RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05176-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05176-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05176-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05176-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Darío Ernesto García Villegas
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Sexta de
Decisión Oral y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional. Tercera instancia

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín y la
Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio
de Itagüí, con el fin de que se ordenara la reliquidación de su pensión de
jubilación.

1.2. El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
mediante sentencia de 24 de septiembre de 2019, negó las pretensiones
de la demanda.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de apelación.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

1.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión
Oral, mediante decisión de 18 de julio de 2025, confirmó la sentencia de
primera instancia.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales por cuanto se le negó la posibilidad de acceder a una
liquidación justa de su pensión para poder vivir dignamente.

Aseguró que no se le protegió su derecho adquirido, conforme lo dispone la
Constitución en su artículo 48.

Indicó que la Corte Constitucional en sentencia T-090 de 2018 avaló la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a los servidores
públicos sin distinción alguna, permitiendo la coexistencia de diversos
sistemas pensionales entre ellos.

Finalmente, advirtió que el tribunal accionado incurrió en error al haber
considerado que no se agotó la reclamación administrativa antes de acudir a
la jurisdicción contenciosa.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1°) Nulidad de todo lo actuado en primera instancia, por haber violado
el debido proceso.

2°) Dar validez a todos los argumentos aportados y verificar que yo SI
agoté la reclamación administrativa, según lo enunciado por la juez de
primera instancia y por el municipio de Itagüí en los documentos que estoy
aportando, y además el derecho de petición presentado el día 7 de mayo
de 2014 contestado 44 días después, el día 20 de junio de 2014, y
atendiendo lo dispuesto en el artículo 6° del código procesal del trabajo y
de la seguridad social, RECLAMACION ADMINISTRATIVA: “ Las
acciones contenciosas contra la nación, una entidad territorial…Esta
reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o
trabajador sobre el derecho que pretenda, y se AGOTA cuando se haya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido
resuelta.

La sentencia C- 168 de 1995 de la corte constitucional establece que: “La
condición más beneficiosa” para el trabajador se encuentra plenamente
garantizada mediante el principio de favorabilidad… y a quien
corresponde determinar en cada caso concreto cual norma es más
ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o
interpretarla.

3°) Ordenar al tribunal contencioso administrativo de Antioquia sala sexta
de decisión oral, emitir un nuevo fallo donde acogiéndose a las normas
constitucionales como el acto legislativo 01 de 2005 y el artículo 53 de la
misma carta y acogiendo el artículo 21 del código sustantivo del trabajo.
Además, atendiendo lo ordenado en las sentencias relacionadas en el
presente acápite, se me proteja el derecho adquirido de pertenecer al
régimen de transición y se incluya el artículo 36 de la ley 100 de 1993
como la norma más favorable y benéfica para liquidar mi pensión.

4°) Atendiendo lo dispuesto en la sentencia T – 090 DE 2018 de la corte
constitucional y proteger mi derecho a la igualdad artículo 13 de la
constitución política y otros que me protegen, se ordene por medio del
fallo judicial que las entidades que me pensionaron, hagan una nueva
liquidación con aplicación del acuerdo 049 de 1990. […]”

II. INTERVENCIONES

1. La Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia
rindió informe en el que señaló que el problema jurídico expuesto en la
presente acción de tutela no reviste de relevancia constitucional, ya que lo
pretendido por la parte actora es reabrir el debate ya planteado y finalizado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín
manifestó que la providencia cuestionada por la parte accionante fue proferida
dentro de los parámetros legales, respetando siempre el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia sin que se haya vulnerado ningún
derecho fundamental de la parte accionante.

Agregó que la acción de tutela no se puede ejercer como una tercera instancia
a fin de definir situaciones ya consolidadas y definidas a través de los
mecanismos ordinarios, razón por la cual solicita no acceder al amparo
constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

3. El municipio de Itagüí indicó que no vulneró ningún derecho fundamental de
la parte actora, por tal motivo solicita denegar la acción de tutela de la
referencia.

4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó se declare improcedente la
presente acción constitucional porque el debate planteado es de naturaleza
estrictamente económica que involucra intereses privados. Finalmente, solicitó
su desvinculación de este asunto.

5. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES sostuvo
que la acción de tutela de la referencia debe ser negada o declarada
improcedente dado que los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa
han sido previamente objeto de análisis judicial.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó que se le
desvincule del presente trámite de tutela.

Sobre el particular, la Sala considera que, comoquiera que el Ministerio de
Educación Nacional fungió como parte procesal dentro del medio de control
objeto de estudio, la Sala concluye que le asiste interés directo en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se le negará la

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al negar
la reliquidación de la pensión de jubilación.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en primera y segunda instancia en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayas incurridos en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, a su juicio, las autoridades accionadas para resolver su controversia no
acudieron a la aplicación del derecho adquirido previsto en el artículo 48 de la
Constitución, circunstancia que implica la reapertura de un asunto que fue
resuelto por el juez natural de la causa judicial.

De ahí que se considere que, el anterior argumento más que develar la
existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la
parte actora, demuestra una inconformidad con las decisiones adoptadas por
las autoridades accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso
o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-00

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.