Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05259-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
25 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05259-00
Demandante: Myrian Castrillón Candela
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 25 de septiembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05259-00
Demandante: MYRIAN CASTRILLÓN CANDELA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisitos generales. Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Myrian Castrillón Candela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, Myrian Castrillo Candela,
en nombre propio, solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social.
A juicio de la accionante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 19
de septiembre de 2024, dictada por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
confirmó la decisión de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-31-000-2023-00098-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de legalidad,
confianza legítima, interpretación de normas procesales, buena fe, y todos aquellos que llegaren a
probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este
escrito.
SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 19 de septiembre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No.
76001-33-33-001-2023-00098-01.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
La señora Myrian Castrillón Candela trabajó como empleada pública en la alcaldía de
Santiago de Cali desde 1978 hasta el 2001.
1 Índice 1 SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05259-00
Demandante: Myrian Castrillón Candela
En el año 1991, la alcaldía del municipio de Santiago de Cali expidió el Decreto 0216 de
1991, «por el cual se fijan prestaciones sociales y otros beneficios para empleados
públicos de la administración central de Santiago de Cali».
Posteriormente, el ente territorial expidió el Decreto 1321 del 30 de septiembre de 1993,
mediante el cual dispuso que los servidores públicos vinculados a partir del 1° de octubre
de 1993 recibirían un único régimen de prestaciones sociales, a diferencia de quienes ya
se encontraban vinculados, y eliminó para los nuevos funcionarios los beneficios
extralegales previstos en el Decreto 0216 de 1991.
En el año 2010, el Ministerio de Educación Nacional promovió demanda de nulidad simple
contra el Municipio de Santiago de Cali para que se declarara la nulidad del Decreto 0216
de 1991.
El asunto se adelantó bajo el radicado No. 76001-23-31-000-2010-01485-01 y
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que, por sentencia
de 21 de enero de 2012, declaró la nulidad del acto administrativo.
Inconformes con la decisión, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle
y el municipio de Santiago de Cali presentaron recursos de apelación, respectivamente.
Mediante sentencia del 8 de agosto de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca. Consideró que el alcalde municipal de Santiago de Cali carecía de competencia
para expedir el acto administrativo pues la prerrogativa para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de los diferentes niveles territoriales estaba en
cabeza del Congreso de la República. En consecuencia, declaró la nulidad del Decreto
0216 de 2012, con efectos «ex tunc», esto, teniendo en cuenta que mientras estaba en
vigencia el decreto generó situaciones jurídicas consolidadas relacionadas con factores
salariales y prestacionales, que constituían derechos adquiridos para los servidores
públicos del municipio.
Mediante la Resolución GNR 159454 de 24 de junio de 2013, la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, reconoció la pensión de vejez a la señora
Myrian Castrillón Candela a partir del 2 de enero de 2012.
El 14 de septiembre de 2022, la señora Castrillo presentó solicitud ante la administración
Distrital, con la que pretendía el reconocimiento y pago de las prestaciones extralegales
consagradas en el Decreto 0216 de 1991, que, a su juicio, había dejado de percibir desde
el año 2000 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que confirmó la declaratoria de
nulidad del Decreto 0216 de 1991.
Mediante el Oficio No. 02241730101446982 del 21 de noviembre de 2022, la
Administración Distrital denegó la solicitud. Señaló que no resolvió ni se ordenó a favor
de persona natural alguna el reconocimiento o pago de emolumentos salariales o
prestacionales con fundamento en el Decreto Municipal 0216 de 1991, toda vez que dicho
acto se declaró nulo. Que, no se configuró una situación jurídica particular y concreta
frente a la señora Castrillón Candela que resultara clara, expresa y exigible. Expuso que,
si consideraba que poseía un derecho derivado de la regulación anulada, debía acreditar
un justo título como soporte de pago, en los términos previstos en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011.
3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-001-2023-
00098-00
La señora Castrillo presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra el municipio
de Cali, con el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio No.
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Demandante: Myrian Castrillón Candela
202241730101446982 del 21 de noviembre de 2022, que negó la liquidación y pago de
las primas y demás emolumentos consagrados durante la vigencia del Decreto 0216 de
1991, que se causaron desde la fecha en la que se suspendió su pago en el año 2000
hasta la fecha de su retiro definitivo.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se le pagaran $19.346.269 que
correspondían al pago retroactivo de las prestaciones sociales y factores salariales
establecidos en el decreto, consistentes en prima semestral de junio y diciembre, prima
de navidad, prima de antigüedad e intereses de cesantías causados desde el año 2000
hasta la fecha de su retiro, así como, el valor correspondiente a interés de cesantías
equivalente al 14% anual liquidado sobre el monto de las cesantías causadas, en una
suma debidamente indexada.
Además, pidió que las prestaciones y factores salariales previstas en el Decreto 0216 de
1991, se reconocieran como factor salarial constitutivo de ingreso base de liquidación.
El asunto se adelantó bajo el radicado No. 76001-33-33-001-2023-00098-00 y
correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Cali, que, mediante
sentencia del 29 de noviembre de 2023, denegó las pretensiones de la demanda. Expuso
que el Consejo de Estado en sentencia del 8 de agosto de 2009, declaró la nulidad del
Decreto Municipal 0216 de 1991 por haber sido expedido sin competencia, toda vez que,
por disposición constitucional la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los
parámetros señalados por el Legislador y no a los entes territoriales, los que, además,
tienen prohibido arrogársela. Precisó que la nulidad tenía efectos ex tunc, pero se
respetaban las situaciones jurídicas consolidadas y los derechos adquiridos de buena fe.
Precisó que, en el proceso de nulidad simple, fue dictado auto del 21 de agosto de 2020
con el que se explicó que la nulidad solo afectaba situaciones no consolidadas y en
providencias del 9 de julio de 20202 y del 22 de julio de 20213, el alto tribunal reiteró que
un derecho adquirido debía fundarse en norma válida, justo título y acto administrativo
legal, conforme al artículo 58 de la Constitución. Así, concluyó que los beneficios creados
por el Decreto 0216 de 1991 carecieron de validez, pues el municipio no tenía
competencia y que, la demandante percibió pagos mientras rigió el decreto, pero al no
existir acto administrativo en firme ni providencia con cosa juzgada, su situación no se
consolidó y no procedía el reconocimiento de primas extralegales.
Inconforme, la demandante apeló y el 19 de septiembre de 20244 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la confirmó, básicamente por las mismas razones del
a quo.
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la demandante expuso las razones por las que la demanda cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de tutela incurrió en:
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Afirma la demandante
que el fallo impugnado desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte
2 Sentencia 9 de julio de 2020, CP. Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicado: 25000-23-42-000-2013-00499-01
3 Sentencia 22 de julio de 2021, CP. William Hernández Gómez, Radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-02.
4 La sentencia fue notificada por mensaje de datos enviado a los correos electrónicos informados por las partes el 23
de septiembre de 2024.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, radicado:
76001-23-31-000-2010-01485-01.
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Demandante: Myrian Castrillón Candela
Constitucional6 sobre derechos adquiridos, al restringir su existencia a procesos judiciales
previos, lo cual contradice el criterio constitucional que reconoce como derecho adquirido
toda situación jurídica consolidada bajo norma vigente.
Que la autoridad judicial demandada desconoció lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución y omitió aplicar el concepto de «derecho adquirido», reconocido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 8 de agosto de
20197, que protegía las situaciones jurídicas consolidadas surgidas bajo el Decreto 0216
de 1991. En dicha providencia se estableció expresamente que:
«Finalmente, es preciso advertir que, aunque se confirmará la sentencia que decretó la nulidad
del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991 expedido por el alcalde municipal de Santiago de
Cali, se respetarán los efectos que causó mientras estuvo vigente, por cuanto de su aplicación
se han consolidado situaciones jurídicas en lo referente a los factores salariales y prestaciones
sociales, por lo que no es pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena fe que
surgieron en razón de ello. En consecuencia, la presente sentencia de nulidad tendrá efectos
«ex tunc», o sea, desde el momento mismo de la expedición del Decreto 0216 del 18 de febrero
de 1991; no obstante, se respetarán los derechos adquiridos por los servidores públicos del
Municipio de Santiago de Cali, inclusive sobre las doceavas causadas al momento de
notificación de esta providencia.»
Que, en su caso, debían reconocerse las prestaciones reclamadas porque cumplía con
los requisitos establecidos en el Decreto 0216 de 1991.
Que conforme al artículo 88 del CPACA los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa y que, por
lo tanto, la alcaldía de Cali no podía suspender de manera unilateral el pago de las
prestaciones extralegales desde el año 2000 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia que declaró la nulidad del Decreto 0216 de 1991.
Defecto fáctico por indebida valoración de pruebas esenciales, como los desprendibles
de nómina y la sentencia del Consejo de Estado que resolvió sobre la nulidad del Decreto
0216 de 1991, que, a su juicio, reconocía los derechos adquiridos. Que esas pruebas
demostraban que los beneficios extralegales ya habían ingresado a su patrimonio, loque
constituyó una situación jurídica consolidada protegida por la Constitución.
Violación directa de la Constitución pues la autoridad judicial demandada desconoció
principios como la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la
primacía constitucional, la legalidad, la progresividad y la no regresividad, la prevalencia
del derecho sustancial, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el
derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, la protección del adulto mayor y el
principio de favorabilidad.
Asimismo, invocó el bloque de constitucionalidad, tratados internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que protegen los derechos adquiridos, la
seguridad social y las condiciones laborales dignas.
Sostuvo, además, que no se aplicó la interpretación conforme a la Constitución ni se dio
prevalencia a la norma constitucional frente a la legal en conflicto. Que dicha omisión
afectó la seguridad jurídica, la confianza legítima y el mínimo vital de la accionante, en
tanto los beneficios extralegales ya habían ingresado a su patrimonio.
6 Sentencias C-168 de 1995 y SU-309 de 2019.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, radicado:
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5. Trámite procesal
Por auto del 28 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador admitió la tutela presentada
por Myrian Castrillón Candela y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de
demandados a los magistrados del Tribunal del Valle del Cauca y vincular como terceros
con interés al alcalde de Santiago de Cali y a la juez primera Administrativa de Cali.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la secretaria de esta Corporación practicó las
notificaciones el 1° de septiembre de 2025 a los correos electrónicos informados por las
partes.
6. Intervenciones
El Distrito Especial de Santiago de Cali solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela y que se le desvinculara por falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues consideró que no hubo una acción u omisión atribuible a la entidad que
justifique la tutela.
Además, señaló que la acción no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, pues la demandante pretende usarla como una tercera instancia, ya que
el asunto fue resuelto previamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho sumado a que, se trata de una discusión sobre prestaciones económicas y no
sobre derechos fundamentales.
El Juzgado Primero Administrativo de Cali afirmó no haber vulnerado los derechos
fundamentales la tutelante y envió el enlace de acceso al expediente digital del proceso
ordinario identificado con radicado 76001-33-33-001-2023- 00098-00/01.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponentes de la
decisión cuestionada, no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora alega que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en una vulneración de sus derechos fundamentales al confirmar en
segunda instancia la sentencia que negó el reconocimiento de sus prestaciones
extralegales reconocidas por el Decreto 0216 de 1991, y con ello, desconoció sus
derechos adquiridos y el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado.
Por su parte, la Alcaldía de Santiago de Cali solicitó su desvinculación del proceso al
considerar que no contaba con legitimación en la causa por pasiva, ya que no fue la
autoridad que profirió las decisiones judiciales objeto de la tutela.
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Al respecto, la Sala debe advertir que no es procedente la solicitud de desvinculación de
la Alcaldía de Santiago de Cali, pues se vinculó al proceso en calidad de tercero con
interés, por haber fungido como parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Por lo tanto, se declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva que
alegó.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Myrian
Castrillón Candela para dejar sin efecto la sentencia de 19 de septiembre de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la decisión de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-001-2023-00098-
00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple el
requisito general de inmediatez. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada 10
meses y 29 días después de haber sido notificada la sentencia de segunda instancia
cuestionada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda10,
8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
10 Sentencia T- 123 de 2007.
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en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»11.
5. Análisis del caso concreto
Para la Sala, la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el expediente 76001-33-33-001-2023-00098-00/01, se advierte que la
providencia del 19 de septiembre de 2024 que confirmó en segunda instancia la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Cali en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho fue efectivamente notificada el 25 de septiembre de 202412.
Siendo así, el plazo razonable para presentar la acción de tutela se extendió hasta el 26
de marzo de 2025, sin embargo, solo fue presentada hasta el 25 de agosto de 2025 13,
esto es luego de 10 meses y 29 días, término que supera el plazo razonable previsto por
la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.
Si la parte demandante estimaba que la providencia del 19 de septiembre de 2024 vulneró
sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto
como le fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de
la solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Alcaldía de Santiago de Cali, conforme a
la parte motiva.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
11 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Índice 16 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-001-2023-00098 00/01.
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 205 del CPACA, toda vez que el correo que comunicó la providencia data
del 23 de septiembre de 2024.
13 Índice 1 de Samai de la presente referencia.
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Demandante: Myrian Castrillón Candela
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalida
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