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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05273-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05273-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05273-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05273-01
Accionante: María Olga Forero Riaño
Accionados: Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá y otro
Tema: Derechos: debido proceso, propiedad privada y «enajenación de
bienes inmuebles». Prohibición de enajenar bienes sujetos a
registro. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante en contra de la
sentencia del 31 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la propiedad privada y «a la enajenación de bienes inmuebles» los cuales
considera vulnerados por el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías y el director de Archivo Central de Paloquemao.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que en el año 2014 tramitó ante el Juzgado 13 Penal Municipal de Conocimiento
un proceso de inasistencia alimentaria con radicado 11001-60-00-012-2013-02699-
00, en contra del señor Manuel Augusto Mora Jara.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Ra d ic a d o: 68001-23-33-000-2025-05273-01

Que en el marco de ese proceso, el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá dictó medida provisional de prohibición de enajenar
bienes sujetos a registro, la cual recayó en el inmueble con Matrícula Inmobiliaria
50C-120220 de propiedad del señor Manuel Augusto Mora Jara y de la aquí
accionante.

Que el mismo Juzgado «en audiencia del 1º de octubre de 2015 dispuso levantar la
prohibición de enajenar bienes»1. Afirma que «el Oficio 435 nunca se elaboró».

Que el 21 de septiembre de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
confirmó la sentencia absolutoria que profirió el Juzgado 13 Penal Municipal el 1º
de agosto de igual año.

Que a la fecha de presentación de la acción de tutela han transcurrido más de 10
años y la medida de prohibición sigue vigente en la anotación núm. 025 del
certificado de tradición y libertad del inmueble identificado previamente, situación
que le transgrede los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad.

Que en marzo de 2025 remitió sendos correos al Juzgado 41 Penal Municipal de
Control de Garantías solicitando que se expidieran los oficios pertinentes para
levantar la medida de prohibición. «y al final informan que era el centro de servicios
de procesos judiciales con correo: pqrsspabta@cendoj.ramajudicial.gov.co donde
se radico las petición [sic] y esta oficina le asignó el radicado VMSD -03-6310, y
también fue enviado a correspondencia Paloquemao, a donde se envía también la
petición al correo: correspondencipq@cendoj.ramajudicial.com.co y esta oficina le
asigna el radicado FERR-03-6261»; donde le indicaron que el proceso estaba en
archivo y que debían esperar un término prudencial para recibir respuesta; sin
embargo, transcurrieron más de 90 días y no contestaron.

PRETENSIONES

Que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene al Juzgado
41 Penal Municipal de Control de Garantías que de manera inmediata, elabore oficio
dirigido ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro
para que se levante la medida de prohibición de enajenar bienes en el inmueble
50C-120220.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 1º de septiembre de 2025 el consejero sustanciador admitió la demanda y vinculó
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central y al Consejo Superior de la
Judicatura.

Mediante auto del 24 de septiembre de 2025, el juez de tutela de primera instancia
requirió al director del archivo central de Paloquemao y a la Dirección Seccional de

1
En dicha audiencia se impuso la medida que no se levantó expresamente y que es la que motiva la acción de
tutela.

2

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Administración Judicial de Bogotá, para que rindieran informe y vinculó a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías explicó
que la medida de prohibición para enajenar bienes tiene una vigencia de 6 meses
contados desde la imputación. Adujo que emitió oficio informando sobre la
imposición de la medida, su vigencia temporal y «la anotación de que, vencido el
término legal, esta debe ser cancelada por la oficina de registro correspondiente».

Que una vez cumplida esa gestión devolvió la carpeta física al Centro de Servicios
Judiciales de Bogotá. Resaltó que las decisiones adoptadas por los juzgados de
control de garantías en audiencias preliminares son de carácter preclusivo.

Informó que la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Instrucción
Administrativa núm. 15 del 8 de septiembre de 2016 precisó que la medida de
prohibición de enajenar bienes tiene una duración legal de 6 meses y que vencido
dicho tiempo la anotación pierde vigencia sin necesidad de una orden judicial para
su cancelación.

Por lo anterior, pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva
y que se vinculara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá mencionó que el
1º de octubre de 2025 le informó a la accionante que ubicó el proceso 11001-60-00-
012-2013-02699-00, lo desarchivó y se encuentra a disposición del Centro de
Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio; razón por la cual, pidió que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que el Juzgado 41 Municipal
con Función de Control de Garantías mediante Oficio núm. 435 del 1º de octubre de
2015 impuso medida de prohibición de enajenar bienes, la cual se registró en la
Anotación núm. 25 en el certificado de tradición y libertad.

Precisó que la medida de prohibición del bien inmueble 50C- 120220 actualmente
no está vigente, por lo que el titular del derecho de dominio puede disponer del bien.
Agregó, que en el caso de que el juzgado ordene la cancelación de la medida «esta
deberá cumplir con el procedimiento descrito en el Capítulo V de la Ley 1579 de
2012, iniciando por su debida radicación ante esta ORIP; más no quiere decir que
dicho trámite sea obligatorio».

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La Oficina de Administración y Apoyo del Complejo Judicial de Paloquemao
manifestó que no ha omitido sus funciones y no ha vulnerado el derecho de petición
de la accionante, puesto que no ha recibido solicitud alguna por parte de ésta.
Además, dijo que no tiene competencia para resolver asuntos tramitados bajo la ley
penal procesal vigente.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del
31 de octubre de 2025 declaró improcedente la acción de tutela, luego de determinar
que la medida de prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, impuesta el 1º
de octubre de 2015 dentro del proceso penal que se adelantó en contra del señor
Manuel Augusto Mora Jara por el delito de inasistencia alimentaria, tenía una
vigencia legal de 6 meses, tal y como lo dispone el artículo 97 de la Ley 906 de 2004
y la Instrucción Administrativa núm. 15 del 8 de septiembre de 2016 expedida por la
Superintendencia de Notariado y Registro.

El juez constitucional de primera instancia indicó que, teniendo en cuenta que
vencido el término antes citado la anotación de prohibición pierde vigencia, sin
requerir orden judicial para su cancelación, «cualquier orden judicial tendiente a
disponer el levantamiento de dicha medida carecería de eficacia material, por
cuanto el término de seis meses había transcurrido en exceso al momento en que
se presentó la acción constitucional».

IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la sentencia, alegando que el juez constitucional de primera
incurrió en «un error jurídico fundamental al concluir que "el requisito lógico-jurídico"
no existe porque la medida "perdió vigencia automáticamente" por el transcurso de
seis meses. Esta conclusión desconoce la naturaleza del sistema registral
colombiano y la práctica administrativa de las Oficinas de Registro».

Sostiene que el sistema registral no opera con vencimientos automáticos, sino con
actos de comunicación judicial; de ahí que, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos puede inscribir, modificar o cancelar las anotaciones con base en órdenes
judiciales expresas, es decir que, dicha entidad no tiene la facultad de «presumir el
vencimiento de las medidas judiciales», «[c]ancelar restricciones sin comunicación
del juez que las impuso» e «[i]nterpretar por su cuenta la temporalidad de medidas
cautelares».

Frente al argumento del Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías sobre la pérdida de competencia para emitir oficio que ordene levantar la
medida cautelar, dado que se devolvió el expediente al Centro de Servicios
Judiciales, la accionante adujo que dicho alegato es «inadmisible», para ello trajo a
colación la Sentencia T-606 de 2015 de la Corte Constitucional donde se menciona
que «[n]inguna autoridad judicial puede alegar que 'perdió competencia' para
cumplir las obligaciones que se derivaron de sus propias decisiones. Si el juez
ordenó una medida temporal, asume el deber funcional de comunicar su
finalización, independientemente».

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Menciona que celebró una promesa de compraventa del bien inmueble 50C –
120220, la cual está «en riesgos de resolverse por incumplimiento si no se levanta
la prohibición», indica «[p]erjuicios económicos potenciales: $ 550.000.000» y que
«requiere urgentemente la venta para solventar deudas de créditos hipotecarios
atrasados».

Por lo anterior, pide que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se conceda el derecho fundamental al debido proceso, a la propiedad privada, a la
enajenación de bienes y al acceso efectivo a la administración de justicia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) prohibición de enajenar bienes sujetos a
registro y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Prohibición de enajenar bienes sujetos a registro

El artículo 97 de la Ley 906 de 2004 dispone que el imputado dentro del proceso
penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses
siguientes a la formulación de la imputación, excepto cuando este garantice la
indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia.

La Corte Suprema de Justicia en auto del 18 de noviembre de 20152 determinó
que las anotaciones efectuadas con fundamento en el artículo 97 de la Ley 906 de
2004 deberán ser canceladas por las oficinas de registro de instrumentos públicos,
sin que medie orden judicial que así lo disponga.

Por lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Instrucción
núm. 15 del 8 de septiembre de 2016, donde impartió las siguientes orientaciones:

2 Radicado AP6750

5

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«[…] esta medida cautelar a nivel de registro, al estar determinado el
termino deduración por la ley, es claro que una vez vencido dicho
lapso la anotación queda sin vigencia, queriendo ello decir, que no
es necesaria una nueva anotación que tenga por objeto cancelar la
medida.
Ahora, a partir de la fecha de la presente instrucción la medida cautelar
en comento se inscribirá con el código registral "0494 PROHIBICION DE
ENAJENAR ART. 97 LEY 906 DE 2004" creado mediante Resoluciones
[sic] número 9131 y 9132 de 2016 y en la etapa de inscripción, el
funcionario calificador o quien haga sus veces, en la casilla de comentario
de la anotación de manera clara indicará:
• Fecha de inicio, que corresponde a la fecha de la audiencia en la cual
fue proferida la medida,
• Fecha de finalización de la medida determinada con la contabilización
de los seis meses de que trata la norma a partir de la fecha de inicio y,
• Se agregará el comentario de que una vez vencido el plazo de los seis
(6) meses estipulados por la ley, la medida cautelar no tendrá efecto
alguno.

No obstante lo anterior, de existir una solicitud por parte del Juez
competente, en el sentido de levantar la medida cautelar de forma
expresa, en virtud del Principio Registral de Rogación y en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 del Estatuto
Registra'', el Registrador [sic] deberá acceder a dicha petición, es
decir procederá a realizar la inscripción de la cancelación». (negrilla
fuera de texto original)

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia3 explicó que dicha prohibición «no
puede equipararse de modo automático a las medidas cautelares reguladas en los
artículos 92 y siguientes de la Ley 906 de 2004», ya que esta medida «cuenta con
un término definido, seis (6) meses, y su levantamiento no está condicionado a
solicitud del interesado o a la caducidad de las acciones correspondientes (artículo
96 ibídem), es decir, fenecido ese lapso, la interdicción a la propiedad deja de tener
efectos jurídicos por virtud de la ley».

Análisis del caso concreto

La accionante impugna la sentencia de primer grado considerando que no le asiste
razón al juez constitucional de primera instancia cuando aduce que no resulta
procedente impartir orden de levantar la prohibición de enajenar el bien inmueble
050C- 120220, porque la medida está extinta.

Alega que todas las medidas cautelares pueden ser inscritas, modificadas o
canceladas por la oficina de registro de instrumentos públicos, previa orden judicial
que así lo requiera; por lo que el asunto no es la excepción, ni la medida se va a
levantar por un vencimiento automático.

Debe precisar la Sala que los jueces con función de control de garantías actúan a
través de audiencias preliminares, por medio de las cuales se verifica la legalidad
de la captura, la imputación de cargos, la imposición de medidas de aseguramiento

3
Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas, providencia STP1575-2017 del 9 de febrero de 2017.

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y de medidas cautelares, entre otras. Dichas peticiones se presentan ante el Centro
de Servicios judiciales, quien se encarga de asignar el despacho de control de
garantías que conocerá de ese asunto en específico; de ahí que, una vez el juez
resuelve la solicitud devuelve la carpeta al centro y pierde competencia sobre esa
cuestión.

En relación, con la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro es del caso
resaltar que ésta no es similar a las medidas cautelares que establece el artículo 92
del Código de Procedimiento Penal, ya que su vigencia se encuentra determinada
por el término de 6 meses, por lo que, vencido dicho lapso la medida pierde vigencia,
sin necesidad que obre orden judicial al respecto.

La Sala observa que el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías mediante Oficio 435 del 1º de octubre de 2015 ordenó registrar la
prohibición de enajenar el inmueble 50C- 120220. El 26 de octubre de 2015, la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, zona centro registró la medida en la
Anotación núm. 25 del certificado de tradición y libertad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala evidencia que para la fecha de interposición
de la acción de tutela4, la prohibición que discute la accionante ya no está vigente,
por lo que la propietaria puede disponer del bien inmueble sin que se requiera orden
judicial de cancelación de la anotación en el certificado de tradición y libertad o el
levantamiento de la medida.

Así las cosas, se comparte la consideración del a quo que indica que al haber
cesado los efectos de la medida por el cumplimiento del término legal de seis (6)
meses, no subsiste hecho u omisión vigente sobre el cual la jurisdicción
constitucional pueda ejercer control o emitir orden de amparo.

De igual forma, se advierte que no le asiste razón a la accionante al alegar que el
Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías tiene el deber de
emitir oficio ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que
cancele la anotación de prohibición de enajenar, pues como bien se dijo
anteriormente, dicho despacho ya no tiene conocimiento del proceso.

No obstante, si la accionante desea que se cancele la Anotación 25 en el certificado
de tradición y libertad, puede solicitar ante el Centro de Servicios Judiciales la
cancelación o levantamiento de la medida. Dicha Oficina asigna un juez con función
de control de garantías, quien dará la orden correspondiente a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 31 de octubre de 2025 que declaró
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

4 Se radicó el 26 de agosto de 2025

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Ra d ic a d o: 68001-23-33-000-2025-05273-01

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2025 proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

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