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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05302-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05302-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, pero por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05302-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05302-01
Accionante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO

Tema: Tutela contra la providencia judicial – confirma sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 30 de septiembre de 20252, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 7 de noviembre de 2025 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, actuando por
medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y el Juzgado
21 Administrativo del Circuito de Bogotá. Con la solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la «confianza legitima» y a la igualdad.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridad accionada al Juzgado 21 Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Asimismo, vinculó como terceros con interés
a Tatiana Marcela Bustos Moreno y Juan Ramón Galindo Pérez y comunicó la referida
providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1
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Accionante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
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2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de las
providencias proferidas: i) el 21 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que modificó parcialmente
la liquidación del crédito, y ii) del auto de 3 de julio de 2025 dictado por el Juzgado
21 Administrativo de Bogotá que dispuso obedecer y cumplir lo decidido en la
referida providencia3.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se deje sin efectos la providencia del 21 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
expediente No. 11001-33-35-021-2015-00389-02, porque desconoce lo
resuelto por el mismo Tribunal en ese mismo proceso en sentencia que
confirmó la orden de seguir adelante con la ejecución adiada 23 de julio de
2020, por las siguientes razones:

i. Porque desatendió que, en providencia de 23 de julio de 2020, estableció
que no era procedente el reconocimiento de una indemnización compensatoria,
condicionando a que la parte actora realizara gestiones ante los jueces penales
del circuito especializados para su eventual reintegro. Y aún realizados y
acreditados ante el Despacho Judicial, no fueron tenidos en cuenta en el análisis
jurídico de la providencia de 21 de febrero de 2025, como se indicó en el hecho
noveno.
ii. Porque en la providencia del 21 de febrero de 2025 incurrió en un defecto
por desconocimiento y contradicción de su propio precedente, al afirmar que no
era procedente aplicar los topes indemnizatorios establecidos por la Corte
Constitucional, cuando en realidad en este mismo proceso ejecutivo, en la
sentencia del 23 de julio de 2020 proferido por el mismo Tribunal se ordenó
expresamente su aplicación, con fundamento en las sentencias SU-556 de 2014,
SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017.

iii. Porque también el Tribunal accionado incurrió en falta de motivación,
dado que ordenó cumplir la orden de reintegro y pago de salarios hasta que se
hiciera efectivo, sin motivar por qué estaba cambiando la decisión que adoptó en
la providencia de seguir adelante la ejecución de 23 de julio de 2020, conforme a
lo indicado en los dos numerales anteriores, y sin analizar la incidencia que en
esa orden tiene la cesión del crédito, con lo que incurrió además en defecto
fáctico.

iv. Porque el Tribunal desatendió que en otro caso similar esa misma
Corporación reconoció la imposibilidad de reintegro (caso Antonio Farfán
Barrero)

2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”
resolver nuevamente el recurso de apelación, y que al hacerlo:

i. respete el contenido vinculante de su propia sentencia del 23 de julio de

3 Ello, dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-35-021-2015-00389-00/02.

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2020, incluyendo la aplicación de los topes indemnizatorios y los descuentos por
ingresos percibidos durante la desvinculación.
ii. analice y valore todos los nuevos hechos ocurridos en el proceso a partir
de su decisión del año 2020 (cesión total de crédito y la fecha de su aplicación).

iii. valore con fundamento en el principio constitucional al debido proceso las
pruebas que reposan en el expediente, esto es, haber gestionado ante los jueces
penales especializados el reintegro ordenado, sin que dicha gestión tuviera
resultado favorable, lo cual ratifica la imposibilidad material y jurídica del
reintegro.

3. Que se ordene la suspensión de los efectos jurídicos de la
providencia del 21 de febrero de 2025, hasta tanto se resuelva de fondo esta
acción de tutela, como medida provisional para evitar un perjuicio irremediable
frente al patrimonio público.

4. Que consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el auto del 3 de
julio de 2025, proferido por el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, por el cual
se dispuso obedecer y cumplir la aludida providencia de 21 de febrero de 2025.

5. Que se adopten las demás medidas procesales necesarias para
restablecer los derechos fundamentales vulnerados, en caso de que el juez
constitucional lo estime procedente. 4.

1.2. Hechos

4. La señora Tatiana Marcela Bustos Moreno ingresó a la Justicia Penal
Regional en 1998 y desempeñó el cargo de Auxiliar Judicial, Grado II en varios
despachos. Más adelante fue asignada al Tribunal Nacional y a la Sala Especial
de Descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, creada
mediante el Acuerdo 533 de 1999, en desarrollo de la Ley 504 de 1999, norma
que reorganizó esa jurisdicción.

5. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-392 de 2000, avaló la
incorporación en provisionalidad de los funcionarios de esa estructura judicial.
Poco después, el Acuerdo 784 de 2000 ordenó la supresión definitiva de la Sala
Especial de Descongestión, y el Oficio n. ° 3679 del 29 de junio de 2000 confirmó
que los cargos eliminados no podían trasladarse ni transformarse y que carecían
de existencia jurídica. Estas decisiones cerraron de manera definitiva la Justicia
Penal Regional y descartaron cualquier posibilidad de reintegro para quienes
ocuparon esos cargos.

6. En consecuencia de lo anterior, mediante Oficio n. ° 007848 del 29 de
noviembre de 2000, la señora Tatiana Marcela Bustos Moreno fue desvinculada
del cargo que desempeñaba.

4 Transcripción literal que puede contener errores.

3
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7. Ante esta situación, la señora Tatiana Marcela Bustos Moreno inició un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la DEAJ, con el
fin de que se declarara la nulidad del Oficio n. ° 007848 del 29 de noviembre de
2000, y a título de restablecimiento del derecho, se ordenara su reincorporación
a un cargo igual o de mayor jerarquía en la Rama Judicial, junto con el pago de
los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el 16
de julio de 2000.

8. El asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D5, que, mediante sentencia del
24 de abril de 2008, declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado y
ordenó a la DEAJ reintegrar a la señora Bustos Moreno a uno de los cargos
señalados en la Ley 504 de 1999 o a otro de igual jerarquía, así como reconocerle
y pagarle todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos laborales desde
la fecha del retiro hasta su reintegro. Esta decisión no fue apelada por la DEAJ.

9. Por medio de la Resolución n. ° 4407 del 11 de diciembre de 2009 y 3266
del 26 de junio de 2012, la entidad accionante dispuso el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir entre el año 2000 y el 30 de junio de 2012.

10. No obstante, la DEAJ no efectuó el reintegro ordenado en la sentencia del
24 de abril de 2008. Por ello, en 2014 la señora Bustos Moreno solicitó
nuevamente su reintegro, solicitud que fue negada bajo el argumento de que
existía una «imposibilidad física y jurídica» para dar cumplimiento a dicha orden.

11. Inconforme con dicha situación, la señora Tatiana Marcela Bustos Moreno
presentó demanda ejecutiva contra la entidad tutelante, con el objetivo de que se
librara mandamiento de pago por el incumplimiento del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

12. El Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá conoció del proceso
ejecutivo con radicado 11001-33-35-021-2015-00389-00. Mediante auto del 5 de
junio de 2015, libró mandamiento de pago.

13. En la audiencia realizada el 5 de octubre de 2017, el juzgado declaró no
probadas las excepciones propuestas por la DEAJ6 y ordenó seguir adelante con
la ejecución. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 23 de
julio de 20207.

5 Al proceso le fue asignado el radicado «25000-23-25-000-2001-03181-01».
6 La DEAJ propuso las siguientes excepciones de mérito: i) imposibilidad física y jurídica para el

reintegro y pago de los salarios y prestaciones sociales, y ii) pago total de la obligación
7 En providencia del 3 de diciembre de 2021 el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá dispuso

cumplir lo resuelto por el tribunal accionado en la sentencia proferida el 23 de julio de 2020 y
aceptó la cesión de derechos litigiosos celebrada entre la señora Tatiana Marcela Bustos Moreno
(cedente) y el señor Juan Ramón Galindo Páez (cesionario).

4
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14. Con posterioridad, ambas partes del proceso ejecutivo presentaron la
liquidación del crédito. El expediente fue remitido a los contadores de la Oficina
de Apoyo Judicial y, mediante providencia del 30 de noviembre de 2023, el
juzgado accionado modificó la liquidación del crédito, aprobó la elaborada por el
despacho, la cual se realizó conforme a lo ordenado en la sentencia del 23 de
julio de 20208.

15. La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra esa decisión. La
alzada correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, que mediante auto del 21 de febrero de 2025 confirmó
parcialmente lo decidido.

16. Fundamentó su decisión en que la sentencia ejecutoriada fijó de manera
obligatoria los criterios de la liquidación y ordenó reconocer los salarios y
prestaciones causados por la desvinculación, junto con el descuento de todos los
emolumentos laborales que la señora Bustos Moreno percibió en los sectores
público y privado. Estableció que el título ejecutivo no permitió incorporar los
topes previstos en las sentencias SU-354 de 2017 y SU-556 de 2014, razón por
la cual mantuvo la exclusión de dichos límites.

17. Señaló que la liquidación practicada arrojó un valor inferior al consignado
en la providencia apelada. Sin embargo, indicó que dicho monto no podía ser
reducido, ya que el principio de non reformatio in pejus limita al juez de segunda
instancia a modificar la decisión en un sentido que resulte desfavorable para el
único apelante.

18. Finalmente precisó que la autoridad ejecutora debía continuar la
liquidación a partir del 30 de junio de 2014 hasta el reintegro efectivo de la señora
Bustos Moreno, porque la sentencia base mantuvo vigente esa obligación y el
reintegro no se había producido.

1.3. Sustento de la vulneración

19. La parte accionante mencionó que en el asunto objeto de estudio se
acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En particular, refirió que el caso reviste
relevancia constitucional, dado que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la «confianza
legitima» y a la igualdad.

20. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, al proferir la providencia del 21 de febrero de 2025,

8Liquidando los salarios, prestaciones, cesantías y demás emolumentos que devengaba un
Auxiliar Judicial I, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2014,
aplicando los topes establecidos por las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y
descontando lo percibo por la señora Bustos Moreno con ocasión de otros empleos que ejerció
en dicho lapso.

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incurrió en un desconocimiento de precedente, porque se apartó sin justificación
de lo decidido en la sentencia del 23 de julio de 2020 dentro del mismo proceso
ejecutivo. Señaló que el tribunal había ordenado en 2020 aplicar los topes
indemnizatorios definidos por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556
de 2014, SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017, pero en 2025 sostuvo lo contrario
y afirmó que dichos topes no procedían, sin explicar las razones del cambio.
Indicó que esta contradicción desconoció el precedente horizontal, afectó la
seguridad jurídica y vulneró el debido proceso y la igualdad.

21. Indicó que existió un trato desigual respecto del caso del señor Antonio
Farfán Barrero, en el cual otra subsección del mismo tribunal reconoció la
imposibilidad de cumplir la orden de reintegro y limitó la ejecución al pago de las
sumas debidas. Afirmó que, pese a tratarse de situaciones similares, en el caso
de Bustos Moreno el Tribunal adoptó una posición contraria sin exponer razones
objetivas, lo que vulneró el derecho a la igualdad.

22. Asimismo, señaló que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico
porque no valoró hechos posteriores relevantes, en especial la cesión del crédito
realizada en 2023, mediante la cual la señora Bustos Moreno dejó de ser titular
del derecho, salvo en lo relativo a aportes a la seguridad social, lo que hacía
imposible exigir un reintegro de carácter intuito personae.

23. Afirmó que el tribunal tampoco tuvo en cuenta las pruebas que
demostraron la inexistencia de los cargos y la falta de competencia nominadora
de la entidad, hechos que el propio tribunal había reconocido en la sentencia de
2020 para concluir que existía una imposibilidad material y jurídica de reintegrar
a la demandante. Señaló que la providencia de 2025 ignoró toda esa situación y
ordenó continuar la obligación de hacer como si fuera viable.

24. Finalmente afirmó que el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá
también vulneró sus derechos fundamentales al ejecutar la providencia del
tribunal sin realizar un control de legalidad, al desatender la imposibilidad
demostrada por la entidad y al ordenar nuevas actuaciones que desconocieron
lo decidido en 2020 y la existencia de cosa juzgada. Señaló que la ejecución de
una decisión contradictoria, inmotivada y que imponía una obligación imposible
de cumplir afectó sus garantías constitucionales.

1.4. Intervención

25. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D. Realizó un recuento de los hechos, y señaló que no se vulneraron
los derechos fundamentales y, por tanto, debe negarse el amparo solicitado.

26. Indicó que, en la providencia del 21 de febrero de 2025 se confirmó
parcialmente el auto que modificó la liquidación del crédito y analizó los reparos
del recurso de apelación conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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27. Afirmó que el título ejecutivo ordenó descontar los emolumentos laborales
que la demandante del proceso ordinario percibió en los sectores público y
privado. Señaló que dicho título no ordenó aplicar los topes indemnizatorios de
la sentencia SU-354 de 2017. Indicó que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial interpuso tutela para exigir la aplicación de esos topes, pero el juez
constitucional la negó9.

28. Precisó que, en la providencia reprochada se efectuó la liquidación de
salarios y prestaciones del 1. ° de julio de 2012 al 30 de junio de 2014 con los
descuentos correspondientes y que dicha liquidación arrojó un valor superior. Sin
embargo, no se modificó respecto a la suma de dinero porque la parte actora
actuó como apelante única y el principio de non reformatio in pejus impedía
agravar su situación.

29. Arguyó que la liquidación del crédito debía extenderse hasta el reintegro
efectivo de la demandante. Aclaró que la cesión total del crédito no hizo parte de
los reproches formulados en el recurso y que, conforme a los artículos 320 y 328
del CGP, la segunda instancia solo podía examinar los reparos formulados por el
apelante.

30. Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá. Informó el trámite
que se le dio al proceso ejecutivo. También solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda frente al despacho judicial, porque la parte actora
no demostró que alguna actuación u omisión hubiera vulnerado los derechos
fundamentales invocados.

31. Al respecto, señaló lo siguiente: (i) mediante auto del 30 de noviembre de
2023, el despacho liquidó los salarios, prestaciones y demás emolumentos que
la señora Bustos Moreno dejó de percibir entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de
junio de 2014. Para ello aplicó los topes fijados por la Corte Constitucional que el
tribunal ya había ordenado en la sentencia del 23 de julio de 2020, y descontó
las sumas que la actora percibió en otras entidades públicas y privadas durante
ese periodo; (ii) mediante auto del 21 de febrero de 2025, el ad quem confirmó
de manera parcial esa decisión y ordenó realizar la liquidación posterior al 30 de
junio de 2014; y (iii) mediante auto del 3 de julio de 2025, el despacho únicamente
ordenó acatar y ejecutar lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

1.5. Sentencia de primera instancia

32. Mediante sentencia del 17 de octubre de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la abogada Claudia Marcela Muñoz Araque en representación de

9 Al respecto, el tribunal indicó que dicha tutela se tramitó bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-

00390-00, asignada al Consejo de Estado.

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la DEAJ. Determinó que la demandante carecía de legitimación en la causa por
activa, ya que el poder aportado no especificaba las providencias objeto de tutela
ni el proceso judicial en el que fueron proferidas, incumpliendo el principio de
especificidad exigido para el apoderamiento judicial en materia de tutela.

33. Asimismo, se indicó que, en caso de superarse el requisito de legitimación
en la causa por activa, la solicitud de amparo tampoco cumplía con el requisito
de inmediatez. Señaló que la providencia objeto de reproche se notificó el 24 de
febrero de 2025 y que la tutela se interpuso el 26 de agosto de 2025, transcurridos
más de seis meses desde la notificación. Precisó que, para efectos del análisis
de inmediatez, no se tuvo en cuenta la ejecutoria del fallo, sino la fecha de
notificación, dado que lo determinante es el momento en que la parte actora
conoce la actuación que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales.

1.6. Impugnación

34. La actora reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela.
Aunado a ello, afirmó que el poder otorgado era especial, válido y suficiente, y
que el juez de primera instancia aplicó de forma errónea el concepto de
legitimación y confundió este requisito con el derecho de postulación. Indicó que
la tutela es un mecanismo informal y que no puede rechazarse por un formalismo
excesivo, menos cuando la entidad alegó vulneración del patrimonio público.

35. Sostuvo que presentó la tutela dentro del término jurisprudencialmente
razonable (antes de los seis meses desde la ejecutoria) y que el juez aplicó de
forma rígida el conteo desde la notificación. Señaló además que la vulneración
seguía siendo actual y continua, especialmente por actuaciones posteriores
(como el auto de obedézcase y cúmplase).

36. Manifestó que el tribunal desconoció su propio precedente, omitió hechos
nuevos relevantes y mantuvo órdenes imposibles de cumplir, lo que generó
afectación continua al debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica.
Argumentó que el juez constitucional debía intervenir para proteger el patrimonio
público y corregir las decisiones judiciales que vulneraron derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

37. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 17 de
octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección A, que
declaró la improcedencia del mecanismo constitucional. Para ello, esta Sección
explicará las razones por las cuales el asunto objeto de estudio no se supera los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

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2.1. Cuestión previa

38. La Sala advierte que la actora adjudica tanto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado 21 Administrativo
del Circuito de Bogotá, la vulneración de sus garantías constitucionales
providencias proferidas: i) el 21 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que modificó parcialmente
la liquidación del crédito, y ii) del auto de 3 de julio de 2025 dictado por el Juzgado
21 Administrativo de Bogotá que dispuso obedecer y cumplir lo decidido en la
referida providencia.

39. No obstante, esta Sección se limitará a analizar la providencia proferida el
21 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, comoquiera que fue la que puso fin a la discusión
debatida dentro del proceso con radicado 11001-33-35-021-2015-00389-00/02.

2.2. Caso concreto

La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela contra
providencias judiciales

40. El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales12 y a la configuración de algún
defecto especial13 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

41. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
12 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
13 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Accionante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Radicado: 1001-03-15-000-2025-05302-01

42. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

43. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

44. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial está
legitimada en la causa por activa, porque fue la entidad ejecutada en el proceso
en el que se dictó la providencia que se cuestiona en el presente mecanismo
constitucional.

45. En este sentido, resulta necesario precisar que, aunque el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, advirtió inicialmente que el poder
allegado por la DEAJ no cumplía con las exigencias formales para la interposición
de la presente acción de tutela, esta Sala, al verificar de manera integral el
documento presentado con el escrito de impugnación, constató que reúne los
requisitos necesarios para acreditar la representación judicial en este trámite
constitucional.

46. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D está legitimado en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión reprochada en esta oportunidad.

47. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional14, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

48. Como se expuso previamente, la parte accionante reprochó el auto del 21
de febrero de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D. Mediante esta providencia confirmó
parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
en el cual se modificó la liquidación del crédito.

14 Sentencia SU-215 de 2022.

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49. Para la tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente horizontal, porque la providencia del 21 de
febrero de 2025 se apartó sin justificación de la sentencia del 23 de julio de 2020
del mismo Tribunal, que había ordenado aplicar los topes indemnizatorios de la
Corte Constitucional. Sostuvo que el cambio de postura se dio además sin
motivación necesaria, desconoció el precedente horizontal y vulneró el debido
proceso y la seguridad jurídica.

50. Sostuvo que la autoridad judicial accionada, además resolvió de manera
opuesta a lo decidido en dos casos similares, pues en el caso del señor Antonio
Farfán Barrero, reconoció la imposibilidad del reintegro y se limitó a la ejecución
al pago. Afirmó que, pese a tratarse de supuestos fácticos comparables, no se
expuso una razón objetiva que justificara el trato distinto.

51. Asimismo, indicó que el tribunal incurrió en un defecto fáctico, porque
omitió valorar hechos posteriores determinantes, como la cesión total del crédito
realizada en 2023, que privó a la demandante original de la titularidad del
derecho. Arguyó que dicha omisión condujo a mantener una orden de reintegro
jurídicamente imposible por su carácter intuito personae.

52. Además, prescindió de pruebas que acreditaban la inexistencia del cargo
y la carencia de competencia nominadora, circunstancias reconocidas por el
mismo tribunal en 2020 para concluir la imposibilidad material y jurídica del
reintegro. Afirmó que la providencia del 21 de febrero de 2025 ignoró estas
pruebas y mantuvo una obligación que era imposible de cumplir.

53. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la tutelante es reabrir el debate propio de la jurisdicción ordinaria y convertir la
acción de tutela en una tercera instancia. Ello, por cuanto la autoridad judicial
accionada expuso con suficiencia las razones por las cuales confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia.

54. En este sentido, el tribunal accionado señaló que el título ejecutivo ordenó
descontar los emolumentos laborales percibidos por la demandante en los
sectores público y privado, sin disponer la aplicación de topes indemnizatorios
previstos en la sentencia SU-354 de 2017.

55. Indicó que en la providencia cuestionada se efectuó la liquidación
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de
junio de 2014, aplicando los descuentos previstos en el título. Explicó que dicha
liquidación arrojó un valor superior al contenido en el auto apelado; sin embargo,
no era posible modificar esa suma porque la parte ejecutante actuó como
apelante única, de modo que el principio de non reformatio in pejus impedía
agravar su situación jurídica.

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56. Asimismo, precisó que la liquidación del crédito debía extenderse más allá
del 30 de junio de 2014 y proyectarse hasta el reintegro efectivo de la
demandante, razón por la cual ordenó al juez de primera instancia continuar con
la liquidación posterior. Aclaró que la cesión total del crédito no integró el objeto
del recurso, impidiendo pronunciarse sobre aspectos no recurridos.

57. Ahora bien, en relación el pretendido cargo de desconocimiento del
precedente horizontal, la sala considera que no se supera el requisito de
relevancia constitucional. Al respecto, la jurisprudencia reiterada de esta sección
ha indicado que quien invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de
identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la
litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador
de instancia.

58. Luego de revisar los argumentos presentados por la tutelante, esta
Sección advierte que la entidad accionante no cumplió con esta carga, puesto
que no expuso de manera suficiente por qué la decisión adoptada en el caso del
señor Farfán Borrero resultaba fáctica y jurídicamente comparable con el proceso
promovido por la señora Bustos Moreno; máxime cuando la DEAJ ni siquiera
aportó el número de radicado del proceso en el que se profirió la decisión frente
en relación con la cual se formuló este cargo, lo que es una carga del
demandante, y no del juez constitucional. En consecuencia, no hay lugar a emitir
un pronunciamiento de fondo sobre el asunto.

59. De lo expuesto, esta Sección advierte que el cargo formulado por la parte
actora no cumple con el requisito de relevancia constitucional. En efecto, los
argumentos presentados por la DEAJ, más allá de evidenciar un presunto
desconocimiento del precedente por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se limitan a manifestar su
desacuerdo con la decisión adoptada por el juez natural, decisión que fue
sustentada en las normas y criterios jurídicos que dicha autoridad judicial estimó
aplicables al caso.

60. Lo anterior, debido a que la competencia de este juez constitucional se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

61. Ahora bien, en relación con el defecto fáctico, se observa que la autoridad
accionada no analizó los argumentos relativos a la cesión total del crédito, por
cuanto tales asuntos no fueron planteados en el recurso de apelación. En este
sentido, el estudio del ad quem se limitó estrictamente a los reparos formulados
por la parte ejecutante, circunscribiendo su análisis a la liquidación practicada y
a los descuentos ordenados en el título ejecutivo.

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62. En consecuencia, no se efectuará pronunciamiento alguno respecto de
este cargo, por cuanto fue planteado únicamente en el presente mecanismo
constitucional y no fue sometido al conocimiento del juez natural mediante los
mecanismos procesales idóneos, como lo era el recurso de apelación; razón por
la cual la Sala estima que, frente a este reproche, la acción de tutela resulta
improcedente al no superarse el requisito de subsidiariedad.

63. Así las cosas, esta Sección confirmará la sentencia proferida el 17 de
octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero por los motivos aquí
señalados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela, pero por los motivos aquí
expuestos.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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