Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05275-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
31 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: MARÍA SKANDRA AZAR PABA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a
la vulneración de derechos fundamentales. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. Orden de embargo de recursos
con destinación específica, pretensión económica
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por María Skandra Azar Paba contra
el Tribunal Administrativo del Cesar.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 26 de agosto de 2025, María Skandra Azar Paba, a través de apoderado, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, al debido proceso y
a la igualdad, que alegó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar, al
proferir la providencia de segunda instancia del 14 de agosto de 2025, dentro de un
proceso ejecutivo1 que promovió contra el Municipio de Chiriguaná.
1 Identificado con número de radicado: 20-001-33-33-004-2015-00352-00/01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean tutelados,
se modifique la decisión reprochada y, en consecuencia, que se profiera una nueva
providencia en la que se declare:
«(...) 1. CONCEDER el amparo constitucional solicitado, en cuanto nos
fueron vulnerados los derechos fundamentales: (I) al acceso a la
administración de justicia, (II)tutela judicial efectiva, (III) debido proceso, (IV) e
igualdad.
2. En consecuencia, dejar sin efectos el auto de segunda instancia de fecha
14 de agosto de 2025, expedido por el Tribunal Administrativo del Cesar al interior
del proceso ejecutivo en referencia, por medio del cual: adicionó con
limitantes unas medidas cautelares preexistentes y procedió a revocar la
medida cautelar de embargo decretada sobre la cuenta corriente No.
70400000427 denominada «MPIO DE CHIRIGUANA CORREDOR VIAL», de
la entidad financiera Bancolombia.
(…)
Por lo tanto, ordenar a la autoridad judicial accionada que, en el término
perentorio e improrrogable de 15 días, contados a partir de la notificación de
dicha decisión, dicte auto de reemplazo, en el que tenga en cuenta los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de
constitucionalidad invocadas, así como las proferidas recientemente por el
Consejo de Estado. En tal sentido, se abstenga de limitar y revocar las medidas
cautelares que actualmente sirven como garantía, para efectivizar la
condena judicial impuesta en contra del municipio de Chiriguaná. (…)»
2. Hechos relevantes
Carlos Humberto Pava Orta y otros, mediante apoderado judicial instauró proceso
de reparación directa contra el Municipio de Chiriguaná con el fin de que fuera
condenado administrativa y patrimonialmente por los perjuicios materiales e
inmateriales sufridos, los cuales fueron reconocidos en sentencia de 26 de octubre
de 2022 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar quedando ejecutoriada el 17 de noviembre de 2022.
La parte demandante, puesto que no se había efectuado el pago de la obligación
existente a su favor, solicitó que a través de proceso ejecutivo se librara
mandamiento de pago, a lo que el A quo accedió y mediante auto del 22 de julio de
2024, se decretó la suma de $3.497.135.090,44 por concepto de capital e intereses.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
A través de providencia de fecha 24 de febrero de 2025, el juez ordinario de primera
instancia decretó la medida cautelar de embargo solicitada por la ejecutante, por lo
que el apoderado judicial del Municipio de Chiriguaná inconforme con el auto que
decretó las medidas cautelares, interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación en su contra, sosteniendo que ente territorial posee las cuentas de ahorro y
corriente del Banco de Occidente, la cuenta de ahorro número 91299107
denominada “Mpio de Chiriguaná Agua Potable” y la número 91286427 denominada
“Mpio de Chiriguaná Régimen Simple de Tributación” del Banco de Bogotá, que
dispone de recursos inembargables, al igual que otras tantas dentro de un gran
listado.
Por lo anterior, la parte demandante solicita que se ordene el desembargo de estas
cuentas, dada su destinación específica, así como también, requiere se dé aplicación
a lo normado en el numeral 3° del artículo 594 del Código General del Proceso que
prevé que los bienes de uso público o destinados al servicio público son embargables
hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio y no sobre el 100%
de los recursos como lo están realizando las entidades bancarias, y en esa medida se
revoque la decisión objeto de recurso.
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 14 de agosto de 2025,
modificó parcialmente el auto del 24 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, y precisó que no podría ser
objeto de embargo el listado de recursos y rubros, por lo que revocó la orden de
embargo decretada sobre la cuenta corriente No. 70400000427 denominada “Mpio
de Chiriguaná Corredor Vial” de Bancolombia.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva,
al debido proceso y a la igualdad. Aduce que el juez natural de segunda instancia
del proceso ordinario, al revocar la orden de embargo decretada sobre la cuenta
corriente No. 70400000427 denominada “Mpio de Chiriguaná Corredor Vial” de
Bancolombia, frustra la ejecución material de la sentencia judicial en firme que
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
reconoce la reparación que se exige, trasladando a la parte actora -hoy cesionaria
del crédito reconocido- la carga de soportar la inejecución indefinida de una condena.
4. Trámite procesal
El 22 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su
notificación a la autoridad judicial accionada, así como al Municipio de Chiriguaná,
a Carlos Humberto Pava Orta y a los otros accionantes del proceso ejecutivo en
calidad de terceros con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
El Municipio de Chiriguaná, se pronunció subrayando que, la acción constitucional
no debe prosperar, puesto que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Expresó que, no se le han vulnerado los derechos constitucionales
fundamentales al accionante. Que la prohibición de embargo de recursos del
Sistema General de Participaciones se encuentra amparada por el artículo 63 de la
Constitución Política. que autoriza al legislador para determinar los bienes y
recursos públicos inembargables, lo cual está dirigido a garantizar la destinación
social y la inversión efectiva en los servicios de educación, salud, saneamiento
básico y agua potable.
Adujo que, se tornaría ilegal la insistencia pura y simple, constituyendo inocuo el
procedimiento de protección a los recursos inembargables descrito en el parágrafo
del articulo 594 del C.G.P., lo que significa que el auto de segunda instancia del 14
de agosto 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, está ajustado a
la ley y a la normatividad vigente.
El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio respecto de la solicitud para que
rindiera informe sobre los hechos objeto de la acción de tutela, a pesar de haber sido
debidamente notificado. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar remitió copia digital del expediente ordinario.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la
providencia del 14 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, en el marco del proceso ejecutivo en el que la accionante fungió como parte
demandante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3 Ibidem.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La accionante considera que la autoridad accionada le vulneró los derechos
fundamentales antes identificados, pues el fallo reprochado incurrió en defecto
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
sustantivo, como consecuencia de la limitación indebida de una regla
jurisprudencial que ha nacido para dar garantías. Sostuvo que, también desconoció
el precedente constitucional porque está definida la interpretación correspondiente
a la excepción de inembargabilidad; sin embargo, el Ad quem ordinario al desatar
la apelación limitó sustancialmente el alcance de la tutela judicial efectiva al
apartarse de tal interpretación.
Asimismo, señaló que se presentó violación directa de la Constitución al no brindar
una tutela judicial efectiva que permitiera garantizar la efectividad de los derechos derivados
de una condena administrativa, desconociendo el bloque de constitucionalidad por violación
directa al artículo 93 de la C.P.
El Tribunal Administrativo del Cesar al resolver el recurso de apelación interpuesto por
el apoderado del demandado contra el auto del 24 de febrero de 2025 proferido por el
A quo, en el cual resolvió por vía de excepción, decretar la medida cautelar de
embargo contra recursos inembargables de la entidad ejecutada, recordó que los
entes territoriales manejan como fuentes de financiación i) Recursos propios, que
corresponden a aquellos ingresos que el municipio o departamento genera por sí
mismo, sin depender directamente de transferencias o asignaciones del Gobierno
Nacional, los cuales están encaminados principalmente a financiar actividades y
proyectos locales y provienen de los impuestos locales, tasas y contribuciones, así
como de multas y sanciones; ii) Transferencias del Gobierno Nacional,
provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) destinadas a salud,
educación, agua potable y saneamiento básico, así como las destinadas cierta
población en estado de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas, y iii)
Regalías, que corresponden a esos dineros derivados de la explotación de recursos
naturales no renovables que se destinan a proyectos de inversión en
infraestructura, desarrollo social, y ambiental.
Sin embargo, la autoridad señaló que, pese a la claridad que brinda la normatividad
existente acerca de los límites que tienen las autoridades judiciales para decretar y
hacer efectivos los embargos, particularmente con los artículos 63 de la C.P., 594 del
C.G.P., la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
ha sido pacífica al reconocer que el principio de inembargabilidad de recursos
públicos tiene sustento constitucional en la protección de los recursos y bienes del
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
Estado, y la facultad de administración y manejo que a éste compete, permitiendo
asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad
de hacer efectivos materialmente los derechos fundamentales y, en general, el
cumplimiento de los diferentes cometidos estatales5.
Por ello, de manera reiterada ha reconocido que este principio no puede ser
considerado absoluto, pues su aplicación debe entenderse de acuerdo con los
parámetros fijados por la jurisprudencia Constitucional, que ha sostenido que el citado
principio respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra
algunas excepciones, cuando se trata de6:
i) La satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral, necesarias para realizar el
principio de dignidad humana, y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas7.
ii) Sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los
derechos reconocidos en dichas decisiones8; y
iii) Títulos que provengan del Estado9 que reconozcan una obligación clara, expresa y
actualmente exigible10. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia
como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación
administrativa que regula la ley.
Ahora bien, respecto al principio de la inembargabilidad y los límites de la
embargabilidad de los recursos del presupuesto General de la Nación, subrayó el
tribunal que, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Tercera - Subsección B, en providencia de fecha 24 de octubre de 2019,
emitida en el proceso con Radicación N° 54001-23-33-000-2017-00596-
01(63267), señaló unas reglas que al atenderlas se infiere que el principio de
inembargabilidad no es absoluto y por vía de excepción se pueden embargar recursos
5 Corte Constitucional. Cfr. sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-793
de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.
6
Cfr. sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.
7
Cfr. sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T.262 de
1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-
1195 de 2004.
8
Cfr. sentencia C-354 de 1997 C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.
9
Que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos.
10
Cfr. sentencia C-354 de 1997.
9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
inembargables, como en el caso que nos ocupa, cuando el título ejecutivo
corresponda a una sentencia judicial. A ese respecto, la autoridad accionada adujo
que:
«(...)Atendiendo estas reglas se infiere que el principio de inembargabilidad no
es absoluto y por vía de excepción se pueden embargar recursos
inembargables, como en el caso que nos ocupa, cuando el título ejecutivo
corresponda a una sentencia judicial.
En ese sentido el fallador de primera instancia en la providencia apelada,
dispuso el embargo los productos financieros que tuviera el municipio de
Chiriguaná en los Bancos de Occidente, de Bogotá, Davivienda, BBVA,
Colpatria, Av Villas y Banco Serfinanzas y reiteró las medidas de embargo
decretadas el día 17 de enero de 2025 sobre las cuentas de ahorros número
70400022567, 95100037263, 70400000208, 70422322068, 70422321908,
52388540462, 70428650938, 70400016176, 70422323234,
95100003376 y 95100003379; y corrientes número 70400000427,
52388540462 y la terminada en 9843, del banco Bancolombia.
no es posible inferir que la orden de embargo impartida por el fallador de
primera instancia resulta aplicable a cualquier rubro o recurso, sin importar su
naturaleza o destinación, por no haber excluido los recursos de destinación
específica e inembargables, comoquiera que todos los recursos de las
entidades públicas no son embargables, pese a que existen excepciones
que para el caso resultan aplicables.
En lo que se refiere a la orden impartida de manera genérica sobre los
productos bancarios de ese ente territorial, debe considerarse que las
cuentas que contengan recursos del Sistema General de Participaciones,
destinados a la satisfacción de necesidades básicas como educación, salud,
agua potable y saneamiento básico, sólo son susceptibles de la medida de
embargo pese a la inembargabilidad que reposa sobre ellas, cuando la
obligación contenida en la sentencia judicial que se ejecuta guarda relación
con la destinación de los recursos, como se ha definido jurisprudencialmente
por las Altas Cortes11.(…)»
El Tribunal señaló que, es oportuno precisar que en el escenario en que nos
encontramos, el ente territorial fue condenado a indemnizar los perjuicios materiales
11 Así se precisó en la Sentencia T-172 de 24 de mayo de 2022de la Corte Constitucional, en la que se definió
lo siguiente: “Excepciones de embargabilidad a recursos procedentes del Sistema General de Participaciones
(i) el pago de obligaciones laborales cuando se constate que “los recursos correspondientes a los ingresos
corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las
citadas obligaciones”, (ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto
de los derechos reconocidos en dichas providencias y (iii) el pago “títulos emanados de Estado que reconocen
una obligación clara, expresa y exigible”. Lo anterior, “siempre y cuando las obligaciones reclamadas [tengan]
como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP (educación, salud,
agua potable y saneamiento básico)”.-se subraya-
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
y morales causados a los accionantes por no tramitar la querella de lanzamiento
por ocupación de hecho presentada el 29 de agosto de 2007 y reiterada el 8 de
agosto de 2008 por los demandantes del proceso de reparación directa con el
número de radicación del asunto de la referencia, lo que en este caso impide el
embargo de recursos destinados al educación, salud, agua potable y saneamiento
básico, por no corresponder la fuente de la obligación reconocida, a alguna de las
actividades de destinación de esos recursos, por lo que en este sentido se modulará
la orden de embargo.
En lo que respecta a las cuentas que manejan rubros provenientes de la tributación,
agregó:
«(...)estos corresponden a recurso propios del ente territorial que son
susceptibles de las medidas de embargo decretadas comoquiera que no
hacen parte de los bienes inembargables enunciados en el artículo 594
del Código General del Proceso, por ello no procede ordenar el
desembargo de las cuentas que los manejan. (…)»
No obstante, el tribunal estimó que la orden de embargo que recae sobre la cuenta
corriente número 70400000427, denominada: “MPIO DE CHIRIGUANA
CORREDOR VIAL”, del BANCO BANCOLOMBIA, debe ser revocada por
corresponder a recursos de destinación específica. Así mismo, modificó el decreto
de la medida de embargo realizada por el A-quo, comoquiera que la misma se
impartió de manera genérica y amplia a fin de que se incluyeran las previsiones
desarrolladas a nivel jurisprudencial por cuanto no podrán ser objeto de embargo:
«(...) i) los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas
exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento de
crédito, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo
2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015, ii) los rubros del presupuesto
destinados al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo de
Contingencias, en los términos del parágrafo segundo del artículo 195
del CPACA, y iii) Los recursos destinados al educación, salud, agua
potable y saneamiento básico, y tales aspectos fueron pasados por alto
al momento de decretar las medidas de embargo por el A-quo. (…)»
Para la Sala los argumentos presentados por la accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Pues el tribunal como juez natural del asunto, de
acuerdo con lo aportado y valorado al interior del proceso ordinario, encontró que
no es posible inferir que la orden de embargo impartida por el fallador de primera
instancia resulta aplicable a cualquier rubro o recurso, sin importar su naturaleza o
destinación, por no haber excluido los recursos de destinación específica e
inembargables, comoquiera que todos los recursos de las entidades públicas no
son embargables, pese a que existen excepciones que para el caso resultan
aplicables, argumentos estos que la accionante pretende sean nuevamente
revisados.
Además de lo expuesto, la acción de tutela pretende mantener la orden de embargo
del Municipio de Chiriguaná. Esta pretensión, netamente económica, escapa de la
órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo
de pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes"12. Dicha circunstancia reitera que
la acción de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que se trata de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas13.
Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión,
la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto. Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de
tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
12
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
13
Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05275-00
Solicitante: María Skandra Azar Paba
Acción de tutela – Primera instancia
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de María Skandra Azar
Paba contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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