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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05274-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05274-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el Municipio de Nariño, a través de su alcaldesa y representante legal, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05274-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derecho fundamental
al debido proceso / VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL – Amnistías tributarias relativas
a impuestos locales – Límites a la facultad de los entes territoriales para establecer
beneficios tributarios / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL / No se encuentra acreditado por cuanto la parte accionante persigue
un fin exclusivamente económico y se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir
la discusión definida en el proceso ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el Municipio de Nariño2, a través de su alcaldesa y representante legal, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 25 de agosto de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.

Hechos relevantes

2. Por medio de Acuerdo núm. 001 de 2025, el Concejo Municipal de Nariño autorizó
la condonación total de la deuda a cargo del Fideicomiso Conjunto Mirador de
Nariño, por concepto del impuesto predial unificado correspondiente al año 2025 y
anteriores, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar la condonación total de la deuda por
concepto de Impuesto Predial Unificado correspondiente al 2025 y
anteriores de los inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria
Nos. 028-0010511 y 028-0034000, liquidada mediante ACTO DE
LIQUIDACIÓN-RESOLUCIÓN / FACTURA No. 1068651 de fecha 10 de

1 Que ingresó para fallo el 24 de septiembre de 2025.
2 El municipio accionante es parte del Departamento de Antioquia. En el resto de la providencia se
entenderá que el Municipio de Nariño corresponde a dicho ente territorial.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

febrero de 2025, por un valor total CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS VCTE.
($14.823.422,00), cuyo sujeto pasivo reportado es el patrimonio Autónomo-
Inmobiliario FIDEICOMISO CONJUNTO MIRADOR DE NARIÑO,
administrado por FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Tesorería Municipal de Nariño deberá realizar
los ajustes contables, fiscales. tributarios y administrativos necesarios en los
registros del municipio, incluyendo el sistema de información predial y el
estado de cartera. para reflejar la condonación autorizada en el Artículo
Primero del presente Acuerdo y dar de baja la obligación tributaria
correspondiente a la factura/resolución No. 1068651 del 10 de febrero de
2025.

ARTÍCULO TERCERO. La Administración Municipal, a través de la
dependencia competente, comunicará el presente Acuerdo al Patrimonio
Autónomo-Inmobiliario FIDEICOMISO CONJUNTO MIRADOR DE NARIÑO,
administrado por FIDUCIARIA CENTRAL S.A., informando sobre la
condonación autorizada.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación”3.

3. El Acuerdo núm. 001 de 2025 fue sancionado el 24 de mayo de 2025 y se remitió
a la Gobernación de Antioquia el 26 del mismo mes y año.

4. La Gobernación de Antioquia, a través de la Dirección de Asesoría Legal y de
Control, envió el Acuerdo núm. 001 de 2025 al Tribunal Administrativo de Antioquia,
a fin de obtener un pronunciamiento acerca de la validez del acto administrativo.
Esto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 305 de la
Constitución Política y en los artículos 119 y 120 del Decreto 1333 de 1986.

5. Mediante decisión de única instancia del 19 de agosto de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la invalidez del acuerdo No. 001 de 24 de mayo
de 2025, expedido por el concejo municipal de Nariño «por medio del cual
se autoriza la condonación de una deuda correspondiente al impuesto
predial unificado a un patrimonio autónomo constituido para el desarrollo de
un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Nariño,
Antioquia y se dictan otras disposiciones». Lo anterior, de conformidad con
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Comuníquese esta providencia al representante legal del
departamento de Antioquia y al alcalde municipal, presidente del concejo
municipal y personero del municipio de Pueblorrico.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente una vez en firme esta providencia”4.

6. La autoridad judicial accionada consideró que, con la expedición del acto
administrativo acusado, el Concejo Municipal de Nariño desconoció los principios
de igualdad y eficacia tributaria, pues el deudor incumplido terminaría asumiendo
un valor inferior al que realmente estaba obligado a pagar por la pérdida de valor

3 Folios 1 y 2 de la providencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
4 Folio 11 ibid.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

adquisitivo del dinero por el paso del tiempo, situación que derivaba en una renuncia
al cobro de la obligación tributaria y que generaba un trato diferencial con los
ciudadanos cumplidos que asumen un mayor valor en el pago de lo que
corresponde.

7. Además, expuso que en el acuerdo objeto de estudio no se evidenciaba una
razón que justificara la medida y que diera cumplimiento a las condiciones
establecidas en la sentencia C-511 de 1996, proferida por la Corte Constitucional,
para decretar amnistías tributarias.

Pretensiones

8. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la autonomía
territorial, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia del
municipio de Nariño, Antioquia, violados por la Sentencia No. 105 del 19 de
agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Sentencia No. 105 del
19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
al incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que se
abstenga de aplicar de manera generalizada y sin justificación los
precedentes sobre amnistías tributarias a acuerdos que, por su naturaleza,
tienen un carácter excepcional y un fin social. […]”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte demandante sostiene que la providencia del 19 de agosto de 2025
incurrió en un defecto sustantivo por la indebida interpretación de la figura de las
amnistías tributarias generalizadas, la cual se refiere a descuentos masivos a todos
los contribuyentes morosos sin justificación específica, mientras que el Acuerdo
núm. 001 de 2015 condonó una deuda para un proyecto único y sin precedentes de
vivienda de interés prioritario, destinado tanto a población vulnerable como a
víctimas del conflicto y madres cabeza de familia.

10. Asimismo, alega que se configura un defecto fáctico, puesto que el Tribunal
Administrativo de Antioquia ignoró: “la naturaleza del proyecto de vivienda, único y
sin precedentes en el municipio, la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios
(víctimas y madres cabeza de familia), el error catastral que generó la deuda y la
falta de recursos del patrimonio autónomo, la necesidad del paz y salvo para la
entrega real y material de las viviendas, el nulo impacto fiscal para el municipio, que
nunca había recibido tributo por estos lotes y el impacto significativo que la deuda
tendría para los beneficiarios”6.

5 Folio 9 y 10 del escrito de tutela.
6 Folio 7 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

11. Por otro lado, afirma que la decisión de la autoridad judicial accionada se limita
a la simple enunciación de una falta de justificación, sin profundizar en las razones
por las que los argumentos del municipio no son suficientes. Así, al no haber un
análisis detallado, manifiesta que se vulnera la autonomía territorial y se impone un
criterio uniforme a todos los municipios, situación que ignora sus realidades y el
derecho de los concejos a legislar sobre asuntos locales, siempre y cuando su
finalidad sea el bien común y la justicia social.

12. Finalmente, aduce que la decisión judicial restringe de manera
desproporcionada la potestad del Concejo Municipal de Nariño para adoptar
medidas que, aunque excepcionales, buscan solucionar problemas sociales y
económicos específicos de la población, como el desarrollo de un proyecto de
vivienda de interés prioritario. De igual modo, precisó que el Acuerdo núm. 001 de
2025 fue debatido ampliamente y los concejales tenían pleno conocimiento de la
situación y con convicción decidieron votar de manera favorable.

Trámite procesal

13. Encontrándose el expediente a despacho para decidir sobre su admisión, el
magistrado sustanciador advirtió que la señora Erika Cardona Pérez presentó la
solicitud de amparo en calidad de alcaldesa y representante legal del Municipio de
Nariño; sin embargo, en las pruebas allegadas al plenario no se encontraba ningún
documento que acreditara dicha condición.

14. Por ello, a través de auto del 28 de agosto de 2025, el suscrito consejero
ponente inadmitió la acción de tutela bajo estudio y requirió a la señora Erika
Cardona Pérez para que allegara un documento en el que demostrara formalmente
la calidad de alcaldesa municipal de Nariño.

15. El 1.° de septiembre de 2025, la señora Erika Cardona Pérez remitió los
siguientes documentos: (i) acta núm. 001 del 31 de diciembre de 2023, suscrita por
el notario único del Círculo de Nariño, que acreditaba su posesión como alcaldesa
del municipio mencionado para el período constitucional comprendido entre el 1.°
de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027; y (ii) copia de su cédula de
ciudadanía.

16. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2025, el expediente ingresó al despacho
para continuar con los fines pertinentes.

17. Mediante auto del 9 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Antioquia como accionado y a la Personería Municipal de Nariño, a la Gobernación
de Antioquia, al Concejo Municipal de Nariño, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del proceso radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00789-00,
como terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

18. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Intervenciones

19. La Gobernación de Antioquia solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al no existir nexo de causalidad entre el actuar
del departamento y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
parte accionante.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que la sentencia del 19 de
agosto de 2025 contiene una decisión acorde con los hechos probados dentro del
proceso que le sirvieron de causa, al explicar en su texto con claridad las razones
para declarar la invalidez del acuerdo demandado. Por ello, expuso que en el
presente asunto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto en ningún momento de los trámites adelantados dentro del proceso judicial
se actuó con arbitrariedad o se apartó de las normas aplicables o de la
jurisprudencia vigente.

21. De igual modo, señaló que, aún en el evento en que se entendiera que el asunto
sometido a revisión vía de tutela sí tiene relevancia constitucional y cumple con los
demás presupuestos de procedencia, lo cierto es que la sentencia dictada acata las
normas aplicables al caso enjuiciado, se fundamenta en la jurisprudencia que la ha
interpretado y contiene un pronunciamiento que desata los extremos del litigio. Sin
que, a su juicio, se hubiere incurrido en ninguno de los defectos que la doctrina
constitucional ha identificado como generadores de invalidez de las providencias
judiciales.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al reabrir la discusión resuelta por el juez de lo contencioso
administrativo que estudió la validez del Acuerdo núm. 001 de 2025, dictado por el
Concejo Municipal de Nariño?

24. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con la expedición de la providencia del 19 de agosto de
2025, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación y, por
consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
parte accionante?

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto, en el cual se
estudiará si se configuran las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Del requisito de relevancia constitucional

28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

29. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

30. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

31. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

32. La Subsección encuentra que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

33. Al respecto, el Municipio de Nariño considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con la expedición de la sentencia del 19 de agosto de 2025, incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación. Lo anterior, por cuanto la
autoridad judicial accionada no evaluó las particularidades propias de cada caso,
sino que aplicó una fórmula preestablecida que desconoce la realidad del municipio,
sus necesidades y los esfuerzos de la administración para atenderlas.

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

34. Frente a ello, manifiesta que el fallo enjuiciado afecta directamente la posibilidad
de que el Municipio de Nariño desarrolle un proyecto de vivienda de interés social
que beneficie a un sector de la población vulnerable. Esto, en razón a que declarar
la invalidez del Acuerdo núm. 001 de 2025 traslada la carga económica de una
deuda –que es el resultado de un error catastral y retrasos financieros– a los
beneficiarios finales, que son sujetos de especial protección constitucional por ser
víctimas del conflicto armado interno y madres cabeza de familia.

35. No obstante, de conformidad con los fundamentos de la sentencia del 19 de
agosto de 2025, se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia aplicó el
precedente fijado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 25
de marzo de 202117, según el cual, si bien el artículo 294 de la Constitución Política
faculta a las entidades territoriales para establecer beneficios tributarios respecto de
impuestos territoriales, no pueden ordenar amnistías tributarias cuya regulación
está vedada por ley.

36. Al respecto, expuso que la autonomía fiscal de las entidades territoriales no es
ilimitada, pues deriva de la Constitución y de la ley, lo cual implica que, si el
Congreso de la República ha fijado los elementos del tributo, las asambleas y
concejos no pueden apartarse de lo dispuesto por el legislador. Así, destacó que las
amnistías tributarias relativas a impuestos locales sólo pueden ser decretadas por
los concejos municipales de manera excepcional y sujetándose a los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y equidad tributaria.

37. En ese sentido, resaltó la autoridad judicial accionada que el Concejo Municipal
de Nariño, al expedir el Acuerdo núm. 001 de 2025, se limitó únicamente a citar
normas sin realizar el estudio argumentativo estricto y soportado que se requiere
cuando se trata de medidas tributarias excepcionales como la adoptada. Por ello,
consideró que “la sola manifestación de las razones o causales justificativas de un
beneficio tributario, per se, no basta para tenerlas por configuradas, siendo
necesario que se acrediten o soporten, más allá de su simple enunciación”18.

38. De igual modo, en cuanto a la afirmación relacionada con “la precariedad de las
condiciones económicas de un sector del municipio de Nariño”19, el Tribunal
accionado encontró que el ente territorial no detalló con precisión el bien común que
pretendía proteger el proyecto inmobiliario, su impacto fiscal o los cálculos y
operaciones que justificaran condonar la mencionada deuda. Por ello, concluyó que
la condonación sólo beneficiaría, en principio, al deudor del impuesto predial,
supuesto que es contrario a los principios de igualdad y equilibrio de cargas públicas
frente al resto de la comunidad tributaria deudora del gravamen. Al respecto, indicó
el Tribunal Administrativo de Antioquia:

“Debe destacar la sala que la precariedad de las condiciones económicas
de un sector del municipio de Nariño – no se detalla con precisión cuál, ni
el por qué -, el bien común del proyecto y el cero impacto fiscal – sin
acompañarse esa manifestación de cálculos u operaciones que la

17 Radicado núm. 13001-23-33-000-2012-00152-01. Consejera ponente: Stella Jeanette Carvajal
Basto.
18 Folio 10 de la sentencia del 19 de agosto de 2025.
19 Ibid.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

demuestren - que justificarían condonar la mencionada deuda, devienen
en insuficientes e infundadas razones, al no acompañarse de análisis,
soportes y evidencias de su existencia y de la trascendencia en la toma de
la medida.
[…]

En ese orden, no obra en el expediente prueba que soporte los argumentos
de defensa de la legalidad del acuerdo, indicados por el extremo pasivo,
los que se quedan por tanto en meras afirmaciones sin sustento.

Se rememora al respecto que al tratarse de una competencia que solo
puede desarrollarse en forma excepcional, como es la de amnistiar tributos
territoriales, el sustento de la decisión demanda una mayor rigurosidad,
debiendo contar la administración con los elementos probatorios que le
sirvan de soporte a su razonamiento, de manera que al desatenderse estos
requerimientos se desconoce el marco jurídico que se ha citado y en
especial, los principios de la tributación.

En suma, se echa de menos una exposición de motivos que analice el
grado de afectación de los principios de igualdad, equidad y justicia
tributarias y que lleve a justificar la necesidad de establecer una amnistía
como la aprobada por la corporación y la idoneidad y eficacia de dicho
instrumento de política fiscal.

Por lo anterior, resulta imperativo que la sala declare la invalidez del
acuerdo, tal como lo ha demandado el señor gobernador del departamento
a través de delegado”20.

39. En este contexto, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el
debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que
claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento
que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia
constitucional. Además, la presente tutela debate un aspecto relacionado con
amnistías tributarias relativas a impuestos locales, que derivan en un asunto de
carácter económico, en este sentido, no evidencia que la demanda entrañe un tema
que recaiga sobre el goce de los derechos fundamentales.

40. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello,
la Sala declarará improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

20 Folios 10 y 11 ibid.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05274-00
Accionante: Municipio de Nariño - Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
Municipio de Nariño, a través de su alcaldesa y representante legal, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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