Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05242-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05242-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05242-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Improcedencia de acción de tutela contra providencia judicial, debido al
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala1 procede a resolver la impugnación presentada por la sociedad demandante
contra la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado 2.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 25 de agosto de 20253, HDI Seguros Colombia S.A. (antes Liberty Seguros
S.A.) 4 instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso 5.
Hechos relevantes 6
2. El 1° de octubre de 2018, Luz Helena López Hoyos, Soraya Calderón López y Edi
Hernando Calderón Concha presentaron demanda de reparación directa contra el
Hospital San Vicente de Ferrer ESE y Dumian Medical S.A.S., con el propósito de
que fueran declaradas responsables por la afectación permanente de la marcha del
señor Calderón Concha, derivada del diagnóstico y tratamiento tardíos y
defectuosos de una fractura de pelvis.
1
El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2
El expediente fue ingresado al despacho del consejero ponente el 4 de diciembre de 2025, a efectos
de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
3
Anotación contenida en el índice 2 del expediente de primera instancia.
4
Por medio de escrito del 24 de enero de 2025 —identificado con el certificado
«3A0CFC6D2EF977BB (…)» y ubicado en el índice 6 del expediente 76111-33-33-003-2018-00293-
01, almacenado en Samai—, HDI Seguros Colombia S.A. informó al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que absorbió a HDI Seguros S.A., razón social a la cual mutó Liberty Seguros mediante
la escritura pública 1922 del 15 de agosto de 2024, elevada ante la Notaría 65 de Bogotá.
5
Archivo identificado con el certificado «AE5667B296DE1137 (…)», ubicado en el índice 2 del
expediente de primera instancia.
6
Extraídos de lo expuesto en la demanda de tutela y de los documentos obrantes en el expediente
del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-00/01, dentro del cual se profirieron las providencias
cuestionadas por la sociedad accionante, como se expondrá más adelante.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
3. La anterior demanda dio origen al proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01 y fue
admitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga (Valle del Cauca) mediante
auto del 26 de octubre de 2018. Posteriormente, fue contestada por el Hospital San
Vicente de Ferrer, el cual formuló llamamiento en garantía contra La Equidad
Seguros Generales y Liberty Seguros, hoy HDI Seguros Colombia, debido a la
suscripción de contratos de seguro con una y otra.
4. Tal llamamiento fue admitido por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga
mediante auto del 25 de agosto de 2020, que fue efectivamente notificado a Liberty
Seguros mediante un mensaje de correo electrónico enviado el 1° de julio de 2022.
5. Esa compañía aseguradora contestó la demanda y el llamamiento el 7 de julio de
2023, alegando, entre otras cuestiones, las siguientes: primero, que el llamamiento
en garantía formulado en su contra era ineficaz, en tanto el auto por el cual se
admitió ese acto procesal fue notificado por fuera del término de seis meses
establecido en el artículo 66 del Código General del Proceso (CGP); segundo, que
los hechos expuestos en la demanda de reparación directa evidenciaban una
denegación de la atención por parte del Hospital San Vicente de Ferrer, lo que
correspondía a un riesgo expresamente excluido del amparo contemplado en el
contrato de seguro; y, tercero, que dicho hospital prestó sus servicios al señor
Calderón Concha antes de la suscripción del contrato de seguro, lo cual constituía
una causal de exclusión de los amparos establecidos en este.
6. Durante la audiencia inicial, celebrada el mismo 7 de julio, Liberty Seguros insistió
en que el llamamiento en garantía formulado en su contra era ineficaz y, en
consecuencia, solicitó que ello fuera declarado.
7. El Juzgado Tercero Administrativo de Buga negó la anterior solicitud en la misma
audiencia, argumentando, primero, que la supuesta ineficacia del llamamiento en
garantía no constituía una situación que requiriera una medida de saneamiento; y,
segundo, que el artículo 66 del CGP no resultaba aplicable, debido al carácter
residual de la aplicación de ese estatuto procesal en los procesos contencioso-
administrativos.
8. Liberty Seguros interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en
subsidio del de reposición. Sin embargo, el Juzgado Tercero Administrativo de Buga
mantuvo su decisión, insistiendo en el carácter residual de la aplicación del CGP y
resaltando que en los procesos tramitados ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, a diferencia de aquellos surtidos en la jurisdicción ordinaria, las
providencias son notificadas por el despacho, no por la parte interesada. Además,
rechazó el recurso de apelación por improcedente.
9. Al alegar de conclusión, Liberty Seguros insistió en la ineficacia del llamamiento
en garantía formulado en su contra, así como en la configuración de causales de
exclusión de los amparos contemplados en el contrato de seguro suscrito con el
Hospital San Vicente de Ferrer.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
10. Mediante sentencia del 24 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo de Buga negó las pretensiones de reparación directa de Luz Helena
López Hoyos, Soraya Calderón López y Edi Hernando Calderón Concha, con
fundamento en que no se probó que la afectación en la marcha sufrida por este
último fuera consecuencia de un diagnóstico erróneo o de un tratamiento
defectuoso.
11. La anterior decisión fue apelada y, mediante sentencia del 28 de mayo de 2025,
fue revocada parcialmente por la Sala Mixta del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la cual, en consecuencia, adoptó las siguientes decisiones 7:
PRIMERO: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE al
HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DE ANDALUCÍA por los daños
causados al señor Edi Hernando Calderón Concha por falla del servicio médico
asistencial (…).
SEGUNDO: CONDENAR a la demandada, HOSPITAL SAN VICENTE
FERRER ESE DE ANDALUCÍA, a pagar los [p]erjuicios [m]orales causados a
los actores (…).
TERCERO: CONDENAR a las aseguradoras EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO y LIBERTY SEGUROS S.A. a
pagar al HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DE ANDALUCÍA las sumas
que, en la condena que aquí se impongan, que (sic) excedan del deducible total
de la pérdida, de acuerdo a las condiciones del contrato de seguro, sus límites,
las exclusiones y demás condiciones especiales, suma que deberá ser
reembolsada una vez la entidad accionada realice el respectivo pago de la
condena impuesta. (…)
En virtud [de] que existen 2 pólizas que se afectan debido a la fecha del siniestro
y a la fecha de reclamación, cada una de las aseguradoras responderá por el
50% de la condena, en los mismos términos indicados en el inciso anterior.
12. Para sustentar la decisión de declarar la responsabilidad del Hospital San
Vicente de Ferrer, la Sala Mixta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
explicó que esa entidad causó un deterioro en la salud del señor Calderón Concha,
en tanto incurrió en una falla del servicio «por no haber ordenado exámenes
médicos, ni el trasladado del paciente a un centro hospitalario de mayor nivel de
atención, si así lo requería, para la realización de los exámenes diagnósticos que
corroboraran la ausencia de lesiones[,] como tajantemente se afirmó en la primera
atención (…)».
13. Y, para condenar a Liberty Seguros, dicha sala expuso que se acreditó la
responsabilidad del Hospital San Vicente de Ferrer ESE, así como la existencia de
un contrato de seguro entre este y esa compañía aseguradora.
14. El 9 de junio de 2025, HDI Seguros Colombia, antes Liberty Seguros, solicitó la
adición de la sentencia del 25 de mayo de 2025. Esa solicitud se fundamentó en
que la Sala Mixta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no estudió los
7
Índice 18 del expediente 76111-33-33-003-2018-00293-01, almacenado en Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
argumentos relativos a la ineficacia del llamamiento en garantía y a la
materialización de causales de exclusión de los amparos contemplados en el
contrato de seguro.
15. La Sala Mixta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la anterior
solicitud mediante auto del 9 de julio de 2025, argumentando lo siguiente: primero,
que el alegato relativo a la ineficacia del llamamiento en garantía fue abordado por
el Juzgado Tercero Administrativo de Buga en la audiencia inicial; segundo, que en
la sentencia de segunda instancia se advirtió que la contestación de Liberty Seguros
fue extemporánea, motivo por el cual no podía ser tenida en cuenta; y, tercero, que
en la misma sentencia se indicó claramente que la condena impuesta a esa entidad
aseguradora debía ser pagada de conformidad con las exclusiones y demás
condiciones estipuladas en el contrato de seguro.
Pretensiones
16. En virtud de los hechos expuestos, HDI Seguros Colombia solicitó lo siguiente
(transcripción con posibles errores incluidos):
PRIMERO: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y [de] ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (…).
SEGUNDO: Que se AMPARE cualquier otro derecho fundamental
constitucional que se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los hechos
y las pruebas[,] con base en la facultad oficiosa del juez constitucional de tutela
y [en] el principio iura novit curia.
TERCERO: Que[,] como consecuencia de la declaración que antecede[,] se
ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la [s]entencia de [s]egunda [i]nstancia No. 119
del 28 de mayo de 2025 y el [a]uto [i]nterlocutorio No. 563 del 9 de julio de
2025[,] proferid[o]s por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del
proceso de reparación directa con radicado No. 76-111-33-33-003–2018-
00293-01.
CUARTO: Que[,] como consecuencia de la declaración que antecede[,] se
ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA (…)
PROFERIR UNA DECISIÓN DE REEMPLAZO de la [s]entencia de [s]egunda
[i]nstancia No. 119 del 28 de mayo de 2025 y, en su lugar, proceda a
DECLARAR la INEFICACIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA formulado
por el HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCÍA (…).
QUINTO: Que en subsidio de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA (…) PROFERIR UNA DECISIÓN
DE REEMPLAZO de la [s]entencia de [s]egunda [i]nstancia No. 119 del 28 de
mayo de 2025 y, en su lugar, proceda a ABSOLVER a HDI SEGUROS
COLOMBIA S.A. (antes Liberty Seguros S.A.) de toda responsabilidad
indemnizatoria[,] en razón a que la [p]óliza de [r]esponsabilidad No. 626562 no
presta cobertura material en virtud de las exclusiones pactadas.
Fundamentos de la demanda de tutela
17. A juicio de la sociedad demandante, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca debía efectuar un control de legalidad sobre todo el proceso, en virtud de lo
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
establecido en el segundo inciso del artículo 1878 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, según la
misma sociedad, ese control implicaba aplicar el artículo 66 del CGP y,
consecuentemente, declarar la ineficacia del llamamiento en garantía, con
independencia de lo resuelto en la audiencia inicial por el Juzgado Tercero
Administrativo de Buga.
18. En línea con lo anterior, HDI Seguros Colombia sostuvo que, al no declarar la
ineficacia del llamamiento aludido, el tribunal demandado desconoció e interpretó
incorrectamente el artículo 66 del CGP, incurriendo así en un defecto sustantivo.
19. Adicionalmente, adujo que dicho tribunal convalidó una conclusión errónea del
Juzgado Tercero Administrativo de Buga: la relativa la inaplicabilidad del artículo 66
del CGP en los procesos contencioso-administrativos. Añadió que, por el contrario,
esta corporación y la Corte Constitucional han establecido que ese artículo sí resulta
aplicable en tales procesos.
20. Específicamente, afirmó que esa regla fue fijada por la Corte en la Sentencia T-
309 de 2022 y, por el Consejo de Estado, en los fallos relacionados a continuación:
Fecha de expedición Identificación del proceso correspondiente
28 de septiembre de 2023 76001-23-33-000-2023-00453-01
24 de febrero de 2022 20001-23-33-000-2021-00392-01
11001-03-15-000-2020-01550-01
11 de junio de 2020
(primera instancia)
11001-03-15-000-2020- 01550-01
28 de agosto de 2020
(segunda instancia)
18 de octubre de 2019 47001-23-31-000-2011-00371-01
27 de agosto de 2021 41001-23-33-000-2017-00410-01
21. Aparte de todo lo anterior, la sociedad demandante señaló que la inaplicación
del artículo 66 del CGP implicó el desconocimiento de una disposición de orden
público y le impidió ser excluida del proceso de reparación directa, con lo cual se
vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Por ello, afirmó que el presente
asunto es constitucionalmente relevante y, consecuentemente, calificó su solicitud
de amparo como procedente.
22. Por otro lado, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
una decisión sin motivación, pues no se pronunció de fondo sobre las causales de
exclusión de amparo contempladas en el contrato de seguro, que fueron advertidas
en los alegatos de conclusión presentados en primera instancia. Agregó que esa
falta de pronunciamiento conllevó la errónea imposición de una condena en su
8
En dicho inciso se estableció lo siguiente: «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada[.] El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas la[s] excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus».
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
contra, lo cual, a su vez, implicó una vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Por esto, también calificó
el asunto como constitucionalmente relevante.
23. Adicionalmente, advirtió que la sola mención de dichas causales de exclusión
en la sentencia cuestionada, de ninguna manera, puede considerarse un
pronunciamiento de fondo.
24. Por último, señaló que la ausencia de ese pronunciamiento conllevó un
desconocimiento del artículo 1056 del Código de Comercio, relativo a la libertad de
las entidades aseguradoras de determinar qué riesgos asumen.
Trámite en primera instancia
25. Mediante auto del 2 de septiembre de 20259, el despacho sustanciador en
primera instancia admitió la demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y ordenó comunicar esa decisión al Juzgado Tercero Administrativo
de Buga, al Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, a las sociedades Dumian
Medical y La Equidad Seguros Generales, y a los señores Edi Hernando Calderón
Concha, Luz Helena López Hoyos y Soraya Calderón López.
26. Por medio de auto del 29 de septiembre siguiente 10, el mismo despacho vinculó,
en calidad de tercera con interés, a La Previsora Compañía de Seguros.
Intervenciones
27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 11 sostuvo que no vulneró los
derechos fundamentales de la sociedad demandante, en tanto examinó el
expediente y las pruebas obrantes en él. Además, advirtió que la pretensión de
aquella es reabrir el debate surtido en el proceso contencioso-administrativo.
28. El Juzgado Tercero Administrativo de Buga 12 expuso la parte resolutiva de
las sentencias de primera y de segunda instancia del proceso 76111-33-33-003-
2018-00293-01, y advirtió que se encontraba pendiente la emisión del auto de
obedecimiento de lo resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
29. La Equidad Seguros Generales 13 señaló que no causó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por la parte actora.
9
Índice 5 del expediente de primera instancia.
10
Índice 16 del expediente de primera instancia.
11
Índice 10 del expediente de primera instancia.
12
Índice 11 del expediente de primera instancia.
13
Índice 12 del expediente de primera instancia.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
30. El Hospital San Vicente de Ferrer de Andalucía 14 advirtió que no pudo
acceder al expediente y que solicitó la autorización respectiva. Sin embargo, una
vez la obtuvo 15, permaneció en silencio.
31. Los señores Edi Hernando Calderón Concha, Luz Helena López Hoyos y
Soraya Calderón López, así como Dumian Medical, guardaron silencio, pese a
haber sido notificados 16 sobre el auto admisorio de la demanda de tutela.
Sentencia de primera instancia
32. Mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 17, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, debido a la falta de
relevancia constitucional del asunto.
33. Para sustentar esa decisión, la Sección Primera sostuvo que el debate
formulado por la sociedad demandante constituye una reiteración de aquel resuelto
por la Sala Mixta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el auto del 9 de
julio de 2025, mediante el cual se negó la solicitud de adición presentada por dicha
sociedad. Por ello, concluyó que la verdadera intención de la accionante es plantear
inconformidades con la interpretación normativa y la conclusión de la autoridad
judicial demandada, a efectos de que la controversia sea resuelta nuevamente por
el juez constitucional, utilizando así la acción de tutela como una instancia adicional
del proceso contencioso-administrativo.
Impugnación
34. La sociedad demandante solicitó revocar la anterior decisión 18, alegando que
el asunto sí reviste relevancia constitucional.
35. Para sustentar lo anterior, insistió en que la inaplicación del artículo 66 del CGP
causó una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en tanto
implicó el desconocimiento de una disposción de orden público e impidió su
exclusión del proceso de reparación directa.
36. Al respecto resaltó que, mediante las sentencias de tutela del 24 de febrero de
2022, del 28 de septiembre de 2023 y del 15 de febrero de 2024 —proferidas en los
procesos 20001-23-33-000-2021-00392-01, 76001-23-33-000-2023-00453-01 y
25000-23-15-000-2023-01083-01—, la Sección Quinta de esta corporación
14
Índice 21 del expediente de primera instancia
15
Índice 22 del expediente de primera instancia.
16
Los mencionados señores fueron notificados en la dirección de correo electrónico
marioalfonsocm@gmail.com, de conformidad con lo indicado por la sociedad accionante (índice 13
del expediente de primera instancia). Por su parte, Dumian Medical fue notificada en la dirección de
correo electrónico servicioalcliente@dumianmedical.net, de acuerdo con lo señalado en su sitio web
(índice 8 del expediente de primera instancia).
17
Índice 24 del expediente de primera instancia.
18
Índices 28 y 29 del expediente de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
consideró constitucionalmente relevante la discusión sobre la falta de aplicación del
artículo 66 del CGP.
37. Además, reiteró que la ausencia de pronunciamiento sobre las causales de
exclusión de amparo contempladas en el contrato de seguro, expuestas en los
alegatos de conclusión, generó una vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues conllevó la
expedición de una decisión sin motivación y la errónea imposición de una condena
en su contra.
38. Finalmente, sostuvo que esa ausencia de pronunciamiento implicó la falta de
valoración de una prueba: el contrato de seguro, aportado con el llamamiento en
garantía. Además, señaló que tal circunstancia impedía considerar que el tribunal
efectuó una «interpretación» y, por ende, que la acción de tutela se utilizó como una
instancia adicional para controvertirla.
Actuación posterior a la impugnación
39. El Hospital San Vicente de Ferrer se opuso a la impugnación19, con fundamento
en que la pretensión de la HDI Seguros es plantear sus inconformidades con la
interpretación normativa efectuada por el tribunal demandado.
CONSIDERACIONES
Competencia
40. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de
segunda instancia en el presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos
86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado
en el Acuerdo 080 de 2019 20, por el cual se expidió el reglamento interno de esta
corporación.
Problema jurídico y metodología de la decisión
41. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia 30 de octubre
de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
42. Para ello, en primer lugar, establecerá si la solicitud de amparo de HDI Seguros
Colombia cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Solo en caso afirmativo, también definirá si se
configuraron los defectos o causales específicas de procedencia de ese tipo de
acciones de tutela invocadas por la sociedad accionante.
19
Índice 30 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«668496735E6E02DF (…)».
20
Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de
dicha sala.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
43. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, posteriormente,
se pronunciará sobre el caso concreto.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
44. De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, reiterada de manera consistente
por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional y se encuentra sujeta a que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa, encaminada a demostrar el cumplimiento de los
requisitos generales para tal efecto, así como la configuración de al menos una
causal específica.
45. También de manera consistente, la Corte ha establecido que, para considerar
cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el juez constitucional debe verificar 21 (i) que se acredite la
legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto Ley 2591 de 1991); (ii) que la
providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela 22, ni una decisión proferida
con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional, ni aquella mediante la cual se resuelva una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el
requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable;
(iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que
amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la
posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con
el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que agotó todos
los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la
consumación de un perjuicio irremediable 23 o que los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
46. Debido a las particularidades del caso concreto, la Sala resalta que, en virtud de
lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte Constitucional 24
ha entendido que la acción de tutela puede ejercerse en cualquier momento, pues
no está sujeta a un término de caducidad.
21
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
22
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-218 de 2012 y T-
373 de 2014.
23
Ver, entre otras, la sentencia de unificación 659 de 2015.
24
Sentencia T-246 de 2015.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
47. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ha señalado que la solicitud de amparo
constitucional debe presentarse dentro de un término razonable, contado a partir
del hecho que origina la presunta vulneración de derecho fundamental. En los casos
en que se cuestiona una providencia judicial, dicho término se computa desde el
momento en que la decisión es notificada y, por ende, conocida por las partes 25.
48. En línea con lo anterior, en la sentencia de unificación 108 de 2018 26, la Corte
Constitucional estableció que corresponde al juez de tutela evaluar las
circunstancias particulares de cada caso en concreto, con el fin de determinar si la
solicitud de amparo fue presentada dentro del plazo razonable, o si, por el contrario,
existe una justificación válida que permita flexibilizar el requisito de inmediatez. Al
respecto, la Corte precisó lo siguiente 27:
(i) [Ante] [l]a existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza
o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.
49. Así las cosas, el juez de tutela puede considerar procedente la solicitud de
amparo constitucional, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre
que existan razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con
que haya transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino
que debe evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que
expliquen la falta de acción oportuna.
50. Por otro lado, esta Subsección destaca que, de conformidad con lo expuesto
por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 5 de agosto de 2014 28, el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional requiere que la solicitud
25
Corte Constitucional, sentencia T-306 de 2014.
26
Reiterada en la sentencia T-285 de 2019.
27
Subrayado añadido.
28
Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
de amparo (i) contenga una carga argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como
una instancia adicional a las establecidas por el legislador.
51. Finalmente, es importante indicar que dicha sentencia se ajusta al precedente
de la Corte Constitucional, la cual, de manera consistente y consolidada 29, ha
sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a
los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad
o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Además,
ha explicado que aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
las especialidades de cada jurisdicción.
Improcedencia de la acción por incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y de relevancia constitucional
52. La sociedad demandante e impugnante sostuvo que, en virtud de lo establecido
en el segundo inciso del artículo 187 del CPACA, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca debía efectuar un control de legalidad sobre todo el proceso y,
consecuentemente, declarar la ineficacia del llamamiento en garantía. Añadió que,
al no hacerlo, dicho tribunal incurrió en un defecto sustantivo por inaplicación del
artículo 66 del CGP, desconociendo así una disposición de orden público e
impidiendo la exclusión de esa sociedad del proceso de reparación directa, lo cual
implicó una vulneración del debido proceso.
53. Al respecto, la Sala debe advertir que el segundo inciso artículo 187 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se relaciona
con la resolución de excepciones de fondo por parte del juez de segunda instancia,
no con el control de legalidad a cargo de este, cuyo único propósito, de acuerdo con
el artículo 20730 del mismo código, es sanear vicios que puedan acarrear nulidades,
los cuales se encuentran taxativamente descritos en el artículo 133 del CGP.
54. Por lo anterior, no es cierto que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
estuviera obligado a efectuar el control de legalidad con sustento en el artículo 187
del CPACA, ni que, al llevarlo a cabo, tuviera que pronunciarse sobre circunstancias
distintas a las señaladas en el artículo 133 del Código General del Proceso, como
aquella contemplada en el artículo 66 de ese código.
55. Más allá de lo expuesto, lo cierto es que la providencia mediante la cual se
definió si había lugar a aplicar el artículo 66 del CGP fue el auto expedido por el
Juzgado Tercero Administrativo de Buga en la audiencia inicial, celebrada el 7 de
julio de 2023 31. En consecuencia, la vulneración del derecho fundamental al debido
29
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
30
«[E]l juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes» (énfasis
añadido).
31
Índice 32 del expediente de primera instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01,
almacenado parcialmente en Samai.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
proceso por la inaplicación del mencionado artículo debía ser alegada en relación
con ese auto, no con respecto a las providencias dictadas por la Sala Mixta del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
56. Ahora, como se explicó en el acápite anterior, la procedencia de la acción de
tutela se encuentra sujeta al cumplimiento, entre otros requisitos generales, del de
inmediatez, de modo que el alegato iusfundamental aludido debía ser formulado
dentro de un término razonable, contado desde el día siguiente a la notificación de
la providencia que debía ser cuestionada, es decir, el auto proferido en la audiencia
inicial por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga.
57. En este punto, debe recordarse que dicha audiencia se celebró el 7 de julio de
2023 y, durante ella, no solo se notificó el mencionado auto, sino la providencia por
la cual se negó el recurso de reposición interpuesto en su contra y se rechazó el de
apelación. En consecuencia, desde esa fecha, la sociedad accionante tuvo
conocimiento de la decisión relativa a la aplicabilidad del artículo 66 del CGP. Sin
embargo, esperó más de dos años para alegar una vulneración de derechos
fundamentales en relación con esa discusión normativa, pues presentó la demanda
de tutela el 25 de agosto de 2025 para alegar tal vulneración, sin exponer ni probar
ninguna circunstancia que justifique su tardanza.
58. Así las cosas, la demanda de tutela de HDI Seguros Colombia resulta
improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez, específicamente, en
relación con el alegato relativo a la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso por inaplicación del artículo 66 del CGP.
59. Dicho lo anterior, cabe advertir que carece de sentido estudiar el argumento
relativo a que esta corporación y la Corte Constitucional han reconocido la
aplicabilidad del mencionado artículo en los procesos contencioso-administrativos,
pues, se insiste, todo alegato iusfundamental al respecto debía formularse, a más
tardar, el 11 de enero de 2024.
60. Ahora, la sociedad accionante e impugnante también sostuvo que, al no
pronunciarse sobre las causales de exclusión de amparo mencionadas en los
alegatos de conclusión y contempladas en el contrato de seguro, supuestamente
aportado con el llamamiento en garantía, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca (i) no valoró una prueba; (ii) profirió una decisión sin motivación; (iii)
desconoció el artículo 1056 del Código de Comercio y (iv) condenó erróneamente a
dicha sociedad, vulnerando así sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, lo que otorga relevancia
constitucional al asunto.
61. De entrada, la Sala advierte que, tras la revisión del expediente 76111-33-33-
003-2018-00293-01, identificó que la sociedad demandante alegó la configuración
de las mencionadas causales de exclusión en tres ocasiones durante el proceso
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
de reparación directa: (i) al contestar la demanda y el llamamiento en garantía 32, (ii)
al alegar de conclusión en primera instancia 33 y (iii) al solicitar la adición de la
sentencia de segunda instancia 34.
62. Adicionalmente, esta Subsección encontró que el auto por el cual se admitió el
llamamiento en garantía fue notificado a la sociedad demandante mediante un
mensaje de correo electrónico enviado el 1° de julio de 2022 35, y que dicha sociedad
presentó la contestación correspondiente más de un año después: el 7 de julio de
2023 36 . Esa evidente tardanza 37 , de hecho, fue advertida por la Sala Mixta del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 28 de mayo de
202538.
63. Ahora, la contestación al llamamiento en garantía era el instrumento procesal
adecuado para oponerse a ese acto procesal y exponer las razones respectivas,
entre las cuales se encontraba la existencia de causales de exclusión de amparo
establecidas en el contrato de seguro. En consecuencia, al contestar
extemporáneamente, la sociedad aquí demandante perdió la oportunidad de
obtener un pronunciamiento sobre dichas causales.
64. En este punto, cabe advertir que, al contrario de lo afirmado por la sociedad
accionante, el expediente 76111-33-33-003-2018-00293-01 evidencia que el
contrato de seguro no fue aportado con el llamamiento en garantía. Ese documento,
en cambio, fue presentado con la contestación extemporánea de dicha sociedad,
de modo que el tribunal demandado no tenía por qué tenerlo en cuenta ni,
consecuentemente, estudiar la configuración de las causales de exclusión
contempladas en él.
65. Así las cosas, resulta evidente que la sociedad demandante dejó pasar la
oportunidad para enervar el llamamiento en garantía y que pretendió remediar ese
error invocando las causales de exclusión aludidas, no solo al alegar de conclusión
y al solicitar la adición de la sentencia de segunda instancia, sino al presentar la
solicitud de amparo constitucional. En consecuencia, es claro que su intención es
utilizar la acción de tutela como una instancia adicional, específicamente, para
subsanar su falta de diligencia en el proceso contencioso-administrativo. Por
32
Índice 27 del expediente de primera instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01,
almacenado parcialmente en Samai.
33
Índice 56 del expediente de primera instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01,
almacenado parcialmente en Samai.
34
Índice 21 del expediente de segunda instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01.
35
Archivo 03 del expediente de primera instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01,
almacenado parcialmente en OneDrive y visualizable a través del enlace señalado en la demanda
de tutela.
36
Índice 27 del expediente de primera instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01,
almacenado parcialmente en Samai.
37
De acuerdo con el artículo 225 del CPACA, el término de contestación del llamamiento es de
quince días.
38
En dicha sentencia, se afirmó que Liberty Seguros «guardó silencio dentro del término de traslado
y en ese caso, el escrito presentado resulta extemporáneo y no puede tenerse en cuenta» (índice
18 del expediente de segunda instancia del proceso 76111-33-33-003-2018-00293-01, almacenado
en Samai).
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05242-01
Accionante: HDI Seguros Colombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
consiguiente, el asunto carece de relevancia constitucional, como bien lo advirtió
el a quo.
66. Con fundamento en lo anterior, se concluye que la demanda de tutela también
resulta improcedente en relación con el alegato relativo a la vulneración de derechos
fundamentales por la falta de pronunciamiento sobre las causales de exclusión
contempladas en el contrato de seguro.
67. Finalmente, cabe advertir que, en tanto la solicitud de amparo no cumple dos de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, carece de sentido estudiar la acreditación de los demás.
68. Con fundamento en todo lo explicado, entonces, se confirmará la sentencia de
primera instancia, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
14
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