Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05261-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05261-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05261-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandante: Horacio Ramírez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05261-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05261-01
Demandante: HORACIO RAMÍREZ VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por
no superar el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 26 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por
no superar el requisito de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 251 de agosto de 20252, el señor Horacio Ramírez
Vargas, en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca3 con la que pretende el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la seguridad social, en conjunto con los principios de
legalidad, confianza legítima y buena fe.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 19 de diciembre de 2024, proferida por la autoridad
judicial accionada que revocó la providencia del 27 de agosto de 2024 del Juzgado
1
Si bien el actor presentó la acción constitucional el 24 de agosto del año en curso, este era un día
domingo y su radicación se realizó sobre las 9:00 p.m., razón por la que se entiende presentada el
25 siguiente, día hábil.
2
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3
Magistrados: Luz Elena Sierra Valencia, Patricia Feuillet Palomares (ausente con permiso) y
Óscar Alonso Valero Nisimblat.
1
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Demandante: Horacio Ramírez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05261-01
14 Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, declaró probada la excepción
de prescripción extintiva, para en su lugar, negar las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra el Distrito
Especial de Santiago de Cali, identificado con el radicado 76001-33-33-014-2023-
00137-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 19 de
diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del
proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-014-2023-00137-014.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 6 de enero de 1984, el señor Horacio Ramírez Vargas se vinculó como docente
al servicio del municipio de Santiago de Cali, labor que desempeñó hasta el año
2001.
Mediante Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, la Alcaldía de Santiago de Cali
fijó prestaciones sociales y otros beneficios para los docentes a su servicio, entre
los que se encontraban primas semestrales, de vacaciones y de antigüedad, todas
con carácter salarial.
No obstante, por medio del fallo del 8 de agosto de 2019, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B5 declaró nulo el mencionado Decreto, bajo el
argumento de que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos quedó principalmente en cabeza del Congreso de la
República y no de las asambleas departamentales o los concejos municipales, que
conservaron su atribución para fijar las escalas de remuneración de tales empleos.
Igualmente, se determinó que:
[…] se respetarán los efectos que causó mientras estuvo vigente, por cuanto de su
aplicación se han consolidado situaciones jurídicas en lo referente a los factores
salariales y prestaciones sociales, por lo que no es pertinente perturbar los
derechos adquiridos de buena fe que surgieron en razón de ello.
4
Transcripción literal que puede contener errores.
5
Radicado: 76001-23-31-000-2010-01485-01.
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Demandante: Horacio Ramírez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05261-01
Con ocasión de ello, el señor Ramírez Vargas presentó reclamación ante el
municipio con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los emolumentos y
demás beneficios contenidos en el Decreto 0216 de 1991, causados desde la
fecha en que se suspendió su pago (año 2000) hasta el momento en el que se
efectuó su retiro definitivo (2001). Dicha petición fue contestada
desfavorablemente.
Por lo tanto, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el objetivo de que se realizara el estudio de
legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales le fue negada su
reclamación.
En sentencia del 27 de agosto de 2024, el Juzgado 14 Administrativo del Circuito
Judicial de Cali declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta
por el extremo pasivo.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo del 19
de diciembre de 2024, revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, tras considerar que:
Ahora bien, en el caso del actor, de acuerdo con el listado de conceptos
devengados acompañado con la demanda, se observa que percibió las primas
extralegales desde el año 1995 hasta el año 1999, de manera que, la anulación del
acto administrativo general no conlleva per se la nulidad de los actos
administrativos particulares que le reconocieron dichos emolumentos. Así como
tampoco implica que, como las devengó durante dicho tiempo, le asista el derecho
a seguir obteniendo su reconocimiento, pues se repite, mucho antes que se
emitieran los fallos de nulidad, la misma administración había suspendido su pago.
Por tanto, para los años 2000 y 2001 reclamados por la parte actora, no puede
predicarse ninguna situación consolidada en su favor, pues para dicho momento,
ya se había suspendido el reconocimiento y pago de las primas extralegales, es
decir, para esos años no medió un acto administrativo particular y concreto de
reconocimiento, lo que justamente motivó la presentación de la demanda.
El proveído fue notificado electrónicamente el 14 de enero de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora argumentó que el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
incurrió en los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente, sustantivo y
violación directa de la Constitución en la sentencia del 19 de diciembre de 2024.
Frente al primero, adujo que no se realizó una valoración de las pruebas obrantes
en el proceso que acreditaban que laboró como docente para el municipio durante
la vigencia del Decreto 0216 de 1991.
Respecto al segundo y el tercero, sostuvo que no se tuvo en cuenta el precedente
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dictado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional relacionado con los
derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Así como tampoco
se realizó una debida interpretación del artículo 58 de la Carta Política.
Finalmente, relató que se vulneraron los principios y garantías fundamentales
consagrados en los artículos 25, 29, 48, 49, 53, 58, 93 y 229 de la Constitución.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en
providencia del 1. ° de septiembre de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante6 y, como parte demandada, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca7.
Además, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso del alcalde distrital de Santiago de Cali8.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:
1.6.1. Alcaldía de Santiago de Cali
Por medio de memorial remitido el 4 de septiembre de 2025, la directora del
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del ente territorial adujo
que, en el medio de control se respetó el debido proceso en cada una de las
etapas, además de realizarse un estudio minucioso de las normas señaladas
como vulneradas, así como de los actos administrativos alegados.
En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción al no
encontrar configurado defecto alguno o violación de las garantías fundamentales.
También puso de presente que resultaba evidente que la parte actora se
encontraba utilizando el mecanismo constitucional como una instancia adicional
para revivir el debate ya zanjado por el juez ordinario.
1.6.2. Pese a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue notificado
en debida forma, guardó silencio.
6
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico:
notificaciones@coemabogados.com.
7
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones web:
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación enviada a los correos:
notificacion.tutelas@cali.gov.co y notificacionesjudiciales@cali.gov.co.
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1.7. Fallo impugnado
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 26 de
septiembre de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de inmediatez.
Al respecto, expuso que el fallo con el que culminó el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho fue proferido el 19 de diciembre de 2024 y
notificado el 14 de enero de 2025 por medio de notificación electrónica, sin
embargo, la parte actora radicó la acción tutelar el 24 de agosto de 2025, esto es,
7 meses y 8 días después de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.
Por lo tanto, explicó que, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional
no resultaba desproporcionada, ya que en el proceso ordinario no se acreditó que
el señor Ramírez Vargas se encontrara en una situación especial que le impidiera
ejercer la acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de
la providencia censurada, máxime si se tiene en cuenta que a lo largo del proceso
estuvo representado por un apoderado judicial.
1.8. Impugnación
Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de octubre de 20259, la parte
actora impugnó el fallo de primer grado, pronunciándose acerca del requisito de
inmediatez y su cumplimiento.
Al respecto, adujo que la Corte Constitucional ha indicado que la inmediatez no
opera como un término de caducidad o prescripción, puesto que la acción de
tutela, en cuanto mecanismo de protección de derechos fundamentales, no puede
quedar sujeta a reglas rígidas que desconozcan la naturaleza propia del amparo y
su carácter residual y efectivo. Por lo tanto, explicó que el criterio debía analizarse
bajo la razonabilidad y proporcionalidad atendiendo a las circunstancias
particulares del caso.
En consecuencia, argumentó que para su caso concreto se configuraban
excepciones que permitían la flexibilización del requisito. Así, mencionó que por su
edad podía ser considerado un sujeto de especial protección constitucional, al ser
una persona de la tercera edad.
Igualmente, hizo referencia a que en los juzgados administrativos de Cali se
continuaban resolviendo procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sobre
el mismo asunto controvertido, lo que demostraba que el tema conservaba plena
actualidad y relevancia jurídica.
9
El fallo de primer grado fue notificado el 10 de octubre de 2025.
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Además, puso de presente que el debate pretendido en la tutela giraba en torno al
concepto de derecho adquirido que el Consejo de Estado le dio al Decreto 0216
de 1991 en la sentencia 76001-23-31-000-2010-01485-01 del 8 de agosto de
2019.
Por lo tanto, relató que la vulneración de sus derechos fundamentales no era un
hecho agotado, sino que permanecía en el tiempo y se seguía materializando en
la actualidad. Al respecto, expresó que:
La exclusión de dichas primas no puede entenderse como una cuestión
patrimonial eventual, sino como un detrimento sostenido que incide directamente
en la expectativa razonable de obtener una pensión calculada de forma correcta y
completa. La Corte Constitucional ha sido enfática en reconocer que esta
expectativa es un criterio esencial para valorar la procedencia de la tutela, en tanto
de ella depende la seguridad económica y la subsistencia digna del trabajador y su
núcleo familiar. Así, la lesión que aquí se denuncia no se agota en el pasado,
pues, aunque el actor ya percibe una pensión, la negativa a reconocer las primas
extralegales le impide acceder a la reliquidación de su mesada pensional,
afectando de manera continua su ingreso actual y, con ello, sus condiciones
materiales de existencia.
Por último, recalcó sus inconformidades con la providencia enjuiciada,
remitiéndose a los argumentos expuestos en el escrito inicial.
1.9. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
1.9.1. Auto de nulidad saneable
En auto del 12 de noviembre de 2025, la Magistrada Ponente del presente fallo,
ordenó poner en conocimiento del Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial
de Cali la nulidad de carácter saneable, al resultar ser un tercero con interés
jurídico por desempeñarse como el juez de primera instancia del proceso
ordinario.
1.9.2. Contestación del Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de
Cali
Con memorial del 21 de noviembre de 2025, el operador jurídico hizo un recuento
de las actuaciones surtidas al interior del medio de control, para concluir que la
acción constitucional no tenía vocación de prosperidad porque no se había
vulnerado garantía alguna. Por lo tanto, solicitó que se declarara la improcedencia
de la solicitud de amparo.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Horacio Ramírez Vargas, contra la sentencia del 26 de septiembre de
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 del 12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 26
de septiembre de 2025 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la inmediatez?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró las garantías
fundamentales de la parte actora en la sentencia del 19 de diciembre de
2024?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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procedencia12.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Inmediatez
Esta Colegiatura13 ha considerado como plazo prudencial el de seis (6) meses
desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia
judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de
esta, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia. No obstante lo
anterior, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que la providencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca fue dictada el 19 de diciembre de 2024 y
12
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
13
Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago
Valencia; 03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-
1435-00, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-
01, 12.09.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro; 21.09.16, Rad.
11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.
8
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notificada el 14 de enero de 202514, y la tutela fue radicada el 25 de agosto de
2025, es decir que, sin que sea necesario verificar la ejecutoria de la mencionada
providencia y la presentación de la petición de amparo, transcurrió más de 6
meses, término que para esta Sección no resulta razonable.
Acerca del argumento esgrimido por el señor Ramírez Vargas sobre poseer la
condición de sujeto de especial protección no es de recibo, pues de los datos
relacionados en la tutela se tiene que el actor tiene 66 años, es decir, que tiene la
calidad de adulto mayor, más no persona de la tercera edad, tal como lo ha
establecido la Corte Constitucional:
De considerarse que todos los adultos mayores requieren una especial protección
constitucional y un análisis más flexible en relación con el principio de
subsidiariedad, sería necesario concluir que todas las peticiones de vejez que ellos
hagan a través de la acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría
por hacer que las vías ordinarias de defensa judicial laboral en esa materia en
particular queden inoperantes. Ello trastocaría la naturaleza excepcional de la
acción de tutela y comprometería el sistema de distribución de las competencias
judiciales y jurisdiccionales […].
Reconocer entre los adultos mayores a quienes están en una condición de mayor
vulnerabilidad por un criterio etario, permite identificar a las personas que precisan
especial apoyo para la realización de sus derechos, por el desgaste biológico que
implica el paso del tiempo y así, concretar el principio a la igualdad y conservar la
acción de tutela como un medio excepcional y subsidiario de protección de los
derechos fundamentales […].
(…) la Sala encuentra que él es un adulto mayor, pero definitivamente no es una
persona de la tercera edad, al no haber superado la expectativa de vida y, por lo
tanto, no precisa un trato especial en razón de su edad15.
De lo anterior se tiene que, la jurisprudencia ha determinado que el término
«adulto mayor» es la edad con la cual se puede acceder a la pensión, además de
otras normas que consagran los 60 años como edad para ello, sin embargo, el
término «persona de la tercera edad» tiene que ver con la expectativa de vida
señalada por el DANE, que para el año actual es de 74 años para hombres16.
Por lo tanto, no es posible realizar un estudio más flexible frente al requisito de la
inmediatez como requisito adjetivo de procedencia de la tutela en el caso del
señor Ramírez Vargas. Además, no se evidencia ningún perjuicio irremediable o
alguna otra condición que permita apreciarla para tener al actor como sujeto de
especial protección.
14
Mediante notificación electrónica, la cual es visible en el índice 16 de Samai del proceso
identificado con radicado 76001-33-33-014-2023-00137-01.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Información extraída de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion?view=article&id=4306:demografia-poblacion-banner&catid=52.
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Igualmente, de la situación expuesta se evidencia que al actor no se le ha negado
el acceso a una pensión de vejez, sino que, por el contrario, no se accedió al pago
de los emolumentos y demás beneficios contenidos en el Decreto 0216 de 1991
que no percibe desde el año 2000, lo cual demuestra que es un rubro que no ha
recibido por años y no ha representado un detrimento para su mínimo vital.
En mérito de lo expuesto, la Sala no advierte una explicación válida para que el
ejercicio de la acción de tutela se haya hecho por fuera del tiempo proporcional y
razonable adoptado por la Corporación; además, el actor no se encuentra en
alguna de las situaciones que la Corte Constitucional17 ha establecido como
justificación, es decir, que: (i) no existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado; (iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.
De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido un lapso considerable
hasta la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance
jurídico establecido por el constituyente a esta y se desvirtúa su finalidad de medio
de protección actual, inmediato y efectivo. Como se advierte, en el asunto sub
judice, no existe una explicación válida para la presentación de la tutela por fuera
del tiempo proporcional y razonable señalado por la Corporación.
Por las razones señaladas, se confirmará la improcedencia decidida por el a quo,
porque no se encontró satisfecho el requisito de inmediatez.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: CONFIRMAR el fallo del 26 de septiembre de 2025 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
17
Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T-
1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de
17.06.10., T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Horacio Ramírez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05261-01
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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