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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05176-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05176-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Darío Ernesto García Villegas en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 10 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01 Demandante: Darío Ernesto García Villegas dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05176-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / No se agotó vía administrativa de manera adecuada /
Sin vía de hecho en específico
Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Darío Ernesto García Villegas contra
la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Darío Ernesto García Villegas promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado
con ocasión de la providencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001333302920140078502.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El demandante promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conta el municipio de Itagüí, con el fin de que se ordenara la reliquidación
de su pensión de jubilación.

2.2. El conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado
Veintinueve Administrativo de Medellín que profirió la sentencia del 24 de
septiembre de 2019 con la que negó las pretensiones de la demanda. La parte
demandante interpuso recurso de apelación.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas

2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió la providencia del 18 de julio de
2025 que confirmó el pronunciamiento de primera instancia.

2.4. Las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales por
cuanto se le negó la posibilidad de acceder a una liquidación justa de su pensión
para poder vivir dignamente. No se le protegió su derecho adquirido, conforme lo
dispone la Constitución en su artículo 48 y se desconoció que la Corte
Constitucional en sentencia T-090 de 2018 avaló la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 a los servidores públicos sin distinción alguna,
permitiendo la coexistencia de diversos sistemas pensionales entre ellos. Por último,
advirtió que el tribunal demandado incurrió en error al considerar que no se agotó la
reclamación administrativa antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1°) Nulidad de todo lo actuado en primera instancia, por haber violado el debido
proceso.

2°) Dar validez a todos los argumentos aportados y verificar que yo SI agoté la
reclamación administrativa, según lo enunciado por la juez de primera instancia y por el
municipio de Itagüí en los documentos que estoy aportando, y además el derecho de
petición presentado el día 7 de mayo de 2014 contestado 44 días después, el día 20 de
junio de 2014, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 6° del código procesal del trabajo
y de la seguridad social, RECLAMACION ADMINISTRATIVA: “ Las acciones
contenciosas contra la nación, una entidad territorial…Esta reclamación consiste en el
simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda,
y se AGOTA cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su
presentación no ha sido resuelta.

La sentencia C- 168 de 1995 de la corte constitucional establece que: “La condición más
beneficiosa” para el trabajador se encuentra plenamente garantizada mediante el
principio de favorabilidad… y a quien corresponde determinar en cada caso concreto
cual norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o
interpretarla.

3°) Ordenar al tribunal contencioso administrativo de Antioquia sala sexta de decisión
oral, emitir un nuevo fallo donde acogiéndose a las normas constitucionales como el acto
legislativo 01 de 2005 y el artículo 53 de la misma carta y acogiendo el artículo 21 del
código sustantivo del trabajo.

Además, atendiendo lo ordenado en las sentencias relacionadas en el presente acápite,
se me proteja el derecho adquirido de pertenecer al régimen de transición y se incluya
el artículo 36 de la ley 100 de 1993 como la norma más favorable y benéfica para liquidar
mi pensión.

4°) Atendiendo lo dispuesto en la sentencia T – 090 DE 2018 de la corte constitucional y
proteger mi derecho a la igualdad artículo 13 de la constitución política y otros que me
protegen, se ordene por medio del fallo judicial que las entidades que me pensionaron,
hagan una nueva liquidación con aplicación del acuerdo 049 de 1990. […]» (sic)

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Demandante: Darío Ernesto García Villegas

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Antioquia1 afirmó que el problema jurídico
expuesto en la solicitud de tutela no reviste de relevancia constitucional, ya que lo
pretendido por la parte demandante es reabrir el debate ya planteado y finalizado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5. El Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín2 manifestó que la
providencia cuestionada por la parte demandante fue proferida dentro de los
parámetros legales, respetando siempre el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia sin que se vulnerara ningún derecho fundamental. Agregó
que este mecanismo constitucional no se puede ejercer como una tercera instancia
a fin de debatir situaciones ya consolidadas y definidas a través de los medios de
defensa ordinarios, razón por la cual solicita no acceder al amparo constitucional.

6. El municipio de Itagüí3 solicitó negar la solicitud de tutela, en tanto no vulneró
los derechos fundamentales invocados.

7. El Ministerio de Educación Nacional4 pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa y declarar improcedente la presente acción constitucional
porque el debate planteado es de naturaleza económica que involucra intereses
privados.

8. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones5 sostuvo que la
solicitud de tutela de la referencia debe ser negada o declarada improcedente dado
que lo que se pretende es la reapertura de un asunto decidido por el juez natural
del asunto.

9. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.

1.4. Sentencia Impugnada6

10. El Consejo de Estado, Sección Primera profirió la sentencia del 25 de
septiembre de 2025 con la que declaró la improcedencia de la tutela por falta de
relevancia constitucional, en la medida en que el reclamo formulado se trató de un
simple desacuerdo con las decisiones de los jueces competentes.

1.5. Escrito de impugnación7

11. El demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en la
relevancia constitucional del asunto y los argumentos expuestos en la solicitud de

1 Ver índice 8 de Samai.
2 Ver índice 9 de Samai.
3 Ver índice 13 de Samai.
4 Ver índice 15 de Samai.
5 Ver índice 17 de Samai.
6 Ver índice 19 de Samai.
7 Ver índice 23 de Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas

tutela, además de insistir en las similitudes existentes entre su situación particular y
la de la persona respecto de la cual se pronunció la Corte Constitucional en la
sentencia T-090 de 2018.

2. Consideraciones

12. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Cuestión previa - las decisiones judiciales cuestionadas

14. Se advierte que, pese a que la solicitud de tutela fue promovida contra el
Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de la lectura del escrito inicial se evidencia que las pretensiones están
dirigidas a dejar sin efectos solo el fallo de segunda instancia, así como la
motivación de la referida decisión judicial, razón por la cual el reclamo constitucional
formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, de emitirse una
decisión de amparo en lo que a esta se refiere se garantizarían los ius
fundamentales invocados.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-administrativo10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
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Demandante: Darío Ernesto García Villegas

como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 14,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.

20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Darío Ernesto García Villegas

2.4. Problema jurídico

21. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Darío Ernesto García Villegas con ocasión de la
providencia del 18 de julio de 2025 que confirmó la decisión judicial de negar las
pretensiones de la demanda, con la que incurrió, presuntamente, en defecto
sustantivo?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

22. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

23. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

24. Pese a que la parte demandante no argumentó la configuración de alguna
causal de procedencia específica puntual, esta Sala de decisión considera que el
estudio del asunto debe hacerse desde la perspectiva de un defecto sustantivo, en
la medida en que la mayoría de los argumentos expuestos se encuentran
relacionados con el agotamiento de la vía administrativa.

2.5.2. Del defecto sustantivo

25. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto16. En su jurisprudencia, la corporación
ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los
jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar
normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta17, para lo cual precisó que los
límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

26. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta

16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
17 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas

sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

2.5.3. Sobre el caso concreto

27. Darío Ernesto García Villegas acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia del 18 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto confirmó la decisión judicial de primera instancia de negar las
pretensiones de la demanda.

28. Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que el
tribunal demandado se equivocó al determinar que no se agotó la reclamación
administrativa antes de acudir a la jurisdicción contenciosa y se le negó la
posibilidad de acceder a una liquidación justa de su pensión para poder vivir
dignamente con aplicación del régimen de transición.

29. Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por la parte
demandante, esta Sala de decisión encuentra razonable la conclusión a la que
arribó la corporación judicial demandada en sede de tutela, pues en la providencia
del 18 de julio de 2025, se señaló:

«[…] Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que como
pretensión principal se solicitó la nulidad parcial del artículo segundo de la Resolución
No. 11156 del 13 de septiembre de 2011, mediante la cual se reconoció la pensión de
vejez al señor Darío Ernesto García Villegas, bajo el argumento de que se desconoció
su derecho adquirido a la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, adoptado mediante
el Decreto 758 del mismo año. Esta alegación se fundamentó en que, al entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993, el demandante contaba con más de 40 años y más de 15
años de cotización al Instituto de Seguros Sociales, circunstancias que lo habilitaban
para ser beneficiario del régimen de transición.

El juez de primera instancia, en la sentencia objeto del recurso de alzada, centró su
análisis exclusivamente en la procedencia de la reliquidación de la pensión, con inclusión
de ciertos factores salariales —como la prima de servicios, la prima de navidad y la prima
de vacaciones—, concluyendo que no había lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda, en tanto consideró que el período con el cual se liquidó el ingreso base de
liquidación (IBL) fue el correcto, toda vez que se tomaron los últimos diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, y los factores salariales fueron correctamente
aplicados, conforme a la constancia visible a folio 256 y a lo dispuesto en el Decreto 1158
de 1994.

Decisión de la cual discrepa el actor, toda vez que su interés y pretensión principal
consisten en que se le reconozca su pertenencia al régimen de transición, dado que, al
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 41 años y había cotizado 18 años
continuos al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones).

Partiendo de los argumentos de disenso formulados por el actor, procederá la Sala a
determinar si había lugar a que el juez se pronunciara de fondo en relación con la
pretensión principal, esto es, establecer si el actor tiene derecho o no a la aplicación del
7

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Demandante: Darío Ernesto García Villegas

régimen de transición, a partir de los hechos narrados en la demanda y el análisis de los
elementos de juicio que obran en el expediente. Veamos:

Mediante la Resolución No. 11156 del 13 de septiembre de 2011, se revocó la Resolución
No. 099 del 15 de enero de 2010, que había negado la pensión de vejez al señor Darío
Ernesto García Villegas, y en su lugar se le reconoció dicha prestación, con fundamento
en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, la Ley 91 de 1989, la Ley 812 de 2003 y el
Decreto 3752 de 2003.

Según el hecho quinto de la demanda y lo indicado en los considerandos de la
Resolución No. 14170 del 14 de agosto de 2012, mediante petición radicada bajo el
número 2012-PENS-004755 el 16 de marzo de 2012, el señor Darío Ernesto García
Villegas solicitó el reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión, debido a su
retiro definitivo del servicio a partir del 31 de diciembre de 2011, conforme al Decreto No.
1286 del 9 de diciembre de 2011 expedido por el Municipio de Itagüí, encontrándose
pensionado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional
Antioquia. (Cabe señalar que no reposa en el expediente copia de dicha petición).

Mediante la citada Resolución No. 14170, le fue negada la reliquidación solicitada, con
el argumento de que el valor a reconocer era inferior al que ya percibía por concepto de
pensión de jubilación.

Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de forma
desfavorable mediante la Resolución No. 3903 del 18 de enero de 2013.

Posteriormente, mediante derecho de petición del 23 de octubre de 2012, el
demandante, haciendo referencia a las Resoluciones Nos. 11156 del 13 de septiembre
de 2011 y 14170 del 14 de agosto de 2012, solicitó a la Secretaría de Educación del
Municipio de Itagüí que se le informara por qué no se le había tenido en cuenta su
derecho adquirido a la aplicación del régimen de transición en la liquidación de su
pensión de vejez.

La Administración entendió esta solicitud como una adición al recurso de reposición
interpuesto contra el acto administrativo que resolvió su solicitud pensional, esto es, la
Resolución No. 099 del 15 de enero de 2010, y la rechazó por extemporánea mediante
la Resolución No. 18323 del 30 de octubre de 2012.

Finalmente, mediante petición del 7 de mayo de 2014, radicada en la Secretaría del
Municipio de Itagüí, bajo el número 15956, el actor solicitó un pronunciamiento expreso
sobre su derecho a pertenecer al régimen de transición, en los siguientes términos:

“Siendo pensionado por este despacho, mediante resolución 11156 de septiembre 13
de 2011, no se tuvo en cuenta que yo pertenezco al régimen de transición y que se
me debió aplicar el artículo 36 de la ley 100 de 1993, el cual era el más favorable para
la liquidación pensional.

Solicito a usted se pronuncie sobre el particular, y en caso de que me asista razón,
se ordene hacer una nueva liquidación de la mesada pensional según la norma
anterior a la ley 100, que es el acuerdo 049 de 1990, artículos 12, 20 y 21.

La petición anterior esta fundamentada en que cumplo con los requisitos exigidos por
esta ley como son:

Para el 01 de abril de 1994, contaba con 41 años de edad y había laborado 18 años
continuos cotizados al ISS”.

Frente a dicha petición, la Administración respondió mediante escrito del 20 de junio de
2014 en los siguientes términos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas

“… analizada su petición y teniendo en cuenta que el acto administrativo que le
concedió la pensión de vejez se encuentra en firme una que agotó la vía gubernativa,
considera esta Secretaría que por tratarse de un educador oficial, cuyo régimen
pensión es especial y exceptuado de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, no es posible acceder a su solicitud y dado que acudió ante la jurisdicción
ordinaria con la misma solicitud será la justicia, en última instancia, que la dirima”.

Analizado todo lo anterior, considera la Sala que no le asiste razón al demandante en su
reparo frente a la decisión recurrida, toda vez que no agotó la reclamación administrativa
relacionada con la aplicación del régimen de transición, requisito indispensable para
acudir a la jurisdicción.

En primer lugar, de la lectura y análisis de las resoluciones demandadas -esto es, las
Resoluciones Nos. 11156 del 13 de septiembre de 2011 y 14170 del 14 de agosto de
2012-, no se evidencia que el actor haya solicitado el reconocimiento de su pensión con
fundamento en su pertenencia al régimen de transición, conforme a su afirmación de
cumplir los requisitos legales para ello.

Dicho de otro modo, al momento de solicitar el reconocimiento de su pensión de
jubilación, el actor no solicitó expresamente la aplicación del régimen de transición con
base en los requisitos que, según alega, cumplía (edad y semanas cotizadas). Por tanto,
la Administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto, dado que su
reclamación se centró exclusivamente en la reliquidación pensional.

Así, puede concluirse que el actor no agotó la actuación administrativa respecto de la
aplicación del régimen de transición, razón por la cual no le era dable al juez de primera
instancia pronunciarse sobre una situación que no fue objeto de discusión ni decisión en
sede administrativa. En otras palabras, frente a situaciones que no fueron discutidas ni
decidas en los actos administrativos objeto del litigio.

Recuérdese que los aspectos planteados en la actuación administrativa delimitan el
objeto de control en el proceso contencioso administrativo. Aunque es posible aportar
nuevos argumentos en sede judicial, no está permitido introducir pretensiones distintas
a las que fueron planteadas y debatidas previamente en sede administrativa, ya que
estas últimas determinan el marco del litigio y orientan el fallo del juez.

En segundo lugar, si bien la Sala no desconoce que el actor presentó posteriormente —
esto es, el 7 de mayo de 2014— una petición en la que solicitó a la entidad pronunciarse
sobre su derecho al régimen de transición, la respuesta desfavorable fue emitida el 20
de junio de 2014, mediante el oficio radicado bajo el número 2014EE2961. No obstante,
dicho acto no fue demandado. […]». (sic)

30. A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde con los contornos particulares del asunto, la normatividad y
jurisprudencia aplicables, de lo cual se observa que se efectuó el estudio del
agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto para acudir ante la jurisdicción
laboral o contencioso-administrativa para, de esta manera, comenzar por
determinar sí la parte demandante cumplió con la referida carga para reclamar la
aplicación del régimen de transición preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 en la reliquidación de su pensión, razón por la cual al adolecer de tal supuesto
negó las pretensiones de la demanda.

31. En consecuencia, no resulta procedente concluir que incurrió en irregularidad
constitucionalmente amparable alguna o vulneró los derechos del demandante tales
como la reliquidación de su pensión con aplicación del régimen de transición con la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas

decisión cuestionada, cuando lo cierto es que, en el caso en particular se pudo
determinar que aquel no agotó de manera adecuada la vía administrativa, además
de que no demandó el acto con el que la administración se pronunció de manera
desfavorable respecto a la solicitud pertinente.

32. Asunto este último frente al cual, en síntesis, no se observa caprichosa ni
arbitraria la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo de Antioquia en el
sentido de que, si lo pretendido era la aplicación del régimen de transición en la
reliquidación de su pensión, debió solicitarlo previamente a la administración y,
asimismo, demandar el pronunciamiento de aquella ante la jurisdicción competente,
tal como lo reglamentan el CST y el CPACA y la jurisprudencia aplicable.

33. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

34. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

35. Así las cosas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del A
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Darío
Ernesto García Villegas en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Darío Ernesto García Villegas en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintinueve
Administrativo de Medellín.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05176-01
Demandante: Darío Ernesto García Villegas

dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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