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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05197-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05197-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de Elpidia de los Dolores Caro González y Diego de Jesús Caro González, conforme a la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05197-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-01
Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 26 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05197-01
Demandante: ELPIDIA DE LOS DOLORES CARO GONZÁLEZ Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA OCTAVA DE
DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia dictada en medio de control de reparación
directa. Caducidad de la acción. Delito de lesa humanidad. Decisión
razonable. Confirma fallo que deniega

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 23
de septiembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, que negó el amparo pretendido con la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Elpidia
de los Dolores Caro González y Diego de Jesús Caro González, pidieron la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 30 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión, que revocó el fallo dictado por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Medellín y, en su lugar, declaró la caducidad de la demanda
de reparación directa 05001 33 33 007 2016 00781 02.

2. Pretensiones

Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
4.1. Que se declare que la decisión judicial emitida por la Magistrada Ponente Angy Plata Álvarez,
mediante sentencia de segunda instancia de fecha 30 de julio de 2025, notificada el 1 de agosto del
mismo año, dentro del proceso con radicado No. 05001-33-33-007-2016-00781-02, en la cual se revocó
la sentencia de primera instancia y en su lugar se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa, incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial,
del bloque de constitucionalidad y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente a
crímenes de lesa humanidad.

4.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se amparen de manera inmediata y efectiva nuestros
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la reparación integral como víctimas de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por la fuerza pública.

1 Índice 1 de Samai.

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Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

4.3. Que, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia judicial atacada en esta acción de tutela
y se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo pronunciamiento en el que se inaplique la figura
de la caducidad, atendiendo al precedente constitucional y contencioso administrativo, así como a los
estándares internacionales sobre no caducidad en casos de delitos de lesa humanidad, garantizando
nuestro acceso efectivo a la justicia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 26 de octubre de 2016, los señores Elpidia de los Dolores Caro González, Luis Enrique
Caro González, Carlos Arturo Caro González, Diego de Jesús Caro González, Jaime de
Jesús Caro González, Blanca Soledad Caro González, Graciela Caro González y María
Concepción Caro González interpusieron demanda de reparación directa en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se les declarara responsables
por el daño antijurídico con ocasión a la desaparición forzada ocurrida el 15 de febrero
de 2008 y posterior ejecución extrajudicial del señor Nicolás de Jesús Caro González.

El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de
Medellín con el número de radicado 05001-33-33-007-2016-00781-00. En la audiencia
inicial de 10 de abril de 2018, se declaró no probada la excepción de caducidad propuesta
por la entidad demandada, por cuanto en materia de delitos de lesa humanidad, como el
de desaparición forzada que se analizaba en ese caso, no se debe atender al término de
caducidad en la acción penal ni en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
decisión que fue confirmada el 16 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Mediante sentencia del 10 de junio de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Medellín accedió a las pretensiones de la demanda y declaró responsable a la parte
demandada por la muerte del señor Nicolás de Jesús Caro González.

El Juzgado resaltó que no se demostró que la víctima directa hubiera pertenecido a un
grupo organizado armado al margen de la ley, ni que se encontrara realizando algún tipo
de actividad delincuencial en el municipio de Puerto Berrío, lugar donde residía. Por el
contrario, las declaraciones demostraron que trabajaba como reciclador en la
mencionada localidad, que salió de su lugar de residencia vestido de civil y
posteriormente apareció asesinado y con prendas de uso militar. Por lo tanto, concluyó
que el daño antijurídico era imputable a la entidad demandada, la cual incurrió en falla
del servicio al darle muerte al señor Nicolás de Jesús Caro González, ajeno al conflicto
armado interno, quien se encontraba en estado de indefensión e inferioridad. Calificó tal
actuar como una ejecución extrajudicial.

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa apeló el fallo de primera instancia y
solicitó que se analizara la oportunidad en la radicación de la demanda de reparación
directa. Resaltó que con posterioridad a que el asunto se discutiera en primera instancia,
el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación respecto de la aplicación del
fenómeno de la caducidad a casos como este.

El 30 de julio de 20252, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión,
dictó sentencia en la que revocó el fallo de primera instancia y declaró probada la
caducidad del medio de control de reparación directa.

Señaló que las pruebas obrantes en el expediente permitieron concluir que los familiares
del señor Nicolás de Jesús Caro González tuvieron conocimiento de su deceso y de las
circunstancias en que acaeció su muerte, en el mes de septiembre de 2011, además, que
el 24 de noviembre del mismo año se realizó la exhumación del cadáver, diligencia en la

2 Notificada por correo electrónico el 1o de agosto de 2025

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que se hizo presente la demandante en su calidad de hermana de la víctima.

Resaltó que con base en lo anterior, se pudo establecer que desde el mes de septiembre
de 2011 los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte de su familiar y que este
hecho fue reportado por miembros del Ejército Nacional como una baja en combate, de
ahí que se pudiera concluir que desde esa fecha tenía la posibilidad de inferir la presunta
responsabilidad de la entidad demandada en el daño alegado y, por ende, acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de reparación
directa.

4. Fundamentos de la tutela

La tutelante no hizo alusión al cumplimiento de requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela. En cuanto al fondo del asunto, adujo que la sentencia cuestionada
incurría en:

Defecto sustantivo porque el Tribunal realizó una aplicación estrictamente formal del
término de caducidad del literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, al computar
los 2 años desde la fecha de la muerte del señor Nicolás de Jesús Caro González (15 de
febrero de 2008) o desde su identificación por el CTI en 2011. Alegó que tal interpretación
es contraria al bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia que establecen que
respecto de los crímenes de lesa humanidad no opera la caducidad.

Indicó que la caducidad no puede contabilizarse desde la simple ocurrencia de la muerte
ni desde la identificación de la víctima, sino desde el momento en que los familiares
adquieren elementos suficientes para inferir la participación del Estado y, con ello, la
posibilidad real de atribuirle responsabilidad patrimonial.

Argumentaron que la demora en el trámite del asunto se convirtió en una forma de
denegación de justicia, puesto que la demanda de reparación directa se presentó en el
año 2016, cuando el precedente mayoritario del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional reconocía que la caducidad no podía aplicarse frente a crímenes de lesa
humanidad y graves violaciones de derechos humanos, lo cual incluye casos de
ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Desconocimiento del precedente dado que, tras más de nueve años de trámite, en
2025 el Tribunal, que aplicaba la tesis favorable de no tener en cuenta la caducidad en
casos como el presente, adoptó el criterio restrictivo que estableció el Consejo de Estado
en 2020, con lo que desconoció la postura ya aplicada al caso y las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional. Añadió que la aplicación del nuevo
precedente generó inseguridad jurídica, pues se adoptó un criterio creado con
posterioridad a la radicación de la demanda.

Para el efecto, citó:

i) La sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C proferida el 13 de
marzo de 2024 (expediente 54000-23-41-000-2017-00423-01) para argumentar que, en
el medio de control de reparación directa por graves violaciones a derechos humanos, la
caducidad no corre desde la fecha del hecho dañoso, sino desde que la víctima conoce
el daño, advierte su gravedad y puede inferir la responsabilidad estatal. Señalaron que
esta providencia admitió la inaplicación de la caducidad cuando esta implica denegación
de justicia.

ii) La sentencia T-202 de 2025 de la Corte Constitucional establece que, en casos de
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, el término debe contarse desde el
momento en que los familiares adquieren elementos suficientes para inferir la
responsabilidad estatal. La familia, aunque conocía la desaparición y el señalamiento de
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Nicolás de Jesús Caro González como supuesto delincuente, solo tiempo después pudo
comprender que el Estado fue responsable de manera injustificada.
(iii) Sentencias SU-312 de 2020 y SU-167 de 2023, que en su criterio han mantenido la
misma línea que la T-202 de 2025.

(iv) La sentencia C-715 de 2012, que estableció que las víctimas tienen derecho a que el
Estado garantice la reparación integral, no solo en un reconocimiento pecuniario, sino
que implica la reivindicación de la memoria, el reproche público de la conducta criminal y
la adopción de medidas que eviten la repetición de estos hechos.

Que el Consejo de Estado ha realizado un control de convencionalidad y
constitucionalidad para inaplicar la caducidad (Art. 164 CPACA) cuando el daño
antijurídico es consecuencia de un crimen de lesa humanidad o de una grave violación y
tiene un precedente específico (sin indicar cuál) que declara que la caducidad no opera
en el caso de la UP, al tratarse de un patrón sistemático de persecución política que
implica una grave violación a los derechos humanos.

Por último, discutió el desconocimiento del precedente horizontal, pues en un caso
análogo al presente, el Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia de 5 de junio
de 2025 en el proceso (9001333300320190004701), donde revocó la providencia que
declaró la caducidad y ordenó continuar con el trámite.

Asimismo, indicó que se configuró un defecto por violación directa de la constitución,
dado que se transgredieron los derechos al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la reparación integral, así como al artículo 93 de la Constitución, que incorpora
al bloque de constitucionalidad las obligaciones internacionales sobre caducidad en
contextos de graves violaciones de derechos humanos. Agregó que la providencia
cuestionada incurrió en una vía de hecho judicial, al fundamentarse en una interpretación
puramente formalista y contraria al enfoque pro-víctima que la Constitución y la
jurisprudencia exigen.

5. Trámite procesal

Con auto del 26 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador admitió la tutela de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; a los
demandantes del medio de control señores Luis Enrique Caro González, Carlos Arturo
Caro González, Jaime de Jesús Caro González, Blanca Soledad Caro González, Graciela
Caro González y María Concepción Caro González; y al Juzgado Séptimo Administrativo
de Medellín. Se ofició a este último para que allegara el expediente de reparación directa
05001-33-33-007-2016-00781-00/01/02. Y se ordenó comunicar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado la existencia del presente asunto.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
27 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2025.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Antioquia, por conducto del ponente de la providencia
cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto
la decisión se profirió observando el precedente jurisprudencial vigente al momento de
dictar fallo, es decir la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

Señaló que en los casos donde se solicita la indemnización de perjuicios a través del
medio de control de reparación directa, con ocasión del delito de desaparición forzada,
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no hay excepción al término de caducidad de 2 años que contempla el artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, su cómputo debe efectuarse desde el momento en que
los demandantes conocieron o tuvieron la posibilidad de saber que el Estado participó en
tales hechos, lo que para este caso ocurrió en el mes de septiembre de 2011 cuando
funcionarios del Juzgado Noventa y Dos de Instrucción Penal Militar les informaron a los
accionantes que Nicolás de Jesús Caro González se había reportado como guerrillero
dado de baja en combate por parte de miembros del Ejército Nacional.

También indicó que en el expediente obraba oficio 20440-02-251 de 17 de septiembre de
2018, suscrito por el jefe de Sección de Criminalística, Seccional Policía Judicial de
Medellín, en el que informó la fecha de notificación a la familia de la identificación del
cadáver y la posterior diligencia de exhumación del cuerpo, ambas ocurridas en el año
2011.

Por lo anterior, afirmó que desde septiembre de 2011 los demandantes tuvieron
conocimiento de la participación del Estado en la muerte del señor Caro González y, por
ende, podían acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio
de control de reparación directa. Informó que el cómputo del término de caducidad se
tomó desde el 24 de noviembre de 2011, fecha de la diligencia de exhumación del
cadáver, por lo que la parte demandante tenía hasta el 25 de noviembre de 2013 para
presentar la demanda. No obstante, la demanda se radicó el 26 de octubre de 2016,
cuando ya había fenecido la oportunidad para una interposición en tiempo.
El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Medellín3 allegó copia del
expediente del medio de control de reparación directa, mas nada dijo sobre la acción de
tutela.

El señor Carlos Arturo Caro González, manifestó que desde la audiencia inicial de la
reparación directa ya se había resuelto negativamente la excepción de caducidad
propuesta por la demandada, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Por
lo que consideró que en segunda instancia se reabrió un debate ya zanjado, sin motivar
las razones para desconocer lo ya decidido previamente sobre caducidad.

Consideró que la providencia atacada no tuvo en cuenta que la demanda se presentó en
2016, cuando estaba vigente el criterio según el cual la caducidad no operaba en casos
de crímenes de lesa humanidad. También se pasó por alto que en las sentencias de 13
de marzo de 2024, radicado 25000-23-41-000-2017-00423-01 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B y T-202 de 2025 de la Corte Constitucional, se exigió un
análisis más flexible de la caducidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas.

El Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de apoderado, pidió que se declarara
la improcedencia de la acción. Explicó que al momento de expedición de la sentencia de
primera instancia no había sido proferida la decisión de unificación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado sobre la caducidad de la reparación directa tratándose de delitos
de lesa humanidad.

Precisó que la parte actora debía acudir al medio de control de reparación directa contra
la Rama Judicial, si consideraba que las presuntas afectaciones eran causadas por la
demora en tramitar el proceso. Señaló que eso constituye un título de imputación
denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia;por lo tanto,
consideró que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, al existir un medio de
control que la ley ha previsto como procedente para ventilar la declaratoria de
responsabilidad por una eventual mora judicial.

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Samai, índice 11. Expediente 11001-03-15-000-2025-05197-00.
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Indicó que, si bien en primera instancia se declaró no probada la excepción de caducidad,
hasta tanto no se hubiere proferido sentencia de segunda instancia, el proceso estaba
sujeto a dar cumplimiento a las decisiones de unificación y variaciones en los criterios del
Consejo de Estado. Además, la declaración de caducidad en segunda instancia se
encuentra conforme a derecho y a la posición jurisprudencial vigente y aplicable a los
asuntos que no se encontraban ejecutoriados para el momento de la expedición de la
decisión de unificación sobre el asunto.

Advirtió que la decisión estuvo suficientemente razonada de cara a los medios de
convicción que obran en el proceso, por lo que no se presentó una vía de hecho al atender
a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Por el contrario, se hubiera
incurrido en el defecto alegado si el Tribunal se hubiera negado a dar aplicación a un
criterio unificado.

Añadió que no es posible predicar igualdad en relación con lo decidido en el proceso
05001-33-33-004-2014-00078-01, en la medida en que es un proceso que se formuló 2 años
antes que el que ahora se estudia.

Finalmente, sostuvo que en la decisión censurada hubo una valoración integral del
material probatorio allegado, del que se concluyó que los demandantes conocieron las
condiciones en las que sucedieron los hechos y, a pesar de ello, desconocieron el límite
temporal para interponer la demanda.

7. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia dictada el 23 de
septiembre de 2025, denegó el amparo pretendido, al estimar que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación
que consideró más ajustada al caso concreto.

Precisó que estaba acreditado que los demandantes tuvieron conocimiento de la
injerencia de agentes del Estado en los fatales hechos por lo menos en el año 2011 y
solo acudieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el año 2016. Por lo
anterior, resultaba ajustado a derecho que el Tribunal contara el término de 2 años de
caducidad desde el año 2011.

Indicó que la autoridad demandada realizó un análisis basado en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, cuya tesis jurisprudencial ha sido avalada por la
Corte Constitucional y con base en las pruebas aportadas al expediente, encontró
acreditada la falta de diligencia de los demandantes para interponer el medio de control
de reparación directa. En consecuencia, consideró que la autoridad judicial accionada no
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, ni en violación directa de la
Constitución Política, ni omitió las graves circunstancias del homicidio de Nicolás de
Jesús Caro González.

Explicó que la sentencia de unificación del Consejo de Estado resulta de obligatorio
cumplimiento para los jueces y magistrados de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Específicamente, la sentencia de unificación indica que las reglas allí
fijadas deben ser adoptadas en aquellos casos que se encontraran pendientes de
decisión, por lo que no tiene vocación de prosperidad el reproche consistente en que
existía una línea jurisprudencial distinta al momento de presentación de la demanda.

Adicionalmente, manifestó que las sentencias invocadas como desconocidas en ningún
momento ordenaron un amparo de cara a desconocer la sentencia de unificación, como
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ahora lo pretenden los demandantes. La Corte Constitucional no sostuvo que la
caducidad sea inaplicable a los crímenes de lesa humanidad, sino que debía
contabilizarse de manera flexible, esto es, desde cuando se tiene conocimiento de la
participación de miembros del Estado y no desde la ocurrencia de los hechos.

Señaló que sí era procedente pronunciarse en segunda instancia respecto de la
caducidad, puesto que dicho argumento constituyó la base del recurso de apelación
presentado por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia.
Consideró que el expediente de reparación directa 2014-00078-01, no constituye
precedente aplicable, pues, pese a que se trató del mismo tribunal demandado, el
precedente horizontal en principio no genera un efecto vinculante.

Destacó que lo que existe en este caso es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia y pidió que se revocara, para, en su lugar, acceder
al amparo deprecado. Manifestó que el juez de primera instancia se equivocó al
considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia se ajustó a una interpretación
válida, pues se desconoció el precedente vigente tanto de 2016 como el actual. Reiteró
que si el proceso de reparación directa iniciado en el año 2016 hubiese avanzado dentro
de los tiempos razonables, las decisiones de primera y segunda instancia se habrían
dictado bajo la vigencia de la jurisprudencia que reconocía el carácter inextinguible de las
acciones orientadas a obtener la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Reiteró que la providencia vulneró el principio de confianza legítima, pues aplicó
retroactivamente una regla jurisprudencial posterior que desmejoró significativamente su
situación jurídica. Resaltó que se incurrió en denegación de justicia, puesto que no se
pudo obtener una decisión de fondo.

Sostuvo que la jurisprudencia no puede aplicarse con efecto retroactivo en perjuicio de
las víctimas, ni puede exigirse que estas prevean o adivinen futuros cambios en la
interpretación judicial. Ello no solo vulnera la seguridad jurídica, sino que además deja
los derechos de las víctimas a la suerte de la interpretación de cada sala o magistrado y
genera decisiones judiciales contradictorias, tal como sucedió en el caso de la otra
persona retenida y ejecutada junto con el señor Nicolás de Jesús Caro González.

Aseguró que no bastaba con afirmar que había operado la caducidad; era necesario que
el Tribunal analizara la naturaleza, el contexto del hecho y el momento en el que
realmente fue posible conocer la responsabilidad Estatal.

Por otro lado, aseguró que se configuraba un defecto sustantivo por interpretar de manera
contraria a la Constitución y el bloque de convencionalidad el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011. Manifestó que dicha interpretación constituye una barrera que impide la
judicialización y reparación de ejecuciones extrajudiciales o violaciones graves de
derechos humanos.

Insistió en la falta de motivación de la providencia, pues no expuso las razones que
justifican el cambio de criterio respecto de la caducidad, máxime cuando el Tribunal ya
había considerado no procedente la excepción de caducidad alegada por la parte
demandada.

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Señaló que no resulta garantista contar el término de caducidad desde la diligencia de
exhumación del cadáver, pues se les hizo creer que su hermano había sido «un
delincuente dado de baja en combate» y solo con el tiempo supieron que su ejecución era
extrajudicial; se trataba de un falso positivo.

Asimismo, el señor Carlos Arturo Caro González, demandante del medio de control y
tercero vinculado en la tutela, impugnó el fallo de primera instancia, por considerar que
no se tuvo en cuenta el fallo T-202 de 2025. Sostuvo que la sentencia de reparación
directa pasó por alto el deber de flexibilizar la forma en que se cuenta la caducidad y que
se debe beneficiar a las víctimas para que puedan tener justicia por casos donde el
Ejército asesinó a civiles de manera ilegal.

Informó que tras la exhumación del cadáver no les entregaron copias del proceso penal
ni les permitieron examinarlo y solo hasta el 2016 pudieron interponer la demanda de
reparación directa, en la que anexaron el derecho de petición remitido a la Fiscalía
General de la Nación y la respuesta emitida el 11 de octubre de 2016 de manera negativa,
porque el proceso penal tenía reserva y era de uso exclusivo de la Fiscalía.

Aseguró que solo hasta el 30 de octubre de 2018 se remitió copia del proceso penal que
se adelantaba por la muerte del señor Nicolás de Jesús Caro González, y pudieron tener
conocimiento y certeza de la forma y participación del Ejército en la muerte de su
hermano. Aseveró que esta es la fecha en la que se debe empezar a contar el término
de caducidad, conforme a la sentencia T-202 de 2025.

Añadió que el fallo cuestionado desconoció la sentencia SU-167 de 2023, que indica que
el proceso judicial se debe readecuar, a fin de que las partes tengan la oportunidad de
referirse al tema de la caducidad, que no estaba contemplado en el momento en que
fueron presentados los primeros alegatos.

Finalmente, consideró que si se hubieran tenido en cuenta las pruebas aportadas al
proceso, tanto el juez de reparación directa como el juez de tutela de primera instancia,
se hubieran percatado de que los demandantes solo tuvieron la posibilidad real de
conocer qué pasó en el mes de octubre del año 2018. E insistió en que para el momento
en que les entregaron el cuerpo de su hermano no tenían los elementos suficientes para
saber que la desaparición y muerte fue producto de una ejecución extrajudicial.

9. Trámite de segunda instancia

El conocimiento de la impugnación correspondió inicialmente al Despacho de la
consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien registró el proyecto de sentencia el 16
de enero de 2026. No obstante, en sesión del 22 de enero de 2026, la ponencia
presentada no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación.

En consecuencia, mediante auto de 22 de enero de 2026, se ordenó la remisión del
expediente al magistrado de la posición mayoritaria que sigue en su turno, Wilson Ramos
Girón.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de las impugnaciones presentadas,
se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia que negó la
solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la providencia impugnada, en razón a que la sentencia
atacada no incurrió en los defectos alegados, pues se fundó en deducciones razonables
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de las normas que regulan la caducidad de la demanda de reparación directa en asuntos
relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la accionante, se afectarían las
garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o inaplicación indebida del
ordenamiento jurídico por parte de la autoridad judicial accionada podría afectar
prerrogativas de las partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que
ameritan la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, toda vez que concierne (i) a la garantía superior de la
reparación integral, en virtud de la cual el Estado debe resarcir los perjuicios que cause
por su acción u omisión; y (ii) a la responsabilidad de la administración derivada de una
grave violación de derechos humanos, pues no se discute que el asesinato de Nicolás de
Jesús Caro González fue catalogado como un crimen de lesa humanidad.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 05001 33 33 007 2016 00781 02 el correo electrónico con el
que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 1º de agosto de 2025, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 205 6 del CPACA, y la tutela fue presentada el
22 de agosto de 2025, es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del de
unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 257 ibidem.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
sustantivos, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo, la demandante sostiene que la sentencia cuestionada incurre
en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución, por cuanto se aplicó un criterio restrictivo e irrazonable al momento de
analizar si se configuró el fenómeno extintivo de la caducidad de la acción.

En primer término, la Sala considera que los defectos alegados por la demandante deben
ser analizados de manera conjunta, como quiera que todos se dirigen a cuestionar la
decisión por medio de la cual se aplicó el fenómeno de caducidad en el proceso de
reparación directa 05001 33 33 007 2016 00781 02.

Para resolver, la Sala realizará un recuento de los hechos probados relevantes que fueron
tenidos en cuenta por los jueces de instancia en el proceso de reparación directa, así
como de las decisiones adoptadas.

El señor Nicolás de Jesús Caro González desapareció el 15 de febrero de 2008, en horas
de la noche, cuando salió de su vivienda ubicada en el casco urbano del municipio de
Puerto Berrío, con destino a una panadería ubicada cerca del sector de su residencia.

Según indicaron los demandantes en su escrito introductorio, tuvieron conocimiento de
la muerte del señor Nicolás de Jesús Caro González en el mes de septiembre de 2011,
fecha en la cual funcionarios del Juzgado 92 de Instrucción Penal Militar se comunicaron
con ellos, informándoles que su familiar había sido reportado como guerrillero dado de
baja en combate, por parte de miembros del Ejército Nacional, y que su cuerpo se
encontraba sepultado en una bóveda del municipio de Maceo como N.N.

Mediante oficio 20440-02-251 de 17 de septiembre de 2018, el Jefe de Sección de
criminalística- Seccional Policía Judicial de Medellín, en respuesta a una prueba
decretada por el Juzgado de primera instancia, informó que “revisada la base de datos de
exhumaciones que el grupo de identificación Humana del CTI Medellín ha realizado, se encuentra
informe que da cuenta de diligencia de exhumación del cuerpo de NICOLÁS DE JESÚS CARO
GONZÁLEZ con fines de entrega a la familia en el cementerio de Maceo en fecha 2011-11-24.
En la diligencia estuvo presente la señora ELPIDIA DE LOS DOLOES CARO GONZÁLEZ, Lo
anterior permite inferir que la fecha de notificación si debió haber ocurrido en el mes de
septiembre de 2011, toda vez que la orden de la autoridad para exhumar fue con oficio 02542 de
fecha 2011-10-04”

Al analizar los anteriores medios de prueba (especialmente el oficio de 17 de septiembre
de 2018), y las afirmaciones de los demandantes, el Tribunal Administrativo de Antioquia
llegó a las siguientes conclusiones:

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la prueba documental transcrita, la cual no fue
controvertida por la parte demandante, resulta coincidente con lo enunciado por la parte demandante
en el hecho 3.7. de la demanda, en el sentido de que los familiares del señor NICOLÁS DE JESÚS
CARO GONZÁLEZ tuvieron conocimiento del deceso de éste y de las circunstancias en que acaeció
su muerte, en el mes de septiembre de 2011, precisándose, además, que el 24 de noviembre del
mismo año se realizó la exhumación del cadáver, diligencia en la que se hizo presente la señora
ELPIDIA DE LOS DOLORES CARO GONZÁLEZ, hermana del occiso y demandante dentro del
presente asunto.

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En ese orden de ideas, desde el mes de septiembre de 2011 los demandantes tuvieron conocimiento
de la muerte del señor NICOLÁS DE JESÚS CARO GONZÁLEZ y que la misma fue reportada por
miembros del Ejército Nacional como una baja en combate, de ahí que se pueda concluir que desde
esa fecha se tuviera la posibilidad de inferir la presunta responsabilidad de la entidad demandada en
el daño alegado y, por ende, acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de reparación directa.
(…)

6.3. Bajo este panorama, el cómputo de la caducidad dentro del presente medio de control se
efectuará a partir de la fecha en que se realizó la exhumación del cadáver del señor NICOLÁS DE
JESÚS CARO GONZÁLEZ, por resultar más garantista a los intereses de la parte demandante y por
no tenerse certeza de la fecha exacta en que se les informó a los demandantes del fallecimiento de
su familiar.

Así las cosas, el cómputo del término de caducidad en el presente caso inicia el 24 de noviembre de
2011, de ahí que la parte demandante tenía hasta el 25 de noviembre de 2013 para presentar la
demanda dentro, evidenciándose que la misma fue radicada el 26 de octubre de 2016 (pág. 160 del
archivo denominado “01Cuaderno1.pdf”).

Se precisa que, si bien la parte demandante adelantó el trámite de la conciliación prejudicial ante la
Procuraduría 110 Judicial I Para Asuntos Administrativos, la misma no suspendió el término de la
caducidad, habida cuenta de que fue radicada el 14 de junio de 2016 (págs. 126 y 127 del archivo
denominado “01Cuaderno1.pdf”), fecha posterior al vencimiento de los dos años que se tenía para
presentar la demanda.

6.4. Vale señalar que en la sentencia de unificación del Consejo de Estado a la que se ha aludido en
esta providencia se precisó que es dable inaplicar las normas de caducidad en aquellos eventos
donde se hubiesen presentado circunstancias que evidencien la obstaculización material del ejercicio
del derecho de acción y que impidiesen agotar las actuaciones necesarias para la presentación de
la demanda.

Frente a este aspecto, la Sala no advierte que la parte demandante hubiese demostrado, o al menos
argüido, la existencia de alguna situación, particularidad o eventualidad que demuestre algún
impedimento para el ejercicio del derecho de acción y, por ende, para la presentación oportuna de
la demanda, sin que la Sala observe fundamento para la inaplicación del término de caducidad para
el ejercicio del medio de control de reparación directa en el caso de la referencia.

Por su parte, en la solicitud de amparo, la actora sostuvo que la sentencia reprochada
incurría en los defectos alegados, por haber hecho una interpretación rigurosa de la
norma que contempla la caducidad y por no tener en cuenta que existieron circunstancias
que les impidieron a los accionantes tener certeza sobre las razones por las cuales se
produjo el fallecimiento de su familiar.

En primer lugar, debe advertirse que el numeral 2, literal i del artículo 164 del CPACA
prevé que la demanda de reparación directa debe promoverse «dentro del término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento», asimismo, la norma
dispuso una regla especial para el delito de desaparición forzada donde la caducidad
se cuenta a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la
demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los
hechos que dieron lugar a la desaparición.

En torno a las reglas de caducidad se crearon disparidad de criterios en el Consejo de
Estado sobre la aplicación de la caducidad en controversias relacionadas con graves
violaciones de derechos humanos, pues las Subsecciones B7 y C8 de la Sección Tercera
eran de la postura de que no debía aplicarse dicha institución procesal y la subsección
A9 consideraba que sí operaba.

7 Auto del 14 de septiembre de 2017, M. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 05001-23-33-000-2016-02780-01.
8 Auto del 5 de septiembre de 2016, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-

0057-01.
9 Auto del 10 de febrero de 2016, M. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 05001-23-33-000-2015-00934-01.

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Esa divergencia de criterios conllevó que se dictara la sentencia de unificación del 29 de
enero de 202010, en la que se estableció que la caducidad operaba en demandas de
reparación directa relacionadas con delitos de lesa humanidad y su cómputo se debía
realizar en la forma señalada en el artículo 164 del CPACA. La sentencia estableció las
siguientes reglas:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con
la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Esa postura que ha sido avalada por la Corte Constitucional en varias sentencias, dentro
de los que se destaca la SU-312 de 2020, en la que se precisó que (i) Los interesados en
la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato
jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el
momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado
tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la
capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la
demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio
de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación
integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del
delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.

En la sentencia T-044 de 2022, la Corte manifestó: Nótese que la unificación se hizo en el
sentido de establecer que sí se debe computar el término de caducidad de dos años de que trata
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pero, además, se modificó el alcance de la jurisprudencia
vigente, en el entendido de que se dijo que “el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez
superadas, empezará a correr el plazo de ley”. No se trata de valorar la ocurrencia de delitos de
lesa humanidad o crímenes de guerra, como ocurría antes, sino de estudiar las razones que
impidieron que los demandantes acudieran a la administración de justicia dentro de los términos
de ley. Además, según lo que se dijo al estudiar el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, la decisión de unificación tuvo efectos retrospectivos, esto es, el cambio se aplica a los
procesos en curso.

Asimismo, en la sentencia T-354 de 2023, la Corte reiteró que la aplicación de la segunda
subregla de la Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 le impone la obligación
al juez natural de valorar en conjunto las pruebas para advertir el momento a partir del
cual se cuenta la caducidad. La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las
particularidades de cada asunto. En concreto, precisó que el punto de inicio de la
caducidad no será el mismo para todos los casos y mucho menos puede ser definido en
abstracto;por el contrario, este aspecto debe desprenderse con claridad de las pruebas
que obren en el expediente

De igual manera, en la sentencia SU-439 de 2024, la Corte confirmó que “Al unificar la
jurisprudencia sobre la materia, una de las subreglas fijadas por la Corte Constitucional
correspondió a aquella según la cual, tratándose de demandas formuladas por la eventual
responsabilidad estatal derivada de delitos de lesa humanidad, crímenes de genera o genocidio,
“[l]os interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para
acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P: Radicado.
85001333300220140014401 (61033). C.P MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando
el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre
en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional”.

En ese orden de ideas, del anterior estudio jurídico se advierte que la conclusión a la que
arribó la autoridad judicial demandada sobre la aplicación de la caducidad en procesos
de reparación directa concernientes a graves violaciones de derechos humanos es
razonable, conforme quedó consignado en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 que determinó que esa regla no se aplica a los delitos derivados de la desaparición
forzada, pues esta tiene regulación legal expresa.

En consecuencia, no se advierte irregularidad en el hecho de que el tribunal estimara
que, en el presente caso, la fecha a partir de la cual debía contabilizarse la caducidad fue
aquella en la cual se llevó a cabo la exhumación del cadáver del señor Nicolás De Jesús
Caro González.

Asimismo, si en gracia de discusión se considerara, en una interpretación garantista de
las reglas dictadas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, que la fecha a
partir de la cual debe contabilizarse la caducidad es aquella a partir de la cual los
familiares tuvieron conocimiento de las razones que provocaron la desaparición forzada
y posterior asesinato del señor Nicolás de Jesús Caro González, sería posible concluir
razonablemente que éstos tuvieron conocimiento de la presunta responsabilidad del
Estado en los hechos, al momento en que se les informaron las razones de la
desaparición (septiembre de 2011), actuación que fue anterior a la diligencia de
exhumación (noviembre de 2011), lo que permitiría concluir igualmente que la demanda
se interpuso por fuera del término establecido en la ley para el efecto.

En igual sentido, el haber permitido un plazo adicional a los demandantes para que
acreditaran las razones de mora en acudir a la acción de reparación directa, no tendría
la virtud de infirmar las circunstancias debidamente probadas que daban cuenta del
conocimiento que tuvieron los accionantes de las razones que causaron el deceso del
señor Caro González desde el año 2011, tal como se señaló en la providencia objeto de
la presente acción.

Por otra parte, el que existan diferentes providencias en las que se ha considerado
inaplicable el fenómeno de la caducidad no puede tenerse como un precedente de
obligatorio cumplimiento para la Corporación, pues, como quedó expuesto, en la
sentencia de unificación y demás pronunciamientos que la han desarrollado, se dejó claro
que, en materia de desaparición forzada, el término de caducidad se mantiene incólume,
pues cuenta con regulación especial.

Así las cosas, resultaba razonable la aplicación del literal i del numeral 2 del artículo 164
del CPACA que hizo el demandado en la providencia cuestionada, situación que impide
al juez constitucional controvertir esa decisión, dado que frente a las varias posibilidades
que aquel evaluó para aplicar la caducidad, optó por una que no fue arbitraria ni
caprichosa en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial.

Adicionalmente, la autoridad accionada advirtió que bastaba con conocer la fecha de la
exhumación por disposición de la norma especial y además consideró el momento a partir
del cual se tuvo conocimiento del deceso, análisis que incluso guarda correspondencia
con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y con la
postura de la Corte Constitucional sobre el particular, de ahí que no fuera dable
reprocharle al demandado que no haya contabilizado el plazo previsto en el literal i del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA desde una fecha diferente.

En esta misma lógica, no se configuraron los defectos alegados, en la medida en que la
autoridad accionada contó el término de caducidad de la demanda de reparación directa
05001 33 33 007 2016 00781 02 desde el momento mismo de la exhumación del cadáver
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del señor Nicolás de Jesús Caro González, pues se demostró en el proceso que incluso
desde antes de dicha diligencia, su familia tenía conocimiento de que su muerte se
produjo en un presunto enfrentamiento con las fuerzas armadas.

En efecto, en el hecho 3.7 de la demanda de reparación directa, el apoderado de los
accionantes indicó: “los familiares de NICOLÁS DE JESUS CARO GONZALEZ, procedieron a
formular las denuncias respectivas en lo concerniente con la desaparición del mismo, logrando
obtener datos de este, sólo en el mes de septiembre del año 2011, esto es, más de tres (3) años
después, cuando funcionarios del Juzgado Noventa y Dos (92) de Instrucción Penal Militar,
se pusieron en contacto con ellos informándoles que el señor CARO GÓNZALEZ había
sido reportado como guerrillero dado de baja en combate por miembros del Ejército
Nacional de Colombia y que se encontraba sepultado en una bóveda del municipio de
Maceo (Antioquia) como N.N”.

De igual manera, en el oficio 20440-02-251 de 17 de septiembre de 2018, el Jefe Sección
de criminalística- Seccional Policía Judicial de Medellín, en respuesta a una prueba
decretada por el Juzgado de primera instancia, informó:
“Comedidamente se da respuesta al asunto de la referencia informando que, consultada la base de
datos del Grupo NNs y Desaparecidos que guarda los registros de los cadáveres que han sido
identificados por el grupo, se halló anotación a nombre de NICOLÁS DE JESUS CARO GONZALEZ,
identificado con la CC No. 71180597.

“Se registra como fecha de identificación del cadáver: 2011-08-30 y se alimenta base de datos
informando como fecha de notificación a la familia en septiembre de 2011.

“No se tuvo acceso a la carpeta física toda vez que hace parte del archivo general. No obstante,
revisada la base de datos de exhumaciones que el grupo de identificación Humana del CTI Medellín
ha realizado, se encuentra informe que da cuenta de diligencia de exhumación del cuerpo de NICOLÁS
DE JESÚS CARO GONZÁLEZ con fines de entrega a la familia en el cementerio de Maceo en fecha
2011-11-24. En la diligencia estuvo presente la señora ELPIDIA DE LOS DOLOES CARO GONZÁLEZ,
Lo anterior permite inferir que la fecha de notificación sí debió haber ocurrido en el mes de septiembre
de 2011, toda vez que la orden de la autoridad para exhumar fue con oficio 02542 de fecha 2011-10-
04”

De igual manera, se resalta que en el proceso de reparación directa se recibieron los
testimonios de familiares y amigos del occiso que cuentan de las actividades a las que
se dedicaba como era el ser reciclador de Puerto Berrio, reconocido por esta actividad,
la cual implicaba que no hubiese salido de esta municipalidad o de hacerlo solo se
hubieren desplazado a Medellín, con ocasión de las mismas, más nunca con el objetivo
de formar bandas criminales, pertenecer a ellas u otras actividades que hasta el momento
no se han podido comprobar en los referidos occisos. En consecuencia, no resulta
comprensible que la familia aceptara la tesis que le fue puesta en conocimiento
inicialmente, de un combate con las fuerzas armadas y menos de la tenencia de armas
de fuego.

En ese orden de ideas, no merece reproche alguno el análisis que llevó a la autoridad
accionada a contabilizar la caducidad desde la exhumación del cadáver de la víctima,
pues en el expediente quedó suficientemente demostrado que, incluso si se aplica la tesis
unificada sobre la materia, es claro que a partir de tal acontecimiento, la familia conoció
las razones irregulares por las que se produjo su deceso.

En ese orden de ideas, como la sentencia censurada no incurre en los defectos alegados,
se impone confirmar la providencia apelada en cuanto negó las pretensiones de los
tutelantes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

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III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de Elpidia de los
Dolores Caro González y Diego de Jesús Caro González, conforme a la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva el voto
Aclara el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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