Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05273-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
31 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05273-00
Accionante: María Olga Forero Riaño
Accionados: Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora María Olga Forero
Riaño en contra del Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá y del Director de Archivo Central de Paloquemao.
I.- ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 26 de agosto de 20252 la interesada interpuso acción de tutela con el propósito
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
propiedad privada y a la enajenación de bienes inmuebles. Señaló que, dentro del
proceso por inasistencia alimentaria identificado con el CUI
110016000012201302699 y número interno 243349, adelantado en el año 2014
contra Manuel Augusto Mora Jara, el despacho judicial dispuso la medida de
prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, la cual recayó sobre el inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-120220.
2.- Hechos
2.1.– Expuso que, dentro del proceso por inasistencia alimentaria radicado bajo el
CUI 110016000012201302699 y número interno 243349, adelantado en el año 2014
contra su cónyuge Manuel Augusto Mora Jara, el Juzgado Cuarenta y Uno Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso una medida de
prohibición de enajenar bienes sujetos a registro sobre el inmueble identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 50C-120220, del cual ella es propietaria.
2.2.– Manifestó que, en audiencia celebrada el 1.º de octubre de 2015, el citado
despacho, mediante Oficio No. 435, ordenó levantar la prohibición de enajenar el
1
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 85D7B90E183DF467 14576F3BDB4403 E4
7E9EEA3CB025117F 3C78D5FF4B2CDF2A.
2
Obra en el certificado 43D1F84C31FC24AA 79E6071C73E96D66 B7190AE5BAF32234 97DBCD4515C17C9A, índice 4.
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Accionante: María Olga Forero Riaño
Accionados: Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá y otro
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referido bien inmueble. No obstante, precisó que dicho oficio nunca fue elaborado,
situación que mantiene vigente la restricción en la anotación No. 025 del certificado
de libertad y tradición del predio, expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos —Zona Centro de Bogotá—.
2.3.– Indicó que, a la fecha, en el año 2025, la medida provisional continúa inscrita
pese a las reiteradas solicitudes. Señaló que remitió comunicaciones al Juzgado
Cuarenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías y al Archivo
Central de Paloquemao, sin recibir respuesta de fondo. Expresó que radicó
peticiones mediante los correos electrónicos institucionales
pqrsspabta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
correspondencipq@cendoj.ramajudicial.com.co, a las cuales se asignaron los
radicados VMSD-03-6310 y FERR-03-6261, respectivamente. Posteriormente, le
informaron que el expediente reposaba en el Archivo Central, bajo la custodia del
funcionario Hemerson Vicente Herrera Poveda (correo
hherrerp@cendoj.ramajudicial.gov.co), a quien también dirigió requerimientos sin
obtener respuesta. Afirmó que, en respuesta posterior, el funcionario comunicó
haber trasladado la petición al correo
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, para ubicar la
carpeta del proceso, sin que se haya emitido pronunciamiento alguno.
2.4.– Expuso que, durante más de diez (10) años, ha efectuado gestiones ante la
Superintendencia de Notariado y Registro, el Juzgado Cuarenta y Uno Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y las dependencias del
Archivo Central de Paloquemao, sin lograr la expedición del oficio que ordene el
levantamiento de la medida provisional.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora expuso que el Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá y el Director del Archivo Central de Paloquemao
vulneraron sus derechos fundamentales al no expedir el oficio ordenado en
audiencia del 1.º de octubre de 2015 —Oficio No. 435—, mediante el cual se dispuso
el levantamiento de la medida de prohibición sobre el inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 50C-120220, dentro del proceso por inasistencia
alimentaria radicado bajo el CUI 110016000012201302699 y número interno
243349, tramitado en el año 2014 contra Manuel Augusto Mora Jara. Pese a las
reiteradas solicitudes y comunicaciones enviadas desde esa fecha, la restricción
continúa vigente en la anotación No. 025 del certificado de tradición del bien.
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4.- Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó:
“Con fundamento en los hechos relacionados y a los derechos VULNERADOS,
solicito al señor Juez se sirva disponer a la parte accionada y a favor de la accionante
tutelar los derechos vulnerados y ordenar que se elabore a la mayor brevedad
posible el oficio dirigido a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá,
D.C. Zona Centro, correspondiente al inmueble de matricula inmobiliaria No. 050C-
120220 por parte del Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías despacho que emitió la orden provisional mediante oficio 435 del 01-10-
2015, y que se encuentra inscrito en la anotación No. 025.”3 (Negrilla en el texto
original).
5.- Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1.– Mediante auto del 1 de septiembre de 20254 el ponente admitió la acción de
tutela y ordenó su notificación, en calidad de demandados, al Juzgado Cuarenta y
Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y al Director
del Archivo Central de Paloquemao. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, se dispuso la vinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto dichas
dependencias podrían tener competencia para emitir una respuesta de fondo frente
a los requerimientos objeto de la presente acción.
5.1.1.– A través de auto del 24 de septiembre de 20255, este Despacho, con
fundamento en el informe presentado por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en el cual se indicó que
la autoridad competente para dar respuesta a la petición referida era la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del circuito —donde se encontraba registrado el
bien, como entidad directamente responsable de las anotaciones registrales objeto
de controversia—, dispuso la vinculación de dicha entidad al trámite
correspondiente.
Por otra parte, este Despacho verificó que tanto el Director del Archivo Central de
Paloquemao como la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
guardaron silencio frente a los requerimientos formulados dentro del trámite de la
acción de tutela. Dicha omisión se consideró susceptible de afectar el ejercicio
efectivo de los derechos de defensa y contradicción. En consecuencia, se dispuso
que, dentro del término de dos (2) días, las mencionadas autoridades remitieran el
3
Obra en el folio 4 del certificado 85D7B90E183DF467 14576F3BDB4403E4 7E9EEA3CB025117F 3C78D5FF4B2CDF2A, índice 2.
4
Obra en certificado AB93C4B41C9DC337 17BBB8CDE7F0C0E4 FA6AC6CFBB2F3FCF 8B1898643CAEAFA7, índice 6.
5
Obra en certificado F2AD72823E3B4296 283DB4EC6FBB2076 1B93E3CE0B30DE15 53CA91A254D9455F, índice 15.
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informe correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991.
5.2.– El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial6 (en adelante DEAJ), explicó que, en el asunto identificado con el radicado
11001-03-15-000-2025-05273-00, promovido por la señora María Olga Forero
Riaño, se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no le
era atribuible la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocada. En
efecto, recordó que la acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, debe dirigirse contra la autoridad pública que presuntamente
vulneró o amenazó el derecho fundamental, situación que, en el caso concreto, no
recae sobre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sino sobre la
autoridad judicial que impuso la medida provisional cuya revocatoria se solicita.
5.2.1.– En desarrollo de lo anterior, la DEAJ precisó que la accionante remitió su
solicitud al correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, administrado por el
Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, y no al canal oficial de correspondencia de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co), conforme se
encuentra indicado en la página web de la Rama Judicial. Por lo tanto, señaló que
no existía legitimación para responder por la presunta vulneración alegada, dado
que la petición no fue radicada ante la dependencia competente y el asunto
reclamado se relaciona con la medida adoptada por el Juzgado Trece Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, autoridad que impuso la
restricción sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-
120220 dentro de un proceso por inasistencia alimentaria.
5.2.2.– De igual modo, indicó que, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024, las funciones del Director
Ejecutivo de Administración Judicial se limitan a la ejecución del plan sectorial, la
administración de bienes y recursos, la suscripción de actos y contratos, el
nombramiento de empleados, la ordenación del gasto y la representación judicial de
la Nación–Rama Judicial, entre otras. Por consiguiente, precisó que dentro de sus
competencias no figura el levantamiento o la modificación de medidas judiciales,
por lo que la entidad carece de competencia funcional para pronunciarse sobre la
situación expuesta por la accionante.
6
Obra en certificado 70AC832E2B9DFC59 50C5F40170727AFA 2C6F7EFA93BCFE1F AFD18A7F66870D48, índice 10.
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5.2.3.– En consecuencia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial concluyó
que no se le puede atribuir vulneración alguna de derechos fundamentales, toda vez
que no ejerce la función cuya omisión se cuestiona ni existe evidencia de que haya
recibido o tramitado la solicitud objeto de controversia. Por lo anterior, solicitó al
despacho declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, ordenar su desvinculación del trámite y negar las pretensiones de la
demanda de tutela.
5.3.– El Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá7 informó que, tras la revisión efectuada en la página de
consulta de procesos de la Rama Judicial, se verificó que el expediente penal
registró audiencia preliminar de formulación de imputación el 1.º de octubre de 2015,
conforme a lo dispuesto en los artículos 286 y siguientes del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), dentro del proceso adelantado contra
Manuel Augusto Mora Jara por el delito de inasistencia alimentaria.
5.3.1.– Durante la diligencia, se notificó al imputado acerca de los derechos
previstos en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 y se comunicó la medida cautelar
de prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, establecida en el artículo 97
del mismo estatuto, con una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la
formulación de la imputación. En cumplimiento de esta disposición, se expidió oficio
para informar sobre la imposición de la medida, su duración y la instrucción de que,
una vez vencido el término legal, debía ser cancelada por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente.
5.3.2.– Concluida esta gestión, la carpeta física fue devuelta al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, lo que generó la pérdida de
competencia del despacho respecto de los trámites posteriores. Se destacó que las
decisiones adoptadas por los juzgados de control de garantías en audiencias
preliminares poseen carácter preclusivo, conforme lo ha reiterado el Tribunal
Superior de Bogotá —Sala Penal— y la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Penal—, en la acción de tutela No. 92669 del 19 de julio de 2017,
promovida por Otto Nicolás Bula Bula contra la Fiscalía General de la Nación, el
INPEC y otros.
5.3.3.– El despacho aclaró que lo afirmado por la accionante en el hecho tercero de
la demanda constitucional no corresponde a la realidad procesal, pues el oficio
remitido tuvo únicamente por objeto comunicar la imposición y vigencia de la
7
Obra en certificado E4CC475991FF4EEF ADAE9379CF20CA42 BB74C7F240338415 9C39B96EDB21334F, índice 12.
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medida, sin que se hubiera ordenado el levantamiento de la prohibición de enajenar
sobre el bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-120220.
5.3.4.– Además, se recordó que la Superintendencia de Notariado y Registro,
mediante la Instrucción Administrativa No. 15 del 8 de septiembre de 2016, precisó
que la medida de prohibición de enajenar conserva una duración legal de seis (6)
meses y que, vencido dicho término, la anotación pierde vigencia sin necesidad de
nueva orden judicial. Por lo tanto, corresponde a las Oficinas de Registro efectuar
su cancelación de manera oficiosa.
5.3.5.– Finalmente, la funcionaria resaltó que actuó dentro del marco de sus
competencias constitucionales y legales, garantizó el debido proceso, la defensa y
la contradicción del imputado, y solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de esa judicatura y, de considerarse pertinente, vincular a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del circuito donde se encuentra
registrado el bien, como entidad directamente responsable de las anotaciones
objeto de controversia.
5.4.– El Consejo Superior de la Judicatura8, por intermedio de la magistrada auxiliar
Margarita María Becerra Dawson, adscrita a la Oficina del Despacho de la
Presidencia, dio respuesta a la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-05273-
00, instaurada por María Olga Forero Riaño contra esa corporación y otros,
mediante Oficio No. PCSJO25-824 del 4 de septiembre de 2025, en atención al
traslado dispuesto en auto del 1.º de septiembre de 2025.
5.4.1.– En el escrito, la funcionaria indicó que el Consejo Superior de la Judicatura
carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que las actuaciones
u omisiones mencionadas por la accionante recaen sobre la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, autoridad competente para resolver las
solicitudes relacionadas con el archivo y desarchivo de procesos judiciales. Citó los
artículos 13 y 27 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 86 de la Constitución Política,
y la Sentencia T-005 de 2022 de la Corte Constitucional, en la que se precisó que
la acción de tutela procede únicamente contra la autoridad responsable de la
vulneración del derecho fundamental alegado.
5.4.2.– Asimismo, sustentó su posición en la Sentencia C-265 de 1993, en la que la
Corte Constitucional determinó que las funciones del Consejo Superior de la
Judicatura son de carácter administrativo, sujetas a los artículos 256 y 257 de la
8
Obra en certificado 13A1264A55091A86 86AD2AB03CA2FA39 2473DC65A44DBC32 E5D6548444820B6C, índice 13.
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Carta Política. A su vez, recordó que, conforme al artículo 3.º del Acuerdo PCSJA17-
10784 del 26 de septiembre de 2017, los Archivos Centrales Seccionales dependen
funcionalmente de las respectivas direcciones ejecutivas seccionales o
coordinaciones, por lo que corresponde a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá efectuar el desarchivo de expedientes.
5.4.3.– En respaldo de esa posición, se citaron pronunciamientos del Consejo de
Estado, entre ellos las sentencias del 27 de julio, 10 de noviembre de 2023 y 8 de
febrero de 2024, en las que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
del Consejo Superior de la Judicatura en casos análogos. De igual modo, se
mencionaron los autos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 9 de mayo de 2023 y de la Sala de Casación Penal del 28 de agosto de
2023, que adoptaron la misma postura frente a la competencia de dicha corporación.
En virtud de lo anterior, la Presidencia solicitó al despacho judicial acceder a la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al no haber tenido el
Consejo Superior de la Judicatura conocimiento de la solicitud formulada por la
actora.
5.5.– La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 9 explicó que la
accionante solicitó el desarchivo del expediente No. 11001600001220130269900
NI 243349, correspondiente al asunto en el cual figura como procesado Manuel
Augusto Mora Jara, identificado dentro de la caja o paquete No. 20352-2025. Indicó
que, luego de la verificación efectuada en la Bodega 09 Clic 80, el expediente fue
ubicado, desarchivado y puesto a disposición del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio para los fines de su competencia. Se dejó constancia de
que la respuesta dirigida a la peticionaria se envió mediante correo electrónico del
1.º de octubre de 2025, con los respectivos soportes de envío.
5.5.1.– La entidad señaló que el Grupo de Archivo Central, adscrito al área de
servicios administrativos de la Dirección Seccional, cumple funciones
eminentemente administrativas, limitadas a la custodia, archivo y desarchivo de
procesos, y carece de competencia para expedir órdenes, copias auténticas u
oficios originales con destino a otras autoridades, como los requeridos para
cancelación de antecedentes o levantamiento de medidas cautelares.
5.5.2.– En sustento jurídico, se citó el artículo 23 de la Constitución Política, el
artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, y se precisó que el
derecho de petición se satisface con una respuesta clara, precisa y congruente, sin
9
Obra en certificado 4C67E4D0AC7A5274 78854F9AF57C9BE6 F45EA4CFB1B81D83 0F7B3C65E4C8EB0F, índice 30.
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que ello implique la concesión de lo solicitado. Para tal efecto, se reprodujeron
apartes de las Sentencias T-292 de 2022 y T-521 de 2020 de la Corte
Constitucional, en las cuales se reiteró que la validez de la contestación no depende
del sentido favorable o desfavorable de la decisión.
5.5.3.– Asimismo, la Dirección Seccional invocó el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991 y las Sentencias T-070 de 2022, T-086 de 2020 y SU-522 de 2019, con el fin
de sustentar que en el presente caso se configura un hecho superado por carencia
actual de objeto, debido a que la entidad atendió la solicitud de la actora y remitió el
expediente requerido antes del fallo. Por tal motivo, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
5.5.4.– Finalmente, la entidad informó que las notificaciones se recibirían en la
Carrera 7 No. 27-18, piso 12, Edificio ITAÚ de Bogotá, o en el correo
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, y designó como responsables del
cumplimiento a John Alexander Ramírez Bernal, líder del Grupo de Archivo Central
(jramireb@cendoj.ramajudicial.gov.co) y a Indira Elisa Pachón Serna, coordinadora
del Grupo de Servicios Administrativos (ipachons@cendoj.ramajudicial.gov.co).
5.6.– La Superintendencia de Notariado y Registro 10 manifestó que no le es
atribuible la vulneración de derechos fundamentales invocada por la accionante,
pues la entidad no expidió acto ni realizó actuación alguna relacionada con el
proceso penal por inasistencia alimentaria No. 11001600001220130269900 NI.
243349, dentro del cual se decretó la prohibición de enajenar sobre el inmueble de
Manuel Augusto Mora Jara.
5.6.1.– La entidad explicó que la medida de prohibición de enajenar pierde eficacia
una vez transcurridos seis (6) meses contados desde su inscripción, conforme a las
disposiciones legales que regulan la vigencia de las medidas cautelares registrales.
En ese sentido, precisó que el levantamiento o cancelación de la anotación solo
puede ser ordenado por el juez o autoridad que la decretó y no por la
Superintendencia, cuya función se limita a la gestión registral y publicidad de actos.
Agregó que, de haber transcurrido dicho término sin prórroga o nueva orden judicial,
la medida deja de producir efectos jurídicos.
5.6.2.– En respaldo de su posición, citó los artículos 13 y 27 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el régimen propio de las medidas cautelares en materia
registral. Reiteró que la acción de tutela debe dirigirse contra la autoridad que
10
Obra en el certificado 66A359E71EFEF908 AA898FC583B286D6 4BB08468786DBDF6 C4E2FA546A3A71E5, índice 20.
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incurrió en la presunta vulneración del derecho fundamental, lo cual, en el caso
concreto, no corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro. Por ello
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la
señora María Olga Forero Riaño, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple los presupuestos generales de
procedibilidad establecidos en el ordenamiento jurídico. De acreditarse tales
requisitos, se examinará si las autoridades accionadas incurrieron en la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.
3.- Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad: Ausencia del
requisito lógico jurídico
3.1.– La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por
el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86 constitucional
y del artículo 1º del Decreto 2591 de 199111. Esta protección “consistirá en una
orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga
de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el
“amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe
una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”12. Lo
11
Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
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Sentencia T-130 de 2014.
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Accionante: María Olga Forero Riaño
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela sea procedente requiere como
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”13, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”14.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial —la existencia
de una acción u omisión respecto de la cual pueda efectuarse el juicio de
vulneración de derechos fundamentales—, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
3.2.– En el asunto sub examine, la señora María Olga Forero Riaño interpuso el
mecanismo constitucional de amparo con el propósito de que se ordene la
elaboración, a la mayor brevedad posible, del oficio dirigido a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., Zona Centro, correspondiente al
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 050C-120220, por parte del
Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
despacho que emitió la orden provisional mediante Oficio No. 435 del primero (1.º)
de octubre de dos mil quince (2015), la cual se encuentra inscrita bajo la anotación
No. 025.
3.3.– La Sala observa que la medida de prohibición de enajenar bienes sujetos a
registro, impuesta el 1.º de octubre de 2015 dentro del proceso penal seguido contra
Manuel Augusto Mora Jara por el delito de inasistencia alimentaria, tenía una
vigencia legal de seis (6) meses, conforme a lo previsto en el artículo 97 de la Ley
906 de 2004 y la Instrucción Administrativa No. 15 del 8 de septiembre de 2016,
expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Dicha normativa precisó
que, vencido el término, la anotación pierde validez sin requerir nueva orden judicial
para su cancelación, lo cual implica que la restricción registral deja de producir
efectos jurídicos por el simple transcurso del tiempo.
En consecuencia, cualquier orden judicial tendiente a disponer el levantamiento de
dicha medida carecería de eficacia material, por cuanto el término de seis meses
había transcurrido en exceso al momento en que se presentó la acción
constitucional. De esta manera, el objeto de la solicitud se encontraba agotado por
mandato legal, sin que resultara procedente impartir una orden judicial respecto de
una medida extinguida.
13
Ibid.
14
Ibid.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05273-00
Accionante: María Olga Forero Riaño
Accionados: Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Así las cosas, al haber cesado los efectos de la medida por el cumplimiento del
término legal de seis (6) meses, no subsiste hecho u omisión vigente sobre el cual
la jurisdicción constitucional pueda ejercer control.
En consecuencia, la solicitud carece del requisito lógico-jurídico indispensable para
predicar la existencia de una amenaza o vulneración actual de derechos
fundamentales, motivo por el cual el amparo constitucional resulta improcedente,
pues, al momento de su interposición, no existía alguna conducta activa u omisiva
por parte de los convocados, de la cual se tuviera que resguardar a la interesada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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