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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05223-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05223-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Santiago Zuleta Suárez, por las razones anotadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05223-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05223-00
Demandante: Jaime Santiago Zuleta Suárez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05223-00
Demandante: JAIME SANTIAGO ZULETA SUÁREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio
de fondo porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - El
accionante contaba con otro mecanismo ordinario, idóneo y eficaz, para reclamar la
protección de sus derechos: la solicitud de la adición de la sentencia.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Santiago Zuleta
Suárez contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 22 de agosto de 20251, el señor Jaime Santiago Zuleta Suárez interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 23 de octubre de 2024,
dictada dentro del proceso de nulidad simple con radicado 47001-3333-007-2015-
00033-00/01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.- Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia.

2.- Dejar sin efectos la sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Segundo Administrativo del Magdalena.

3.- Ordenar al Tribunal dictar una nueva providencia aplicando correctamente
el artículo 7°, paragrafo 4 de la Ley 769 de 2002. 4.- Declarar la vulneración de
mis derechos fundamentales por la omisión del Tribunal de pronunciarse sobre
la ilegalidad de la Resolución 05393 de 2012 expedida por el Secretario de
Movilidad Distrital.

1
Se advierte que el 26 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Jaime Santiago Zuleta Suárez

2. De la demanda de tutela y de sus anexos, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. A través de resolución 05392 del 31 de diciembre de 2012 y de los «Decretos»
025 del 4 de febrero de 2014, 096 del 27 de junio de 2014 y 139 del 10 de septiembre
de 2014, la Alcaldía Distrital de Santa Marta le otorgó la facultad a la Policía Nacional
de ejercer el «control de regulación operativa del Distrito de [Santa Marta]».

4. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, el señor
Jaime Santiago Zuleta Suárez demandó al Distrito de Santa Marta, por cuanto
extralimitó sus funciones y abusó de su autoridad al otorgarle funciones de tránsito
a los agentes de la Policía Nacional, sin que existiera convenio o contrato entre el
Distrito de Santa Marta y la Dirección general de la Policía Nacional, de acuerdo con
lo consagrado en el parágrafo 4 del artículo 7 de la Ley 769 de 20022.

5. En sentencia del 21 de mayo de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada y,
en fallo del 23 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena la
revocó. En su lugar, negó las pretensiones, bajo los siguientes argumentos:

6. La delegación del control de regulación operativa en el Distrito de Santa Marta
por determinados periodos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional no resulta contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto tal función
«constituye una manifestación de las atribuciones de Policía conferidas al Alcalde de
forma taxativa por el plurimentado numeral 2° del artículo 315 de la Constitución
Política».

7. La implementación de medidas de contingencia para garantizar la movilidad
vehicular y peatonal en períodos específicos, materializada en los mencionados
actos administrativos, demuestra la aplicación del principio de coordinación
consagrado en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998.

8. Si bien el parágrafo 4 del artículo 7 del Código Nacional de Tránsito Terrestre
prevé una celebración de contrato o convenios entre la autoridad local y la Dirección
General de la Policía Nacional para adelantar los referidos operativos, lo cierto es
que dicha disposición no consagra un mandato imperativo u obligación a cargo de la
administración, sino que le otorga una simple facultad o potestad. Por tanto, la falta
de suscripción de los mismos no implica una transgresión del ordenamiento jurídico.

2
ARTÍCULO 7o. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. <Artículo modificado por el
artículo 58 de la Ley 2197 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades de tránsito
velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público.
Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a
la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.
(…)
PARÁGRAFO 4o. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los
cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los
distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos
contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus
integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial.

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9. Finalmente, precisó que, aunque el a quo adoptó su decisión bajo los
presupuestos consagrados en el concepto del 21 de septiembre de 2011, emanado
de la Sala de Consulta y Servicio Civil, dentro del trámite con radicado 11001-03-06-
000 2010-00097-00, en la que estimó que dicha potestad no era facultativa, sino
imperativa, lo cierto es que esos conceptos no son vinculantes, tal como lo expresó
esta Corporación en providencia del 5 de febrero de 2015 (rad. 11001-03-15-000-
2014-02268-00).

10. A juicio del demandante, el Tribunal accionado desconoció los requisitos que
se deben cumplir «para que la Policía Nacional preste servicios en la especialidad
de tránsito en un municipio o distrito».

11. Resaltó que el secretario de movilidad multimodal y sostenible del Distrito de
Santa Marta actuó sin competencia al vincular a la Policía Nacional en funciones de
tránsito. Esta potestad está reservada de manera única y exclusiva a los alcaldes
municipales o distritales, y solo puede materializarse mediante la celebración de un
contrato o convenio con la Dirección General de la Policía Nacional, de acuerdo con
el parágrafo 4º del artículo 7º de la Ley 769 de 2002, aspecto que no fue abordado
por el Tribunal, pues solo se limitó a analizar sobre las competencias del alcalde, sin
abordar lo que ocurrió en la práctica.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto de 1° de septiembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Magdalena, como parte accionada, y al ministro de Defensa
Nacional, al director general de la Policía Nacional y al alcalde distrital de Santa
Marta, así como al representante legal de la Compañía Integral de Recuperación de
Activos S.A. y al señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, quienes son integrantes de
la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte
de Santa Marta, como terceros con interés. También se tuvieron como prueba los
documentos aportados con la demanda.

13. El Tribunal Administrativo del Magdalena pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, por cuanto la parte accionante pretende
convertir este valioso mecanismo constitucional en una instancia adicional del
proceso de nulidad simple con radicado 47-001-3333-007-2015-00033-01.

14. Resaltó que, pese a que el actor contaba con la solicitud de adición de la
sentencia a fin de que el Tribunal accionado se pronunciara sobre la legalidad de
uno de los actos administrativos cuya nulidad se impetró, lo cierto es que aquel,
además de que no presentó solicitud alguna en ese sentido, no desarrolló sus
argumentos de forma rigurosa, puesto que solo insistió en los reproches narrados en
la demanda de nulidad.

15. El Distrito de Santa Marta pidió que se le desvinculara del proceso de tutela,
dado que los reproches de la solicitud de amparo van dirigidos únicamente contra el
Tribunal accionado.

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16. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

18. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, los de subsidiariedad y relevancia
constitucional, cuyo incumplimiento alegó la parte demandada. Solo en el evento de
que se reúnan estas exigencias, se analizará si el Tribunal Administrativo del
Magdalena vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al debido proceso.

E. Análisis de la Sala

19. Subsidiariedad. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no
dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de
protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si
existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

20. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales.

21. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

22. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

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23. Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena
de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una
solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos.

24. Esta tesis se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional que,
de manera consistente y consolidada4, sostiene que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es
inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección,
de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

25. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado
el alcance de un derecho fundamental.

26. En el caso en concreto, la parte actora pretende que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, al considerar que el Tribunal Administrativo del Magdalena omitió el
analizar que el secretario de movilidad Multimodal y Sostenible del Distrito de Santa
Marta actuó sin competencia al vincular a la Policía Nacional en funciones de
tránsito, en Resolución 05393 del 31 de diciembre de 2012, aspecto que no fue
abordado por el Tribunal, pues solo se limitó a analizar sobre las competencias del
alcalde.

27. En efecto, para la Sala, si el Tribunal accionado omitió pronunciarse sobre
algún aspecto planteado en la demanda de nulidad simple, lo propio era que el señor
Zuleta Suárez solicitara la adición de la sentencia en el término de ejecutoria, en los
términos del artículo 287 del Código General del Proceso5.

28. La adición de la sentencia es, pues, el medio legal eficaz e idóneo,
establecido en los estatutos procesales para que las partes le pidan al juez que se
pronuncie frente a alguna de las cuestiones que se proponen en la demanda, en la
contestación o en el recurso de apelación o frente a los puntos que, por expreso
mandato legal, deben definirse en la sentencia.

3
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
5
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad».

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29. Adicionalmente, revisado el proceso, no se advierte que existan
circunstancias especiales que hubiesen impedido al aquí accionante solicitar la
adición de la sentencia para que la autoridad judicial resolviera lo que, a su juicio,
no fue objeto de decisión.

30. Todo lo contrario, no cabe duda de que desde que se notificó la sentencia de
segunda instancia él pudo advertir si el Tribunal Administrativo del Magdalena se
había pronunciado o no respecto de un cargo de la demanda: si el secretario de
movilidad Multimodal y Sostenible del Distrito de Santa Marta actuó sin competencia
al vincular a la Policía Nacional en funciones de tránsito, en Resolución 05393 del
31 de diciembre de 2012, y, por ende, ha debido pedir oportunamente que esa
omisión se subsanara, mediante el mecanismo de la adición.

31. El señor Jaime Santiago Zuleta Suárez, sin embargo, optó por interponer la
tutela como si esta acción reemplazara los mecanismos previstos por el legislador
para la defensa de los derechos. La tutela, se repite, no procede cuando el
interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto
para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios6.

32. En todo caso, se observa que la solicitud de amparo tampoco supera el
requisito de relevancia constitucional. Se trata, pues, de una solicitud de amparo sin
la suficiente carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para
cuestionar providencias judiciales.

33. En el breve escrito de tutela, el accionante afirmó que la sentencia del 23 de
octubre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo, por las siguientes razones (transcripción literal,
incluso con posibles errores):

El Tribunal, al resolver en segunda instancia, omitió pronunciarse sobre esta
ilegalidad y se limitó a afirmar que el Alcalde tenía competencia para expedir
los decretos, guardando silencio frente al exceso de competencia del
Secretario de Movilidad. con lo cual se incurrió en una omisión grave en la
motivación de la providencia.

Esta contradicción entre lo resuelto en primera instancia y lo decidido en
segunda instancia, sin motivación suficiente, configura un defecto sustantivo
y un defecto fáctico que vulnera mis derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
(…)

6
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-106 de 2024, explicó que «es
necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios
de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de
subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada
en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades
vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios». En similares términos ver las sentencias T-
520 de 1992 y T-032 de 2011, entre otras.

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La sentencia del Tribunal incurre en defectos sustantivos y fácticos al aplicar
de forma errónea el artículo 7° de la Ley 769 de 2002, ignorando los
requisitos establecidos por el legislador para la vinculación de la Policía
Nacional en funciones de tránsito, y al omitir el análisis sobre la falta de
competencia del Secretario de Movilidad que expidió la Resolución No.
05393 de 2012.

34. La Sala entiende que la parte accionante está inconforme porque, en su
criterio, la autoridad judicial accionada aplicó erróneamente el artículo 7 de la Ley
769 de 2002, en tanto desconoció que el legislador estableció unos requisitos para
que la Policía Nacional pueda ejercer funciones de regulación del tránsito, al tiempo
que dejó de analizar la legalidad de uno de los actos administrativos demandados,
que fue expedido sin competencia. No obstante, en criterio de la Sala, el actor no
explicó por qué la sentencia cuestionada incurrió en tal defecto ni señaló cuáles
fueron los aspectos que contrariaron las disposiciones de la Ley 769 de 2002, sino
que, tal como se vio, lo afirmó sin mayor rigor o desarrollo argumentativo, reparo
que también se predica del defecto fáctico, pues allí ni siquiera mencionó las
supuestas falencias probatorias en que habría incurrido el Tribunal accionado.

35. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron
los derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.

36. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela
el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino
que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que
sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto

37. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha
fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales7.

38. Por las razones anotadas, la Sala encuentra que la tutela no cumple con los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, razón por la cual se
declarará improcedente.

39. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Demandante: Jaime Santiago Zuleta Suárez

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jaime Santiago Zuleta Suárez, por las razones anotadas.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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