Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05245-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Ana Consuelo Galindo Yáñez
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05245-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
6 de octubre de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Ana Consuelo Galindo Yañez en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales y la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de
Educación con el fin de que se le reconociera la reliquidación de la
pensión de vejez con la inclusión de la prima de vacaciones.
1.2. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia dictada en audiencia inicial celebrada el 25 de
octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
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la accionante se vinculó como docente oficial antes de la expedición de
la Ley 812 de 2003, por tanto, su derecho pensional está reglado por las
disposiciones contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de apelación.
1.4. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante decisión de 3 de julio de 2025, confirmó la
sentencia de primera instancia por cuanto el factor salarial denominado
prima de vacaciones no se encuentra dentro de los factores enlistados
en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, por lo que no es dable incluir este
emolumento.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto sustantivo al desconocer lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de
2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, por no haber
tenido en cuenta en la liquidación pensional todos los factores salariales sobre
los cuales cotizó tales como: la asignación salarial, el sobresueldo, la prima de
vacaciones, la bonificación decreto y la bonificación pedagógica.
Argumentó que la exclusión de factores salariales cotizados genera un
enriquecimiento sin justa causa, pues se efectuaron descuentos sobre rubros
que luego no fueron reconocidos en la mesada pensional, situación que
desconoce el derecho a la propiedad privada y los derechos adquiridos,
conforme al artículo 58 de la Constitución Política impidiendo que el trabajador
disfrute de los frutos de sus aportes.
Aclaró que no pretende reabrir una tercera instancia, sino que se le garantice
la protección a sus derechos fundamentales y principios constitucionales,
frente a la interpretación judicial que desconoció la jerarquía constitucional del
Acto Legislativo 01 de 2005.
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Señaló que se desconoció las sentencias T-377 de 2000 y T-686 de 2012 que
han reconocido la inclusión de la prima de vacaciones en la liquidación
pensional y destacó que, en casos de duda razonable sobre la interpretación
de normas, el operador jurídico debe aplicar la opción más favorable al
trabajador conforme con el principio constitucional de protección laboral.
Planteó que las decisiones judiciales vulneraron directamente la Constitución
al desconocer el bloque de constitucionalidad e inaplicar normas aplicables al
caso concreto, por lo que solicitó la reliquidación de la pensión incluyendo
todos los factores salariales cotizados, sueldo, prima de vacaciones y
bonificaciones, en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2005 y de la
jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativa que garantizan
la sostenibilidad del sistema pensional y la protección de los derechos
adquiridos.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para
la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN
EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “D”, en
la providencia de fecha 03 de julio de 2025 que CONFIRMO la sentencia
de primera instancia proferida por el JUZGADO VEINTIDOS (22)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 58 de octubre de 2024,
mediante la cual, NEGO las suplicas de la demanda, dentro del proceso
con radicado No. 11001333502220240018001.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente
al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “D” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
reliquidar la pensión vitalicia de jubilación de la docente ANA
CONSUELO GALINDO YAÑEZ, incluyendo, los factores salariales
devengados y que fueron COTIZADOS al RETIRO DEL SERVICIO,
entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES), reconocido a la fecha del
CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL, además de los
DEVENGADOS Y COTIZADOS AL RETIRO DEL SERVICIO (SUELDO,
PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION DECRETO Y
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BONIFICACION PEDAGOGICA). […] (negrita en el texto original) (sic en
toda la cita)
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 28 de agosto de 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Veintidós Administrativo de
Cundinamarca y se vinculó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, a la
Secretaría de Educación de Bogotá y a la Fiduciaria La Previsora SA, en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 6 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente el
mecanismo de amparo de la referencia.
3. Mediante auto de 28 de octubre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por la actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó
que la acción de tutela sea declarada improcedente por no cumplir los
requisitos de procedencia. Además, señaló que las decisiones proferidas en el
proceso ordinario observaron la normatividad aplicable, la jurisprudencia
contencioso administrativa vigente y las garantías procesales de las partes.
Finalmente, allegó copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho con el número de radicación: 11001333502220240018000.
2. La Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Educación solicitó su
desvinculación, por considerar que no está llamada a responder por los hechos
invocados por la accionante, por cuanto carece de competencia legal,
funcional y material para incidir en la valoración probatoria o en la
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determinación de factores salariales incluidos o excluidos de su reliquidación
pensional.
3. El Ministerio de Educación Nacional adujo que no ha vulnerado derecho
alguno a la accionante. Asimismo, solicitó su desvinculación al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
4. La Fiduciaria La Previsora SA solicitó su desvinculación y que la acción de
tutela sea declarada improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 6 de octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela
al considerar que no cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional. Igualmente, negó las solicitudes de desvinculación formuladas
por la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio de Educación y la
Fiduciaria La Previsora SA.
El a quo indicó que no evidenció la necesidad de intervención del juez
constitucional en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural del proceso
ordinario que no accedió a las pretensiones de la demanda. Adujo que el
presente caso gira en torno a un debate de carácter legal y que se trata de una
inconformidad con la interpretación realizada por la autoridad judicial respecto
de las leyes 812 de 2003, 33 y 65 de 1985.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Sostuvo que las accionadas profirieron decisiones erradas al indicar que la
pensión estaba bien liquidada y que no debía incluirse ningún otro factor
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salarial devengado, pese a que sobre dichos emolumentos fue demostrado
que la entidad realizó aportes a la seguridad social.
Señaló que no pretende reabrir una tercera instancia, sino que su objetivo es
que se realice un juicio de validez de la aplicación de la ley y particularmente
de la Constitución Política porque considera que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se desconoció el Acto Legislativo 01 de 2005,
respecto de la forma en que deben liquidarse las pensiones en Colombia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado1, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación número 11001-33-35-022-2024-00180-01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que, a su juicio, la autoridad accionada no ordenó la reliquidación
de su pensión de vejez pese a que se demostró que efectuó cotizaciones sobre
emolumentos distintos a los ya reconocidos, circunstancia que se traduce en
la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto,
so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 6 de octubre de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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