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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05304-01

Fecha
18 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05304-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor César Augusto Puentes Ávila, en contra del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones consignadas en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05304-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

18 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: error judicial. Subtema 3: defectos fáctico,
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y decisión sin
motivación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por César Augusto Puentes Ávila, contra la sentencia
del 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor César Augusto Puentes Ávila, por intermedio de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 26 de junio de 2024 y del
18 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva
y el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 41000-33-33-002-2023-00300-00/01.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor César Augusto Puentes Ávila radicó demanda ejecutiva contra los
señores Rodrigo Celada Cicery y Yesid Celada Cardoso.

3. El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples
de Neiva, a través de auto del 27 de enero de 2020, libró mandamiento de pago por
valor de 20.000.000 de pesos, y ordenó la notificación personal a los ejecutados.

4. El referido juzgado, por medio de auto del 3 de mayo de 2021, decretó la
terminación del proceso por desistimiento tácito, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 317 del CGP. Dicha providencia se notificó el 4 de mayo de 2021 y cobró
ejecutoria el 7 siguiente.

5. El demandante, por medio de escrito del 22 de junio de 2021, solicitó un control
de legalidad de las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo; sin
embargo, el juzgado por auto del 9 de julio de 2021 negó la petición del actor. Esta
decisión fue confirmada, en providencia del 6 de octubre del 2021.

6. Posteriormente, el señor César Augusto Puentes Ávila presentó demanda de
reparación directa en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa de las entidades demandadas y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de los perjuicios causados por las actuaciones judiciales que,
a su juicio, se desarrollaron de manera irregular y no le permitieron efectuar el cobro
del título valor con sus respectivos intereses.

7. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, mediante auto del 21 de marzo
de 2024, inadmitió la demanda, para que se aportara la constancia de la conciliación
prejudicial. Además, ordenó oficiar al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Neiva, para que expidiera certificación de la constancia
de notificación y ejecutoria del auto del 3 de mayo de 2021, emitido dentro del
expediente con radicado 41001-41-89-003-2020-00042-00.

8. La parte demandante con memorial del 2 de abril de 2024 allegó el documento
requerido por el despacho judicial, con el que subsanó la demanda.

9. El citado juzgado, por medio de auto del 26 de junio de 2024, rechazó la
demanda de reparación directa, al considerar que había operado la figura de la
caducidad, con fundamento en el siguiente argumento:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

En efecto, el error judicial que se imputa tuvo lugar con la expedición del auto del 3 de
mayo de 2021, el cual cobró ejecutoria el 7 de ese mismo mes y año (f. 13 samai, pág.
1 a 3) y, por medio del cual se decretó la terminación del proceso por aplicación del
desistimiento tácito, luego a partir del 8 de mayo de 2021 comenzó a correr el término
de caducidad y el mismo concluiría el 8 de mayo de 2023, pero se avista que la solicitud
de conciliación extrajudicial se presentó hasta el 6 de octubre de 2023 (f. 9 samai),
cuando para ese entonces el término de caducidad había sido ampliamente superado
y finalmente, la demanda fue presentada el 8 de noviembre de 2023 (f. 4 samai, pág.
1-3), cuando el término había ya fenecido.

10.La parte demandante inconforme con la decisión interpuso recurso de
apelación.

11.
El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia del 18 de febrero
de 2025, confirmó en todas sus partes la providencia de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1. Amparar de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, consagrados en
los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, que fueron vulnerados por el
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila.

2. Dejar sin efectos los autos proferidos el 26 de junio de 2024 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva, el auto del 18 de febrero de 2025 del Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila y el auto del 19 de marzo de 2025, en cuanto
rechazaron la demanda de reparación directa por caducidad, cerrando
injustificadamente la posibilidad de acudir al medio de control respectivo.

3. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva que, en garantía de los
derechos fundamentales del accionante, proceda a admitir la demanda de
reparación directa presentada el 11 de noviembre de 2023, dentro de los términos
de ley, valorando las circunstancias específicas del caso, el principio pro actione,
el principio pro damnato y los efectos interruptos y suspensivos de la conciliación
extrajudicial.

4. Prevenir al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y al Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva para que, en futuras decisiones, apliquen una
interpretación conforme a la Constitución y a los precedentes jurisprudenciales
sobre el término de caducidad en acciones de reparación directa, garantizando de
esta forma el acceso efectivo a la justicia.

5. Adoptar las demás medidas necesarias para restablecer integralmente los
derechos fundamentales vulnerados y garantizar que el accionante pueda ejercer
en condiciones de igualdad y eficacia su derecho de acceso a la jurisdicción
contencioso-administrativa

13.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente porque

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 3, certificado núm. 2AC338B25086BC12 33DE9A3C01321E14
4E504B77E8C5CB16 7D16939614FF09D7.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

no tuvieron en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado2 han indicado reiteradamente que el término de caducidad debe contarse
desde el momento en que se tiene certeza del daño, y no desde la ocurrencia del
hecho que lo origina.

14. Asimismo, expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto sustantivo porque no efectuaron una interpretación de las normas que
regulan el término de caducidad del medio de control de reparación directa con un
enfoque constitucional, a partir de las especiales circunstancias que ocurrieron en
su caso.

15. Adicionalmente, refirió que en el asunto bajo estudio se configuró un defecto
procedimental, debido a que el juzgado accionado, mediante auto del 21 de marzo
de 2024, inadmitió la demanda de reparación directa porque no se aportó la
constancia de la conciliación extrajudicial. En consecuencia, no podía
posteriormente rechazarla con el argumento de no superar el presupuesto de la
caducidad.

16. Por otra parte, manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico, por cuanto omitieron desarrollar un análisis adecuado de los
elementos probatorios aportados al expediente ordinario, con los cuales se podía
constatar que, si bien la causa del daño provenía de la omisión de la administración
de justicia de no tramitar adecuadamente los memoriales de notificación dentro del
proceso ejecutivo, hecho que culminó en el decreto del desistimiento tácito, lo cierto
es que el demandante solo tuvo certeza de este, tiempo después.

17. En este sentido explicó que las autoridades accionadas asumieron
erróneamente que la consumación del daño se produjo desde el auto que decretó
el desistimiento tácito, cuando lo cierto es que solo a partir del 6 de noviembre de
2021, fecha en la que se cumplieron los seis (6) de la sanción procesal derivada de
dicho desistimiento, pudo tener certeza del perjuicio, pues antes de ese momento
no era viable promover una nueva demanda ejecutiva, además de que existía la
posibilidad de que el deudor reconociera la obligación.

18. Agregó que se implementó de manera rígida la causal de caducidad, sin
ponderar las circunstancias particulares del caso. Además, no se tuvo en cuenta «la
suspensión del término de caducidad derivado de la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada el 6 de octubre de 2023».

19. Finalmente, expuso que el auto del juzgado accionado que rechazó la demanda
careció motivación, por cuanto no explicó las razones por las cuales se generó un
daño antijuridico con la decisión que decretó desistimiento tácito.

2
Se aclara que en el escrito de tutela no se específica las sentencias que el actor alega desconocidas.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

2.3. Trámite procesal

20.El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 29 de agosto de
20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo del Huila y al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, y puso en
conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

21. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva4 solicitó que se declare
improcedente o, en su defecto, se niegue la tutela, toda vez que carece de
relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate
jurídico que se surtió en las instancias correspondientes al interior del trámite judicial
de reparación directa.

22. Agregó que las actuaciones desarrolladas al interior del medio de control
invocado por el tutelante se surtieron con el respeto de los derechos y las garantías
procesales de las partes, por lo que no es posible advertir irregularidad alguna.

23. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 solicitó que se nieguen las
pretensiones de la tutela, comoquiera que no se observa una acción u omisión de
las autoridades accionadas que haya vulnerado los derechos de la tutelante.

24. De esta manera, explicó que las decisiones cuestionadas se encuentran
sustentadas en los hechos probados, la normativa y la jurisprudencia aplicable, por
lo que no se observa irregularidad alguna que requiera la intervención del juez de
tutela.

25. Adicionalmente, refirió que no es posible advertir un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia. De modo que las peticiones de reparación directa
no están llamadas a prosperar.

26. En este sentido, concluyó que la presente acción constitucional se interpuso
para revivir un debate que ya se agotó y para obtener un procesamiento favorable
a sus intereses, lo cual desconoce el carácter excepcional de la tutela.

27. Por otra parte, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque
los cargos se dirigen exclusivamente en contra de las autoridades judiciales
accionadas, por lo que solicitó su desvinculación del presente asunto.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 4, certificado núm. E974320E53E6D2E2 2D6C3A645253E033
E144ADFC875385BA 032396ABFEE41272.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 12, certificado núm. 1BB6D734B7E2446D 6CEFC9DA4B8FF44B
5B862DD8DC1067D4 6E15A5985D671915.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 9, certificado núm. 888CE9CF25AD00D0 E569C5F901B344D4
9F41EB8079E8E0E0 7BD05C30274AC0DE.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

28. El Tribunal Administrativo del Huila6 remitió, a esta corporación, el expediente
del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia

29.El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 25 de septiembre
de 20257 negó la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar
que el asunto no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional.

30. Al respecto, indicó que los argumentos expuestos por la parte demandante en
la solicitud de amparo de ninguna manera se dirigen a controvertir las razones por
las cuales el Tribunal accionado confirmó la decisión que declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa.

31. Afirmó que la parte actora planteó una mera inconformidad con lo dispuesto por
el ad quem y acudió a otros escenarios para no resultar afectado por el cómputo del
término preclusivo en su caso.

32. Destacó que el daño alegado por el tutelante se consolidó con una providencia,
por lo que no era posible considerar como una actuación arbitraria la determinación
del Tribunal de contar el plazo judicial desde la fecha de la ejecutoria del proveído
que le impidió al señor César Augusto Puentes Ávila cobrar la suma de dinero que
le adeudaban los señores Rodrigo Celada Cicery y Yesid Celada Cardoso porque
en últimas, es esa la decisión que configura el hecho dañoso que afectó al actor.

33. En concreto, concluyó que en este caso no se acreditaron los criterios fijados
por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la
presunta transgresión de algunos derechos fundamentales, reabrir el debate
probatorio y pretender modificar el criterio del Tribunal accionado que, a primera
vista, no resulta irrazonable o arbitrario.

2.6. Impugnación

34.
La parte actora presentó impugnación8 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Quinta. En su escrito indicó que la solicitud de amparo tiene
relevancia constitucional, debido a que existe una afectación de su derecho al
acceso a la administración de justicia.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 10, certificado núm. 45A37F7B10DA1EC2 5D7F2215A7BC0218
3D1B810B2A5F4D7B 3E3897B921487FED.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 14, certificado núm. FF8A10A27A8D701D 99E2370B919DCB52
0C2B8B5EDB37EE81 273DBD97B1D0EF6C.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 19, certificado núm. 28F52D594A9D982 449CCC0B491F0337
882E8C7C5830D6D1 9C65ACB33860E0DC.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

35. Lo anterior, por cuanto el rechazo de la demanda de reparación directa cerró
definitivamente la posibilidad de acudir al juez natural, lo cual constituye una
restricción desproporcionada e irrazonable del mencionado derecho fundamental.

36. Explicó que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta que la Corte
Constitucional9 ha reiterado que, en caso de duda sobre el inicio del cómputo del
término de caducidad, debe preferirse la interpretación que garantice el acceso a
una decisión de fondo por parte de la víctima.

37. Adicionalmente, indicó que no se trata de un asunto de mera legalidad ni de un
debate económico particular ni una simple discrepancia frente a un criterio judicial,
pues lo que se pretende es determinar si la aplicación exegética de una norma
procesal de caducidad vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la justicia, especialmente cuando se impide en forma absoluta la
reparación de daños antijurídicos causados por la administración de justicia.

38. Insistió en que los despachos judiciales accionados aplicaron la norma sobre
caducidad de manera rígida, sin atender a los principios constitucionales de acceso
a la justicia y reparación integral, pues desconocieron que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reconocido que la caducidad no es
una regla absoluta ni inmodificable, y debe interpretarse a la luz del principio pro
actione y pro damnato.

39. Agregó que las autoridades accionadas iniciaron el cómputo del término a partir
del 7 de mayo de 2021, fecha de ejecutoria del auto que decretó el desistimiento
tácito en el proceso ejecutivo, sin valorar circunstancias especiales del caso que lo
modificaban sustancialmente, como: i) el efecto de la sanción procesal de 6 meses
del desistimiento tácito y ii) la suspensión por conciliación extrajudicial.

40. Afirmó que las decisiones objeto de tutela omitieron realizar una valoración de
la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 6 de octubre de 2023 y los efectos
jurídicos que de ella se derivaban, la cual permitía deducir que dicho trámite fue
radicado antes del vencimiento del plazo para acudir a la jurisdicción, esto si se
cuenta el término desde el 6 de noviembre de 2021, fecha en que realmente se
consolidó el daño.

41.
Finalmente, expuso que la providencia impugnada carece de motivación, en
tanto no cumplió con el estándar de argumentación exigido en materia de tutela
contra providencias judiciales, pues se limitó a reiterar lo resuelto por el Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva, sin efectuar un examen autónomo y detallado de
las particularidades del caso.

42. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

9
Corte Constitucional, sentencias SU-424 de 2012 y T-212 de 2019

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 25 de
septiembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

44. La legitimación en la causa por activa del señor César Augusto Puentes Ávila
está acreditada porque fue el demandante en el proceso de reparación directa en el
que fueron expedidas los autos que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.

45.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva y del Tribunal Administrativo del Huila, debido a
que fueron las autoridades que profirieron las providencias, objeto de estudio.

46. Por otro lado, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

47. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en
el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

48. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de
Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones
de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos
frente a las dos decisiones cuestionadas.

49. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 18 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Huila, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación
judicial promovida por el señor César Augusto Puentes Ávila en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

50. Por otra parte, se observa que, la parte actora, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii)
fáctico, iii) procedimental, iv) desconocimiento del precedente, y v) decisión sin
motivación.

51. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de
tutela, se advierte que la inconformidad del tutelante se concreta en la interpretación
normativa, jurisprudencial y probatoria que realizó la autoridad judicial para
desestimar los argumentos planteados por el demandante sobre el momento
procesal a partir del cual se debe establecer la caducidad del medio de control
judicial invocado. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

52. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.

53.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

54. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

55. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

56. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

57. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados para tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un
caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

58. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

10

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Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

59. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.

60. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
el auto proferido el 18 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila,
fue notificado el 20 de febrero siguiente18, y la demanda de tutela se presentó el 26
de agosto de 202519, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

61. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

62. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

63. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con la causal de defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

64. Corresponde a la Sala establecer si ¿el Tribunal Administrativo del Huila vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia del accionante, e incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y en desconocimiento del precedente, al proferir el auto del 18 de febrero de
2025, mediante el cual se confirmó la providencia del 26 de junio de 2024, expedida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que rechazó la demanda de
reparación directa promovida por el tutelante, por haberse configurado la
caducidad?

65. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

18
Samai, exp. 41001-33-33-002-2023-00300-01, índice 10.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05304-00, índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

11

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3.5.1. El defecto sustantivo

66. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

67.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

68. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.

69. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

70. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24

22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

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3.5.2. El defecto fáctico

71. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»25. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión26» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

72. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»27. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»28.

73. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 29.

74. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial30, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»31.

25
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
26
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
30
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
31
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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75. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]32.

3.5.3. El desconocimiento del precedente judicial

76.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas33.

77. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la

32
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
33 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
34 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios
de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales35.

78. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia36.

79. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»37.

80. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela38.

81.
Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación39.

82.
Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora

35 Se transcribe incluso con errores.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
38 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
39 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5 Caso concreto

83. En el asunto bajo estudio, el señor César Augusto Puentes Ávila presentó
escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por las posibles
irregularidades ocurridas al interior del proceso ejecutivo con radicado 41001-41-
89-003-2020-00042-00, que cursó ante el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Neiva, el cual terminó con la declaratoria de
desistimiento tácito y le impidió hacer el respectivo cobro del título valor junto con
sus intereses.

84. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, mediante
providencia del 26 de junio de 2024, rechazó la demanda por haber operado la
caducidad del medio de control judicial.

85. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Huila emitió auto el
18 de febrero de 2025 en la que confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.

86. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que el referido
Tribunal, al proferir el auto del 18 de febrero de 2025, incurrió en defecto sustantivo
porque efectuó una interpretación estricta del literal i) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, sin darle un enfoque constitucional, con base en las circunstancias
especiales que se presentaron en su caso particular.

87. Adicionalmente, expuso que el auto objeto de tutela incurrió en defecto fáctico,
por cuanto omitió desarrollar un análisis adecuado de las pruebas aportadas al
expediente ordinario, con las cuales se podía constatar que, si bien la causa del
daño provenía de la omisión de la administración de justicia de no tramitar
adecuadamente los memoriales de notificación dentro del proceso ejecutivo, hecho
que culminó en el decreto del desistimiento tácito, lo cierto es que el demandante
solo tuvo certeza de este, tiempo después.

88. Añadió que el Tribunal accionado no hizo una valoración de la solicitud de
conciliación extrajudicial radicada el 6 de octubre de 2023 y los efectos jurídicos de
esta, la cual permitía deducir que dicho trámite fue presentado antes del
vencimiento del plazo para acudir a la jurisdicción, esto si se cuenta el término a
partir del 6 de noviembre de 202140, fecha en el que, a su juicio, se consolidó el
daño.

40
Se aclara que en esta fecha se cumplieron los seis (6) de la sanción procesal derivada del desistimiento tácito de
conformidad con lo dispuesto en el literal f) del numeral 2) del artículo 317 del Código General del Proceso.

16

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89. De igual manera, expresó que la providencia acusada desconoció el
precedente, por cuanto no tuvo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado ha indicado reiteradamente que el término
de caducidad debe contarse desde el momento en que se tiene certeza del daño, y
no desde la ocurrencia del hecho que lo origina.

90. En este sentido, precisó que los pronunciamientos jurisprudenciales de las altas
cortes han reconocido que la caducidad no es una regla absoluta ni inmodificable,
y debe interpretarse a la luz de los principios pro actione y pro damnato. Así pues,
en caso de duda sobre el inicio del cómputo del término de caducidad, debe
preferirse la interpretación que garantice el acceso a una decisión de fondo por
parte de la víctima.

91. Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que el Tribunal Administrativo del Huila precisó que el literal i) del numeral
2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que el medio de control de
reparación directa tiene un plazo para presentar la demanda de «dos años
contados, por regla general, a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho
dañoso o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este;
resultando este último, condicionado a que se pruebe la imposibilidad de haber
conocido del hecho al momento de su ocurrencia».

92. Asimismo, el Tribunal indicó que el Consejo de Estado en distintos
pronunciamientos41, refirió que en aquellos casos en los que se acude al
mecanismo de la reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios i)
por error judicial, el término de caducidad se empieza a contar a partir del día
siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el supuesto yerro, y
ii) por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el plazo para
acudir a la jurisdicción se debe iniciar desde el día que sigue al acaecimiento del
hecho u omisión, para lo cual se debe tener en cuenta el conocimiento de dicho
daño por la parte demandante.

93.A partir de lo expuesto, la autoridad judicial accionada procedió a revisar el
material probatorio allegado al expediente, de lo cual destacó lo siguiente:

• El señor César Augusto Puentes Ávila tramitó proceso ejecutivo de mínima
cuantía contra los señores Rodrigo Celada Cicery y Yesid Celada Cardoso, el
cual fue asignado al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Neiva, bajo Radicación No.
41001418900320200004200.

• Que el 27 de enero de 2020, el Juez Tercero Municipal de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Neiva libró mandamiento de pago a favor del aquí
demandante, por valor de $20.000.000 M/CTE y ordenó la notificación personal
a los señores Rodrigo Celada Cicery y Yesid Celada Cardoso.

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de septiembre
de 2022, radicación: 13001-23-31-000-2007-00031-01 (58546). En el mismo sentido; se pronunció la Sentencia del 28 de
marzo de 2019, radicado: 76001-23-31-000-2010-00401-01 (45470); entre otros.

17

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• Que el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Neiva, mediante providencia de fecha 3 de mayo de 2021, decretó
la terminación del proceso por desistimiento tácito, proveído notificado por
estado electrónico el 4 de mayo, debidamente ejecutoriado el día 7 de mayo del
mismo año conforme a la certificación emitida por el mismo el 19 de abril de
2024.

94. Con base en lo anterior, el Tribunal advirtió que la providencia de la cual se
derivaba el posible error judicial que afectó los intereses del demandante fue el auto
del 3 de mayo de 2021, el cual se notificó el 4 de mayo siguiente y quedó
ejecutoriado el 7 de mayo de 2021.

95.
Ahora bien, frente a los argumentos expuestos por el demandante en el recurso
de apelación, en los cuales indicó que solo tuvo certeza del daño hasta el 6 de
noviembre de 2021, dado que en esa fecha se cumplían los seis (6) meses para
que el actor pudiera volver a presentar la demanda ejecutiva, el Tribunal
Administrativo del Huila expuso lo siguiente:

En ese orden de ideas, la Sala difiere de dicha postura, ya que el término de caducidad
del medio de control de reparación directa se debe contabilizar a partir del 8 de mayo
de 2021, día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que decretó la terminación
del proceso por desistimiento tácito, tal como lo ha sostenido el Honorable Consejo de
Estado en Sentencia del 12 de septiembre de 2022, máxime que está acreditado en la
certificación expedida por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Neiva, bajo Radicación No. 41001418900320200004200,
que el accionante no interpuso recurso alguno, contra la decisión de fecha tres (3) de
mayo de 2021, y que el daño alegado proviene del error judicial al proferirse la mentada
providencia.

Así las cosas, este Tribunal, tiene certeza que en el caso bajo estudio ha operado el
fenómeno de la caducidad, ya que el término empezó a correr desde el 8 de mayo de
2021, prologándose hasta el 8 de mayo de 2023 y como quiera que la solicitud de
conciliación extrajudicial y la demanda fueron presentadas con posterioridad a esta
última data, le asiste razón al a quo de rechazar la demanda por haber operado el
fenómeno de la caducidad.

96. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal advirtió que, según los hechos y las
pruebas aportadas al expediente de reparación directa, era posible inferir que la
actuación judicial que afectó el desarrollo del proceso ejecutivo promovido por el
señor César Augusto Puentes Avila, fue el auto del 3 de mayo de 2021, el cual
quedó ejecutoriado el 7 de mayo siguiente.

97. Así las cosas, el término de caducidad debía contabilizarse a partir del 8 de
mayo de 2021 y vencía el 8 de mayo de 2023; sin embargo, como el demandante
radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de octubre de 2023 y,
posteriormente presentó la demanda el 14 de noviembre de 202342, era evidente
que el medio de control de reparación directa se promovió por fuera de término legal
previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

42
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98. En este orden de ideas, se observa que la providencia objeto de tutela realizó
un análisis razonable de la figura de la caducidad, a partir de la normativa procesal
y los criterios jurisprudenciales que se han pronunciado sobre la procedencia de
este presupuesto de forma y las condiciones para determinar la oportunidad de
acudir a la jurisdicción en asuntos en los que se reclama el resarcimiento de
perjuicios por hechos derivados del error judicial.

99. Asimismo, se advierte que la sentencia del Tribunal accionado se fundamentó
en una valoración integral de los documentos aportados a la actuación judicial, con
los cuales se evidenció que el señor César Augusto Puentes Ávila tuvo
conocimiento cierto del daño, de forma diáfana, desde el 4 de mayo de 2021. Por
consiguiente, para la fecha en que radicó la solicitud de conciliación extrajudicial (6
de octubre de 2023) ya se encontraba superado el plazo para ejercer
oportunamente el medio de control de reparación directa.

100. De esta manera, se colige que el Tribunal accionado realizó un análisis del

presupuesto procesal de la caducidad, tomando como punto de partida el instante
en que el tutelante tuvo conocimiento del daño, tal y como se establece en el primer
supuesto descritos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

101. Al respecto, es oportuno mencionar que la jurisprudencia constitucional43 ha

indicado que por regla general lo relevante para efectos de contar el término de la
caducidad es el conocimiento del daño y no su magnitud, pues esto último es un
elemento que se puede definir con posterioridad a la sentencia de reparación
directa en el marco de un incidente de liquidación de perjuicios, de ser el caso.

102. En este punto, es pertinente aclarar que la doctrina44 define el daño como la

lesión de un bien jurídicamente tutelado y el perjuicio como el menoscabo
patrimonial que surge como consecuencia del daño. Por esta razón, aun cuando se
trate de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanezcan en
el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, sino que opera desde el
momento en que esta ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el
daño o desde el instante en que el afectado tuvo conocimiento de este45.

103. Así las cosas, contrario a lo expuesto por el tutelante, no era procedente
determinar la caducidad a partir del momento en que se enteró de la magnitud del
daño que sufrió, pues como se indicó en líneas precedentes, el término para acudir
a la jurisdicción debe establecerse desde el instante en que el afectado tuvo
conocimiento del hecho dañoso, tal y como lo precisó la autoridad judicial accionada
en la providencia objeto de tutela, teniendo en cuenta el orden de los supuestos
descritos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

43
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
44
Ver Juan Carlos Henao. El daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho
colombiano y francés. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2007. P. 76 y 77.
45
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de septiembre de 2021, radicado núm. 76001-23-31-
000-2009-01131-01(49952).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

104. Bajo este contexto, no es posible advertir un desconocimiento del precedente

jurisprudencial, pues, si bien en algunos casos se ha flexibilizado el término de
caducidad del medio de control de reparación directa y se ha acudido a los
principios pro actione y pro damnato, para garantizar el acceso a la administración
de justicia, lo cierto es que ello ha ocurrido en eventos en los que no es posible
determinar con certeza el hecho constitutivo del daño. No obstante, esa situación
no se presentó en el asunto objeto estudio, debido a que era evidente que el actor
tuvo oportuno conocimiento de la actuación judicial que afectaba sus intereses.

105. Sobre el particular cabe mencionar que la jurisprudencia constitucional se ha

pronunciado sobre el respeto de los plazos judiciales y la relevancia de la figura de
la caducidad, en el sentido de indicar que «[…] esta constituye un mecanismo que
limita el tiempo durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la
definición judicial de las controversias, el cual privilegia la seguridad jurídica y el
interés general. Bajo esa perspectiva se ha destacado la obligatoriedad de los
términos de caducidad, y, por ende: “(…) la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto
que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus
derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”
46 […]» 47.

106. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los

principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas procesales y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en
el expediente de reparación directa. Por estas razones, si bien la providencia objeto
de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

107. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer

uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. CONCLUSIÓN

108. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila no vulneró los

derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el
defecto fáctico, sustantivo ni desconocimiento del precedente, que exija la
intervención del juez de tutela.

46
Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
47
Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

109. En consecuencia, se modificará la sentencia del 25 de septiembre de 2025

proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se negará la
solicitud de amparo invocada por la accionante.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor César Augusto
Puentes Ávila, en contra del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones
consignadas en esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476)
Accionante: César Augusto Puentes Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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