Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05294-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05294-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05294-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
26 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05294-00
Demandante: Lidia Regina Támara Galván
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05294-00
Demandante: LIDIA REGINA TÁMARA GALVÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DE SUCRE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso porque la solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima y,
además, se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Lidia Regina Támara
Galván contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 26 de agosto de 20251, la señora Lidia Regina Támara Galván interpuso
acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital2, con motivo de
las sentencias del 17 de septiembre de 2024 y del 5 de marzo de 2025, proferidas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-3333-
004-2023-00027-00. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
1.- Que se amparen de manera inmediata y efectiva mis derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a los principios mínimos
fundamentales del trabajo, vulnerados por las providencias emitidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo y la Sala Cuarta de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.
2.- Que se declare que las providencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas constituyen una vía de hecho judicial, en tanto desconocieron el
1
Se advierte que el 12 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También consideró desconocido el principio de favorabilidad.
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Demandante: Lidia Regina Támara Galván
contenido vinculante del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, omitieron aplicar
el precedente jurisprudencial consolidado por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, e incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, con grave afectación de mis derechos fundamentales.
3.- Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de las
sentencias proferidas en primera instancia y segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursó en los despachos
accionados, por haberse expedido en abierta contradicción con la Constitución
y la jurisprudencia constitucional vinculante.
4.- Que se ordene a la autoridad competente dictar un nuevo fallo de fondo, en
el que se disponga el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados por el retardo en
el reconocimiento y pago de mi pensión de vejez, y se garantice la plena
aplicación del principio de favorabilidad, del precedente constitucional y
jurisprudencial y de los principios de justicia material y reparación integral.
5.- Que se precise, en el nuevo fallo que se ordene, que los intereses
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tiene naturaleza resarcitoria
y compensatoria y no sancionatoria, por lo que su finalidad es reparar el daño
económico ocasionado por la mora en el reconocimiento pensional y evitar el
enriquecimiento injustificado de Colpensiones.
6.- Que, en atención a mi calidad de sujeto de especial protección constitucional
por mi edad (68 años) y por la destinación alimentaria de la pensión, se ordene
a Colpensiones efectuar el pago de los intereses moratorios reconocidos en un
plazo perentorio y razonable, de manera que se evite la prolongación del
perjuicio irremediable a mi mínimo vital.
2. De la demanda de tutela, de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Lidia Regina Támara Galván nació el 1º de marzo de 1957, y a la
fecha tiene 68 años. Tras prestar sus servicios a la E.S.E. Hospital Universitario de
Sincelejo por más de 40 años, y cotizar 2.081, 71 semanas al sistema de pensiones,
solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez en virtud del Decreto
758 de 1990.
4. Mediante la Resolución GNR 356998 del 13 de diciembre de 2013,
Colpensiones reconoció la pensión de vejez a favor de la accionante con una tasa
de reemplazo del 90%, cuya mesada ascendió a $1.412.870.
5. Posteriormente, mediante la Resolución GNR 187640 de 24 de junio de 2016,
la prestación se reliquidó, también con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y con
una tasa de reemplazo del 90%. La mesada se fijó en $1.766.860, efectiva a partir
del 30 de junio de 2016.
6. El 18 de noviembre de 2020, la señora Támara Galván deprecó la
reliquidación de su mesada, y nuevamente la entidad la reliquidó, aumentando el
monto de la mesada a $1.879.474.
7. El 8 de marzo de 2022 la pensionada solicitó nueva reliquidación, con
fundamento en un certificado de salarios actualizado expedido por la entidad
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empleadora. La mesada se incrementó a $2.026.197, efectiva a partir del 8 de marzo
de 2019.
8. Inconforme con el monto de la prestación, una vez agotada la vía
administrativa, la accionante interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, donde además de solicitar que se reliquidara la
pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990, pidió que se ordenara el pago de los
intereses moratorios, de conformidad con lo regulado en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993.
9. En razón al desistimiento de las pretensiones relacionadas con la reliquidación
de la mesada, en primera instancia el litigio se fijó así «(…) DETERMINAR SI LA
DEMANDANTE TIENE DERECHO A EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS
INTERESES MORATORIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100
DE 1993, SOBRE LA BASE DE LAS DIFERENCIAS PENSIONALES NO
RECONOCIDAS OPORTUNAMENTE, DEBIENDO DECLARAR NULOS LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS O SI POR EL CONTRARIO LOS
MENCIONADOS ACTOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADOS.
NOTIFÍQUESE LA DECISIÓN EN ESTRADOS».
10. Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo negó las pretensiones, al considerar que resultan
infundadas, dado que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se diseñó para
salvaguardar el pago oportuno de las mesadas pensionales y por ende, no es
aplicable en los casos en que se reconoció la prestación y luego se generaron
diferencias por concepto de su reliquidación.
11. La accionante apeló la decisión, alegando que los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben pagarse sobre las
diferencias pensionales no reconocidas oportunamente, esto es, respecto de las que
surgen a raíz de la reliquidación de la mesada inicial.
12. El Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la providencia impugnada con
sentencia del 5 de marzo de 2025, en la que señaló que de conformidad con el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 «(…) los intereses de mora proceden cuando las
mesadas pensionales no están en discusión, es decir, que el reconocimiento de la
prestación ya fue efectuado en favor del pensionado y únicamente se presenta una
omisión por parte de la entidad de realizar el pago de la respectiva mesada».
13. La parte actora sostuvo que la tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia para atacar providencias judiciales, y señaló que las sentencias
cuestionadas incurren en los defectos sustantivos y de desconocimiento del
precedente, a tal punto que incurren en una vía de hecho que vulnera las garantías
fundamentales invocadas.
14. El reproche efectuado se concreta en que Colpensiones reliquidó en varias
ocasiones la pensión de vejez de la accionante y a pesar de que canceló el
retroactivo o la diferencia adeudada tras cada reajuste, lo cierto es que no reliquidó
y pagó los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
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15. Explicó que la indexación es diferente a los intereses moratorios y por ende,
el pago de los dos conceptos no es excluyente.
16. Sobre el particular, citó la sentencia SL-3130 de 19 de agosto de 2020,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la que se condenó a la entidad
demandada a pagar los intereses moratorios desde el vencimiento del término legal
para resolver la solicitud pensional hasta el pago efectivo de la prestación. En esa
oportunidad, se recogió la antigua postura según la cual el pago de los intereses
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, únicamente procedía para la
tardanza en el reconocimiento de la prestación, y se planteó que dicha sanción
también procede cuando la entidad se tarda en reliquidar la mesada. Este
precedente se reafirmó por la Corte Constitucional en la sentencia SU-063 de 2023.
B. Trámite impartido e intervenciones
17. Mediante auto de 1º de septiembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como tercero con interés, al presidente
de COLPENSIONES. También se tuvieron como prueba los documentos aportados
con la demanda.
18. La magistrada del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la
decisión censurada, afirmó que la tutela no cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional, dado que se pretende convertir esta acción
en una tercera instancia del proceso de origen.
19. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la sentencia censurada el Tribunal
accionado ya se pronunció sobre la improcedencia de reconocer los intereses
moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los casos de
reliquidación pensional, toda vez que el pago de dichos intereses procede
únicamente en caso de tardanza en el pago de la mesada pensional.
20. La directora de acciones constitucionales de COLPENSIONES señaló que
la autoridad accionada decidió conforme a las normas aplicables al caso, y a la
jurisprudencia existente en la materia, por lo que no se avizora transgresión a
derecho fundamental alguno.
21. En todo caso, advirtió que la tutela es improcedente porque se pretende
utilizar como tercera instancia del contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
22. Se refirió a la órbita de competencia del juez constitucional y a la imposibilidad
de que invada las funciones del fallador ordinario y desconozca la cosa juzgada,
23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
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II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
25. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza de la señora
Lidia Regina Támara Galván.
E. Análisis de la Sala
26. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
28. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que no cumple con
la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar providencias judiciales.
29. En efecto, la parte actora se limitó a señalar que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al proferir las providencias
censuradas, porque, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, pero no se detuvo a explicar y fundamentar por qué
considera que se configuran tales vicios.
3 Sobre este aspecto pueden
consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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30. Es cierto que alega la presunta inaplicación del artículo 141 de la Ley 100 de
1993, toda vez que las providencias cuestionadas le negaron el reconocimiento de
los intereses moratorios deprecados, pero la sustentación no va más allá de afirmar
que estos se causan, incluso, sobre las diferencias de las mesadas cuando opera la
reliquidación, es decir, que fuera de la discrepancia con el criterio acogido por la
autoridad judicial -quien sostiene que los intereses solo se originan en caso de mora
en el reconocimiento y pago de la pensión-, no propone un debate iusfundamental
que amerite abordar el estudio de la controversia en este escenario constitucional.
31. Asimismo, la accionante invocó un supuesto desconocimiento del precedente
judicial, por inaplicación de la sentencia SL-3130 de 19 de agosto de 2020, proferida
por la Corte Suprema de Justicia, según la cual, los intereses moratorios previstos
en el artículo 141 de 1993, se causan cuando la entidad tarda en reconocer y pagar
la pensión, y también cuando se demora en reliquidar la mesada. Tesis, que afirma
se reiteró en la SU-063 de 2023. No obstante, no presentó al menos un argumento
que fundamente por qué la autoridad judicial accionada debía acoger esa postura y
no la esgrimida por el Consejo de Estado, so pena de atentar contra sus garantías
constitucionales.
32. Es decir, que pese a que el desacuerdo con la providencia judicial es evidente,
los argumentos expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de
tutela realice el estudio de fondo, dado que la parte actora no se preocupó por detallar
las razones por las cuales considera que las providencias judiciales que censura a
través de esta acción constitucional incurrieron en la violación de sus garantías
superiores
33. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de
tutela contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera
escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario
que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un
discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe,
detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de
la acción de tutela contra las providencias judiciales4.
34. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento del
requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.
35. Aunado a lo anterior, la Subsección encuentra que la señora Támara Galván
pretende revivir el debate suscitado en el proceso de origen, referente a señalar la
procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993, sobre las diferencias de las mesadas que resultaron tras
4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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el reajuste o reliquidación de la medada pensional reconocida a su favor, asunto que
ya fue abordado de fondo por el juez ordinario de la causa:
36. En efecto, en sentencia del 17 de septiembre de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo, negó el reconocimiento de los intereses pretendidos,
bajo estos argumentos:
El artículo 141 de la ley 100 de 1993 establece que “(…) A partir del 1 de enero
de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata
esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado,
además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima
de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.
Con respecto a la aplicación de esta norma el Consejo de Estado en sentencia
de 21 de agosto de 2020,1 sobre el reconocimiento de intereses moratorios
solicitados señaló: “(…) que los intereses moratorios se causan por el retraso
en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga
exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que
determine el monto y periodicidad de dichos pagos, pues en ese momento
nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se
causaría la mora, situación que no sucede en el sub judice dado que no ha
existido retraso alguno en el pago desde que el ISS ordenó el reconocimiento
de la pensión de jubilación al actor (…).”
Es claro entonces que la aplicación de dicho artículo solo procede cuando
exista mora en el pago de mesada cuando esta sea reconocida mediante acto
administrativo, pero no procederá cuando dicho pago se ha dado desde el
reconocimiento, pero lo que existe es duda sobre el monto de la mesada
pensional.
7.3. DEL PRESENTE CASO:
Verificado el acervo probatorio, se observa que es reconocida y se reliquida,
pensión mensual vitalicia por vejez a la señora LIDIA REGINA TAMARA
GALVÁN, según las resoluciones números GNR 356998 del 13 de diciembre
de 20132, GNR 187640 del 24 de junio de 20163, SUB 100694 del 29 de abril
de 20214, SUB 156378 del 09 de junio de 20225, SUB 252203 del 14 de
septiembre de 20226, y la DPE 2930 del 20 de febrero de 20247.
Con base en los fundamentos normativos, la pretensión de la parte
demandante respecto al pago de intereses moratorios, fundamentada en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, resulta infundada. Dicha norma se
encuentra diseñada para resguardar el derecho al oportuno pago de las
mesadas pensionales, y no es aplicable a los casos en los que, como el
presente, se han reconocido y liquidado diferencias pensionales, sin que se
haya configurado una mora en el pago de las mismas.
37. Inconforme con la decisión, la señora Lidia Regina Támara Galván la apeló
en los siguientes términos:
6. Los intereses moratorias del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, deben
reconocerse sobre la base de las diferencias pensionales no reconocidas
oportunamente entre los valores reconocidos entre las Resoluciones números
GNR 356998 del 13 de diciembre de 2013, GNR 187640 del 24 de junio de
2016, SUB 100694 del 29 de abril de 2021, SUB 156378 del 09 de junio de
2022, SUB 252203 del 14 de septiembre de 2022, y la DPE 2930 del 20 de
febrero de 2024 que finalmente reliquida conforme a la ley su IBL...
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO. Para sustentar el presente recurso,
efectuaremos un pronunciamiento expreso sobre las OMISIONES en que
incurrió el fallador de primera instancia, con lo cual demostraremos la
procedencia de las pretensiones plasmadas en el libelo introductorio, a saber:
Si bien la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES expidió la Resolución No. DPE 2930 del 20 de febrero de
2024 conforme a los parámetros legales establecidos en el Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no reconoció ni pagó los
intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y la señora LIDIA
REGINA TAMARA GALVAN tiene derecho a que se le reconozcan y paguen
los intereses moratorios de la norma en cita.
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 establece de manera clara y categórica
la obligación de la entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión
de asumir intereses moratorios en caso de mora en el pago de las mesadas.
El texto de la norma señala lo siguiente: (…)
El objetivo de esta disposición es salvaguardar los derechos de los
pensionados, quienes, debido a su avanzada edad y condiciones físicas o de
salud, dependen de las mesadas pensionales para garantizar su subsistencia.
Negarle el pago de los intereses moratorias a la señora LIDIA REGINA
TAMARA GALVAN no solo le ocasiona un perjuicio económico, sino que va
en contravía de la protección especial que el Estado debe brindarle, tal como
lo establece el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.
La jurisprudencia colombiana ha sido enfática en señalar que los intereses
moratorios tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria. Esta posición
ha sido reiterada tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema
de Justicia.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-601 de 2000, subrayó que los
intereses de mora son un mecanismo de protección para las personas de la
tercera edad, quienes debido a su situación de vulnerabilidad requieren de un
ingreso oportuno y suficiente para su subsistencia. Por lo tanto, de no
reconocerse dichos intereses, las mesadas pensionales de la señora LIDIA
REGINA TAMARA GALVAN se devaluarían significativamente por efecto de
la inflación, afectando gravemente la calidad de vida de mi poderdante. En
esta línea, la Corte señaló: (…)
El Consejo de Estado, en sentencia del 24 de mayo de 2018 (Radicado 0074-
18), resaltó que los intereses de mora son una medida para conminar a las
entidades previsionales a realizar los pagos de manera oportuna, ya que el
incumplimiento de esta obligación compromete directamente la calidad de
vida de los pensionados. En dicha sentencia, la corporación fue clara al
afirmar que basta con que se configure la mora para que surja de manera
automática la obligación de pagar los intereses moratorios, pues estos buscan
proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente a la inflación.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de abril de 2003,
radicado 19789, precisó que los intereses moratorios se causan desde el
momento en que se consolida el derecho prestacional, esto es, cuando se
cumplen los requisitos de edad, tiempo de servicio y demás condiciones
legales. No es necesario que exista una declaración judicial que reconozca la
existencia de la pensión para que se generen los intereses, ya que su
causación está atada exclusivamente al incumplimiento de la obligación de
pagar las mesadas de manera oportuna. Esta misma posición fue reiterada
en la sentencia del 15 de agosto de 2006 (Radicado 27540) y en la sentencia
STL 16336 de 2017.
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05294-00
Demandante: Lidia Regina Támara Galván
Se precisa que los intereses moratorias deben ser impuestos siempre que
haya retardo en el pago de mesadas pensionales, independientemente de la
buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias
particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las
instancias administrativas, por cuanto se trata, simplemente, del resarcimiento
económico encaminado a mitigar los efectos adversos que produce al
acreedor pensional la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones.
Es decir, siempre se ha mencionado el carácter resarcitorio y no sancionatorio
de dicho concepto. De manera tal, que aun cuando excepcionalmente, las
administradoras de pensiones públicas o privadas pueden ser liberadas del
pago de los mencionados intereses moratorias, ello, solo es posible en los
siguientes casos específicos: i) cuando la administradora de pensiones niega
el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto ii)
cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un cambio de criterio
jurisprudencial que naturalmente dicha entidad no podía prever para el
específico momento de la respuesta a la reclamación o iii) cuando la
administradora niega la prestación pensional por existir disputa entre sus
posibles beneficiarios (CSJ SL787-2013, CSJ SL 10637-2014 y CSJ SL 1399-
2018).
38. Es evidente que la accionante en la alzada insistió en que tiene el derecho
pretendido, bajo argumentos muy similares a los que cimentan el escrito de amparo
de la referencia, lo que, a todas luces, evidencia su intención de convertir la acción
constitucional en una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
39. Ahora bien, el Tribunal accionado en la sentencia del 5 de marzo de 2025,
resolvió el recurso de apelación, y discurrió:
En el caso particular, la parte actora pretende el pago de los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por el retardo en el pago de la
reliquidación de las mesadas pensionales indebidamente liquidadas por
Colpensiones, de acuerdo con lo normado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
Dicha petición tiene su fundamento en virtud que a través de la Resolución No. DPE
2930 del 20 de febrero de 2024 la entidad accionada reconoció la reliquidación de la
mesada pensional devengada por la accionante, en los siguientes términos: (…)
De la revisión del precitado acto administrativo se vislumbra que a favor de la actora
le fue reconocido un retroactivo pensional por valor de $33.466.059, suma de dinero
que fue liquidada producto de una operación de indexación, para tratar de ajustar a
valor presente la pérdida del poder adquisitivo de esas sumas de dinero que debió
percibir por concepto de reliquidación. En efecto, en el contenido de dicho acto
administrativo sobre la actualización de las sumas debidas, se indicó lo siguiente:
(…)
En el presente asunto, la parte actora alega que pese a que el acto administrativo
antes citado reconoció la indexación de las sumas de dinero debidas, igualmente
debe reconocerse los intereses moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993, considerando que la errada liquidación de la mesada pensional, que
fue corregida por la Resolución DPE 2930 de del 20 de febrero de 2024, le habilita
para pretender el pago de los intereses causados sobre la suma debida.
En desarrollo a la protección de los pensionados, en el artículo 53 de la Constitución
Política se estableció «El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales.» Por su parte, en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993 se previó que en el evento en el que la entidad incurra en mora en el pago de
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las mesadas, deberá reconocer y pagar al pensionado intereses moratorios.
Específicamente la norma en comento dispuso:
En ese orden, de la norma transcrita se concluye que los intereses de mora proceden
cuando las mesadas pensionales no están en discusión, es decir, que el
reconocimiento de la prestación ya fue efectuado en favor del pensionado y
únicamente se presenta una omisión por parte de la entidad de realizar el pago de la
respectiva mesada.
Precisado lo anterior, lo primero que se advierte por parte de esta Sala es que la
pretensión del actor encaminada a obtener el reconocimiento de los intereses de
mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es respecto a los reajustes
que en su criterio tenía derecho la actora.
Sin embargo estima la Sala que dicha solicitud no es procedente en el caso concreto,
puesto que, si los intereses que se deprecan son con ocasión de la reliquidación de
la pensión de jubilación por vejez, tal como se expuso, el pago de los intereses por
mora únicamente procede cuando ya se ha reconocido la prestación y la entidad de
previsión no la cancela o lo hace de forma tardía, situación que no ocurrió en el sub
lite, pues lo ocurrido en este caso fue la reliquidación de la prestación, con el
reconocimiento de las sumas debidamente indexadas y ajustadas a valor presente
para la fecha en que se produjo su pago conforme al Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE.
Para la Sala es claro que el demandante lo que está pidiendo es el reconocimiento
por concepto de intereses moratorios, debido a la tardanza en reliquidar la prestación,
pedimento que a toda costa resulta improcedente dada la incompatibilidad entre
estos dos conceptos según lo ha reconocido la postura pacífica y reiterada de la
jurisprudencia no solo de ésta sino de las demás Corporaciones Judiciales.
Acerca de la incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios, a fin de
evitar doble pago por la misma causa, por manera tal que aplicar uno hace imposible
utilizar el otro, la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado señaló1:
“Pero, debe tenerse en cuenta que esta Corporación ha precisado que “en razón
a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios
obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son
incompatibles” por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora
concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un
doble pago por la misma causa” (subrayas fuera de texto)
De acuerdo con lo esgrimido en precedencia, la Sala confirmará la providencia
proferida en primera instancia que denegó las pretensiones formuladas por el
extremo demandante en atención, a que no es procedente el reconocimiento de los
intereses moratorios pretendidos conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en
tanto lo que se produjo fue la reliquidación de la mesada pensional, con la debida
indexación de las sumas debidas.
Así las cosas, le asiste razón al juez de primera instancia que denegó la petición de
reconocimiento de intereses moratorios derivado de la reliquidación de la pensión de
jubilación pretendida por el accionante, por lo que habrá lugar a confirmar
integralmente la sentencia de adiada del 17 de septiembre de 2024 proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo.
40. Obsérvese que el juez natural de la causa, en ambas instancias, analizó la
posibilidad de aplicar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en aras de reconocer los
intereses moratorios perseguidos por la parte actora, pero descartó tal pretensión al
decantar que: (i) ese pago está instituido en caso de mora en la cancelación de la
mesada pensional -no de las diferencias por su reliquidación-, siempre que no haya
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disputa sobre el reconocimiento del derecho; y (ii) a voces de la jurisprudencia del
Consejo de Estado, el pago simultáneo de intereses moratorios e indexación es
incompatible.
41. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se
evidencia es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y
razonado de la situación fáctica demostrada de cara al precepto legal cuya
aplicación se deprecó, y sustentado en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concluyó que
a la señora Támara Galván no le asiste el derecho reclamado.
42. A este punto, recuérdese que el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales es el determinado por el órgano de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción.
43. Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El
hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver
a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por el juez natural de la
causa con suficiente motivación.
44. Conforme a lo expuesto, para la Subsección, resulta evidente, entonces, que
la accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario y por
consiguiente, la acción de tutela deviene improcedente.
45. Finalmente, conviene decir que la acción de tutela sigue siendo un
mecanismo subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único
y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria
a sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona de manera
razonable y fundamentada contiene una justificación fáctica y jurídica del sentido de
la decisión.
46. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Lidia Regina Támara Galván, por incumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional.
47. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Lidia Regina Támara Galván contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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