Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05251-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05251-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05251-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05251-00
Accionante: LUIS LIBARDO CUEVAS DUARTE, MARÍA EUMELIA
SÁNCHEZ, ANA PAULINA CUEVAS DUARTE, MARÍA LUZ
DEL CARMEN CUEVAS DUARTE, REINALDA CUEVAS DE
CUEVAS, TELMO CUEVAS DUARTE, ANA DELIA CUEVAS
CUEVAS, MARÍA ANGÉLICA CUEVAS CUEVAS, JUAN
CARLOS CUEVAS CUEVAS Y ANDRÉS CAMILO CUEVAS
CUEVAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por muerte de reo en riña dentro de establecimiento
penitenciario. Defecto fáctico. Eximente de responsabilidad. Culpa
exclusiva de la víctima
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Luis Libardo Cuevas Duarte, María Eumelia Sánchez,
Ana Paulina Cuevas Duarte, María Luz del Carmen Cuevas Duarte, Reinalda
Cuevas de Cuevas, Telmo Cuevas Duarte, Ana Delia Cuevas Cuevas, María
Angélica Cuevas Cuevas, Juan Carlos Cuevas Cuevas y Andrés Camilo Cuevas
Cuevas, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de julio de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la
autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1.- Tutelar el derecho constitucional al DEBIDO PROCESO a los señores: ANA
PAULINA CUEVAS DUARTE, identificada con la C.C. N° 41.636.991 de Bogotá, MARIA
LUZ DEL CARMEN CUEVAS DUARTE, identificada con la C.C. N° 41.616.778 de
Bogotá, REINALDA CUEVAS DE CUEVAS, identificada con la C.C. N° 23.660.129 de
Jericó (Boyacá), TELMO CUEVAS DUARTE, identificado con la C.C. N° 19.068.911 de
Bogotá, LUIS LIBARDO CUEVAS DUARTE, identificado con la C.C. N° 79.254.372 de
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05251-00
Demandantes: Luis Libardo Cuevas Duarte y otros
Bogotá, ANA DELIA CUEVAS CUEVAS, identificada con la C. C. N° 23.660.517 de
Jericó (Boyacá), MARÍA ANGÉLICA CUEVAS CUEVAS, identificada con la C. C. N°
1.069.101.065 de Nemocón (Cund.), JUAN CARLOS CUEVAS CUEVAS, identificado
con la C.C. N° 1.069.101.743 de Nemocón (Cund.) y ANDRÉS CAMILO CUEVAS
CUEVAS, identificado con la C. C. N° 1.007.380.319 de Nemocón (Cund.). –
2.- Consecuencia de lo anterior se solicita, se declare la NULIDAD de las sentencias de
primera y de segunda instancia proferidas por los Estrados Judiciales ya citados, por
violación al principio fundamental del DEBIDO PROCESO, al afectar de manera
sustancial este derecho fundamental de los demandantes y como consecuencia de lo
anterior se condene al “INPEC”, al pago de la correspondiente indemnización de los
perjuicios a mis poderdantes relacionados en el acápite INDEMNIZACIÓN CAUSADA
contenida en la demanda, la cual se anexa. -”.
2. Hechos
Los accionantes relataron que su familiar, el señor José Apolonio Cuevas Duarte
en cumplimiento de una pena privativa de la libertad de 704 meses, se encontraba
recluido en el establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad de Cómbita,
por la comisión del tipo penal de acceso carnal violento, y que en medio de una
riña fue asesinado por otro recluso con un arma corto punzante.
Indicaron que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, con el fin
de que se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte
del señor José Apolonio Cuevas Duarte a manos de otro recluso en el
establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad de Cómbita y, en
consecuencia, que se resarcieran los perjuicios morales causados.
Señalaron que el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá
en fallo de 12 de noviembre de 2024, declaró la responsabilidad del Inpec y, la
concurrencia de culpas, pues evidenció que la riña se generó porque el señor
Cuevas Duarte acosó sexualmente a otro reo quien lo desarmó y lo hirió hasta
que se generó el deceso del familiar de los demandantes. Por consiguiente,
condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales en 50 smlmv
para la esposa y cada uno de los hijos y en 25 smlmv respecto a los hermanos.
Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión la entidad demandada
interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia de 29 de abril de 2025, la
revocó y, en su lugar, declaró configurado el eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima, en tanto fue el familiar de los demandantes quien
originó la riña, al parecer con la intención de acceder sexualmente a otro recluso.
Por lo demás, condenó en costas equivalente a 4 smlmv en favor del Inpec.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora afirmó que en la investigación adelantada por la Fiscalía General
de la Nación no aparece probada la legítima defensa por parte del otro recluso
que atacó a la víctima.
Señaló que el Tribunal desconoció el deber de protección de la vida de los
reclusos sin distinción alguna, el cual aparece en los artículos 2, 11, 90 y 244 de
la Constitución Política, así como en el Código Civil, la Ley 74 de 1968, los
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Demandantes: Luis Libardo Cuevas Duarte y otros
Decretos 2160 de 1992, 2157 de 1992, 1442 de 1993, 407 de 1994 y las
sentencias T-216 de 2024, T-386 de 2024 y T-494 de 2023 de la Corte
Constitucional.
Indicó que “no aparece ninguna prueba ni documental ni testimonial dentro de
este proceso, en la que se asegure que el obitado JOSÉ APOLONIO CUEVAS
DUARTE, fue el causante y promotor de la riña con RAFAEL ANGEL CELIS
OSSA para entrar a compartir “concurrencia de culpas” en el asesinato del
primero. Solo soportan tales decisiones judiciales en unas simples entrevistas que
no fueron corroboradas por las personas entrevistadas en el debate probatorio,
pues solo eran versiones de OIDAS. Reitero NO ESTÁ PROBADO, menos la
culpa exclusiva de la víctima, razón que configura con suficiencia la VIOLACIÓN
AL DEBIDO PROCESO que aquí se depreca, pues tales eventos no se probaron
ni en la primera ni en la segunda instancia”.
Sostuvo que si bien en el régimen de responsabilidad aplicable por los daños
causados a una persona recluida en establecimiento carcelario opera los
eximentes de responsabilidad, lo cierto es que en el caso del señor Cuevas
Duarte no ocurrió y que no existe prueba de la configuración de ninguno, toda vez
que “cuando se trata de lesiones o muerte causadas por los propios reclusos a
otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de
responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos,
ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter
particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger
al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el
personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e
incluso por otros detenidos”.
Resaltó que no existe registro documental ni testimonial que indique que el señor
Cuevas Duarte provocó la riña, que estaba armado con una varilla ni que provocó
lesiones al otro recluso, es más se desconoce como se ingresó la mencionada
varilla, así como su propietario.
Por último, aseguró que “resulta inverosímil que un anciano como lo era CUEVAS
DUARTE JOSÉ APOLONIO (63 años), pudiera doblegar por la fuerza a (…) (36
años), para sostener relaciones sexuales, procediendo luego a asesinarlo cuando
este se encontraba indefenso, pues ya había sido desarmado por el propio CELIS
OSSA y es de aclarar que este mismo aceptó su responsabilidad ante la Fiscalía
que conoció el caso por el homicidio del señor PPL JOSÉ APOLONIO. -”
4. Trámite procesal
Por auto de 29 de agosto de 2025, se requirió a los apoderados de los
accionantes para que allegaran poder especial que lo legitimara para interponer la
acción de tutela.
Una vez se atendió el requerimiento, en proveído de 12 de septiembre de 2025, el
magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes
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y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo de Bogotá y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec-,
como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 132375 a 132390
de 16 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, en tanto se utiliza como una tercera
instancia.
Indicó que en la providencia que se reprocha se puso de presente la investigación
penal y, además, aclaró que nunca se dijo que de la misma se establecía una
legítima defensa como lo manifestó la parte actora en el escrito de tutela.
Resaltó que la sentencia objetada se dictó a partir de lo planteado en el recurso
de apelación de la entidad demandada en el proceso ordinario, el cual se fundó
en la configuración de la culpa exclusiva de la víctima.
Por último, manifestó que la decisión reprochada “se encuentra debidamente
acreditada con el Informe de Captura en Flagrancia dentro del expediente de la
Fiscalía General de la Nación con código Único de Investigación
152046000114202200003, así mismo con el testimonio del PPL CARLOS
ANDRES MULETON PELAEZ, quien fue testigo de los hechos, existe también
dentro del material probatorio copia de la resolución 453 de fecha siete (7) de abril
de dos mil veintidós (2022), con la cual se sancionó al (…) por los hechos
ocurridos el diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022), pruebas que
analizadas en conjunto llevaron a concluir que fue JOSE APOLONIO CUEVAS
DUARTE (q.e.p.d) quien originó una riña con un compañero de la cárcel, al
parecer con la intención de accederlo sexualmente desconociendo los deberes y
las prohibiciones legalmente establecidas a quienes se encuentran privados de su
libertad, y actuó de forma determinante en la concreción final del daño”.
5.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá
La juez titular del despacho pidió que se desvinculara de la acción de tutela o, en
su defecto, se negaran las pretensiones relacionadas con el juzgado, pues la
decisión de primera instancia fue revocada en segunda instancia.
5.3. El Inpec, a pesar de que fue notificado en debida forma del auto admisorio,
guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión preliminar
El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó que se
desvinculara de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la
que al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala no
1
accederá a la solicitud de desvinculación de la referida autoridad, porque ostenta
interés directo en el asunto, más aún cuando fue quien profirió la decisión de
primera instancia en el curso del proceso ordinario.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A en la providencia de 29 de abril de 2025, vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
1
Sentencia T-005 de 2022.
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
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de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 5, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 29 de abril de
2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se limitó el contenido, alcance y goce del derecho
fundamental al debido proceso de la parte accionante.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto defecto fáctico por
parte del Tribunal accionado. Aunado a lo anterior, se evidencia que, el sentido del
fallo de primera instancia en el proceso que originó la controversia fue diferente al
de la providencia objetada, por lo que la parte actora no tuvo la oportunidad de
exponer los reparos al interior de dicho trámite judicial.
Por otra parte, ii) en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación, por lo
que el demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto
se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del de unificación de
jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normativa, iii) la solicitud de
amparo se presentó dentro de los seis (6) meses17 establecidos como plazo
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
La providencia objetada se notificó el 2 de mayo de 2025 y la acción de tutela se instauró el 28 de julio de
2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
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razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional18; (iv) los
hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no
es contra un fallo de la misma naturaleza.
5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado
Los señores Luis Libardo Cuevas Duarte, María Eumelia Sánchez, Ana Paulina
Cuevas Duarte, María Luz del Carmen Cuevas Duarte, Reinalda Cuevas de
Cuevas, Telmo Cuevas Duarte, Ana Delia Cuevas Cuevas, María Angélica
Cuevas Cuevas, Juan Carlos Cuevas Cuevas y Andrés Camilo Cuevas Cuevas
consideran que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con la
sentencia de 29 de abril de 2025, en la que se declaró el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la solicitud de amparo. Con el fin
de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, así:
Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, con el fin de que se declarara la
responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte del señor José Apolonio
Cuevas Duarte a manos de otro recluso en el establecimiento carcelario de alta y
mediana seguridad de Combita y, en consecuencia, se resarcieran los perjuicios
morales causados.
El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá en fallo de 12 de
noviembre de 2024, declaró la responsabilidad del Inpec y la concurrencia de
culpas, pues evidenció que la riña se generó porque el señor Cuevas Duarte
presuntamente acosó sexualmente a otro reo quien lo desarmó y lo hirió hasta
que se generó el deceso del familiar de los demandantes.
Lo anterior, con sustento en que en el expediente ordinario obraba entrevista del
señor Carlos Andrés Muñeton, representante de derechos humanos, la cual se
practicó dentro de la investigación penal bajo radicado No.
1520460001142202200003, en donde se indicó que los señores José Apolonio
Cuevas Duarte y otro recluso estuvieron discutiendo por un supuesto acoso
sexual del primero hacía el segundo y que el familiar de los demandantes fue
desarmado. Igualmente, el dragoneante Elvis Echeverría recibió al señor Cuevas
Duarte en sanidad y al otro recluso, quien presentó herida en la nariz y dedo
pulgar, con el fin de evidenciar que en efecto se presentó una riña.
El Inpec interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con el fin de
que se revocara el fallo, bajo el argumento de que se había configurado la culpa
exclusiva de la víctima, pues este “pretendió obtener relaciones sexuales no
consentidas con quien término causándole la muerte”.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandantes: Luis Libardo Cuevas Duarte y otros
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia de 29 de abril de 2025 revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declaró configurado el eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima.
Lo anterior, con sustento en que el expediente num. 152046000114202200003 de
la Fiscalía General de la Nación, en el cual se observó el informe de captura en
flagrancia, en el que se evidenció que el familiar de los demandantes participó en
una riña, en la que los dos implicados resultaron heridos y, posteriormente, el
deceso del señor Cuevas Duarte.
Igualmente, del mismo expediente, observó la entrevista practicada al recluso
Carlos Andrés Muletos Peláez, quien reafirmó la riña entre los señores José
Apolonio Cuevas Duarte y otro recluso. Además, manifestó que “no tenía
conocimiento de amenazas, pero anteriormente había tenido problemas de
convivencia con otros compañeros de patio porque el señor Cuevas Duarte le
gustaban los hombres”.
Asimismo, el Tribunal analizó la Resolución num. 453 de 7 de abril de 2022, por
medio de la cual se sancionó al recluso que causó la muerte al familiar de los
demandantes, en la que se indicó que le había quitado el cuchillo a la víctima y
con ese mismo les generó las heridas.
Ahora bien, el Tribunal resaltó que “del escaso material probatorio se extrae que
lo que dio lugar al hecho no fue una agresión por parte del PPL (…) a la víctima,
sino por el contrario fue JOSÉ APOLONIO CUEVAS DUARTE (q.e.p.d.), quien
procedió a amenazar y agredir al primero, provocando su reacción y generando
las consecuencias ya conocidas”.
En ese orden de ideas, concluyó que se había configurado la culpa exclusiva de
la víctima, toda vez que del poco material probatorio se evidenció que el familiar
de los demandantes fue quien originó la riña con otro compañero, al parecer con
la intención de accederlo sexualmente, por lo que desconoció los deberes y las
prohibiciones legalmente establecidas a quienes se encuentran privados de su
libertad, y su comportamiento fue determinante en la concreción final del daño.
Adicionalmente, precisó que su actuar no era previsible, por tratarse de un suceso
súbito y repentino para la guardia que estaba a cargo de su custodia, aunado al
hecho de que no resulta admisible exigirle lo imposible, esto es, anticiparse a la
decisión personal de la víctima de atacar a otro.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la
decisión objeto de tutela y que interesan a este trámite constitucional, la Sala
procede a abordar el defecto fáctico de acuerdo con lo establecido en el
planteamiento del problema jurídico, así:
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
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supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución19, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión20.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que los demandantes alegaron
que el Tribunal no contaba con pruebas que demostrara la participación del señor
José Apolonio Cuevas Duarte en la riña o que él la iniciara, razón por la cual no se
podía declarar la concurrencia de culpas, la culpa exclusiva de la víctima ni “el
hecho de un tercero” como eximentes de responsabilidad.
Al respecto, sea lo primero señalar que, en la sentencia objetada se reprochó el
hecho de que al proceso se allegó escaso material probatorio, por lo que la
mayoría de las conclusiones se hicieron a partir de la investigación penal que se
adelantó por el deceso del familiar de los demandantes. De hecho, con la
demanda solo se presentaron los registros civiles de nacimiento de los
accionantes, el acta de inspección técnica de cadáver, el informe pericial de
necropsia y copia de los documentos relacionados con la investigación penal que
se adelantó contra el otro recluso que participó en la riña. Adicionalmente, en la
audiencia inicial celebrada el 3 de julio de 2024, no se decretaron pruebas
testimoniales.
Aclarado lo anterior, se observa que el Tribunal al estudiar el expediente núm.
152046000114202200003 de la Fiscalía General de la Nación, en el que se
observó el informe de captura en flagrancia, así como declaraciones del otro
recluso e integrantes del Inpec, de los cuales evidenció que el familiar de los
demandantes participó en una riña, en la que los dos implicados resultaron heridos
y, posteriormente, se produjo el deceso del señor Cuevas Duarte.
19
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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En efecto, de las declaraciones que reposaban en la investigación penal se
observó que la riña posiblemente se inició porque el señor Cuevas Duarte
pretendía tener relaciones sexuales con otro recluso. De la declaración de otro
recluso se extrae que la víctima “anteriormente había tenido problemas de
convivencia con otros compañeros de patio porque el señor Cuevas Duarte le
gustaban los hombres”.
Igualmente, se contó con el informe de captura en flagrancia en el que se relataron
los hechos ocurridos, en el que se afirmó que se generó una riña entre dos
reclusos y que los dos resultaron heridos.
De lo anterior, el Tribunal, a partir de una valoración en conjunto del escaso
material probatorio, concluyó que se había configurado el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues de los elementos de juicio
que reposaban en el expediente se evidenció que la riña la inició el familiar de los
accionantes, posiblemente con la intención de acceder sexualmente a otro
recluso.
Por consiguiente, la Sala no comparte los reproches de los demandantes
relacionados con que la autoridad judicial accionada no contaba con el material
probatorio para declarar la causa extraña, pues se evidencia que sustentó su
decisión a partir de las pruebas documentales y entrevistas practicadas en la
investigación penal, las cuales les permitieron concluir que fue el actuar de la
víctima lo determinante en la causación del daño.
Por otro lado, los demandantes reprochan el hecho de que no se tuviera en cuenta
que la víctima tenía 63 años y el otro recluso tenía 36 años, por lo que no era
posible que el adulto mayor pudiera doblegar al otro mucho más joven, sin
embargo, se pone de presente que, de la valoración en conjunto del material
probatorio, la autoridad judicial accionada consideró que el familiar de los
demandantes inició la riña, posiblemente con la intención de acceder sexualmente
a otro reo. Ahora bien, si lo que pretende la parte actora es reprochar el
comportamiento del otro recluso frente a esta situación, se advierte que escapa
del ámbito competencial del juez de tutela, razón por la cual frente ese alegato no
se hará ningún análisis.
Por otra parte, en lo relacionado con el cargo referente al deber de protección de
la vida de los reclusos sin distinción alguna, la Sala no desconoce que en los
eventos en que se produce la muerte de una persona privada de la libertad al
interior de un centro carcelario es posible declarar la responsabilidad del Estado,
pues esta surge respecto del individuo una relación especial de sujeción, toda vez
que no ingresa voluntariamente al centro de detención, razón por la cual algunos
de sus derechos tienen importantes limitaciones, pero también nace el deber
correlativo de la entidad de garantizar su seguridad personal junto a otros
derechos como el de la salud, y en especial, el derecho a la vida y la integridad
personal, teniendo en cuenta la indefensión a la cual están sometidas las
personas privadas de la libertad. Sin embargo, también es cierto que, en lo
relacionado con los casos del deceso de reclusos en los establecimientos
penitenciarios, la misma jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
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Estado ha decantado que “la entidad se exonera probando una causa extraña, es
decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero”21.
En ese orden de ideas, si bien es cierto que existe el deber de protección del
recluso por parte del Estado, lo cierto es que se exime de responsabilidad cuando
se configura una causa extraña, lo cual el Tribunal a partir de la valoración en
conjunto que hizo de las pruebas así lo consideró, pues se reitera, la víctima inició
una riña, al parecer para acceder sexualmente a otro recluso, en la que resultó
desarmado, herido y posteriormente devino su deceso por la gravedad de las
lesiones.
Finalmente, se debe aclarar a los demandantes que en la sentencia objetada no
se realizó ningún estudio referente a la configuración de una supuesta legítima
defensa por parte del reo que participó en la riña junto con el familiar de los
accionantes, simplemente el Tribunal se limitó a relatar los diferentes hechos
probados que se sustraen de los elementos de juicio, sin hacer alguna afirmación
en ese sentido.
En consecuencia, no se configura la supuesta indebida valoración probatoria
alegada respecto de la autoridad judicial accionada, por lo que se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Sesenta
y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Luis Libardo Cuevas Duarte, María Eumelia Sánchez, Ana Paulina
Cuevas Duarte, María Luz del Carmen Cuevas Duarte, Reinalda Cuevas de
Cuevas, Telmo Cuevas Duarte, Ana Delia Cuevas Cuevas, María Angélica
Cuevas Cuevas, Juan Carlos Cuevas Cuevas y Andrés Camilo Cuevas Cuevas,
quienes actúan mediante apoderados, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 27 de enero de 2016, radicado No.
54001-23-31-000-2004-00039-01, C.P.: Olga Melida Valle de De La Hoz y sentencia de 2 de mayo de 2018,
radicado No. 54001-23-31-000-1999-00151-01, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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