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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05188-00

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05188-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo relativa al recurso de apelación contra el auto del 17 de julio de 2025, de conformidad con las razones expresadas. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado respecto de la solicitud del 20 de agosto de 2025, por los motivos expuestos en la providencia. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05188-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-05188-00
ACCIONANTE: DIEGO FERNANDO LONDOÑO SÁNCHEZ
AUTORIDAD: JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS DE
CALARCÁ
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

TUTELA-Requisitos de la acción. MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento
negligente de términos. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Cesa el trámite de la tutela. CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden del juez.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Fernando Londoño
Sánchez en contra del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Calarcá, por la violación
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
dignidad humana, igualdad, información, habeas data, favorabilidad, celeridad, libertad,
resocialización y derecho de petición; los que considera vulnerados al no haber resuelto
el recurso de apelación contra el auto que negó la solicitud de la aplicación del principio
de favorabilidad, en el marco del proceso identificado con el Radicado No. 63130-60-00-
000-2024-000-01; además de no haber resuelto la solicitud de prisión domiciliaria
presentada el 20 de agosto de 2025.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 21 de agosto de 2025, el señor Diego Fernando Londoño Sánchez, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas de Calarcá, con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad
humana, igualdad, información, habeas data, libertad, petición, resocialización,
favorabilidad y celeridad procesal.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05188-00
Accionante: Diego Fernando Londoño Sánchez
Acción de tutela – Fallo de primera instancia

Lo anterior, en razón a que no ha obtenido respuesta frente al recurso de apelación
presentado el 21 de julio de 2025 contra la decisión que negó la aplicación del principio
de favorabilidad en la imposición de la sentencia, ni se ha tramitado la solicitud elevada
el 20 de agosto de 2025, mediante la cual pidió que se le concediera prisión domiciliaria
ante el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Calarcá, Quindío, para continuar con
su proceso de resocialización en los términos del artículo 20 de la Ley 1709 de 2014.

2. Hechos relevantes

Diego Fernando Londoño Sánchez se encuentra recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Calarcá, Quindío, Pabellón 3 –
Peñas Blancas, cumpliendo la pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia
del 4 de abril de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Armenia, dentro del proceso penal tramitado bajo el radicado
63130600000020240000100.

El 22 de abril de 2024 el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Calarcá asumió el
conocimiento de la etapa de ejecución de la sentencia.

El 7 de julio del año 2025, el accionante solicitó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas
de Calarcá, que se le aplicara el principio de favorabilidad. En auto del 17 de julio de 2025
el juzgado negó la solicitud presentada. Por lo anterior, el actor interpuso recurso de
apelación el 21 de julio de 2025, que fue concedido el 09 de agosto de 2025, en efecto
suspensivo.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2025 el accionante presentó solicitud para que se le
concediera prisión domiciliaria, en aras de continuar con su proceso de resocialización.
El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Calarcá manifestó que el expediente se
encontraba en trámite del recurso de apelación concedido ante el superior jerárquico. Por
ello, el 29 de agosto de 2025 el tutelante presentó desistimiento de dicho recurso de
apelación, el cual fue aceptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia-
Sala Penal, mediante auto del 1 de septiembre de 2025.

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Accionante: Diego Fernando Londoño Sánchez
Acción de tutela – Fallo de primera instancia

En consecuencia, el 11 de septiembre de 2025, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas
de Calarcá profirió auto de «estarse a lo resuelto por el superior» respecto del
desistimiento del recurso de apelación. En la misma fecha, el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas remitió las solicitudes pendientes
de trámite al Despacho correspondiente.

3. Fundamentos de la solicitud

Según el texto de la acción de tutela se pretende:

«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y procesales, que finalice la vulneración
de estos solicitando al accionado resolver de fondo el recurso presentado en un término
improrrogable.

2. En garantía del debido proceso toda actualización, comunicación o respuesta sea
comunicada al correo apoyojudicialhumanitario@proton.me. De igual manera al centro
penitenciario a mi nombre e identificación como aparece al pie de mi firma»

Adicionó que la demora injustificada para resolver sus solicitudes, en particular su
solicitud de obtener prisión domiciliaria, atenta contra sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, igualdad,
información, habeas data, favorabilidad, celeridad procesal, libertad, resocialización y
derecho de petición.

4. Trámite de la acción de tutela

El 5 de septiembre 2025 se admitió la acción de tutela, y se decidió notificar a las partes,
así como a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

El 11 de septiembre de 2025 el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Calarcá dio
respuesta a la acción de tutela, en la que solicitó negar las pretensiones. En su respuesta
advirtió claramente que antes de hacer la solicitud de prisión domiciliaria, el detenido
había formulado un recurso de apelación que fue concedido en efecto suspensivo ante
el superior, por lo que el expediente se encontraba en trámite ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Armenia para resolver la alzada, por lo que no era posible resolver
petición alguna.

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Accionante: Diego Fernando Londoño Sánchez
Acción de tutela – Fallo de primera instancia

Añadió que, una vez el superior resolvió aceptar el desistimiento del recurso de apelación,
la solicitud que permanecía pendiente de respuesta fue remitida por el Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas al Despacho
correspondiente, hecho que ocurrió el 11 de septiembre de 2025, por lo que aún se
encuentra dentro del término para decidir sobre dicha petición.

Finalmente, no hubo pronunciamiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se configuran los supuestos de la mora judicial, y se
debe amparar el derecho al acceso a la justicia del accionante.

6. Análisis de la sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir en primera instancia con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

Mora Judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez para
resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable. Esta
situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.
Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los
despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto equivale a mora o a
negligencia1. En efecto, dicha situación puede producirse por causas externas como la

1 Corte Constitucional. Sentencia T-577 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Accionante: Diego Fernando Londoño Sánchez
Acción de tutela – Fallo de primera instancia

excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales,
que limitan sus capacidades de acción2.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los plazos
establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura cuando el
juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto convencional de «plazo
razonable» para evaluar si, al omitir resolver un proceso judicial en término, el juez
transgredió las garantías judiciales del usuario de la administración de justicia. Dicho
análisis abarca la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta del operador judicial y la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso3.

Carencia actual de objeto por hecho superado

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que sí, estando en curso la tutela se
dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto por hecho
superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo se
satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de tutela no es
necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación .

Caso concreto

El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad
humana, igualdad, información, habeas data, favorabilidad, celeridad, libertad,
resocialización y derecho de petición; por no haber resuelto el recurso de apelación
interpuesto frente al auto del 17 de julio de 2025, ni la solicitud de prisión domiciliaria
radicada el 20 de agosto de 2025.

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 15 de septiembre de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2016-01884-

00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Accionante: Diego Fernando Londoño Sánchez
Acción de tutela – Fallo de primera instancia

Teniendo de presente los reproches expuestos por el accionante, dirigidos a la supuesta
mora judicial de la entidad accionada, la Sala advierte que respecto del recurso de
apelación elevado en contra del auto del 17 de julio de 2025 que negó la aplicación del
principio de favorabilidad, el accionante presentó desistimiento el 29 de agosto de 2025.

Hecho que el accionante omite en la demanda presentada, pues únicamente hizo
referencia a una supuesta demora de parte del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas
de Calarcá y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia en el trámite del
recurso. Motivo por el que la Sala concluye que este asunto carece de objeto por hecho
superado.

Por otro lado, en lo relativo a la solicitud del 20 de agosto de 2025 de prisión domiciliaria,
el accionante argumentó que hay mora judicial en este trámite, mientras peligra su vida
en el centro de reclusión. Sin embargo, encuentra la Sala que el trámite se está surtiendo
por el medio adecuado conforme a los tiempos estimados.

Es necesario recordar que el Tribunal Superior aceptó la solicitud de desistimiento del
recurso de apelación el 11 de septiembre de 2025. Ese mismo día el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de la municipalidad de Calarcá
envió al Despacho del Juzgado de Ejecución de Penas correspondiente los memoriales
que estaban pendientes de resolver.

Lo anterior, considerado junto con la fecha de radicación de la acción de tutela (21 de
agosto de 2025), la fecha en que se admitió el inicio del trámite de esta acción (viernes 5
de septiembre) y los 3 días para rendir informe ordenados en el auto admisorio. Permiten
advertir que no se configura una vulneración de los derechos fundamentales invocados,
al no acreditarse un comportamiento negligente ni una mora judicial injustificada por parte
del demandado.

Resulta pertinente mencionar que esta Subsección, en consonancia con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional4, manifiesta que, para analizar la configuración de la mora
judicial injustificada, se debe revisar no solo la tardanza en emitir la decisión, sino
también otros aspectos tales como: la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de las autoridades y la congestión judicial.

4 Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005. M.P.

Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.

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Accionante: Diego Fernando Londoño Sánchez
Acción de tutela – Fallo de primera instancia

En conclusión, la entidad judicial accionada no ha incurrido en demoras injustificadas que
ameriten una consideración constitucional con el demandante. Por el contrario, ha
actuado diligentemente atendiendo oportunamente las solicitudes del accionante
relativas a su prisión domiciliaria.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
solicitud de amparo relativa al recurso de apelación contra el auto del 17 de julio de 2025,
de conformidad con las razones expresadas.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado respecto de la solicitud del 20 de agosto de
2025, por los motivos expuestos en la providencia.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con
lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de
impugnación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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