Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05193-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05193-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05193-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05193-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
2 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: WILSON DANIEL CASTAÑO RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
electoral contra acto de elección de concejal. Defectos fáctico y
violación directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Wilson Daniel Castaño Rodríguez, quien actúa a nombre
propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de agosto de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Reconocer la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso;
al acceso a la administración de justicia y a la organización y selección democrática de
los candidatos al interior de los partidos políticos.
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, TUTELAR mis derechos fundamentales al debido
proceso; al acceso a la administración de justicia y a la organización y selección
democrática de los candidatos al interior de los partidos políticos.
TERCERO: Por lo anterior, REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado emitida el 06 de marzo de 2025 que revocó la sentencia de primera
instancia tomada por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.
2. Hechos
El accionante relató que el señor Marco Fidel Acosta Rico resultó electo como
concejal del distrito capital de Bogotá para el periodo 2024 - 2027, por parte del
partido Colombia Justa Libres.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, presentó
demanda, con el fin de obtener la nulidad del acto de elección del señor Acosta
Rico contenido en el formulario E-26 CON de la Comisión Escrutadora General de
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
8 de noviembre de 2023, por no cumplir con los requisitos para obtener el aval del
partido Colombia Justa Libres.
Indicó que la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 16 de octubre de 2024, declaró la nulidad de la
elección de Marco Fidel Acosta Rico, al considerar que no reunió los requisitos
constitucionales y legales del aval con el que se inscribió y fue elegido como
concejal de Bogotá, pues en su trámite se incumplió la revisión del Consejo
Nacional de Ética del partido y la aprobación del Consejo Directivo Nacional, por lo
que se acreditó la causal de ilegalidad del numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.
Finalmente, manifestó que el señor Marco Fidel Acosta Rico interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión. La Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante fallo de 6 de marzo de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, con sustento en que no resultaba acertado tener como
no probados los requisitos de concepto favorable del Consejo Nacional de Ética y
la aprobación del Directorio Nacional, con sustento en que no estaban registrados
ante el Consejo Nacional de Ética, cuando lo cierto es que dicha exigencia tiene
como efectos la oponibilidad frente a terceros, sin que resulte constitutivo de las
calidades que se detentan dentro de la colectividad.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora mencionó que no está de acuerdo con la sentencia de 6 de marzo
de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que revocó la
decisión favorable de primera instancia y negó la nulidad del acto de elección del
señor Marco Fidel Acosta Rico.
Resaltó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que están
de por medio sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al configurarse los defectos fáctico y por violación directa
de la Constitución, ii) la solicitud de amparo se radicó transcurridos 4 meses, iii) se
identificaron los hechos y derechos vulnerados, iv) no se reprocha un fallo proferido
en otra acción de tutela y v) se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa.
Por otra parte, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración de las pruebas, pues construyó cinco supuestos de hecho
que no estaban probados en el proceso.
Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado le otorgó valor probatorio a la
Resolución núm. 001 de 6 de julio de 2023, suscrita por la señora Johanna Moncada
Pinzón, en calidad de veedora nacional del Partido Colombia Justa Libres; sin
embargo, dicha calidad no se encontraba reconocida institucionalmente ni
respaldada por la autoridad competente, pues el Consejo Nacional Electoral -CNE,
mediante Resolución núm. 5726 de 2023, inscrita en el Registro Único de Partidos
y Movimientos Políticos, estableció que la única persona que ostentaba el cargo de
Veedora Nacional del mencionado partido, desde el 25 de abril de 2023, era la
señora Esperanza Valbuena López.
Señaló que la autoridad judicial accionada omitió valorar la Resolución núm. 5726
de 2023 del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se ordenó la
inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos de la señora
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
Esperanza Valbuena López como Veedora Nacional del partido Colombia Justa
Libre por un periodo de dos años contados desde el 25 de abril de 2023.
Agregó que también se omitió valorar “la prueba 2 de la demanda, en el que se
anexó copia del certificado emitido por el Secretario General del partido, en el cual
se afirmaba que ningún concepto había sido solicitado ni emitido por la Veeduría
Nacional en relación con la candidatura del demandado. Esta prueba, de carácter
directo, tenía vocación para desvirtuar la presunción de legalidad del aval otorgado,
en tanto que demostraba la falta de cumplimiento del trámite interno requerido por
los estatutos del partido”.
Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado otorgó validez a la reunión del
7 de julio de 2023, mediante la cual se eligió un nuevo Consejo Nacional de Ética,
sin verificar que se cumpliera con el número mínimo de miembros asistentes
exigidos por los estatutos del partido, el cual en el artículo 71 dispuso que el
Consejo Directivo Nacional debe estar compuesto por un mínimo de 12 y un
máximo de 30 miembros, sin embargo, para deliberar se exige la presencia de al
menos dos terceras partes de sus miembros, lo que en este caso implica un mínimo
de 46 integrantes, pero del acta de la reunión se evidencia que asistieron 36
miembros de los 68 que conforman el mencionado consejo directivo.
Aseguró que la “prueba 20 de la demanda”1, demuestra que solo uno de los
asistentes certificó el cuórum, cuando estatutariamente se exige que mínimo 46
miembros participen con derecho a voto para poder tomar decisiones válidas,
elemento de juicio que la autoridad judicial accionada omitió.
Afirmó que no se tuvieron en cuenta las Resoluciones núm. 2142 de 2022 y 1976
de 2021, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, en la que se encuentra la
lista oficial de los miembros del Consejo Nacional de Ética debidamente inscritos y
reconocidos, entre los que se enlistan, entre otros, los señores Edison Castilla
Novoa, Manuel Gonzalo Hernández Pineda, Eliécer Rivero Medina, Edgar Santos
Montaño, Stella Vesga Niño y Rodrigo Iván Gil Fajardo, quienes no aparecen como
los firmantes de la Resolución núm. 001 de 10 de julio de 2023, mediante la cual el
mencionado consejo expidió concepto favorable a la candidatura del señor Marco
Fidel Acosta Rico.
Agregó que el Consejo Nacional de Ética debidamente inscrito ante el CNE,
mediante Resolución núm. 0111 de 2023, inició una investigación disciplinaria
contra quienes pretendieron asumir funciones que no les correspondían, prueba
que también fue omitida por la autoridad judicial accionada.
Sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado le otorgó valor probatorio a
la Resolución núm. 004 de 12 de julio de 2023, suscrita por el señor Álvaro Rincón
Rojas presidente pro tempore del partido Colombia Justa Libre, sin embargo, esta
figura no está contemplada en los estatutos ni en ninguna resolución expedida por
el Consejo Nacional Electoral. Por consiguiente, en la sentencia objetada se omitió
valorar la Resolución núm. 16441 de 8 de septiembre de 2023, en la cual se negó
la inscripción al señor Rincón Rojas como presidente del partido y que demuestra
que quien suscribió la resolución de remoción carecía absolutamente de
competencia para ello, y que su acto debía carecer de valor jurídico alguno.
1
“Apertura de investigación disciplinaria a varios miembros del Consejo Directivo Nacional por parte del Consejo Nacional de
Ética por actuaciones fraudulentas”.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
Resaltó que “la prueba 6 del expediente”2 demostraba que el supuesto acto de
remoción no había sido conocido ni tramitado por los órganos estatutarios
competentes, además que el acta de la sesión en la cual se habría aprobado tal
remoción contenía múltiples irregularidades, pues no constaba la convocatoria
formal, no se estableció el cuórum y no se adjuntó la evidencia de votación. No
obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado omitió la valoración de estas
falencias procedimentales y acepta como válido un documento aislado,
desconociendo el contexto probatorio integral y el contenido de las pruebas
legalmente válidas.
Indicó que la sentencia objetada no valoró que el acta de 12 de julio de 2023, el
certificado del presidente legalmente inscrito ante al Consejo Nacional Electoral y
las “prueba No. 9 del expediente”3 y “No.12”4, en los que se evidencia que la
mencionada acta no contenía la lista completa de los asistentes, no registró la
realización de una votación formal ni certificó que se hubiese alcanzado la mayoría
calificada exigida por el artículo 34 de los estatutos del partido, que exige 46 votos
favorables para la aprobación de avales y adicionalmente, se evidenciaba que la
reunión celebrada el 12 de julio de 2023 había sido presidida irregularmente por
quien no tenía competencia legal para hacerlo. Agregó que solo estuvieron
presentes 36 de los 68 miembros del Consejo Directivo Nacional, lo cual resulta
insuficiente incluso para conformar el cuórum deliberatorio.
Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución, en tanto desconoció el artículo 107 de la Carta y, en
consecuencia, “vulneró el principio de democracia interna de los partidos y
quebrantó la regla según la cual la selección de candidatos debe sujetarse
estrictamente a lo previsto en los estatutos partidario”.
4. Trámite procesal
Por auto de 27 de agosto de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, a la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al señor Marco Fidel Acosta Rico, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios núm. 122834 a 122840
de 29 de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional o, en su defecto, se despache desfavorablemente las pretensiones,
2
“Certificado de inscripción de dignidades del Consejo Nacional Electoral, en especial el Secretario General y la Veedora
Nacional”.
3
Acta del Consejo Directivo Nacional del 2021 que elige y designa de forma temporal a la exsecretaria Flor Angélica Rueda
Rozo.
4
Solicitud de exclusión que se realizó al Consejo Nacional Electoral por parte del partido Colombia Justa Libres.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
toda vez que no se advierte la configuración de los defectos alegados ni la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Afirmó que el accionante pretende convertir el presente mecanismo constitucional
en un escenario de debate para confrontar un asunto de mera legalidad que fue
decidido por su juez natural, circunstancia que comporta un reproche directo a la
autonomía judicial, en la medida en que la providencia censurada se adoptó con
fundamento en la ley y en el criterio jurisprudencial vigente en la materia.
Agregó que el actor pretende controvertir, en sede constitucional, el análisis
efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado respecto del procedimiento
del aval otorgado por el partido Colombia Justa Libres al señor Marco Fidel Acosta
Rico como candidato al Concejo de Bogotá, en las elecciones territoriales de 29 de
octubre de 2023.
Para terminar, mencionó que en la sentencia objetada se efectuó el estudio integral
del material probatorio y analizó cada uno de los planteamientos del recurso de
apelación y concluyó que el aval otorgado al señor Marco Fidel Acosta Rico cumplió
con los requisitos de ley para ello, no solo porque se cumplieron los pasos previos
ante el Consejo Nacional de Ética y el Directorio Nacional del partido Colombia
Justa Libre, conforme a sus estatutos, sino también porque fue suscrito por la
representante legal del partido, como lo ordenan los artículos 108 de la Constitución
Política, 98 de la Ley 130 de 1994 y 28 de la Ley 1475 de 2011.
5.2. Respuesta de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
El magistrado ponente de la decisión de primera instancia del proceso ordinario
informó que la acción de tutela se dirige contra la decisión proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por lo que estará a la espera de la decisión que se
dicte por el juez de tutela.
5.3. Respuesta del señor Marco Fidel Acosta Rico
El apoderado del tercero con interés pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de procedencia ni los
especiales, y de manera subsidiaria que se nieguen las pretensiones, toda vez que
no se vulneró los derechos fundamentales del accionante.
Sostuvo que el accionante no indicó cómo se vulneran sus derechos fundamentales
ni qué riesgo o amenaza hay sobre ellos, pues se dedicó a reiterar los hechos que
se expusieron en las demandas y a explicar su descontento con la sentencia
objetada, pero si se da lectura de la misma y de las normas que fueron objeto de
controversia en la litis, se puede dar cuenta que la decisión está fundamentada en
la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Indicó que la acción de tutela no se interpuso dentro de un término razonable, pues
se presentó 5 meses después desde que se profirió el fallo objetado. Asimismo,
señaló que no se agotaron los mecanismos extraordinarios de defensa, pues alega
una supuesta irregularidad originada en la sentencia.
Aseguró que el accionante se limitó a nombrar derechos fundamentales sin
explicación alguna y lo que desarrolla es la misma cuestión legal que ya el juez
natural resolvió.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada no omitió la valoración de
las pruebas señaladas por el accionante, pues se estudiaron los diferentes
documentos en conjunto y se aplicó el precedente judicial relacionado con el caso
en estudio.
5.4. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se desvinculara a la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto los hechos relatados por el
demandante no tienen relación con las facultades y funciones que la Constitución
y la ley se asignaron al organismo electoral.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se desvinculara de la acción
de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala accederá a la solicitud
5
de desvinculación de la referida autoridad, porque no ostenta interés directo en el
asunto, más aún cuando en el curso del proceso ordinario se declaró probada la
falta de legitimación en la causa por pasiva. Igualmente, de manera oficiosa y por
las mismas razones se desvinculará al Consejo de Nacional Electoral.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del demandante.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
5
Sentencia T-005 de 2022.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos6 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20128, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 9, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico11; (ii) Defecto procedimental absoluto12; (iii) Defecto
fáctico13; (iv) Defecto material o sustantivo14; (v) Error inducido15; (vi) Decisión sin
6
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
7
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
8
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
12
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
13
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
14
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
15
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viii) Violación directa de la
18
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte Constitucional20.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 6 de marzo de
2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado se limitó el contenido,
alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del accionante, en el marco del medio de control de
nulidad electoral que inició en contra del señor Marco Fidel Acosta Rico.
En el caso, se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto defecto fáctico y por
violación directa de la Constitución por parte de la autoridad judicial accionada.
Aunado a lo anterior, se evidencia que, el sentido del fallo de primera instancia en
el proceso que originó la controversia es diferente a la sentencia objetada, razón
por la cual la parte actora no tuvo la oportunidad de exponer dichos reparos al
interior del mencionado trámite judicial.
Por otra parte, ii) en el proceso de nulidad electoral se agotó el recurso de apelación,
por lo que la parte demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del de
unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normativa, iii)
16
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
17
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
18
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
19
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses21 establecidos como
plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional22; (iv) los
hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no
es contra un fallo de la misma naturaleza.
5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución
El señor Wilson Daniel Castaño Rodríguez, quien actúa en nombre propio,
considera que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con la
sentencia de 6 de marzo de 2025, por medio de la que se revocó el fallo de primera
instancia que anuló la elección del señor Marco Fidel Acosta Rico como concejal
de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la solicitud de amparo. Con el fin
de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de las actuaciones
adelantadas en el proceso de nulidad electoral, así:
El accionante relató que el señor Marco Fidel Acosta Rico resultó electo como
concejal de Bogotá para el periodo 2024-2027, como integrante del partido
Colombia Justa Libres.
El ahora demandante presentó demanda de nulidad electoral contra el señor Marco
Fidel Acosta Rico como concejal electo del Distrito Capital de Bogotá para el
periodo 2024 – 2027, con la pretensión de obtener la nulidad del acto de elección
contenido en el formulario E-26 CON de la Comisión Escrutadora General de 8 de
noviembre de 2023, por no cumplir con los requisitos para obtener el aval del partido
Colombia Justa Libres.
Lo anterior, con sustento en que i) el candidato no presentó la solicitud de aval ante
el presidente del partido, ii) la veedora del partido era la señora Esperanza
Valbuena López, sin embargo, la calificación de requisitos e inhabilidades lo hizo
otra persona, iii) el Consejo Nacional de Ética no estaba conformado en debida
forma, iv) el Consejo Directivo Nacional no fue citado en debida forma y, por último,
v) el aval no fue suscrito por el secretario general del partido.
La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 16 de octubre de 2024 declaró la nulidad de la
elección de Marco Fidel Acosta Rico, al considerar que no reunió los requisitos
constitucionales y legales del aval con el que se inscribió y fue elegido como
concejal de Bogotá, pues en su trámite se incumplió la revisión del Consejo
Nacional de Ética del partido y la aprobación del Consejo Directivo Nacional, por lo
que se acreditó la causal de ilegalidad del numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.
Al respecto, el Tribunal aclaró que de acuerdo con los estatutos del partido
Colombia Justa Libres, para que el señor Marco Fidel Acosta Rico obtuviera el aval:
21
La providencia objetada se notificó el 7 de marzo de 2025 y la acción de tutela se instauró el 21 de agosto de 2025, es
decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
22
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
i) el Directorio de Bogotá debió elaborar las listas y presentarlas al Directorio
Nacional: ii) contar con el concepto de la Veeduría Nacional y la revisión del
Consejo Nacional de Ética, iii) el Consejo Directivo Nacional debió aprobar los
avales y, por último, iv) el representante legal del partido tenía que expedir los
avales.
Luego, procedió a estudiar uno a uno los requisitos antes mencionados, para lo cual
precisó que lo relacionado con que el Directorio de Bogotá elaborara la lista y las
presentara al Directorio Nacional, no se exigía que la solicitud de aval se hiciera
ante el “Presidente Único”. Adicionalmente, agregó que el partido certificó que para
la recepción de documentos se contó con herramientas virtuales y físicas y que en
el caso del señor Marco Fidel Acosta Rico su nombre se relacionó con la Ventanilla
Única Electoral, por lo que al revisarse cada uno de los reportes entregados por los
organismos de control del Estado se concluyó que no presentaban antecedentes o
causal de inhabilidad que imposibilitara dar el visto bueno por parte de la Veeduría
Nacional.
Por consiguiente, consideró que la decisión del Directorio Nacional es válida porque
tuvo vigencia hasta el 20 de diciembre de 2023 cuando el Consejo Nacional
Electoral no la inscribió mediante la Resolución núm. 16441 de 2023.
Con respecto al concepto de la Veeduría Nacional, aclaró que “si bien Esperanza
Valbuena López fue designada el 25 de abril de 2023 como Veedora Nacional, solo
quedó habilitada para ejercer el cargo a partir de la Resolución 16000 del 29 de
noviembre de 2023, al resolverse la impugnación que se radicó, pero a su vez,
cuando ya se había rendido el Informe obligatorio en el trámite de avales por
Johanna Marcela Moncada Pinzón como Veedora Nacional -Cuya inscripción
estaba vigente en el CNE (i.75-91)- y de haberse aceptado el Aval por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con la inscripción de la candidatura al
Concejo de Bogotá de Marco Fidel Acosta Rico, como consta con el Formulario E-
6 CO. Se cumplió este segundo requisito del aval”.
Por otro lado, al verificar las diferentes pruebas documentales allegadas, concluyó
que la Resolución núm. 001 del 10 julio de 2023, mediante la cual se emitió
concepto favorable de las listas de aspirantes a ser avalados, fue expedida por un
Consejo Nacional de Ética que no estaba legalmente integrado ni registrado en el
Consejo Nacional Electoral, mediante la cual emitió concepto favorable a una lista
de aspirantes a ser avalados por el partido Colombia Justa Libres, en la que se
encontraba el demandado Marco Fidel Acosta Rico, esto es, por personas que no
estaban habilitadas como integrantes del Consejo Nacional de Ética del partido que,
a su vez, no tenían competencia para proferirlo porque no fue inscrito ni aceptado
su registro en el Consejo Nacional Electoral.
Adicionalmente, no se demostró que el Consejo Directivo Nacional del partido
aprobara los avales, específicamente el del señor Marco Fidel Acosta Rico y que,
si bien para las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023 fue
expedido el aval por la representante legal del partido, esto no saneaba los otros
dos requisitos faltantes.
El señor Marco Fidel Acosta Rico solicitó la aclaración y corrección de la sentencia
de 16 de octubre de 2024, con el fin de que se precisara la valoración probatoria
que se desarrolló en la mencionada providencia. La Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en proveído de 18 de
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
noviembre de 2024 negó las solicitudes, pues evidenció que lo pretendido por el
señor Acosta Rico era revivir el debate probatorio desarrollado en primera instancia,
sin que se observara algún contenido oscuro, dudoso o de difícil entendimiento ni
error alguno en su parte motiva o en la resolución.
El señor Marco Fidel Acosta Rico interpuso recurso de apelación en el que señaló
que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que las designaciones
y renuncias al interior del partido son constitutivos, es decir, producen efectos desde
el momento que se efectúan, cuestión diferente es que se estudie el registro ante
el Consejo Nacional Electoral para efectos de oponibilidad a terceros. En
consecuencia, el hecho de que una persona no figure en el registro del CNE como
directivo de una organización política, no necesariamente implica que no sea
directivo, pues para eso es necesario acudir a los estatutos del partido o movimiento
político así como los actos de conformación del nivel directivo. Por consiguiente,
agregó, que al tratarse de la designación y renuncia de los directivos, la primera
surte efectos desde que se realiza el nombramiento que concuerda con la voluntad
de la persona sobre el que recae, y la segunda desde su presentación ante la
colectividad.
Por otra parte, respecto al Consejo Nacional de Ética resaltó que el Tribunal se
limitó a cuestionar la radicación de una solicitud de registro ante el Consejo
Nacional Electoral y así restarle valor a la Resolución núm. 001 de 10 de julio de
2023, cuando la elección del Consejo Nacional de Ética produce efectos al interior
del partido desde que se nombra, mientras que el registro ante el CNE solo es para
que sea declarativo ante terceros. Es decir, no era necesario registrar el nuevo
Consejo Nacional de Ética para que fuera constitutivo al interior del partido porque
su designación producía efectos en la organización política desde que se realizó.
Igualmente, reprochó el hecho de que no se valoraran las pruebas en su conjunto
y que se le diera mayor valor probatorio a la competencia del Consejo Nacional de
Ética establecida en la Resolución núm. 3198 de 2018, que lo dispuesto en la
Resolución núm. 8036 de 2021, por medio de la cual se reformaron dichas
competencias.
Precisó que en la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que con la
vigencia de la Resolución núm. 8036 de 2021, cambió el nombre de Consejo
Directivo Nacional por Directorio Nacional, y que este último si aprobó la entrega y
expedición del aval del señor Marco Fidel Acosta Rico, lo cual quedó en el Acta del
Directorio Nacional núm. ACDN 10 de 12 de julio de 2023. Por consiguiente, se le
otorgó en debida forma el aval.
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante fallo de 6 de marzo de 2025,
declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en que no resultaba acertado tener como no probados los
requisitos de concepto favorable del Consejo Nacional de Ética y la aprobación del
Directorio Nacional, con sustento en el argumento de que no estaban registrados
ante el Consejo Nacional de Ética, cuando lo cierto es que dicha exigencia tiene
como efectos la oponibilidad frente a terceros, sin que resulte constitutivo de las
calidades que se detentan dentro de la colectividad.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
Adicionalmente, precisó que los estatutos del partido Colombia Justa Libres fueron
modificados con la Resolución núm. 836 de 4 de noviembre de 2021, donde
quedaron establecidas las reglas internas para las candidaturas y trámites de los
avales. Para lo cual, resaltó que al Consejo Directivo Nacional o Directorio Nacional
le correspondía aprobar los avales previa revisión del Consejo Nacional de Ética.
Luego, de conformidad con la “apreciación en conjunto de las pruebas practicadas”,
consideró que se cumplieron los trámites internos y los de ley para el otorgamiento
del aval. Agregó que el 6 de julio de 2023, el Veedor Nacional del partido presentó
informe favorable para el otorgamiento de 21 avales para las elecciones territoriales
de 2023. Asimismo, el 7 de julio de 2023, el Directorio Nacional posesionó al
Consejo Nacional de Ética y les tomó juramento a los nuevos integrantes.
Igualmente, el 10 de julio de 2023, el Comité Nacional de Ética emite concepto
favorable de listas de aspirantes a ser avalados, entre los que aparece el señor
Acosta Rico.
La autoridad judicial accionada indicó que el 12 de julio de 2023, el presidente del
partido profirió la Resolución núm. 12, por medio de la cual removió 5 miembros del
Consejo Nacional de Ética que al 2 de junio del mismo año presentaron renuncia
irrevocable y reafirmó a los 14 miembros elegidos por el Directorio Nacional.
Asimismo, refirió que se aprobó las listas de candidatos a corporaciones públicas
del nivel departamental, municipal y ediles del distrito capital de Bogotá, entre los
que aparece el señor Marco Fidel Acosta Rico, para que luego la representante
legal registrada ante el Consejo Nacional Electoral, la señora Flor Angélica Rueda
Rozo, expidiera el aval.
Por otra parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que la
jurisprudencia ha indicado que el registro ante el Consejo Nacional Electoral no es
constitutiva de la calidad al interior del partido, sino de oponibilidad a terceros, para
23
lo cual trascribió apartes de la sentencia de 7 de julio de 2022 , toda vez que “sin
pasar por alto normas como el artículo 9° de la Ley 1475 de 2011, que establece
que “para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como
autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en
él”, tratándose de la filiación de los integrantes de una agrupación política y de los
directivos de la misma, le ha dado prevalencia a la decisión libre y voluntaria de los
ciudadanos y colectividades políticas como fuentes generadora de derechos y
obligaciones, con efectos desde la adopción de las determinaciones respectivas”.
Finalmente, puso de presente que el a quo encontró probado que el aval fue
expedido por la señora Flor Angélica Rueda Rozo, representante legal del partido
registrada ante el Consejo Nacional Electoral al momento de su otorgamiento.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan a este trámite constitucional, la Sala procede a
abordar los defectos de acuerdo con lo establecido en el planteamiento del
problema jurídico, así:
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,
o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de julio de 2022, radicado No. 11001-03-28-000-2021-00061-00, C.P.:
Rocío Araújo Oñate.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución24, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión25.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) al
resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales 26.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la parte actora en el escrito
de tutela se refiere a una supuesta indebida valoración probatoria por parte de la
Sección Quinta del Consejo de Estado y que demostraba que no se expidió en
debida forma el aval al señor Marco Fidel Acosta Rico.
En efecto, el demandante reprocha que la autoridad judicial accionada revocará la
24
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
26
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
decisión de primera instancia que había declarado la nulidad de la elección del señor
Acosta Rico como concejal de Bogotá para el periodo 2024 – 2027, del partido
Colombia Justa Libres.
Al respecto, antes de cualquier análisis frente a los cargos planteados, resulta
necesario precisar que para abordar los defectos alegados por el demandante se
torna necesario tener en cuenta todo el contexto del proceso de nulidad electoral,
es decir, además de la sentencia objetada, lo resuelto por el juez de primera
instancia.
Ahora bien, respecto al reproche relacionado con que la autoridad judicial accionada
le otorgó valor probatorio a la Resolución núm. 001 de 6 de julio de 2023, suscrita
por la señora Johanna Moncada Pinzón, como Veedora Nacional del Partido
Colombia Justa Libres, calidad que, en sentir del demandante, no ostentaba, se
debe aclarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado desarrolló su estudio a
partir de los argumentos expuestos en el recurso de apelación que interpuso el
señor Marco Fidel Acosta Rico, así como lo resuelto por el a quo.
En la decisión de primera instancia la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó que, si bien la señora Esperanza
Valbuena López había sido designada el 25 de abril de 2023 como veedora
nacional, solo quedó habilitada para ejercer el cargo a partir de la Resolución núm.
16000 de 29 de noviembre de 2023, por lo que cuando se había rendido el informe
obligatorio la señora Johanna Marcela Moncada Pinzón todavía era la veedora
nacional y, en consecuencia, dio por cumplido el requisito.
Por consiguiente, la Sección Quinta del Consejo de Estado se limitó a verificar si en
el trámite relacionado con el aval del señor Acosta Rico se contaba con el informe
de la Veeduría Nacional del partido, para lo cual evidenció que en efecto se rindió
por la señora Johana Marcela Moncada Pinzón, en el que se indicó que “revisados
cada uno de los reportes entregados por los organismos de control del Estado, se
puede concluir que los precandidatos consultados no presentan Antecedentes o
causal de inhabilidad que imposibilite dar vistos buenos”.
En consecuencia, se observa que el hecho de que se le otorgara valor probatorio a
la Resolución núm. 001 de 6 de julio de 2023, relacionado con el informe rendido
por la señora Johanna Moncada Pinzón en calidad de Veedora Nacional del partido
Colombia Justa Libres, obedeció a que desde la decisión de primera instancia se le
reconoció dicha calidad. Por consiguiente, el estudio que desarrolló la Sección
Quinta del Consejo de Estado obedeció a las particularidades propias del caso, sin
que se evidencie una indebida valoración de la prueba por esa situación.
De otro lado, en lo relacionado con la elección del nuevo Consejo Nacional de Ética
sin verificar que el Directorio Nacional cumplía con el número mínimo de miembros
asistentes exigidos por los estatutos del partido para elegir a los integrantes del
mencionado consejo, se advierte que, si bien este argumento se planteó en la
demanda, lo cierto es que no fue desarrollado en la sentencia de primera instancia,
razón por la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado no adelantó un estudio
relacionado con el cumplimiento del número mínimo de asistentes para elegir a los
miembros del Consejo Nacional de Ética del partido Colombia Justa Libres.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
Al respecto, se torna necesario precisar que en la sentencia de primera instancia
se accedió a las pretensiones de anular la elección del señor Acosta Rico como
concejal del distrito capital de Bogotá, al considerar que los integrantes del Consejo
Nacional de Ética que aparecían en el certificado expedido por el Consejo Nacional
Electoral no fueron los que emitieron el concepto sobre avales, pues no eran los
que aparecían registrados en el Consejo Nacional Electoral y, en consecuencia, no
se cumplía con los requisitos para otorgar el aval.
Por consiguiente, la sentencia objetada se limitó a estudiar la debida conformación
del Consejo Nacional de Ética por parte del Directorio Nacional y en precisar que
de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado el
registro ante el Consejo Nacional Electoral no es constitutivo de la calidad del
partido, sino de oponibilidad a terceros, al punto que “la afiliación de una persona a
una agrupación política o su condición directivo de la misma, esta Sección ha
subrayado que en cada caso debe precisarse si se cumplieron o no los requisitos
establecidos por los partidos, movimientos y colectividades políticas para tal efecto,
independientemente que la designación figure en el registro que lleva el CNE”.
Es decir, que en lo relacionado con la conformación del Consejo Nacional de Ética
y su aprobación por parte del Directorio Nacional, la autoridad judicial accionada
precisó que es de naturaleza constitutiva, razón por la cual el hecho de que no
apareciera registrada la conformación en el Consejo Nacional Electoral era una
circunstancia que no viciaba el aval otorgado al señor Acosta Rico, pues, el
mencionado registro es solo una exigencia frente a terceros, mas no respecto del
partido y su conformación.
Por lo expuesto, se evidencia que el análisis desarrollado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado se limitó a resolver lo que se propuso en la decisión de primera
instancia.
De otro lado, en lo relacionado con el cargo de la supuesta omisión de valoración
de la autoridad judicial accionada de la Resolución núm. 16441 de 8 de septiembre
de 2023, en la cual se negó la inscripción al señor Rincón Rojas como presidente
del partido, lo que, en su sentir, demostraba que la remoción de 5 miembros del
Consejo Nacional de Ética y la reafirmación que se hizo de 14 miembros elegidos
por el Directorio Nacional, se realizó sin competencia para ello.
Al respecto, se advierte, que este argumento se encuentra relacionado con la
conformación del Consejo de Nacional de Ética, para lo cual se recuerda que la
Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que esas decisiones eran de
naturaleza constitutiva, razón por lo cual el hecho de que no se tuviera en cuenta
no resulta determinante para el asunto, pues, se insiste, las decisiones relacionadas
con la elección de integrantes eran de naturaleza constitutiva y que para el partido
resultaban válidas.
Ahora bien, la Sala pone de presente que la autoridad judicial accionada realizó una
valoración ajustada al ordenamiento jurídico y en conjunto de las pruebas que
consideró relevantes, con el fin de determinar si se cumplió con los trámites internos
y de ley para el otorgamiento del aval, a lo que se agrega que se sustentó en la
jurisprudencia del órgano de cierre. En la sentencia objetada se precisó que los
estatutos del partido Colombia Justa Libres habían sido modificados, aspecto que
no tuvo en cuenta el a quo, aunado al hecho de que aclaró que el registro ante el
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
Consejo Nacional Electoral es un requisito de oponibilidad, mas no constitutivo del
partido, por lo que el hecho de que se eligieran integrantes no le restaba validez
por el hecho de no haberse registrado ante el CNE.
Además, se debe precisar que no toda omisión en la valoración o de mención de
una prueba deviene automáticamente en el defecto fáctico, pues se debe demostrar
que el elemento de juicio era determinante y que generaba la incidencia suficiente
de cambiar el sentido de la decisión, lo que no ocurrió en el presente asunto.
En efecto, se observa que en la sentencia no se mencionaron las Resoluciones
núm. 5726 de 202327, 2142 de 2022, 1976 de 202128 0111 de 2023 expedidas por el
Consejo Nacional Electoral, así como el acta de la reunión de 12 de julio de 2023,
el certificado del presidente inscrito ante al Consejo Nacional Electoral y las “prueba
No. 9 del expediente” y “No. 12”, las cuales fueron señaladas por el señor Castaño
Rodríguez en el escrito de tutela. Sin embargo, si bien dichos documentos no se
mencionan junto con otros elementos de juicio, lo cierto es que con estas el actor
pretendía reprochar la calidad de veedora de la señora Johana Moncada Pinzón y
la conformación del Consejo Nacional de Ética, lo que la Sección Quinta del
Consejo de Estado superó al tener en cuenta lo resuelto por el a quo y al establecer
cuál era el precedente judicial vigente frente al registro ante el Consejo Nacional
Electoral y los efectos de este respecto del partido, así como ante terceros. Por
consiguiente, esta Sala evidencia que dicho material probatorio no es determinante
ni tiene la capacidad de incidir en el sentido de la sentencia objetada.
En consecuencia, la Sala observa que el demandante no cumplió con la carga de
mostrar la configuración del defecto fáctico, razón por la cual negará el cargo bajo
estudio.
Por último, se advierte que la parte actora no demostró la configuración del defecto
por violación directa de la Constitución, pues no resulta suficiente invocar la
vulneración de derechos fundamentales o el artículo 107 de la Constitución Política
para configurar la mencionada causal especial de procedencia, pues se torna
necesario que se explique las razones que sustente la alegada vulneración, más
aún cuando está de por medio un precepto constitucional. Adicionalmente, la Sala
no está ante un escenario en el que el juez ordinario debió aplicar la excepción por
inconstitucionalidad por encontrarse una norma contraria a la Constitución Política.
Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, en tanto no se
configuraron los defectos fáctico y por violación directa de la Constitución alegados
por el demandante.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
27
Por medio de la cual se ordenó la inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos de la señora
Esperanza Valbuena López como Veedora Nacional del partido Colombia Justa Libre.
28
En las Resoluciones No. 2142 de 2022 y 1976 de 2021, se encuentra la lista oficial de los miembros del Consejo Nacional
de Ética debidamente inscritos y reconocidos del Consejo Nacional Electoral
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05193-00
Demandante: Wilson Daniel Castaño Rodríguez
FALLA
Primero.- Desvincular de la presente acción de tutela a la Registraduría Nacional
del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Wilson Daniel Castaño Rodríguez, quien actúa en nombre propio, contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Reconocer personería jurídica al abogado Hollman Ibáñez Parra como
apoderado del señor Marco Fidel Acosta Rico, en los términos del poder allegado
y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.