal proceso constitucional, se encuentra que, el conocimiento
correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
autoridad que mediante auto del 10 de julio de 2025 requirió al abogado en
mención para que, en el término de tres días, allegara el acto de
apoderamiento que lo habilitaba para ejercer la representación del señor
«Efraín Salgado Peña».

Cumplido el término señalado en precedencia, el profesional del derecho hizo
caso omiso al requerimiento efectuado, por lo que el magistrado ponente
rechazó la demanda constitucional con providencia del 29 de julio de 2025.
En esta decisión se explicó lo siguiente:

El abogado Marín Castro, actuando como apoderado del señor Efraín
Salgado Peña, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Caquetá, en busca de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y defensa. Alegó que estos fueron ante una presunta
omisión en la notificación de la sentencia de primera instancia adoptada por
la autoridad accionada al interior del proceso de reparación directa [con
radicado número: 18001-23-40-000-2021-00120-00] que promovió el señor
Salgado Peña.

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Corte Constitucional, sentencia T-001 de 1997, reiterada en la sentencia T-536 de 2024.

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Ante ello, se advierte que el señor Marín Castro Peña presentó nuevamente
la acción de tutela, por el motivo antes expuesto, pero esta vez, ante la
inadmisión de la acción de la referencia, procedió a subsanar el mismo yerro
que fue advertido en la oportunidad anterior.

No obstante, se observa que, si bien el motivo de la presunta vulneración
resulta ser el mismo que convoca en esta oportunidad, no se encuentra
configurado un actuar temerario puesto que no se encuentra debidamente
acreditado un actuar doloso e injustificado del señor Castro.

Lo anterior, por cuanto la inadmisión de la demanda constitucional identificada
con el radicado 11001-03-15-000-2025-04189-00 obedeció precisamente a la
falta de poder especial para actuar en nombre y representación del señor
«Efraín Salgado Peña (sic)» y ante la falta de subsanación, esta fue
rechazada. Es decir, aquello obedeció a un asunto de orden procesal; pero no
existió un pronunciamiento de fondo sobre el asunto particularmente
reprochado.

Por consiguiente, no se observa un actuar temerario por parte del actor en
relación con dicho expediente previo, sino un cuestionamiento reiterado que
le asiste en cuanto a la ausencia de notificación de la sentencia dictada en
primera instancia en la reparación directa y la falta de pronunciamiento
respecto a su solicitud de «reconsideración» ante la magistrada ponente del
proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora al debido proceso y de defensa ante la falta de notificación
de la sentencia del 23 de enero de 2025, dictada en el proceso de reparación
directa que promovió el señor Efraín Salgado Garzón contra la Nación, Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación, el cual se identificó con el radicado
18001-23-40-000-2021-00120-00, proceso en el cual el abogado Marín Castro
Peña fungió como representante de aquel.

Asimismo, se deberá establecer si se transgredieron las garantías
constitucionales invocadas por la parte actora por la falta de pronunciamiento
de la magistrada ponente de la providencia acusada respecto de su solicitud
para que se reconsiderara lo sucedido en el trámite de dicho expediente, pues
de manera previa había cambiado el correo electrónico para efectos de recibir
sus notificaciones.

Por lo anterior, se analizará la procedencia de la acción de tutela por
transgresión a los derechos fundamentales al debido proceso y el de petición

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en actuaciones judiciales.

2.4. De la procedencia de las acciones de tutela – subsidiariedad

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

De manera que, se debe hacer uso de todos los recursos ordinarios que el
sistema judicial dispone para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, ello con la finalidad de que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de
protección.

Así, el ordenamiento jurídico dispone de oportunidades procesales que tienen
como propósito la protección de los derechos de las personas. Por lo que, no
es posible desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela vaciaría de
contenido los otros mecanismos de defensa judiciales que han sido previstos
en las normas constitucionales y legales para salvaguardar los derechos
invocados.

Por tanto, se precisa que existen medios judiciales idóneos y eficaces que ha
provisto el ordenamiento jurídico procesal para la defensa de los intereses de
las partes.

Al respecto, se ha establecido que un medio idóneo es aquel que garantiza la
definición del derecho controvertido y que, en la práctica es el adecuado para
proteger el derecho fundamental que se considere vulnerado9. Por su parte,
para la eficacia es necesario valorar si el medio existente es el adecuado para
proteger objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace 10. Es
decir, la eficacia se refiere a la oportunidad del medio de defensa; mientras
que la idoneidad a la protección adecuada en el tiempo.

2.5. Acción de tutela frente al derecho fundamental de petición en
actuaciones judiciales

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su

9
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
10
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.

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ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada11.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado,
e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo12.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Adicionalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho
de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en
la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.

Asimismo, debe indicarse que, el referido derecho también comprende la
facultad de presentar peticiones ante los funcionarios de la administración de
justicia, pero solo en lo que respecta a sus actuaciones de carácter
administrativo.

Por lo que, pueda ejercerse el derecho de petición ante los jueces, por ejemplo,
en asuntos administrativos a su cargo, y en consecuencia estos se hallan
obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los
términos que la ley señale y, de no hacerlo, desconocen esta garantía
fundamental.

11
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
12
Sentencia T – 1075 de 2003.

11

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Demandante: Marín Castro Peña
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-05161-00

No obstante, se ha considerado que el juez o magistrado que conduce un
proceso judicial está sometido, como también las partes y los intervinientes, a
las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones
legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo
29 superior).

Por tanto, debe distinguirse entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el funcionario o
empleados judicial. En relación con las peticiones de naturaleza administrativa
son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública.

2.6. Caso concreto

El señor Marín Castro Peña, en nombre propio y como representante judicial
del señor Efraín Salgado Garzón, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa,
pues, como apoderado judicial del último en cita, no se le notificó la sentencia
del 23 de enero de 2025, dictada en el proceso de reparación directa que
promovió el señor Salgado Garzón contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación, el cual se identificó con el radicado 18001-23-40-000-
2021-00120-00.

El actor también cuestionó la falta de pronunciamiento respecto de su solicitud
para que se reconsiderara lo sucedido en el trámite de dicho expediente, pues
de manera previa había cambiado el correo electrónico para efectos de recibir
sus notificaciones.

La magistrada Yanneth Reyes Villamizar, integrante de la mencionada
corporación y quien funge como ponente en el proceso ordinario en cita,
manifestó que no obra en el expediente memorial alguno suscrito por el
apoderado judicial de la parte actora informando el cambio de dirección o
correo electrónico para efectos de notificación y, tampoco alguna solicitud
encaminada a cuestionar la eficacia o validez de la notificación realizada.

Por su parte, el director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que el
señor Castro Peña no registra actualización ni cambio de su dirección de
correo electrónico desde el 23 de diciembre de 2020, fecha en la que solicitó
el trámite de duplicado de la tarjeta profesional de abogado y que, el dato que
obra en el sistema corresponde a castroideas1@hotmail.com.

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Sala Cuarta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-05161-00

Dicha unidad también precisó que, contrario a la señalado por el actor, no se
registraba la modificación de dicha dirección electrónica y que, si bien el 17 de
octubre de 2024 se recibió un correo procedente del Consejo Seccional de la
Judicatura del Caquetá para la actualización del correo electrónico -porque el
actor no tenía acceso a su cuenta registrada-, en respuesta del 21 del mismo
mes y año se le requirió a este que indicara el «… el correo que desea cambiar,
el correo que desea agregar como nueva dirección de correo electrónico y,
finalmente, una copia de su documento de identidad», sin embargo, el
accionante no aportó documento alguno para validar lo solicitado.

Para resolver, se considera que la acción de tutela no cumple con el
presupuesto de la subsidiariedad en relación con el reproche de la falta de
notificación de la sentencia dictada el 23 de enero de 2025, en el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 18001-23-40-000-
2021-00120-00.

Esto, pues se observa que el accionante cuenta con la posibilidad de formular
una solicitud de nulidad por la falta de notificación de la sentencia en mención
ante la presunta configuración de la causal 6ª del artículo 133 del Código
General del Proceso que establece: «Cuando se omita la oportunidad para
alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.»

Esto, pues la ausencia de notificación implicaba para el actor la pretermisión
íntegra de la segunda instancia y con ello se le negaba la posibilidad de
controvertir, en lo que le hubiere sido desfavorable, la decisión dictada en
primera instancia.

No obstante, el accionante en calidad de apoderado en dicho proceso ordinario
no formuló algún escrito con el cual pusiera en conocimiento que se trataba de
una irregularidad procesal de tal naturaleza.

Al respecto, se observa que, el accionante manifestó que ante situación que
advirtió el «24 de febrero de 2025», dos días después procedió a solicitarle a
la magistrada Reyes Villamizar que «reconsiderara esa situación», puesto que
en sus «actuaciones subsiguientes a la demanda inicial, se estaría
entendiendo que el despacho estaba enterado, desde dónde originaba [sus]
envíos, y las actuaciones enviadas registraba claramente el correo personal
de [él].»

En relación con lo anterior, se encuentra que, tanto en el escrito inicial de tutela
como en su subsanación, el actor aportó los siguientes documentos:

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Con lo anterior, se puede establecer que, el actor pretendió acreditar en envío
del correo con el cual solicitó la aludida reconsideración a la magistrada; sin
embargo, no se observa el dato del destinatario, lo cual es necesario para
demostrar su afirmación relativa a la remisión de dicha solicitud.

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De igual manera, tampoco se observa un mensaje de acuse de recibido a la
cuenta de correo destinada para recibir los memoriales de tal naturaleza, lo
cual se corrobora con la ausencia del correspondiente registro en el aplicativo
Samai para el proceso objeto de demanda identificado con el radicado 18001-
23-40-000-2021-00120-00, para la fecha indicada en la imagen precedente -
26/05/2025-, así como para los días posteriores.

Así las cosas, el demandante no acreditó la presentación de algún documento
con el cual solicitara la declaratoria de nulidad en el proceso en mención, ni la
solicitud de «reconsideración» con destino al expediente en mención, lo que
desvirtúa la falta de pronunciamiento que se alega en el escrito de amparo.

Por lo anterior, debe indicarse que, la acción de tutela, como mecanismo
excepcional, no puede emplearse para reemplazar los medios de defensa
ordinarios dispuestos por el legislador, salvo en casos en los que se demuestre
su ineficacia para la protección inmediata de los derechos fundamentales,
circunstancia que en el presente caso no se configura.

Aceptar lo contrario implicaría desconocer el principio de subsidiariedad que
rige la acción de tutela, permitiendo que esta supla la omisión o falta de
diligencia del accionante en el ejercicio de los recursos y acciones previstos
dentro del marco legal correspondiente.

En consecuencia, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación Fiscalía General de la
Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Marín Castro Peña, en nombre propio y como representante judicial del
señor Efraín Salgado Garzón, contra el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, remítase el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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