Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05275-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05275-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05275-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05275-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
Demandante: MARÍA SKANDRA AZAR PABA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma improcedencia por
no cumplir requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 31 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C declaró la improcedencia del presente mecanismo por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora María Skandra Azar Paba, a través de apoderado judicial1, promovió acción
de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Cesar3, en la que solicitó la protección
de sus garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 14 de agosto de 2025, que adicionó y
revocó parcialmente el auto dictado el 24 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en cuanto al decreto y limitación de
medida cautelares ordenadas en el proceso ejecutivo identificado con radicado 20-
001-33-33-004-2015-00352-00/01.
1 Poder otorgado al abogado Madonio Villegas Salazar.
2 Índice 002 de Samai. Tutela presentada el 26 de agosto de 2025.
3 Sala integrada por los magistrados Doris Pinzón Amado, María Luz Álvarez Araújo y José Antonio
Aponte Olivella.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió que:
[…]
En consecuencia, dejar sin efectos el auto de segunda instancia de fecha 14 de agosto
de 2025, expedido por el Tribunal Administrativo del Cesar al interior del proceso
ejecutivo en referencia, por medio del cual: adicionó con limitantes unas medidas
cautelares preexistentes y procedió a revocar la medida cautelar de embargo decretada
sobre la cuenta corriente No. 70400000427 denominada «MPIO DE CHIRIGUANA
CORREDOR VIAL», de la entidad financiera Bancolombia.
Por lo tanto, ordenar a la autoridad judicial accionada que, en el término perentorio e
improrrogable de 15 días, contados a partir de la notificación de dicha decisión, dicte
auto de reemplazo, en el que tenga en cuenta los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias de constitucionalidad invocadas, así como las
proferidas recientemente por el Consejo de Estado. En tal sentido, se abstenga de limitar
y revocar las medidas cautelares que actualmente sirven como garantía, para efectivizar
la condena judicial impuesta en contra del municipio de Chiriguaná.4
1.3. Hechos
La señora Marisol Martínez Fragozo, en propio nombre y en representación de sus
hijos Dayletyh Shinar, Shaila Denis y Yharllck Santiago Paba Martínez formuló
demanda ejecutiva contra el municipio de Chiriguaná a fin de hacer cumplir la
sentencia del 26 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar dentro del proceso de reparación directa en el que
se condenó al ente territorial a pagar a favor de los demandantes, en calidad de
sucesores procesales del señor Carlos Humberto Pava Orta, por concepto de daño
emergente la suma de $2´718.267.438, más lo que corresponda a indexación.
En auto del 22 de julio de 2024 el aludido despacho judicial profirió orden de apremio
contra la demandada dentro del expediente identificado con radicado 20-001-33-33-
004-2015-00352-00 y mediante proveído del 17 de enero de 2025 decretó como
medida cautelar el embargo y retención de los dineros que estuviese a nombre de la
ejecutada en las cuentas bancarias o cualquier otro título de distintas entidades
financieras de manera general y en algunas cuentas específicas de los bancos
Bancolombia, Occidente, Agrario de Colombia y Bogotá.
Medida que adoptó con la advertencia de que solo se practicaría sobre aquellos
recursos que no pertenecieran a bienes inembargables ni tuvieran destinación
específica, conforme a lo señalado en la Constitución Política, en leyes especiales y
en especial lo establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso.
4 Transcripción del texto original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
Igualmente, limitó el monto de las medidas a la suma de $4´689.789.775,95 de
conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 593 del CGP.
Posteriormente, en auto del 24 de febrero de 2025, la autoridad judicial resolvió por
un lado aceptar la cesión del crédito que presentó el extremo demandante a favor de
la señora María Skandra Azar Paba y decretó por vía de excepción el embargo y
retención de los dineros de naturaleza o carácter inembargable que tenga o llegare a
tener depositados el municipio de Chiriguaná en las cuentas de ahorros, corrientes o
cualquier otro título financiero en determinadas entidades financieras así como reiteró
la medida de embargo ordenada en proveído del 17 de enero de 2025, debidamente
oficiada a Bancolombia S.A., sobre la base de la excepción de inembargabilidad
decretada.
Inconforme con la decisión, la ejecutada formuló recurso de reposición y en subsidio
de apelación con sustento en que la orden de embargo afectó cuentas en las que el
municipio administra recursos que, por disposición constitucional y legal, gozan de
inembargabilidad. Especificó que, entre las cuentas embargadas, se encuentra la
cuenta corriente No. 70400000427 de Bancolombia, destinada exclusivamente para
la administración de los recursos provenientes del proyecto “Chiriguaná Corredor
Vial”; recursos que hacen parte del Programa Nacional Colombia Rural y tienen una
destinación específica orientada al mejoramiento de vías rurales del municipio, por lo
que tales dineros no podrían ser comprometidos para cubrir obligaciones ajenas al
objeto de la cuenta.
El recurso de reposición fue resuelto desfavorablemente en auto del 16 de junio de
2025. En esa misma providencia, se concedió en el efecto devolutivo el recurso de
apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Cesar en proveído
del 14 de agosto de 2025 que adicionó y revocó parcialmente la decisión del a quo.
Como sustento, el ad quem señaló que respecto a la orden genérica de embargo sobre
los productos bancarios del ente territorial «debe considerarse que las cuentas que
contengan recursos del Sistema General de Participaciones, destinados a la
satisfacción de necesidades básicas como educación, salud, agua potable y
saneamiento básico, sólo son susceptibles de la medida de embargo pese a la
inembargabilidad que reposa sobre ellas, cuando la obligación contenida en la
sentencia judicial que se ejecuta guarda relación con la destinación de los recursos».
Por lo tanto, consideró que, para este caso, al tratarse de la ejecución de un fallo que
condenó a indemnizar los perjuicios causados a los accionantes por no tramitar la
querella de lanzamiento por ocupación de hecho, se debía modular la orden de
embargo por no corresponder el asunto del litigio con la fuente de la obligación
aludida.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
En relación con la medida de afectación sobre las cuentas que manejan rubros
provenientes de la tributación, consideró que «estos corresponden a recurso propios
del ente territorial que son susceptibles de las medidas de embargo decretadas
comoquiera que no hacen parte de los bienes inembargables enunciados en el artículo
594 del Código General del Proceso, por ello no procede ordenar el desembargo de
las cuentas que los manejan».
Por último, señaló que la orden de embargo que recae sobre la cuenta corriente
número 70400000427 de Bancolombia debía ser revocada por corresponder a
recursos de destinación específica al haber sido creada dicha cuenta con el fin de
recibir los dineros que el INVÍAS trasladaría para el cumplimiento del objeto del
convenio interadministrativo suscrito con el ente territorial, en desarrollo del programa
denominado «COLOMBIA RURAL – NACIONAL», encaminado al «mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos». Emolumentos que
entonces no podrían considerarse como propios de la entidad ejecutada susceptibles
de la media cautelar en cuestión.
En ese orden, el ad quem resolvió modificar parcialmente el auto de fecha 24 de
febrero de 2025, para adicionar la orden de embargo «en el sentido de precisar que
no podrán ser objeto de embargo: i) los recursos depositados por la Nación en cuentas
abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la
República o en cualquier otro establecimiento de crédito, de conformidad con lo
señalado en el parágrafo del artículo 2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015, y; ii) los
rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo
de Contingencias en los términos del parágrafo segundo del artículo 195 del CPACA,
y iii) los recursos destinados al educación, salud, agua potable y saneamiento básico»
Igualmente, decidió revocar «la orden de embargo decretada sobre la cuenta corriente
número 70400000427 denominada “MPIO DE CHIRIGUANA CORREDOR VIAL”, del
BANCO BANCOLOMBIA».
El proveído cuestionado fue notificado a las partes por estado el 15 de agosto de
20255.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, luego de abordar los requisitos de procedencia de la tutela y señalar
que el presente asunto reviste de relevancia constitucional advirtió que la providencia
cuestionada incurrió en violación directa a la Constitución Política, desconocimiento
de precedente y defecto sustantivo.
5 Índice 006 de Samai en el proceso 20-001-33-33-004-2015-00352-01
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
En cuanto al requisito de relevancia indicó que la discusión planteada expone de una
lesión directa a la posibilidad jurídica que tienen los ciudadanos de acceder a la justicia
a exigir la reparación integral de un daño causado, trascendiendo el debate la esfera
netamente económica.
En sustento del defecto por violación directa a la Constitución Política, manifestó
que la decisión no garantizó una tutela judicial efectiva que permitiera a la accionante
gozar de los derechos derivados de una condena administrativa. Asimismo, cuestionó
que se «desconoció el bloque de constitucionalidad por violación directa del Art. 93 de
la C.P., a través del cual se integran al ordenamiento interno el Art. 8º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Art. 25º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5; sin perjuicio, de la vulneración de los artículos
2, 29, 228 y 229 de la Carta Magna».
Con relación al defecto por desconocimiento del precedente, aludió que el tribunal
desatendió sin justificar o argumentar a profundidad las razones por las cuales se
apartaba de la línea jurisprudencial consolidada por la Corte en sentencias C-546 de
1992, C-013 de 1993, C-337 de 1993, C354 de 1997, C-103 de 1994, T-531 de 1999,
C-793 de 2022, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, C-539 de 2010, T-873 de 2012, entre
otras, que a su juicio han instituido con solidez la aplicación excepcional de medidas
cautelares de embargo sobre recursos que en principio no podrían ser afectados.
Finalmente, en lo concerniente al defecto sustantivo refirió que se presenta por una
violación directa del artículo 90 constitucional y consecuencialmente de los artículos
29 y 229 de la Carta Política. Vulneración que se concreta porque hubo «una
inadecuada interpretación del tribunal, al desconocer, sin elementos de juicio
suficientes, los precedentes jurisprudenciales adoptados por el Consejo de Estado
[Sección Tercera, Subsección A, Auto del 18 de marzo de 2022, Exp. 67.769.; Sección
Tercera, Subsección B, Auto del 12 de abril de 2024, Exp. 69.695; Sección Tercera,
Subsección C, Auto del 8 de noviembre de 2024, Exp. 71.823 y Sección Tercera,
Subsección B, Auto del 3 de junio de 2025, Exp. 72.313.] como máxima autoridad de
lo contencioso administrativo y cuyo carácter vinculante debía observarse por el ad
quem».
Para abordar tales defectos, realizó precisiones en torno a los recursos del Sistema
General de Participaciones, su posibilidad de embargarse y sobre los dineros
embargados que se derivan del convenio interadministrativo No. 1865 de 2021,
suscrito entre el municipio de Chiriguaná y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). En
cuanto a ello estimó que acoger las decisiones del tribunal conlleva una imposibilidad
de que la pasiva pague de manera voluntaria su codena toda vez que «los recursos
en cita, además de ser insuficientes, muchas veces terminan camuflados en cuentas
bancarias que, desde su apertura y denominación, se califican como
«inembargables», sin que en estas se manejen dineros de tal naturaleza».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 22 de septiembre de 20256, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, admitió la solicitud de amparo contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.
Igualmente, dispuso la notificación y vinculación del municipio de Chiriguaná, del
señor Carlos Humberto Pava Orta, de los demás accionantes del proceso ejecutivo y
del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, para que
realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y allegaran copia digital
del expediente en cuestión.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar 7
Remitió copia digital del expediente ordinario sin realizar pronunciamiento de fondo
alguno.
1.6.2. Municipio de Chiriguaná, Cesar8
El apoderado de la entidad señaló que la tutela no debe prosperar por incumplir el
presupuesto de relevancia constitucional y no configurarse violación alguna a los
derechos fundamentales invocados.
Manifestó que la prohibición de embargo de recursos del Sistema General de
Participaciones está amparada por el artículo 63 de la Constitución Política, que
autoriza al legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son
inembargables. Asimismo, está dirigida a garantizar la destinación social y la inversión
efectiva en los servicios de educación, salud, saneamiento básico y agua potable, de
acuerdo con la exigencia prevista en los artículos 356 y 357 de la Constitución y la
reforma introducida en el Acto Legislativo 04 de 2007, además de ser, tal prohibición,
coherente con el mandato que el constituyente dio al gobierno nacional para definir
una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos
del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura
definidas en la ley.
6 Ver índice 004 de Samai.
7 Ver índice 011 de Samai, expediente de primera instancia.
8 Ver índice 012 de Samai, expediente de primera instancia.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
Concluyó que al tratarse la demandada de una entidad territorial del orden municipal
se debe se aplicar lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 que
establece que la medida cautelar de embargo no recae sobre los recursos del SGP.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Cesar9
Remitió enlace de acceso al expediente objeto de tutela sin realizar pronunciamiento
sobre los hechos materia de estudio.
1.7. Sentencia de primera instancia10
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió fallo el 31 de octubre
de 2025 en el que declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.
Como fundamento, señaló que los reproches de la parte actora no exponen una
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, sino que están encaminados
a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal concernientes a la inembargabilidad de
ciertos recursos de las entidades públicas.
Consideró que la pretensión de mantener una orden de embargo sobre la demandada
corresponde a una de naturaleza netamente económica que escapa de la órbita del
juez de tutela entre tanto la decisión acusada proviene de una interpretación razonable
de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial
aplicable al asunto.
1.8. Impugnación11
La parte accionante manifestó que la decisión del a quo incurre en un error en su
apreciación del problema jurídico toda vez que la discusión no versa sobre los
aspectos propios de la obligación dineraria, sino sobre la eficacia del mandato judicial
y el derecho fundamental a la ejecución de una sentencia.
Estimó que la decisión cuestionada bloqueó el acceso a la administración de justicia
al hacer inejecutable una decisión judicial ejecutoriada y respecto a la cual el municipio
evade su cumplimiento.
Refirió que la relevancia constitucional en esta ocasión brota de la circunstancia
misma del incumplimiento de la sentencia declarativa de responsabilidad, pues tal
9 Ver índice 015 de Samai, expediente de primera instancia.
10 Ver índice 018 de Samai, expediente de primera instancia.
11 Ver índice 022 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 14 de enero de 2026. Sentencia de
primera instancia notificada el 16 de diciembre de 2025.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
situación constituye una lesión flagrante al debido proceso que habilita la intervención
del juez de tutela.
1.9. Trámite en segunda instancia
El despacho sustanciador en auto del 22 de mayo de 2026 puso en conocimiento el
presente trámite constitucional a la señora Marisol Martínez Fragozo, quien actuó en
nombre propio y como representante de sus menores hijos Yharlick Santiago, Shaila
Denis y Dayleth Shinar Pava Martínez, en calidad de sucesores procesales del señor
Carlos Humberto Pava Orta y a su vez cesionarios de la señora María Skandra Azar
Paba [integrantes del extremo demandante del ordinario], para que realizara las
manifestaciones que a bien tuviera.
En razón a lo anterior, la señora Marisol Martínez manifestó12 que coadyuvaba las
pretensiones de la tutela atendiendo que la discusión que se plantea constituye la
fuente misma del proceso ejecutivo. Rememoró la falla administrativa que dio origen
a la sentencia condenatoria objeto de ejecución y estimó que con la decisión
reprochada se negaría la posibilidad de materializar el cobro tras limitar las medidas
cautelares con las que coercitivamente se podría garantizar su efectividad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 del 12 de marzo de 201913.
2.2 Problema jurídico
Conforme a lo anterior, corresponde a la Sección definir si confirma, modifica o revoca
lo resuelto el 31 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional. Para tal efecto, es necesario abordar el siguiente interrogante:
• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante,
con ocasión de la providencia del 14 de agosto de 2025, mediante la cual la
autoridad judicial accionada adicionó y revocó parcialmente el auto proferido el
24 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
12 Ver índice 009 de Samai, expediente de primera instancia.
13 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
de Valledupar en cuanto al decreto y limitación de medidas cautelares
ordenadas en el proceso ejecutivo identificado con radicado 20-001-33-33-004-
2015-00352-00/01
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el criterio
de relevancia constitucional y iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su procedencia.16
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
2.4. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-215 de 2022, en la que se explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal17 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional19.
[…]
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales21”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal23. (Resaltado de la
Sala)
2.5. Caso concreto
De la revisión del expediente correspondiente al proceso ejecutivo, los cargos
planteados por la parte accionante, el fallo de primera instancia y la impugnación, la
Sala estima que el asunto no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe
confirmar la decisión del 31 de octubre de 2025 que declaró su improcedencia.
La señora María Skandra Azar Paba pretende que por medio de este mecanismo
constitucional se deje sin efectos el auto que modificó las medidas cautelares
decretadas por el a quo del proceso ejecutivo, consistente en el embargo de cuentas
bancarias, para en su lugar limitarlas, excluyendo de tal manera i) los recursos
depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación -
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento de
crédito, así como ii) los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias y
conciliaciones y al Fondo de Contingencias y, iii) los recursos destinados a la
educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ibid.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
Proveído que igualmente revocó la orden de embargo dispuesta por el a quo sobre la
cuenta corriente número 70400000427 denominada “MPIO DE CHIRIGUANA
CORREDOR VIAL”, de Bancolombia por corresponder a recursos de destinación
específica para el cumplimiento del objeto de un convenido interadministrativo suscrito
con el ente territorial.
A criterio de la accionante la autoridad judicial incurrió en violación directa a la
Constitución Política, desconocimiento de precedente y defecto sustantivo al no
garantizar el cumplimiento de la sentencia base de ejecución y desconocer los
pronunciamientos que a su juicio contemplan línea jurisprudencial consolidada
respecto a la aplicación excepcional de medidas cautelares de embargo sobre
recursos que en principio no podrían ser afectados y con ello impedir el acceso a la
tutela judicial efectiva que proteja los derechos derivados de una condena
administrativa.
Por su parte, la autoridad judicial accionada al proferir el proveído en mención advirtió
la improcedencia del embargo respecto a la cuenta específica destinada para el
cumplimiento de un convenio interadministrativo y estimó la necesidad de limitar la
medida respecto a las demás cuentas bancarias sobre las que ya recaía la cautela.
Para ello, sostuvo que el principio de inembargabilidad previsto en el artículo 594 del
Código General del Proceso «no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación
de este debe entenderse de acuerdo con los parámetros fijados por la jurisprudencia
Constitucional, que ha sostenido que el citado principio respecto del presupuesto de
las entidades y órganos del Estado encuentra algunas excepciones».
Tesis que reforzó con la providencia del 24 de octubre de 2019, emitida por esta
Corporación24 por la que concluyó que por vía de excepción se pueden embargar
recursos inembargables, como en el caso que nos ocupa, cuando el título ejecutivo
corresponde a una sentencia judicial.
En ese sentido, advirtió la importancia de limitar el embargo ordenado en primera
instancia atendiendo que dicha medida se había adoptado de manera general sin
importar la naturaleza o destinación del recurso, pues no se habían excluido los de
destinación específica y los inembargables que corresponden al Sistema General de
Participaciones, destinados a la satisfacción de necesidades básicas como educación,
salud, agua potable y saneamiento básico.
Con base en el anterior panorama, se evidencia que los reparos expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que
justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime, cuando no se evidencia,
24Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B,
Radicación 54001-23-33-000-2017-00596-01(63267).
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
prima facie, vulneración de los derechos fundamentales por parte de la accionada que
expuso el fundamento jurídico con base en el cual profirió su decisión.
Así, el auto cuestionado señaló concretamente lo siguiente:
«Por ello de manera reiterada ha reconocido que este principio no puede ser
considerado absoluto, pues la aplicación de este debe entenderse de acuerdo con los
parámetros fijados por la jurisprudencia Constitucional, que ha sostenido que el citado
principio respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra
algunas excepciones, cuando se trate de25:
i) La satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral, necesarias para realizar
el principio de dignidad humana, y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas
y justas26.
ii) Sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los
derechos reconocidos en dichas decisiones27; y
iii) Títulos que provengan del Estado28 que reconozcan una obligación clara, expresa y
actualmente exigible29. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia
como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación
administrativa que regula la ley. […]
Considera la Sala que no es posible inferir que la orden de embargo impartida por el
fallador de primera instancia resulta aplicable a cualquier rubro o recurso, sin importar
su naturaleza o destinación, por no haber excluido los recursos de destinación
específica e inembargables, comoquiera que todos los recursos de las entidades
públicas no son embargables, pese a que existen excepciones que para el caso resultan
aplicables.
En lo que se refiere a la orden impartida de manera genérica sobre los productos
bancarios de ese ente territorial, debe considerarse que las cuentas que contengan
recursos del Sistema General de Participaciones12, destinados a la satisfacción de
necesidades básicas como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, sólo
son susceptibles de la medida de embargo pese a la inembargabilidad que reposa sobre
ellas, cuando la obligación contenida en la sentencia judicial que se ejecuta guarda
relación con la destinación de los recursos, como se ha definido jurisprudencialmente
por las Altas Cortes».
Estudio con el que no estaría conforme la parte actora quien basó sus reproches en
un presunto desconocimiento de precedente, violación directa a la Constitución
Política y defecto sustantivo, exponiendo argumentos genéricos que más allá de
25 sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.
26 sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025
de 1995, T.262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de
2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.
27 sentencia C-354 de 1997 C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192
de 2005, entre otras.
28 Que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos.
29 sentencia C-354 de 1997.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
ilustrar el ámbito de las normas invocadas no evidencian para el caso concreto la
afectación invocada ni la configuración de los erros aludidos.
Cabe advertir que, sobre el cargo por desconocimiento de precedente, concretamente
esta Sección ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir con la carga
mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a
la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior; (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia
y, (iv) la razón por la que debía aplicarse ese precedente, lo que no se cumplió por el
extremo tutelante, quien solamente aludió de manera general a las sentencias que
citó sin proponer argumentos que se centren al caso concreto.
Así, la Sala estima que la acción de tutela en cuestión viene a reiterar los argumentos
que fueron estudiados en el proceso ejecutivo, lo cual, conforme quedó consignado
en precedencia, desnaturaliza el mecanismo de amparo al pretender que éste se
constituya en una instancia adicional.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por el extremo
accionante busca mutar el amparo constitucional en un nuevo escenario de discusión
judicial.
Aunado a lo que antecede, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Por lo anterior, se concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó
el requisito de relevancia constitucional y, en tal sentido, se impone confirmar la
decisión de primera instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de
la presente acción.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Skandra Azar Paba
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05275-01
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
TERCERO: REMITIR, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.