Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05227-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05227-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05227-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
5 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05227-01
Demandante: Luz Marina Cubillos Ordóñez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C, cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05227-01
Demandante: Luz Marina Cubillos Ordóñez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial, reparación directa – Caducidad
delitos de lesa humanidad – Defecto por desconocimiento del
precedente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 6 de octubre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo
de Bogotá, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Óscar Cubillos
Ordóñez y otros en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, de conformidad con la parte motiva de esta providencia».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de agosto de 2025, Óscar Cubillos Ordóñez, Aura Ligia Ordóñez Riascos, Aura
Nury Cubillos Ordóñez, Luz Marina Cubillos Ordóñez, Derly Cubillos Ordóñez, Neftalí
Cubillos Ordóñez, María Liliana Cubillos Ordóñez, Yoiner Alexis Cubillos Ordóñez,
Jenny Maryury Cubillos Ordóñez, Alexander Cubillos Ordóñez, Jhenifer Medina
Cubillos, Eduard Jhony Medina Cubillos y Laura Valentina Cuellar Cubillos,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: SE TUTELEN mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda
vez que, desconoció el precedente judicial sobre la aplicación del término de caducidad
en el medio de Reparación Directa cuando se involucran delitos de lesa humanidad, al
proferir sentencia de segunda instancia confirmando la decisión de primera instancia que
declaró la caducidad de la acción y por consiguiente, no se estudió de fondo el asunto.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la accionada REVOCAR
la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fechada 12 de junio de 2025, dentro del medio de control de Reparación
Directa que cursó bajo el radicado No. 11001-33-43-062-2019-00011-01, mediante la cual
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se confirmó la decisión de primera instancia y denegó las súplicas de la demanda
referenciada.
TERCERO: SE ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferir una nueva
sentencia de fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y
efectiva protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
CUARTO: Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de mis
derechos fundamentales».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación fáctica que dio origen al medio de control
El señor Cristóbal Cubillos Buitrago (†) fue víctima de una ejecución extrajudicial,
perpetrada por miembros de la Compañía Cazador, adscritas al Batallón de Infantería
nro. 34 Juanambú del Ejército Nacional, el 2 de octubre de 2002, en desarrollo de la
operación nro. 110 «OSO», en la finca «La Viña» en Puerto Guzmán (Putumayo),
presentándolo erradamente como «baja en combate».
El Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar, el 7 de febrero de 2003, dio inicio a la
investigación nro. 1795, para esclarecer los hechos sobre el homicidio del señor
Cristóbal Cubillos Buitrago (†). El 15 de octubre de 2009, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió un conflicto negativo de
competencias y asignó el conocimiento de la investigación a la Jurisdicción Penal
Ordinaria en cabeza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
Por su parte, la Fiscalía 39 Seccional de Vida de Mocoa creó el expediente nro. 86-1-
6681 por el homicidio de Cristóbal Cubillos, el cual fue archivado mediante Resolución
del 12 de enero de 2005, y el 4 de junio de 2009 se ordenó reabrir la investigación.
Mediante Resolución 2013- 62191 del 8 de febrero de 2013, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas ordenó la inclusión de la familia Cubillos Ordóñez
en el Registro Único de Víctimas por los hechos de homicidio, desplazamiento forzado
y amenazas.
Medio de control de reparación directa
El 24 de enero de 2019, los señores Aura Ligia Ordoñez Riascos (esposa de la víctima
directa); Pedro Antonio Cubillos Muñoz (padre de la víctima directa); Aura Nury
Cubillos Ordoñez, Luz Marina Cubillos Ordoñez, Derly Cubillos Ordoñez, Neftali
Cubillos Ordoñez, María Liliana Cubillos Ordoñez, Oscar Cubillos Ordoñez, Yoiner
Alexis Cubillos Ordoñez, Jenny Maryury Cubillos Ordoñez, Alexander Cubillos
Ordoñez (hijos de la víctima directa); y, Jhenifer Medina Cubillos, Laura Valentina
Cuellar Cubillos, Eduard Jhony Medina Cubillos y María del Mar Zambrano Cubillos
(nietos de la víctima directa) promovieron medio de control de reparación directa en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se
les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y
perjuicios causados con ocasión de la muerte violenta de Cristóbal Cubillos Buitrago
(†), ocurrida el 2 de octubre de 2002.
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Demandante: Luz Marina Cubillos Ordóñez y otros
El Juzgado Sesenta y dos Administrativo de Bogotá, en sentencia de 28 de
febrero de 2022, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte
demandada y condenó en costas a la parte demandante, al considerar que estos
últimos tuvieron pleno conocimiento tanto del hecho dañoso, como de la presunta falla
del servicio del Estado con 10 años de antelación y no acreditaron circunstancias que
les haya impedido acceder a la administración de justicia en tiempo, por lo tanto,
concluyó que, la demanda fue interpuesta por fuera del término contemplado en el
literal i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
considerar que no se configuró la caducidad del medio de control, porque en el
momento de interposición de la demanda, se encontraba vigente el criterio del
Consejo de Estado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad,
como las ejecuciones extrajudiciales. Que, se dio aplicación retroactiva a la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, que fijó un criterio diferente sobre caducidad,
afectando sus derechos adquiridos y expectativas legítimas, en contravía del principio
de seguridad jurídica. Además, la decisión es contraria a los estándares
internacionales en los que se considera la ejecución extrajudicial un crimen
imprescriptible. Finalmente, afirmaron que no pudieron demandar dentro del término
ordinario porque, tras el homicidio de Cristóbal Cubillos Buitrago (†), enfrentaron
intimidaciones y amenazas, pudiendo acudir a la justicia solo años después, cuando
existió un contexto de mayor seguridad y fueron inscritos en el Registro Único de
Víctimas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia de 12 de junio de 2025, revocó el numeral en el que se impuso
la condena en costas de primera instancia y confirmó en lo demás la sentencia
apelada. Lo anterior al considerar que, acorde con las pruebas aportadas al proceso
estaba acreditado que los familiares de Cristóbal Cubillos Buitrago (†), tuvieron
conocimiento inmediato y directo de los hechos desde el 2 de octubre de 2002 (fecha
del homicidio) quienes identificaron desde entonces la participación de miembros del
Ejército Nacional, y que tal conocimiento fue ratificado por las víctimas con la
ampliación formal de las declaraciones en el mes de agosto de 2009, por lo que a
partir de esa fecha se activó el término de caducidad y venció en agosto de 2011. Por
lo que concluyó que, la demanda se presentó por fuera del plazo legal sin que se
acreditara una causa objetiva que hubiese impedido el ejercicio oportuno de la acción.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente, pues se dio aplicación retroactiva a la sentencia
de unificación del Consejo de Estado, de 29 de enero de 2020, dictada en el proceso
con radicado 85 001 33 33 002 2014 00144 01 (61.033), en la cual se modificaron los
criterios para efectos del cómputo de caducidad, cuando se reclama la reparación de
perjuicios por la configuración de un delito de lesa humanidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se radicó
cuando todavía no se había proferido dicho precedente, por lo que no resultaba
aplicable a su caso.
Que, la autoridad judicial accionada no tuvo en consideración las circunstancias
especiales que rodeaban el caso, pues para la época de interposición del medio de
control, los demandantes ostentaban la condición de desplazados, según Resolución
2013- 62191 de 8 de febrero de 2013, expedida por la Unidad para la Atención y
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Reparación Integral a las Víctimas y tampoco se tuvo en cuenta la situación de
violencia de la zona donde residían y la falta de confianza, como población campesina,
que tenían respecto de las autoridades públicas, lo que les impidió acudir en tiempo a
promover el medio de control de reparación directa.
Señaló que, la investigación penal por el homicidio de Cristóbal Cubillos (†) estuvo
llena de irregularidades y demoras, extendiéndose por más de una década entre
cesaciones, conflictos de competencia, archivos y reaperturas. Solo hasta 2017 la
Fiscalía ordenó un concepto evaluativo para determinar si el caso debía ser asumido
como violación de derechos humanos.
Aseguró que, el Tribunal desconoció el precedente vigente a la fecha de presentación
de la demanda y aplicó de manera inmediata la sentencia de unificación del año 2020,
sin tener en cuenta que dicho cambio, podía vulnerar derechos fundamentales.
Además, no analizó las particularidades del caso que permitían exceptuar la
caducidad en situaciones de graves violaciones de derechos humanos, como
ejecuciones extrajudiciales, para asegurar el acceso a la justicia y la reparación
integral de las víctimas.
Conforme con lo anterior, consideró que no se tuvo en cuenta el criterio de la Corte
Constitucional para efectos de aplicar el precedente, referente a que las acciones
radicadas antes de la sentencia de unificación debían ser valoradas por los jueces,
atendiendo las circunstancias particulares de cada caso para observar si aplicar la
regla de unificación pone en riesgo derechos fundamentales de las partes dentro del
proceso.
Trámite previo
El 26 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los accionantes, a la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como
demandado y a María del Mar Zambrano Cubillos, al Juzgado 62 Administrativo de
Bogotá y a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, como terceros con
interés.
4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, porque
no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.
Aseguró que los tutelantes no cumplieron con la carga de señalar cuál fue el
precedente jurisprudencial que se desconoció en la sentencia cuestionada. Que, por
el contrario, la decisión acusada acogió el criterio desarrollado por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, según
el cual, «(…) el término de caducidad del artículo 164 del CPACA resulta exigible aun en los
casos en los que se alega la comisión de delitos de lesa humanidad, salvo que se acrediten
impedimentos reales y verificables que imposibiliten el acceso oportuno a la administración
de justicia».
Que, en el caso bajo estudio, estaba acreditado que, desde los años 2009 y 2012, los
familiares de la víctima tenían conocimiento claro, directo y suficiente de la ocurrencia
del daño y de la participación de agentes estatales, en atención a las declaraciones
que hicieron ante la Fiscalía Seccional de Mocoa y la Personería de Curillo, por lo
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tanto, en esos momentos se activó la carga procesal de acudir a la jurisdicción dentro
del término previsto en la norma. Que, en esa medida, en la sentencia acusada se
aplicaron las disposiciones legales vigentes y las reglas jurisprudenciales vinculantes,
sin vulnerar los derechos fundamentales deprecados por los tutelantes.
5. Terceros con interés
El Juzgado Sesenta y dos Administrativo de Bogotá solicitó que se le desvinculara
del trámite de la presente acción de tutela, porque no ha vulnerado ningún derecho
fundamental de la parte actora y la decisión que adoptó en primera instancia, dentro
del medio de control de reparación directa, se sustentó con suficiencia en las normas
y jurisprudencia aplicables, con estricta observancia en las pruebas aportadas al
expediente.
Señaló que, en la sentencia de primera instancia se concluyó que, aunque la muerte
de Cristóbal Cubillos Buitrago (†) ocurrió en el 2002, la caducidad debía contarse
desde que los demandantes tuvieron certeza sobre la participación del Ejército
Nacional en los hechos, lo cual ocurrió el 3 de julio de 2009, cuando dos de las hijas
de la víctima directa declararon en el proceso penal y reconocieron tal intervención.
Sin embargo, la demanda de reparación directa se presentó hasta el año 2019, es
decir, después de diez (10) años, sin que se demostrara algún impedimento o
justificación en la demora en promover el medio de control. Que, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó dicho análisis, en la sentencia de segunda
instancia, destacando que la decisión se basó en las pruebas aportadas al expediente
y no fue arbitraria.
El Ministerio de Defensa pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de
la referencia, pues no satisface el requisito general de relevancia constitucional,
porque: (i) la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para
sustentar el defecto por desconocimiento del precedente alegado, teniendo en cuenta
que la decisión cuestionada se sustentó en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado; y, (ii) las
pretensiones están orientadas a constituir una instancia adicional del proceso de
reparación directa, en la cual se reabra la discusión que ya se dio ante el juez natural
de la causa.
Aseveró que, no se configuró el desconocimiento del precedente alegado y la decisión
adoptada dentro del medio de control de reparación directa se encuentra acorde a
derecho, pues se sustentó en las pruebas aportadas, las normas que rigen el caso y
la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado, destacando la aplicación de la
sentencia de unificación ya referida. Aunado a ello, señaló que se tuvo en cuenta la
interpretación que la Corte Constitucional ha dado sobre la contabilización de la
caducidad para los casos de lesa humanidad.
6. Sentencia de primera instancia
El 6 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia de tutela de primera instancia, en la cual negó la solicitud de
desvinculación propuesta por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá y
negó las pretensiones, al considerar que no se han vulnerado los derechos alegados
por la parte actora.
Indicó que no se configuró el desconocimiento del precedente, pues la decisión
cuestionada aplicó de manera correcta la sentencia de unificación del 29 de enero de
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2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que se fijó el alcance del término de caducidad para el ejercicio del medio de control
de reparación directa derivado de delitos de lesa humanidad.
Precisó que la sentencia del 5 de septiembre de 2016 no constituía precedente
uniforme, porque para ese momento las Subsecciones B y C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado consideraban que los delitos de lesa humanidad no estaban
sujetos a caducidad, mientras que la Subsección A sostenía lo contrario. Que, antes
de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, no existía un criterio
consolidado sobre la caducidad del medio de control de reparación directa por graves
violaciones a los derechos humanos.
Que, en la medida en que a la fecha en que se profirió la decisión se encontraba
vigente la sentencia de unificación, el Tribunal accionado debía aplicar las reglas allí
fijadas, las cuales conforme con lo previsto por la Corte Constitucional en sentencia
T-044 de 2022, tiene efectos retrospectivos y se aplican a los procesos en curso.
7. Impugnación
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, reiterando los argumentos del
escrito de tutela y precisando que:
La autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que, en el momento en que profirió
la decisión, el criterio jurisprudencial preponderante reconocía la imprescriptibilidad
del medio de control de reparación directa cuando el daño derivaba de delitos de lesa
humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. Aunado a ello, indicó que
la Corte Constitucional ha reiterado que el juez debe aplicar la jurisprudencia vigente
al momento del acto procesal y que cuando existe un cambio de línea jurisprudencial,
su aplicación inmediata exige una motivación reforzada y una ponderación cuidadosa
de los derechos involucrados.
Que, se dio aplicación a la sentencia de unificación del año 2020, sin tener en cuenta
las condiciones particulares de los demandantes. Así, el A quo avaló la aplicación
regresiva del precedente, desconociendo el bloque de constitucionalidad y los tratados
internacionales sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Indicó que, aunque la jurisprudencia debe aplicarse de manera inmediata, el juez tiene
el deber de verificar si su aplicación vulnera derechos fundamentales, especialmente
en los casos de graves violaciones de derechos humanos o cuando se encuentran
involucrados sujetos de especial protección.
Que, en atención al cambio jurisprudencial, el Tribunal no valoró las nuevas exigencias
derivadas de dicho precedente, ni ponderó de manera adecuada los derechos de las
víctimas, quienes eran personas desplazadas, conforme con la Resolución 2013-
62191 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Además,
no tuvo en cuenta que la población campesina desplazada enfrenta barreras
materiales, psicológicas y contextuales para acceder a la justicia, de ahí que la Corte
Constitucional ha señalado que en estos casos deben aplicarse principios de
flexibilidad procesal y favorabilidad.
Aseguró que, se vulneró el principio de confianza legítima, al dar aplicación de manera
retroactiva al nuevo criterio de caducidad, cuando los demandantes actuaron
conforme al precedente que consideraba imprescriptibles las acciones por delitos de
lesa humanidad. Esta retroactividad afectó los derechos a la igualdad, al debido
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proceso y al acceso a la justicia. Que, además, contrario a la jurisprudencia
constitucional y de la Corte Interamericana, la decisión creó una barrera que impidió
el análisis judicial de una ejecución extrajudicial, cerrando el acceso a la jurisdicción y
convalidando una decisión regresiva sin la debida motivación ni ponderación exigidas
por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, porque no se advierte
que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al proferir la sentencia de 12 de junio de 2025, que confirmó la decisión
de primera instancia de declarar la caducidad del medio de control de reparación
directa, hubiese incurrido en defecto por desconocimiento del precedente alegado por
la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos; (i) la
verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad; y, (ii) el
desconocimiento del precedente en el caso concreto.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones
por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un
asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la
ratio decidendi. Tampoco se emplea como una instancia adicional pues, aunque en
las decisiones de primera y segunda instancia se declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa, los argumentos propuestos están orientados a la
protección de garantías superiores, como la reparación integral, según la cual el
Estado debe resarcir los perjuicios que cause por su acción u omisión.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando los derechos fundamentales de la
parte actora, en la medida que se trata de un asunto donde se cuestiona la
responsabilidad del estado por un delito de lesa humanidad, que comporta violación
de derechos humanos.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 12 de junio de 2025, notificada
mediante correo electrónico enviado el 13 de junio de 2025, y el ejercicio de acción de
tutela tuvo lugar el 22 de agosto de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuró el defecto por desconocimiento del
precedente invocado.
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Del desconocimiento del precedente judicial 4 en el caso concreto
La parte actora interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se deje sin
efectos la sentencia de 12 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión de primera
instancia de declarar la caducidad del medio de control de reparación directa que
promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin
de que se les indemnizara por los perjuicios recibidos por la ejecución extrajudicial de
Cristóbal Cubillos Buitrago (†), el 2 de octubre de 2002, el cual fue considerado un
delito de lesa humanidad.
Lo anterior al considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, pues aduce que fue indebidamente aplicada
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, para determinar que en estos eventos se aplicaba el término
de caducidad del medio de control de reparación directa.
Los tutelantes señalaron que, no se tuvo en cuenta que a la fecha de presentación de
la demanda el precedente vigente determinaba la imprescriptibilidad de los procesos
donde se debatieran delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos
fundamentales. Aunado a ello, no se tuvo en cuenta las particularidades del caso,
pues los demandantes eran campesinos víctimas de desplazamiento forzado.
Al respecto, advierte la Sala que en la sentencia cuestionada se declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa, por las siguientes razones:
«63. De lo hasta aquí expuesto, la Sala destaca que tanto en los eventos de delitos de lesa
humanidad o cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, el juez debe tener en cuenta el término de caducidad consagrado en el artículo
164 del CPACA, por tal razón, de establecerse que la muerte del señor Cristóbal Cubillos se enmarca
en delito de lesa humanidad, no incide en el conteo de la caducidad, según lo determinó el Consejo
de Estado en la referida sentencia de unificación, pues se reitera que para todos los casos, incluidos
tales los delitos, se debe hacer el cómputo de la caducidad fijada por el legislador en la Ley 1437 de
2011.
(…)
66. En ese orden de ideas, se recuerda que la muerte del señor Cristóbal Cubillos ocurrió el 2 de
octubre de 2002, sin embargo, desde esa fecha no se puede realizar el cómputo de la caducidad,
toda vez que conforme el material probatorio aportado, se observa que las víctimas conocieron o
hicieron alusión a la participación del Estado en la muerte del familiar tiempo después.
67. Al respecto, se tiene que el homicidio del señor Cristóbal Cubillos fue investigado en primera
medida por el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar, en razón que según el informe No. 2510-
DIV4-BR12-BIJUA-S2-INT-252 de fecha 3 de octubre de 2022 suscrito por el Comandante-Batallón
de Infantería No. 34 Juanambu, se puso de presente que en virtud de la operación “Oso” resultó
muerto el referido sujeto con el alias “El Alacrán”. En virtud de la comunicación, mediante auto del 7
de febrero de 2003, se ordenó escuchar en declaración al ST Johan Slead Gelvez Peña como
uniformado que llevó adelante la operación y cualquier otra persona que presenciara los hechos (a.
1 fl 185).
4
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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68. Por ende, el respectivo uniformado el día 11 de febrero de 2003 (a. 1 fl. 189) explicó que en un
enfrentamiento con miembros de un grupo subversivo “entonces tratamos de encerrar el grupo que
estaba en el centro cuando los bandidos emprendieron la huida fue dado de baja en intercambio de
disparos el sujeto CUBILLOS CRISTOBAL, quién portaba un arma calibre 22 19 cartuchos para la
misma un proveedor un IOC y un radio scanner. Reporte al Comando del Batallón la baja. Como la
cantidad de tropa que estaba conmigo era poca, teníamos que evacuar el departamento del
Putumayo por el gran poder de concentración rápida de los terroristas, entonces lo embarcamos en
una lancha y lo sacamos hasta CURILLO, en donde se realizó la diligencia de levantamiento del
cadáver por parte de la policía de CURILLO”.
69. Con lo explicado por el uniformado, en decisión del 9 de octubre de 2008 (a. 1 fl. 293) el Juzgado
66 de Instrucción Penal Militar decidió cesar la investigación, al acreditarse que se trató de un
enfrentamiento con grupos subversivos, decisión que fue notificada por edicto el día 15 de octubre
de 2008. Sin embargo, de forma paralela la señora Aura Ligia Ordoñez (esposa del señor Cristóbal
Cubillos) interpuso denuncia ante el Fiscal 39 Seccional de Mocoa, por lo que el ente acusatorio,
procedió a la práctica de varias declaraciones, entre ellas la de la señora Luz Marina Cubillos
Ordoñez del 9 de julio de 2009 (hija del occiso) (…).
70. Igualmente, se recibió la declaración de la señora Aura Nury Cubillos Ordoñez (hija del occiso),
que el 24 de julio de 2009 indicó (…)
71. Luego, el 3 de agosto de 2009 se practicó la ampliación de la declaración de la señora Aura Nury
Cubillos Ordoñez (a. 1 fl. 345), quien afirmó en esa ocasión (…).
72. El 3 de agosto de 2009 se recibió una nueva declaración de la señora Luz Marina Cubillos (hija
del occiso), quien refirió (…)
73. Ahora, según el informe evaluativo No. 16 rendido por la Fiscalía General de la Nación, se puso
de presente que la señora Aura Ligia Ordoñez (Esposa del occiso), en la denuncia presentada
sostuvo que un grupo de 15 hombres uniformados calificaron de guerrillero al señor Cristóbal
Cubillos y en el momento en que intentó huir fue dado de baja.
74. Conforme a las pruebas obrantes en el proceso, puede afirmarse que las víctimas conocieron el
fallecimiento del señor Cristóbal Cubillos Buitrago y la intervención de agentes del Estado el mismo
día en que ocurrieron los hechos —2 de octubre de 2002—, lo cual fue posteriormente corroborado
por la Fiscalía General de la Nación al momento de practicar las respectivas declaraciones
testimoniales en los meses de julio y agosto de 2009.
75. En efecto, tanto la señora Aura Nury Cubillos Ordóñez como la señora Aura Ligia Ordóñez,
esposa del occiso, se encontraban en la finca La Viña cuando se produjeron los hechos, por lo que
fueron testigos del operativo armado realizado por efectivos del Ejército Nacional en asocio con
civiles armados (presuntamente miembros de grupos paramilitares), que culminó con la ejecución
del señor Cristóbal Cubillos.
76. En las declaraciones rendidas por las hijas del fallecido ante la Fiscalía —en especial la de la
señora Aura Nury Cubillos del 24 de julio de 2009— se relató con detalle cómo, estando en el interior
de la vivienda familiar, escucharon los disparos que acabaron con la vida de su padre, fueron
posteriormente retenidas por los armados y presenciaron el allanamiento de la vivienda por parte del
Ejército, así como el traslado del cuerpo sin vida. Esta información se complementa con el testimonio
de la señora Luz Marina Cubillos Ordoñez, quien, si bien no se hallaba en el lugar, corroboró que
sus familiares —madre, hermanos y abuelos— presenciaron directamente los hechos, los cuales le
fueron narrados de forma inmediata.
77. Así mismo, el informe evaluativo N.º 16 de la Fiscalía General de la Nación recoge la denuncia
interpuesta por la esposa del occiso, quien señaló expresamente que un grupo de quince hombres
uniformados dio muerte al señor Cristóbal Cubillos tras calificarlo como guerrillero. Este
señalamiento directo evidencia que la familia no solo tuvo conocimiento del deceso desde el primer
momento, sino que tuvo claridad desde el inicio sobre la intervención estatal en su comisión.
78. Por lo tanto, el conocimiento del hecho dañoso y de su presunta imputabilidad al Estado se
produjo desde el 2 de octubre de 2002, sin embargo, desde que se hizo latente ese conocimiento
fue hasta el 3 de agosto de 2009, cuando se ampliaron las declaraciones de las víctimas, por lo que
el conteo de caducidad debe iniciarse desde esa fecha.
79. En consecuencia, los dos años descritos en el artículo 136 del CCA (vigente para la fecha de los
hechos), vencieron el 4 de agosto de 2011, pero la demanda se presentó hasta el 24 de enero de
2019, es decir de forma extemporánea, por lo que hay lugar a confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.»
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Acorde con lo anterior, se evidencia que, en la providencia cuestionada, el Tribunal
puso de presente que se estaba analizando una ejecución extrajudicial (falsos
positivos), el cual ha sido catalogado un delito de lesa humanidad. Sin embargo, dio
aplicación a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, para determinar que en estos eventos se
aplicaba el término de caducidad del medio de control de reparación directa.
Al respecto debe indicarse que, ante la disparidad de criterios que existían sobre el
cómputo de caducidad en las demandadas de reparación directa donde se reclamaba
la indemnización de delitos de lesa humanidad, la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia del 29 de enero de 2020, unificó jurisprudencia para determinar
que, salvo en los casos de desaparición forzada, el término de caducidad del medio
de control de reparación directa que contiene pretensiones indemnizatorias por delitos
de lesa humanidad es el previsto en la ley, así:
«UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación
con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por
el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.».
Conforme con lo anterior, mientras no existan elementos que permitan deducir que el
Estado participó en la acción u omisión que generó el daño y que dicha conducta le
sea atribuible, no procede exigir el plazo de caducidad para la acción de reparación
directa. Sin embargo, si la persona afectada tenía la posibilidad de inferir esa
implicación y no acudió a la jurisdicción competente, el juez debe declarar que el
derecho de acción no se ejerció oportunamente. Esta regla se aplica a todos los casos
de reparación directa, independientemente de que se trate de delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra, ya que ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de
2011 contemplan una disposición especial para estos supuestos, salvo lo relativo al
delito de desaparición forzada. Además, esta postura fue reiterada y avalada por la
Corte Constitucional en las sentencias SU 312 de 2020, T- 044 de 2022, T-354 de
2023 y SU – 439 de 2024.
Con base en el anterior criterio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, determinó que las demandantes tenían conocimiento de la
presunta responsabilidad del Estado desde el año 2009, cuando dos de las hijas de la
víctima directa, presentaron declaraciones dentro del proceso penal, indicando de
manera detallada las circunstancias de fallecimiento de su padre cerca de su vivienda,
donde ellas fueron testigos presenciales y responsabilizando al Ejército Nacional por
lo ocurrido, razón por la que consideró que el término de caducidad se cumplía el 4
de agosto de 2011, pero el medio de control de reparación directa se promovió hasta
el año 2019.
La parte actora alegó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 no podía
aplicarse al caso objeto de estudio, porque no se había proferido para la fecha en que
se interpuso la demanda del medio de control de reparación directa.
Sin embargo, el alegato de los tutelantes no es de recibo, por cuanto el criterio
jurisprudencial contenido en dicha sentencia resulta plenamente aplicable, en la
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medida en que, para la fecha en que se profirió la decisión judicial objeto de
controversia, ya se encontraba vigente y, por tanto, era obligatorio para el operador
jurídico tenerlo en cuenta al momento de resolver el asunto. Así, la autoridad judicial
estaba llamada a aplicar el precedente unificador, garantizando la coherencia y
uniformidad en la interpretación del ordenamiento jurídico.
Cabe precisar que, en la referida sentencia de unificación, la Sección Tercera del
Consejo de Estado no determinó los efectos en el tiempo de esa decisión. No
obstante, la Corte Constitucional, en la sentencia T-354 de 20235, aclaró que el
precedente debía aplicarse de manera inmediata a los procesos de reparación directa
que se encontraran en curso, así:
«(…) el precedente vinculante para la autoridad judicial es aquel que se encuentre en vigor al
momento de fallar el caso y sólo de manera excepcional, el juez puede apartarse de la regla
jurisprudencial aplicable. En esa misma línea, el Consejo de Estado explicó que el precedente es de
aplicación inmediata y cubre incluso aquellos casos que están pendientes de pronunciamiento por
parte de las autoridades judiciales. Igualmente, dicha corporación reconoció, como excepcional, la
posibilidad de apartarse del criterio jurisprudencial (…).
117. Así, el precedente judicial que realiza el juez, producto de la función creadora y de integración
del derecho6, adquiere fuerza vinculante para los operadores judiciales desde el momento en que la
decisión queda ejecutoriada y, por ende, debe ser aplicado a todos los casos en los que no se haya
dictado la decisión que ponga fin al proceso, siempre y cuando no se modulen sus efectos. En otras
palabras, la regla general consiste en que los jueces deben fallar teniendo en cuenta el criterio
jurídico vigente al momento en el que se profiere la respectiva sentencia. (…) que las reglas y
subreglas de unificación adoptadas en la decisión del 29 de enero de 2020 por el Consejo de Estado
son de aplicación inmediata para los procesos que a la fecha se encontraban en curso.»
Por tanto, a la luz de lo expuesto, encuentra la Sala que las decisiones citadas por la
parte actora no resultan aplicables en este caso, ya que la jurisprudencia vigente
establece que el precedente judicial debe aplicarse de manera inmediata a todos los
procesos que se encuentren en curso al momento de su ejecutoria, salvo que se
disponga expresamente lo contrario. Esta interpretación, respaldada por la Corte
Constitucional en la sentencia T-354 de 2023, garantiza la coherencia y uniformidad
en la administración de justicia, asegurando que los jueces resuelvan conforme al
criterio jurídico vigente al momento de dictar sentencia. En consecuencia, las reglas y
subreglas de unificación adoptadas por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020
son de aplicación inmediata para los procesos que, a esa fecha, se encontraban en
trámite.
Además, se debe indicar que acorde con el precedente jurisprudencial desarrollado
por el Consejo de Estado, ya citado – sentencia del 29 de enero de 2020 -, se aplica
el término de caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta
que, «(…) las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad
penal en los casos de lesa humanidad y los crímenes de guerra también se encuentran
previstas en el campo de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del
conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de
que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra».
5
M.P. Natalia Ángel Cabo.
6
Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo: “…la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el
ejercicio de sus funciones y ‘en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.’ Sin embargo, es ampliamente
aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de
interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable
al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un
complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de
silogismos jurídicos”.
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A partir del criterio jurisprudencial previamente expuesto, la autoridad judicial realizó
un análisis del conjunto de pruebas aportadas al expediente, con el objetivo de
establecer con precisión la fecha en que los demandantes adquirieron conocimiento
sobre la presunta responsabilidad del Ejército Nacional en el fallecimiento de Cristóbal
Cubillos Buitrago (†). Para ello, la autoridad judicial valoró especialmente la ampliación
de unas declaraciones dadas por familiares del occiso dentro del proceso penal, en el
año 2009, en la que relataban como ocurrieron los hechos y la responsabilidad de la
entidad castrense, y si bien, determinó que desde el año 2002, las hijas tuvieron
conocimiento de la presunta responsabilidad por ser testigos presenciales, contabilizó
el término de caducidad del medio de control desde la referida ampliación de las
declaraciones.
Cabe señalar que existen precedentes en los que, ante la existencia de dudas sobre
el momento en que los afectados tuvieron conocimiento de la responsabilidad de los
agentes del Estado en delitos de lesa humanidad, se ha considerado válido tomar
como fecha cierta para el cómputo del término de caducidad, entre otras, la fecha en
que se dicta el pliego de cargos en el proceso penal o la sentencia condenatoria. Esta
interpretación busca garantizar que el acceso a la justicia no se vea limitado por
incertidumbres respecto al conocimiento efectivo de la implicación estatal en los
hechos.
Sin embargo, en el presente caso, dicha situación no genera controversia, ya que
desde el inicio se tuvo certeza de que fueron miembros del Ejército Nacional quienes
causaron la muerte del señor Cristóbal Cubillos Buitrago (†). Por tanto, el debate en
los procesos disciplinario y penal no giró en torno a la autoría de los hechos, sino a
las circunstancias específicas en que estos ocurrieron y a la valoración jurídica de las
mismas.
Ahora, en cuanto al alegato según el cual no se tuvieron en cuenta las particularidades
del caso, donde se cuestionaba la responsabilidad del Estado por un delito de lesa
humanidad y las condiciones de desplazamiento de los demandantes, la Sala advierte
que dicho argumento carece de sustento, pues de la lectura de la providencia acusada
se desprende que el Tribunal sí valoró estas circunstancias especiales.
No obstante, concluyó que las mismas no constituyeron un impedimento insuperable
que justificara la inactividad procesal de la parte actora durante más de una década,
máxime cuando quedó demostrado que las víctimas realizaron actuaciones ante la
Fiscalía y la Personería mucho antes de la presentación de la demanda, lo que
desvirtuaba la supuesta imposibilidad de acceso a la justicia.
Frente a este argumento, la sentencia cuestionada indicó:
«96. Así, el apoderado de la parte actora afirmó que debido a amenazas no se pudo interponer en
tiempo el medio de control de reparación directa, sin embargo, como se precisó en líneas anteriores,
ello fueron afirmaciones generales sin ningún soporte probatorio, pues no se describió de forma
detallada, como los demandantes no pudieron instaurar la demanda en tiempo, pese a que desde el
2009 y 2012 denunciaron ante varias autoridades que uniformados del Ejército Nacional
arremetieron en contra del señor Cristóbal Cubillos.
97. Pues se recuerda que la señora Aura Ligia Ordonez (esposa del occiso), presentó denuncia ante
la Fiscalía General de la Nación, lo que produjo que se escuchara en declaración a las señoras Aura
Nury Cubillos y Luz Marina Cubillos Ordoñez para los meses de julio y agosto de 2009, quienes
coincidieron en afirmar que uniformados del Ejército Nacional fueron quienes arremetieron contra la
humanidad del señor Cristóbal Cubillos para el mes de octubre de 2002. Situación que fue
corroborada ente la personería de Curillo en el año 2012 con el fin de ser reconocidas como víctimas
del conflicto armado en Colombia. Es así, que no se probó alguna circunstancia que les impidiera
acudir a la administración de justicia en ejercicio de la Reparación Directa.
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Demandante: Luz Marina Cubillos Ordóñez y otros
98. Por tanto, no puede pretenderse trasladar el punto de partida del término de caducidad a un
momento posterior, cuando ya se había consolidado desde años antes el conocimiento suficiente
para accionar judicialmente.»
Conforme con lo anterior, se evidencia, que la autoridad judicial accionada valoró la
situación particular alegada por los demandantes, señalando que las mismas no
justificaban la tardanza en la interposición de la demanda. Aunado a ello, en sendos
párrafos reiteró que el término de caducidad se contabilizaba desde que se tenía
certeza del hecho dañoso y la presunta responsabilidad del Estado, razón por la que
se desestima el argumento según el cual tenía que tenerse en cuenta la fecha
posterior.
Así las cosas, la Sala concluye que no se configuró el defecto por desconocimiento
del precedente alegado, pues la interpretación de la autoridad judicial accionada fue
razonable y se ajustó a los parámetros constitucionales y legales. Por lo tanto, se
confirmará el fallo impugnado que negó las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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